CLARIDAD
El licenciado Fermín Arraiza Navas, director de la División Legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, indicó que es prematuro emitir opiniones sobre la nominación de Joseph González, actual director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, a dirigir el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
El director Legal de ACLU, señaló que no es la primera vez que se nombra alguien de la esfera federal a dirigir la Policía, como fue el caso de Arnaldo Claudio, quien fue nombrado monitor federal de la Reforma de la Policía y fue criticado por venir de la rama militar. Reconoció que Arnaldo Claudio resultó ser uno de los monitores que han intervenido en el caso que mayor énfasis e importancia le dio a la Reforma y a su cumplimiento.
“Habría que esperar cuáles son sus ejecutorias en este primer año. Y si sucede lo que se está adelantando por parte de la gobernadora: que su interés es básicamente federalizar a la Policía y dar por concluida la Reforma. Ya ahí habría unos conflictos de intereses. Si por el contrario, la participación de este funcionario lo que va a hacer es adelantar lo que es la etapa de cumplimiento, que es la etapa en la que nos encontramos, en colaboración con el Departamento de Justicia Federal (DJF), en términos de lo que es la Reforma de la Policía podría tener unos resultados positivos”, se aventuró a decir el director Legal de ACLU, que fue la entidad que llevó el caso al tribunal para una reforma de la Policía.
Más allá de la Reforma, indicó que tanto a la ACLU como al DJF les preocupa el sistema de monitoreo con cámaras e inteligencia artificial que está montando el NPPR en diversas partes del archipiélago. Reveló que hay un centro de mando donde están las cámaras, lo que levanta una seria preocupación por la violación de derechos constitucionales y porque básicamente estas conllevan una injerencia en la vida privada de las personas de saber dónde se encuentra cada individuo en cada momento.
El mencionado centro fue lanzado por el exgobernador Pedro Pierluisi en abril de año pasado en Bayamón.
“Estamos hablando de un sistema que tiene tecnología para el reconocimiento facial, las tablillas de vehículos de motor… quiere decir que puede monitorear dónde la persona está a cada momento, sin orden judicial”.
En cuanto a la capacidad de vigilancia y su uso sin una orden judicial, puntualizó que el sistema crea una gran suspicacia y gran preocupación, por lo que habrá que ver si el exdirector del FBI va a fomentar que haya injerencia en la vida privada y familiar de los ciudadanos de las personas en Puerto Rico cuando vaya a ocupar la posición de comisionado del Negociado de la Policía.
“O si, por el contrario, va a poner freno en coordinación con el Departamento de Justicia Federal, que es lo que se supone que haga. Ser jefe de la policía no debe ser sinónimo de tener carta abierta para inmiscuirse en la vida privada del país. En ese sentido, ACLU está muy pendiente de cuál va a ser su gestión, para entonces poder emitir una opinión informada de cuál sería su desempeño en desarrollo y cumplimiento de la Policía”, manifestó Arraiza Navas.
En la actualidad hay cerca de cinco mil monitores instalados en sitios públicos, que no solo van a poder conectarse a las cámaras que se instalen por parte del Gobierno, sino que hay una tecnología avanzada que podría permitir tener acceso a cámaras privadas, lo que es preocupante, agregó.
Sobre si hay alguna otra jurisdicción en Estados Unidos con este sistema, comentó hay casos en que se han tratado de impugnar. En algunos casos, dependiendo de las circunstancias, han tenido éxito; en otros, no. Acotó que, en el caso de Puerto Rico, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el sistema de vigilancia, hacia qué sectores va a ir dirigido.
“Tenemos que estar vigilantes en cuanto a eso y tratar de presentar las enmiendas que se puedan presentar o eliminar por completo si es que no cumple con los estándares constitucionales que tiene que cumplir”, expresó el director Legal de ACLU.
Respecto a la posibilidad de acudir a los tribunales para cuestionar esta operación de la Policía, indicó que también podría ser mediante la vía legislativa. No obstante, admitió que “siempre lo van a tratar de justificar con el miedo de la criminalidad, pero lo cierto es que este tipo de sistema se presta para perseguir a ciertos grupos de manifestantes. Ya lo han hecho en el pasado, se hizo durante las manifestaciones del 1.0 de mayo en el 2017 y 2018. Nosotros vimos en qué desencadenó. En aquella ocasión, se hizo con órdenes del Departamento de Justicia, bajo la dirección de Wanda Vázquez, y firmadas por un juez. No deja de preocupar el hecho de que ahora se pretenda hacer sin órdenes judiciales”.
