CLARIDAD
Los pescadores comerciales en la Isla realizan su tarea contra viento y marea, pero no precisamente del mar, sino frente a los obstáculos que les imponen las agencias de gobierno, que tal parece que lo que buscan es eliminar de manos de puertorriqueñas esa actividad.
“He visto que es el propósito. Hasta ahora, en estos últimos 20 años, he visto que el gobierno ha estado en contra de la pesca en Puerto Rico. Eso ha sido algo que me ha impactado a mí. Yo digo, ¡wau, qué manera de ayudar! El Gobierno quiere que tú le des información, pero no te da ayuda de nada”, denunció en entrevista Miguel Ortiz Serrano, presidente de la Federación de Pescadores de Puerto Rico (FPR) y miembro de la Junta Asesora de Pesca del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El comportamiento del gobierno en la atención a esta actividad comercial y los requisitos que se les impone a sus miembros dan cuenta de las denuncias del portavoz de la Federación. Fue precisamente la amenaza de que las villas pesqueras, que se supone están bajo la tutela del Departamento de Agricultura (DA), fuesen traspasada a una sola organización lo que provocó la incorporación de la Federación en el 2008. Aunque ya había una relación entre sus miembros, que son las villas pesqueras y pescadores en su carácter individual, Ortiz Serrano contó que ese año el legislador Johnny Méndez, propuso traspasar todas las villas pesqueras a una sola organización, el Congreso de Pescadores, con la cual los pescadores que no pertenecían al Congreso mantenían diferencias. Se hizo una convocatoria en la Villa Pesquera de Maternillo, en Fajardo, a la que asistieron más de 200 pescadores, entre ellos de Vieques y Culebra. Después de que les presentaran sus objeciones a Méndez, este retiró su propuesta y las villas se quedaron bajo el DA.
Sin titularidad y sin fondos de reconstrucción por María
El presidente de la Federación dio a entender que la eliminación del programa para atender la actividad de la pesca del DA, CODREMAR, ha resultado negativa para el sector. Al eliminar el programa, el DA le entregó las villas al Departamento de Agricultura Federal, el que a su vez las entregó al Departamento de Vivienda de Puerto Rico, quien otra vez se las volvió a entregar al DA. Pero nunca se le dio al DA la titularidad de las villas pesqueras. La falta de estos documentos se vino a conocer aproximadamente cuatro a cinco años atrás. Este hormiguero se revolcó al paso del huracán María, cuando FEMA le pidió al DA y a los pescadores los papeles de titularidad de las villas para poder otorgarles fondos.
“Eso es una irresponsabilidad de la que yo mismo me quedé sorprendido. ¿Cómo el DA puede coger una facilidad, rentarla a los pescadores, y no tiene documentos de ella?” Añadió que no se sabe —al menos por los pescadores— por qué Agricultura federal le entregó las villas a Vivienda si casi todas las estructuras fueron construidas con fondos federales de Agricultura.
Ese no fue el único requisito que les pidió FEMA a los pescadores cuando María. Entre los documentos requeridos estuvieron certificados de informe de crédito, registros de comerciante, radicación de planillas de Hacienda, un certificado de estadísticas pesqueras, volumen de negocio y tres cotizaciones por cada cosa a comprar.
A cinco años del azote del huracán, contó que ha tenido la oportunidad de visitar la mayoría de las villas en el suroeste y el sur, y la mayor parte tienen daños considerables o están destruidas. Puso por ejemplo que en el caso de la Villa de Pozuelo, fueron los pescadores los que se encargaron de reconstruir las facilidades y no fue hasta recientemente que FEMA les aprobó $425 mil para reparaciones. “De esos $425 mil, esperamos que aunque sean $200 mil se queden aquí”, comentó en tono sarcástico.
Entre los gastos que tiene que afrontar un pescador para empezar está la compra de su embarcación. En los tiempos en que existió CODREMAR existía una ayuda para la compra, que se eliminó con la eliminación del programa. “Ahora mismo, yo critico que el Gobierno federal incauta embarcaciones —ahora mismo en Salinas tienes sobre 85 embarcaciones— y digo por qué no se les facilitan o venden a los pescadores. Pero no hay manera de que nosotros, ni a través de Agricultura, podamos ejercer presión para que nos puedan facilitar esas embarcaciones que se están perdiendo y los pescadores las pueden aprovechar. Ellos vienen y las decomisan, las destruyen, le sacan los motores y los subastan, pero nosotros no tenemos la facilidad de entrar en esas subastas”.
