Especial para CLARIDAD
La discusión que trae Caraballo Cueto sobre el papel de los paraísos fiscales coloniales en el desarrollo económico contemporáneo plantea una paradoja profunda: ¿puede un territorio dependiente y subordinado al capital externo alcanzar desarrollo mediante ventajas fiscales y servicios financieros, del mismo modo que antes lo hizo con la manufactura? En el caso de Puerto Rico, esta cuestión adquiere una relevancia particular. A lo largo del siglo XX, la isla transitó de ser un enclave militar, agrícola a manufacturero dependiente de capital estadounidense, impulsado por programas como la Operación Manos a la Obra, a convertirse en el siglo XXI en una jurisdicción de servicios financieros y tecnológicos orientada a atraer inversión mediante incentivos fiscales y enclave turístico de atracción de individuos de alto patrimonio.
Puede un paraíso fiscal colonial basado en servicios y atracción de individuos de alto patrimonio podría reproducir resultados macroeconómicos similares a los de la etapa manufacturera, pero sin lograr un desarrollo económico y social genuino, perpetuando así la dependencia estructural y la desigualdad interna.
Históricamente, Puerto Rico ha encarnado la tensión entre crecimiento y desarrollo, dos conceptos que en apariencia se complementan pero que en la práctica divergen. El crecimiento económico, definido como el aumento cuantitativo del producto interno bruto, puede alcanzarse mediante la expansión de la producción o la entrada de capital externo. Sin embargo, el desarrollo económico implica un proceso cualitativo de transformación social, diversificación productiva, justicia distributiva y fortalecimiento institucional. Siguiendo a autores como Amartya Sen (1999), el desarrollo no puede reducirse al incremento del ingreso, sino que debe entenderse como la expansión de las capacidades humanas y la autonomía de las sociedades. En esta distinción se encuentra la clave para comprender la trayectoria puertorriqueña: tanto el modelo manufacturero del siglo XX como el modelo de servicios fiscales actual se apoyan en una base de crecimiento dependiente, exógeno y excluyente.
Durante la segunda mitad del siglo pasado, Puerto Rico fue un laboratorio de industrialización subordinada. Un laboratorio de industrialización es un espacio especializado donde se realizan pruebas, investigaciones y proyectos para desarrollar, mejorar y automatizar procesos industriales. Bajo la tutela política y económica de Estados Unidos, la isla atrajo capital manufacturero mediante exenciones fiscales federales, particularmente a través de la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Este modelo produjo un crecimiento notable en términos de PIB y empleo industrial, pero sin generar autonomía ni desarrollo estructural. Las decisiones estratégicas permanecieron en manos de corporaciones estadounidenses, y cuando los incentivos fueron eliminados en la década de 1990, la base productiva local colapsó. Desde la perspectiva de la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1979), se trató de un enclave productivo clásico, funcional a los intereses metropolitanos y desconectado del tejido social puertorriqueño.
En el siglo XXI, la isla ha buscado reinventarse bajo una lógica similar, pero ahora como un paraíso fiscal colonial de servicios y capital financiero. Las leyes 20 y 22 —hoy unificadas en la Ley 60 de 2019— ofrecen exenciones casi totales a inversionistas no residentes y a individuos de alto patrimonio que establezcan residencia en Puerto Rico. Este régimen fiscal ha atraído empresas tecnológicas, fondos de inversión y figuras del mundo cripto, quienes aprovechan la doble condición de la isla: parte del sistema económico estadounidense, pero con autonomía tributaria limitada. En términos cuantitativos, este modelo ha generado ingresos y cierto dinamismo en los sectores de servicios profesionales, bienes raíces y turismo de lujo. En apariencia, el “paraíso fiscal de servicios y personas” reproduce el crecimiento que en otro tiempo generó la manufactura, aunque basado ahora en capital financiero y humano de alta renta, no en producción material.
Sin embargo, el análisis cualitativo revela una dinámica análoga de crecimiento sin desarrollo. La mayor parte del capital atraído no se reinvierte en la economía local, sino que se canaliza hacia actividades especulativas o de optimización fiscal. Los beneficios se concentran en una élite reducida, mientras amplios sectores de la población enfrentan pobreza, migración y pérdida de poder adquisitivo. La infraestructura, los servicios públicos y el empleo formal continúan debilitados, y la política económica está sujeta a la supervisión de la Junta de Control Fiscal impuesta por la Ley PROMESA de 2016. En términos de economía política, el modelo fiscal reproduce la lógica de un enclave financiero, donde la función principal del territorio es ofrecer su marco legal y su soberanía limitada al capital global, sin control pleno sobre sus resultados ni sobre la redistribución del ingreso.
Desde la perspectiva teórica de la colonialidad del poder (Quijano, 2000), Puerto Rico opera dentro de una estructura neocolonial en la que la fiscalidad se convierte en una extensión del dominio metropolitano. La transición de enclave manufacturero a enclave fiscal no modifica las relaciones de dependencia, sino que las reconfigura. En lugar de exportar bienes tangibles, la isla exporta ventajas jurídicas y residencias fiscales; en lugar de atraer fábricas, atrae fortunas. El resultado económico puede ser comparable en términos de indicadores macroeconómicos, pero sus efectos sociales y distributivos son aún más concentrados y excluyentes. Al igual que el modelo industrial anterior, el régimen fiscal actual se sostiene en una inserción subordinada en el capitalismo global, donde la capacidad de decisión y la creación de valor permanecen fuera del territorio.
Ambos modelos —manufacturero y fiscal— generan crecimiento económico exógeno basado en incentivos y dependencia externa, pero no desarrollo endógeno. En ninguno de los dos casos se fortalece la autonomía productiva, ni se diversifica la economía local, ni se reducen las desigualdades estructurales. El paraíso fiscal colonial de servicios y personas puede replicar el crecimiento numérico de la era manufacturera, pero sin transformar las condiciones sociales que impiden el desarrollo sostenible. Como advierte Zucman (2015), los paraísos fiscales son territorios que acumulan riqueza global sin crear bienestar local, perpetuando así un desequilibrio entre los indicadores macroeconómicos y la realidad social.
En conclusión, la experiencia puertorriqueña demuestra que la transición de un enclave manufacturero a un enclave financiero no implica una ruptura con la colonialidad económica, sino una adaptación a las nuevas formas del capitalismo global y de la colonia. Puerto Rico, como paraíso fiscal colonial, puede alcanzar niveles de crecimiento similares a los de su pasado industrial, pero ese crecimiento carece de contenido social y de sostenibilidad estructural. La verdadera cuestión no es si un modelo de servicios puede sustituir a uno de manufactura, sino si cualquiera de los dos puede generar desarrollo bajo condiciones coloniales y dependientes. Mientras el marco institucional y político permanezca subordinado a los intereses metropolitanos, la isla continuará atrapada en un ciclo de crecimiento exógeno y desarrollo ausente, donde la riqueza circula sin arraigo y la promesa de prosperidad se diluye entre los márgenes del capital global y la desigualdad local.