Parte del plan de ACLU, dijo, es tratar de conseguir una inspección ocular del centro y poder hacer las preguntas necesarias en compañía del representante del DJF.
Sobre cuánto le falta al NPPR para cumplir con la Reforma, explicó que a base de las métricas y de los informes que ha preparado el propio monitor la Policía, Luis Saucedo, la Policía está muy lejos de las métricas de cumplimiento parcial. Aunque está cumpliendo con unas áreas, en términos de cumplimiento a cabalidad, las propias métricas de los informes indican que está en menos de un 50 a 40 % cuando se ve el desempeño en la calle, sobre todo lo que tiene que ver con intervenciones indebidas, uso excesivo de fuerza, uso de fuerza mortal. “Me atrevería decir que están muy por debajo de lo que se espera en la Reforma”.
Añadió que a ACLU también le preocupa el hecho de que una parte de la tecnología se esté utilizando para sistemas de vigilancia e intervenir con la ciudadanía y no necesariamente para prevenir el crimen. En esa línea, denunció que el sistema de reuniones con las comunidades que se supone tenga la Reforma se ha convertido en reuniones cívicas de la alta comandancia de la Policía. Dio como ejemplo el que estuvo en la de final de año en Aguadilla, y “aquello parecía una reunión cívica”.
Sobre la posibilidad de que se derogue la Reforma, como dijo la gobernadora, Jenniffer González, utilizando una orden ejecutiva del presidente Trump, el licenciado Arraiza Navas, aclaró que una cosa son los casos que se están viendo en los tribunales con reformas de la policía y otra cosa muy distinta es cuando ya existe un acuerdo. En el caso de Puerto Rico, existe un acuerdo desde el 2013 que al día de hoy no se ha cumplido. En lo que respecta a la Reforma de Puerto Rico, el caso está cerrado, se negoció y se transó y quien tiene la autoridad de terminar con este es el juez federal Francisco Besosa, que es quien tiene a cargo el caso.
“Es cuestión de voluntad política de si se va a dejar dirigir por el presidente de Estados Unidos o va a asumir su rol y poderes constitucionales para terminar el proceso de la Reforma de la Policía”, expresó en referencia al juez. Recalcó que el caso está en sus manos, no del Departamento de Justicia ni del presidente, y levantó que en el peor de los casos el presidente le puede dar una instrucción al DJF de que dejen de promover el caso y darlo por cerrado, y aun estaría en manos del juez emitir una orden so pena de desacato para que se cumpla con lo que él instruya.
Ante todo lo anterior, Arraiza Navas trajo a colación la experiencia con el FBI en Puerto Rico, el cual ha participado en las iniciativas de represión contra los movimientos universitarios, los movimientos de lucha por la libre determinación de Puerto Rico y otros movimientos sociales.
“Eso tiene que quedar claro y eso siempre va a ser una preocupación cuando entren a dirigir agencias de ley y orden en Puerto Rico. Eso pasó con Pedro Toledo, que estuvo en el FBI; pasó con Luis Fraticelli, que había sido también agente de FBI y bajo sus órdenes fue que se asesinó a Filiberto Ojeda Ríos, y eso siempre va a dejar una preocupación genuina. Esa ha sido la experiencia en el pasado y lo rechazamos. Hemos tenido experiencias desastrosas con el FBI” concluyó.
En entrevista por separado, la directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero, Mari Mari Narváez, igual expresó ante el nombramiento de González, que siempre que se nombra a alguien del FBI hay una preocupación mayor porque eso pasa por el intento de federalizar a la Policía.
“En este cuatrienio es una preocupación que crece porque lo que estamos viviendo en el Gobierno es, definitivo, un régimen totalitario que se está vislumbrando desde el principio, y la federalización de la Policía puede llevarla a una situación peor de lo que ya está”.
La directora de Kilómetro Cero dijo sobre la posibilidad de que se derogue, que la orden de Trump no aplica a la Reforma de la Policía de Puerto Rico, sino algunas investigaciones que se dieron bajo la presidencia de Biden.
En referencia a las declaraciones e intenciones de la gobernadora, Mari Mari apuntó: “Esto lo que demuestra es que el Gobierno del PNP nunca ha tenido voluntad para ninguna reforma. Esto es revelador de lo que siempre hemos denunciado. Nunca han tenido voluntad para la Reforma de la Policía y, a la menor provocación, ven una justificación por las políticas descabellas y totalitarias del presidente de EE. UU. Se les ve el refajo: están usando cualquier pretexto para justificar el cierre, es ya evidente. Es bien difícil transformar una institución cuando la institución ni sus supervisores creen en la Reforma”.
