La Junta de Control Fiscal (JCF), gastó $16 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, esta vez en un estudio sobre la deuda pública que no tan sólo no identifica, ni fija responsabilidades, sino que excusa las ejecutorias tanto de los funcionarios del gobierno, así como los del sector privado que participaron de las emisiones de bonos que nos llevaron a la quiebra.
Lo anterior quedó expuesto en una audiencia pública que el Comité Especial de la JCF, llevó a acabo, este pasado martes 17 de septiembre en la cual se presentó el informe sobre la deuda de Puerto Rico encomendado a la firma Kobre & Kim. El Comité Especial de la JCF está integrado por Arthur González, Ana Matosanto y David Skeel.
Al tiempo que dio inicio la vista pública, tres activistas del movimiento ciudadano que exige una auditoría forense de la deuda desplegó una pancarta en el salón, cerca de la mesa del Comité Especial de la JCF, que leía: “La Junta Miente hablemos de verdad”. El grupo se mantuvo su manifestación silenciosa durante todo el tiempo que duró la vista.
En la audiencia los representantes de Kobre & Kim, John Couriel y Farrington Yates, defendieron que el propósito del informe era “establecer los hechos” que llevaron a la deuda de $72 mil millones y no identificar a los culpables. Según alegaron los testimonios se tomaron anónimos ya que la identidad de los individuos no era relevante. En clara alusión de la dinámica que se dio en el gobierno -esto en particular durante la administración del ex gobernador Luis Fortuño entre el 2019 al 2012 -cuando más deuda se emitió- de que funcionarios electos y otros ejecutivos del gobierno participaron como abogados y asesores financieros unas veces en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y otras en instituciones bancarias privadas, Couriel llegó a decir que Puerto Rico era un lugar “pequeño” y había muy poco personal preparado.
Sobre este aspecto el resumen ejecutivo del Informe de Kobre & Kim, dice (traducción literal): “En cambio, la evidencia que revisamos refleja que los oficiales de Puerto Rico que estudiamos, en general cumplieron con los requisitos aplicables de selección y descubrimiento. No podemos concluir, sobre la base de la evidencia de que el flujo de ciertos empleados y oficiales entre el BGF y el sector privado viola la ley de ética aplicable durante el periodo relevante. Insistimos que la evidencia que revisamos, refleja que los funcionarios de Puerto Rico que estudiamos en general cumplieron ya sea o no con los requisitos de evaluación y divulgación y buscaron opiniones legales para bendecir su aceptación de las oportunidades de empleo del sector privado antes de aceptarlas”.
Mientras el Comité Especial de la JCF defendió la encomienda que le dio a Kobre & Kim.
Pese a que la vista era para presentar y discutir el informe públicamente, la participación se limitó a cuatro deponentes: Kenneth Rivera, presidente de la Cámara de Comercio (CCPR), como moderador; Francisco Montalvo Fiol, de la Coalición del Sector Privado, (CSP), Ramón Ponce, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos (CCP), el abogado de quiebras Jonh Mudd; y Alvin Velázquez asesor del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, siglas en inglés) y excoordinador ejecutivo de la eliminada Comisión de Auditoría de la deuda (CAD).
La misma política de las drogas
En tanto el asesor de la SEIU censuró que el informe de Kobre & Kim sigue la misma política que se usa para combatir las drogas, la de atacar al adicto y no al traficante. Se refirió a que el informe echa toda la carga a la gestión gubernamental y deja de lado al sector privado. “La atención aquí ha sido sobre el sistema político y para mí, basta ya, vamos a sacar esto del sistema político es algo bien fácil de entender hay que buscar un síndico para que traiga dinero a Puerto Rico”.
En esa dirección –en entrevista– Velázquez reveló respecto a su trabajo en el CAD que reclamó que el gobierno pusiera una demanda contra UBS, Lemans y otras instituciones financieras por la cantidad de $100 millones, “no lo hicieron, se tenían los papeles y abogados que no iban costar ni un centavo”. Así coincidió con el planteamiento del director del Instituto para el Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA, siglas en inglés), Tom Sanzillo de que el informe de Kobre & Kim tiene base para exigir una compensación al pueblo de Puerto Rico de parte de las instituciones financieras que participaron en el proceso de emisión de deuda.
