Por Manuel de J. González/CLARIDAD
El tema obligado es el Departamento de Hacienda y su secretario, Raúl Maldonado y, como se hace en las opiniones que firman los jueces, empecemos por los hechos que ya se conocen.
El primer hecho conocido es en torno a OPG Technologies, corporación a la que se le había otorgado un contrato para imprimir y mercadear sellos electrónicos, los que el gobierno utiliza para recaudar impuestos. Luego de habérsele otorgado exclusividad en un negocio que, sin riesgo alguno, le garantiza ganancias millonarias, en las operaciones de la entidad se detectaron posibles actos fraudulentos. También existe una opinión del Departamento de Justicia, emitida en 2014, que consideró “nulo” el contrato. Por tal razón no se renovó en 2015 sobreviniendo un pleito en el que el Gobierno estaba encaminado a prevalecer. Poco después ocurre el cambio de administración y sin importarle el pleito ni la opinión del DJ, el nuevo Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, reinstala el contrato y le devuelve el guiso a la corporación.
Hecho número 2. La corporación a la que se le otorga de forma exclusiva el negocio de impresión y venta de sellos subcontrata al hijo de Maldonado. Los términos de esa contratación no se conocen porque hasta donde sabemos ninguna institución con autoridad, ni el DJ ni la Oficina de Ética, ha considerado importante investigar los contratos del hijo de Maldonado. Suponemos que esa subcontratación es lucrativa porque el hijo, según su padre, tiene un talento muy superior al de los otros mortales.
Hecho número 3. Además de ser subcontratado por el principal contratista del Departamento de Hacienda, el hijo del Secretario tiene similares arreglos con otras empresas que recibieron contratos del padre. Hasta ahora se han identificado otros tres arreglos de subcontratación. También tiene contratos directos con otras agencias supervisadas por su padre desde su otra silla, la de Secretario de la Gobernación. En total, se sabe que el hijo tiene más de $5 millones de ingreso asegurados a través de estos contratos.
Hecho número 4. Cuando Maldonado abandona la secretaría de Hacienda para al ser ascendido a jefe de gabinete, se lleva con él el poder de revisar los contratos que otorga el Departamento. Aun así, la secretaria en funciones, Teresa Fuentes, cancela uno de los contratos que benefician al hijo. Surgen problemas y desde la Fortaleza le retiran la confianza al subalterno principal de la secretaria produciéndose, como era lógico esperar, su renuncia.
Hecho número 5. Todo lo anterior se conoce en apenas dos o tres días y los medios de prensa los destacan afirmando que de los mismos se desprenden, al menos, enormes conflictos de intereses y un evidente mal manejo de fondos públicos, todo esto cuando al resto del país se le impone austeridad, recorte de beneficios y pérdidas de empleo. A pesar de lo evidente, y de los posibles delitos conocidos, no se ordena investigación alguna. En cambio, el Gobernador procede a reiterar su confianza en Maldonado nombrándolo otra vez al cargo de Secretario de Hacienda donde permanecen contratadas las empresas que subcontratan a su hijo. De paso, le aumentan su poder poniéndolo a cargo de la Oficina de Presupuesto. Ahora no sólo está cargo de supervisar toda la recaudación del dinero que recibe el gobierno, sino también de la oficina que supervisa el gasto. Su poder para contratar las empresas que subcontratan a su hijo se ha duplicado.
Hecho número 6. Ya dijimos que a pesar de la evidente corrupción que se desprende de todo este embrollo, que para la mayoría de los que lo conocen huele a carroña, ninguna de las entidades con responsabilidad se dispone a investigar. La situación, sin embargo, es más grave porque una de las personas que debiera estar investigando, la jefe de Ética Zulma Rosario, ha estado para arriba y para abajo con el señalado participando del mismo “media tour” que los publicistas organizaron. La otra oficina con responsabilidad, el Departamento de Justicia, se apresuró a notificarle al Senado que Maldonado no es objeto de alguna investigación a pesar de que sí investigan al contratista que él benefició y a pesar de que tiene en sus archivos una opinión que tacha de “nulo” el contrato que Maldonado renovó.
La mejor palabra que mejor define estos hechos es desfachatez. De la relación resulta evidente la utilización del poder de contratación para beneficiar a un familiar cercano. Además de ese nepotismo, sobresalen conductas tipificadas como delito tanto en el Código Penal como en la Ley de Ética Gubernamental. La evidencia ya es de conocimiento público, pero nadie se dispone a actuar. Todos los señalados se sienten de lo más tranquilos y participan en conferencias de prensa con caras de lechuga fresca.
Lo que prevalece es un sentimiento generalizado de impunidad. Los concernidos saben que no les pasará nada porque desde hace bastante tiempo el Partido Nuevo Progresista creó las condiciones para que nada suceda. Además del DJ, que cada administración controla, las otras dos oficinas con capacidad para investigar son la de Ética (OPG) y la del Panel del Fiscal Independiente. Durante la Administración de Luis Fortuño, cuando controlaban tanto la Legislatura como el Ejecutivo, manipularon la legislación que crea esas dos oficinas para colocar algún cuadro de confianza a cargo de ellas por, al menos, diez años. Ahí están Zulma Rosario y Nydia Cotto, militantes de confianza con la tarea de garantizar la impunidad.
En el foro federal, hacia el cual cualquier ciudadano indignado podría mirar, está colocada la tercera “dama de la justicia”, Rosa Emilia Rodríguez. Aquellos tiempos en que el fiscal federal Guillermo Gil Bonar decía que la corrupción en Puerto Rico se llamaba “Partido Nuevo Progresista” desaparecieron una vez Rodríguez llegó al cargo, nombrada como “interina” por los jueces federales.
Esa impunidad es la que conduce a la desfachatez que todos exhiben.
