El plan propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) para resolver la crisis de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) no es factible, afirmaron en declaraciones por separado el presidente de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Josué Mitjá González, y el director del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), Thomas Sanzillo.
El informe pericial de IEEFA fue radicado como parte del proceso de Título III de la Ley PROMESA, que atiende la deuda de la AEE y en que la UTIER es parte como acreedor. “En el informe de Sanzillo se denuncia que el Plan de Ajuste no puede confirmarse, por no ser viable, ya que no permite que la AEE pueda contar con fuentes de financiamiento adecuadas para completar la reconstrucción, dar un servicio confiable a base de energía renovable y poder pagar la deuda ajustada por dicho Plan”, declaró el presidente de la UTIER.
En un comunicado de prensa más detallado acerca del testimonio del director de análisis financiero de IEEFA en la vista del 28 de abril, se expuso que la quiebra de la AEE, cuya deuda en bonos y otras obligaciones impagas asciende a más de $9 mil millones, es una de las reestructuraciones de deuda municipal más grandes de los Estados Unidos. “La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSAF) ha propuesto un plan para pagar $5.68 mil millones de la deuda en bonos durante las próximas décadas mediante la imposición de nuevos aumentos de dos dígitos sobre las tarifas”, dijo Sanzillo
Sin embargo, este alertó, de que las tarifas de energía eléctrica de Puerto Rico ya superan los 26 centavos por kilovatio-hora (kWh), más del doble del promedio de los Estados Unidos, y el ingreso medio de la isla es menos de la mitad del ingreso medio del estado más pobre de los Estados Unidos. Entretanto, la red de la isla sigue siendo frágil y miles de millones de dólares de inversión son necesarios para restaurar su capacidad de brindar un servicio confiable.
El experto, quien ha participado de otros informes sobre temas financieros sobre el carbón, petróleo y el gas, declaró a nombre de la UTIER que considera que el plan de la JCF subestima las futuras necesidades de capital y operación del sistema eléctrico de Puerto Rico y sobreestima las tarifas que la economía es capaz de soportar. “Una vez que se tienen en cuenta estos factores”, dijo Sanzillo, “no hay margen para el pago de la deuda heredada a través de las tarifas”.
Este presentó que en 2018 la JCF estableció una meta de tarifas por debajo de 20 centavos/kWh a alcanzar en cinco años. Pero cinco años más tarde, las tarifas son incluso más altas que en 2018 y la propuesta de la Junta mantendrá las tarifas muy por encima de la meta anterior de 20 centavos/kWh. “Histórica y actualmente, bajo tales condiciones, la AEE no ha sido capaz de llevar a cabo las reformas operacionales y la transformación a energía renovable necesarias para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible”, declaró.
Según Sanzillo, es esencial una transición a energía renovable para bajar y estabilizar las tarifas, dado que el 97 % de la electricidad de la AEE se genera a partir de combustibles fósiles importados, y los costos de los combustibles han aumentado recientemente a más del 60 % de los costos operacionales.
Mientras, la implementación de la propuesta de la JCF continuaría posponiendo la transformación a un sistema eléctrico asequible y confiable. Como resultado, dijo Sanzillo, la isla “continuará sufriendo las consecuencias de tener un servicio de energía eléctrica inaceptablemente deficiente y potencialmente mortal. El propósito de un procedimiento de quiebra es proporcionar un nuevo comienzo. Este plan de ajuste no es un nuevo comienzo: es el mismo lodazal de siempre con diferente envoltorio”, concluyó Sanzillo.