Velázquez reparó en que la JCF tiene hasta mayo de 2019 para presentar alguna acción legal ante lo que denunció que la JCF como el síndico de Puerto Rico puede a su vez nombrar un sindico para esta gestión. Al defender que la idea de una compensación no es “una idea de las gradas”, expuso que es normal que un proceso de quiebra se nombre a un síndico, se determine que la quiebra ocurrió por algo, por lo que se va al tribunal para acordar de qué manera se va a pagar.
Aun cuando Velázquez expresó que para él no tenía sentido el que los investigadores digan que no había reglas éticas o base para imponer responsabilidades, hizo la salvedad de que los investigadores están diciendo que ese no era su mandato, pero aun así consideró que el informe hace señalamientos a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Banco Santander, UBS, Banco Popular, “tenemos algo y ellos tienen acceso a documentos que otra gente no tenía”. No obstante reiteró que no está interesado en el aspecto criminal, sino que prefiere enfocarse en de dónde se puede recuperar el dinero.
Sí, hay reglas éticas
Por otra parte el licenciado Rolando Emanuelli, a pregunta de este semanario sobre su opinión respecto al planteamiento de Kobre & Kim de que no hubo ninguna violación ética entre el flujo de funcionarios del BGF y entidades las entidades financieras privadas, que aunque habría que hacer una investigación, sí hay unos conflictos éticos que están regulados por ley y por colegios profesionales, como los son el CCP y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), además de que también hay legislación. “Yo presumo que estas personas que dirigen el Banco Gubernamental son cpa’s y es obvio que están sujetos a reglas de conflicto de intereses y que prohíben la apariencia de un conflicto de intereses. El conflicto ético profesional le aplica también a los financieros”.
El licenciado Emanuelli , quien lleva dos casos de la sociedad civil contra la Ley Promesa atribuyó además el nivel de responsabilidad política de los nombramientos. En esa dirección apuntó el hecho de que los miembros de la JCF fueron nombrados sin pasar por el Congreso de Estados Unidos y dos de sus miembros -José González y Carlos García- fueron ejecutivos del BGF, por lo que no hubo la oportunidad de plantear la no idoneidad de ellos para ser miembros de la JCF. Este es uno de los aspectos que se está cuestionando en el caso de la Unión Independiente de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).
Todavía señaló que hay diferentes niveles de delito en el derecho penal general, delitos por el incumplimiento del deber o negligencia y otros delitos más específicos para el sector financiero. Acotó que a nivel ético profesional hay violaciones que no prescriben como algunos en el caso de los abogados.
Respecto al argumento de la JCF y de Kobre & Kim de que el informe era para establecer los hechos de cómo se llegó a la deuda por lo cual no se tomaron declaraciones juradas y se firmaron acuerdos de confidencialidad lo calificó de “barbaridad”.
“En qué país, en qué universo tu vas a investigar a una persona y firmas un acuerdo de que no vas a divulgar la información, esa gente -se refiere a Kobre & Kim- debió haber utilizado los poderes de la Junta para que la gente compareciera bajo juramento, sin ningún tipo de acuerdo de confidencialidad”, manifestó.
El experto en procesos de quiebra atribuyó que el informe de la JCF sobre la deuda es uno que se hizo para “lavar cara” por la petición que presentó el Comité de Acreedores No Asegurados (CANA) para ellos llevar a cabo una investigación y la juez Taylor Swain le dio la deferencia a la Junta para que lo hiciera. Aun cuando el informe se presentó ante la juez, Emanuelli señaló que eso no tiene ninguna controversia. No obstante dijo que la Junta tiene que decidir si va a ejercer alguna acción y esperar a que el Comité de Acreedores diga si está satisfecho con esa investigación.
En cuanto a la posibilidad de una negociación para una compensación al país, Emanuelli dijo que sí es posible ya que la ley de quiebra permite la anulación de transacciones del recobro de dinero que pertenecen al caudal de cualquier institución o persona, que le haya causado al caudal por negligencia o conducta ilegal, o anti ética. Un emisión sujeta a esta consideración –dio de ejemplo– es la emisión de bonos del 2014, dado el hecho de que en el mundo financiero todos sabían que esa deuda iba a ser impagable.