Ortiz criticó, además, que en la Oficina de Pesca del DA no hay personas que conozcan sobre la pesca. Su recomendación es que tengan una persona que sepa sobre la pesca, pero que no pertenezca a ninguna de las dos organizaciones, ni de la Federación ni del Congreso. Subrayó que hay una falta de iniciativa para poder resolver el problema que tienen los pescadores. Más aun, denunció que el DA reclama fondos para los pescadores, pero que son muy pocas las ayudas que luego reciben.
El pescador enumeró que, en el caso de DRNA, el pescador tiene que pagar una licencia de $40.00 anuales; pagar licencias por embarcación según tamaño, que luctúan entre $20 a $100 anuales y pagar $20. 00 por cada especie de pesca. Las especies que más se pescan la isla son la langosta, el carrucho y los jueyes de tierra. El DRNA les exige, además, entregar una planilla de pesca cada tres meses al Laboratorio de Pesca. Esa información a su vez llega al Consejo de Pesca del Caribe, que pertenece a la NOOA (Oficina Nacional para la Administración Oceánica, en inglés), que entonces decide sobre la imposición o no de las vedas de pesca por especie. “Cada vez que toman una decisión de poner una veda o hacer cualquier disparate, los que salen perjudicados son los pescadores. Ahora mismo te dan una multa de $100 si no rindes esas estadísticas cada tres meses”.
La pesca artesanal
Ortiz Serrano, quien es nacido y criado en la comunidad Pozuelo y es pescador desde los siete años, describe que en la isla lo que existe son pescadores artesanales, que van de generación en generación y que cada comunidad cerca del mar tiene gente que ha viviendo de la pesca. Estos trabajadores de la mar tienen jurisdicción para pescar hasta las 9.5 millas. Se supone que después de las 12 millas, en la práctica ya son aguas internacionales.
Entre otras dos dificultades que trajo a la atención está la prohibición de los motores de ciclo combinado. Los nuevos motores para embarcaciones, dijo, pueden costar sobre $15 mil. “Nosotros no podemos pagar por ese tipo de motor; el pescador vive al diario. Hay quienes hacen dinero, pero no la mayor parte”. La otra dificultad es el requisito de un localizador (GPS) que cuesta $500, el cual hay que inscribirlo en la NOOA para que la Guardia Costanera pueda localizar una embarcación en caso de emergencia.
El trato desigual frente a la pesca deportiva
El presidente de la Federación de Pescadores comparó que mientras el número de los pescadores comerciales en toda la Isla al presente es de cerca de 1,500, hay cerca de 250 mil embarcaciones de placer o las llamadas deportivas.
“Nosotros no tenemos nada en contra de los pescadores deportivos; pero los pescadores deportivos pescan, hacen lo que les da la gana, pero no rinden estadísticas, no pagan por especie, no tienen licencia y nosotros pagamos por todo”, denunció. Ortiz Serrano dijo que le ha planteado al DRNA que si se le impone a los dueños de estas embarcaciones una licencia de pescador deportivo se podrían recoger hasta $4.5 millones. A esta sugerencia, comentó, no se le ha prestado ninguna atención.
“Aquí todo es atacar al pescador comercial. Hay un ataque directo, no le veo justificación. Yo lo que quisiera saber es qué hacen con el dinero de cada especie, el de las licencias que pagamos y los marbetes que pagamos. Yo quisiera saber por qué para los pescadores de placer existen unas ayudas en Recursos Naturales, hay una parte del dinero directo a esas marinas deportivas y nada dirigido a los pescadores”.
Defendió que los pescadores comerciales son los que protegen los cayos y que incluso, cuando Recursos Naturales tiene que hacer algún estudio marino, les piden ayuda a los pescadores y no les pagan. De paso, denunció que en el DRNA se están vendiendo licencias de pesca a personas millonarias que no son pescadores y que tienen grandes embarcaciones. Y la dirección del Departamento se hace de la vista larga.
Pese a las dificultades, el presidente de la Federación de Pescadores se expresó esperanzado en que llegue el momento en que no haya tanta burocracia y que se entienda que los pescadores contribuyen a la cadena alimentaria de este país. “Somos los que tenemos que tirar el cuerpo al agua. En caso de una emergencia, ya bien sea que no entre comida o que pase otro huracán como María, necesitamos estar bien estables y con todos los equipos al día para poder brindar al país una pesca saludable y buena”.
