CLARIDAD
“¿Cuánto más vamos a perder nosotros? Este es el único parque que tenemos los habitantes de la ciudad y los puertorriqueños de a pie para ir, porque desde el Caribe Hilton hacia Isla Verde ya se nos negó el paisaje, está todo tapiado, esto es lo único que nos queda. En cuanto esto empiece a delimitarse, la gente va a dejar de usar la playa y va a ser nuevamente una playa privada”, denunció una de los miembros del grupo Escambrón Unido.
Este movimiento, junto a otros participantes, ha dado la voz de alerta respecto al arrendamiento del Parque de Pelota Sixto Escobar por parte del Municipio de San Juan (MSJ) a la empresa Normandie OZ, LLC – Ishay Group para la construcción de un estacionamiento y dar paso al desarrollo de un complejo turístico en el área. El proyecto hotelero que Ishay Group propone para el área tiene como consecuencia la usurpación de bienes de dominio público y la privatización del área del Parque del Escambrón.
La portavoz del grupo Escambrón Unido, Gradissa Fernández, destacó que “este es un ejemplo más de lo que estamos viendo en el país de la usurpación absoluta de nuestras playas y nuestros parques para regalarlo a un ente privado. ¡Porque esto es un regalo bárbaro!”. Sus expresiones se dieron durante un recorrido por toda la zona en donde se mostraron detalles de lo que se propone construir Ishay Group.
Otro de los participantes, Herminio Pagán, portavoz de un grupo de surfistas que utilizan la playa, explicó que su grupo está en una lucha de hace 20 años tratando de reclamar lo que se conoce en la esfera federal como la Parcela C, donde ubicaba en un pasado un club de oficiales del Navy. Son tres cuerdas que incluyen la segunda línea de defensa que en su tiempo trazaron los españoles.
Ante la acción del alcalde, anunció con énfasis que se proponen radicar una querella en la Oficina de Permisos del MSJ porque “no solo este proyecto no cuenta con los permisos…si hace dos días le dieron titularidad. El primer paso para solicitar permiso de construcción o de demolición es demostrar titularidad, por eso la premura de darle un contrato de arrendamiento para que pueda radicar la solicitud de permisos”. Alertó de que todos saben que no solo en la OPSJ, sino que a nivel estatal, en la Oficina de Gerencia de Permisos que lidera Manuel Cidre (secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la cual está OGP), habrá influencias de poderosos extranjeros tratando de sacar esos permisos de manera rápida.
Pagán reclamó que sus conocimientos sobre los procedimientos de permisos le permiten saber que para un proyecto de la índole del presentado se requieren vistas públicas, la publicación de edictos, enviar cartas certificadas, una rotulación, una recomendación en uso de calidad ambiental (REA) estatal y federal, por encontrarse en una zona marítimo terrestre (ZMT), y otros 18 requisitos adicionales. Explicó que normalmente, los empresarios locales se tardan un año en obtener un permiso o una preconsulta.
“Vamos a estar bien pendientes, porque vamos a ver si Manuel Cidre va a hacer que esto salga rápido o va a hacer que hagan fila como los locales aquí. Todos los pequeños y medianos comerciantes, para renovar un permiso de uso, se tardan, mínimo, tres meses, seis, un año. Este señor viene a impactar una ZMT imponiendo intereses privados sobre los públicos”.
El activista denunció y cuestionó el anuncio del alcalde Romero y de la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes de que para mayo se iba a comenzar la demolición del parque.
“Quiero ver si eso va a suceder, porque entonces estoy seguro que tan pronto salga ese permiso vamos a tener la primera evidencia de corrupción en la oficina de planificación y de permisos, sin contar la oficina del municipio, que probablemente es la peor oficina de permisos de Puerto Rico. Le advertimos que el estacionamiento no va”.
Otro de los usuarios del parque y participante de Escambrón Unido, José Rodríguez, quien también es portavoz del Comité Dominicano de Derechos Humanos, narró que participó en la lucha de Santurce no se Vende:
“Somos una comunidad que fuimos sacados de su hábitat porque somos unas personas vulnerables, inmigrantes que alquilan sitios en que nadie quiere vivir. Luego, los lugares se desarrollan y luego los sacan. Hemos estado en varias luchas en Puerto Rico y lo que estamos viendo aquí es que aquí no hay un fin público para expropiar y construir. Ponerle cemento a una zona natural, a un sitio donde vienen las especies marinas a aparearse, eso no se menciona; pero eso también va ser afectado. Nosotros le hacemos un llamado al alcalde, que cuenta con los votos de la comunidad migrante, que ha sido desatendida por su administración. Yo vivo aquí, en Puerta de Tierra, aquí vivimos muchos inmigrantes. Entonces, se le está quitando el área recreativa al pueblo. Aquí corrieron mis hijas en competencias deportivas, aquí se rompió el récord del mundo con Javier Sotomayor, esto es un sitio histórico. ¿Cómo él piensa destruir algo así? Hacemos un llamado al alcalde para que rectifique. Como portavoz del CDH y en nombre de mi comunidad, nos oponemos a que construya y destruya un área protegida”.
Dos miembros de la organización ambientalista Amigos del Mar, Irimar Landrón y Carlos Rivera, coincidieron en las denuncias de que el proyecto representa una usurpación de bienes de dominio público y resultará en la privatización del sector.
“Hay una agenda desde hace mucho tiempo de seguir privatizando al país y seguir desplazando a las y los puertorriqueños de nuestra isla. Todas las costas se siguen vendiendo y entregando a inversionistas que no son boricuas y a algunos boricuas para privatizar y llevarse nuestro tesoro como isla. Esto lo que hace es re confirmar que es un desplazamiento, que nos están sacando. Cada vez nos aumentan más la luz, el costo de vida, y lo están preparando para una clase particular que no representa a la clase empobrecida de nuestro país”, expresó Landrón, coordinadora.
Por su parte, Carlos Rivera, analista de Política Pública, planteó que la situación representa otro ejemplo de la contradicción total que hay entre la política pública y lo que estipulan las leyes. Indicó que es necesario abogar por una moratoria de la construcción en las costas por cinco años y reclamar a la Legislatura una nueva ley de costas.
Desmienten a Normandie OZ, LLC – Ishay Group
En comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro Scuba Dog Society (SDS), por medio de sus portavoces, el licenciado Herman Colberg y el ecólogo Ariel E. Lugo, aclaró que nunca ha endosado el proyecto propuesto para el hotel Normandie en el área de El Escambrón,.
“Desautorizamos a cualquier persona u organización que indique o sugiera que Scuba Dogs Society endosó el proyecto. Scuba Dogs Society no endosa proyectos privados”, informó.
La organización reclamó que ha sido parte de los esfuerzos de conservación y mejoramiento de El Escambrón por los pasados 20 años, por lo que considera que en este lugar debe hacerse una planificación integral en armonía ecológica y social, tomando en consideración a la comunidad y el mejor criterio científico. Ese siempre ha sido el acercamiento de Scuba Dogs Society para todas las costas y los espacios naturales de Puerto Rico.
“Las declaraciones que hagan, a título personal, miembros de la Junta de Directores de Scuba Dogs Society o la escuela acuática Scuba Dogs no representan las posturas de nuestra organización. Scuba Dogs Society no ha endosado este proyecto y nunca emite endosos a proyectos privados”, remarcaron Colberg y Lugo.
