Corresposal de La Jornada
Buenos Aires. La ciudad de Rosario, Santa Fe, se veía esta mañana desolada como si se hubiera ordenado un estado de sitio, sin transporte y sin clases, después de cuatro asesinatos cometidos por presuntos sicarios del “narco terrorismo” en los últimos cinco días, ante lo cual la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, acompañada de su par de Defensa, Luis Petri, se trasladó al lugar y junto con el gobernador, Maximiliano Pullaro, anunció que el gobierno nacional enfrentará la ola de crímenes del narcoterrorismo, para lo cual se creó un Comité de Crisis.
Sostuvo que se pidió a la justicia la aplicación de la ley antiterrorista, el despliegue de fuerzas federales y el apoyo logístico de las fuerzas armadas y que se trabaja en un proyecto de ley «antimafia» a la italiana.
Después de matar a dos taxistas, un chofer de ómnibus y un joven trabajador que nada tenían que ver con el narcomenudeo, uno de los sicarios dejó un papel, escrito a mano en el que advertían que si se perseguía a sus familias, iban a matar a “inocentes” y estos asesinatos fueron como el sello de lo que iba a continuar.
Si se aplica la ley antiterrorista, la ministra dijo que que mediante el artículo 14 del Código Penal, «toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena», y añadió que “le vamos a pedir a la justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos, para trabajar contra los narcocriminales terroristas”.
Son varias las propuestas de Bullrich, quien se define por la llamada “línea dura” desconociendo elementos claves de la Constitución Nacional y de derechos humanos, incluso en la imposición de un protocolo de seguridad que no avala ninguna organización internacional que además le advierten sobre la ilegalidad de sus términos.
En este caso preocupa el uso del término “terrorismo”, ya que favorece endurecer la represión e incluso puede acudir a calificar como violenta una marcha, una manifestación, un piquete, o perseguir a los mapuches, en el sur, a los cuales considera como “terroristas” sólo por defender las escasas tierras que les van quedando ante los extranjeros, que ya se han apoderado de una buena parte del territorio patagónico.
En este año la ministra envió la gendarmería a Rosario, a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, ante un pedido de ayuda por la situación violenta que ya se vivía por los encuentros de las bandas narcotraficantes, nunca tan grave como en estos momentos. La población se quejaba que en esos momentos, de que subían al transporte público y revisaban los documentos “como tiempos de la dictadura” (1976-1983)
También Bullrich se refirió a la ley rico, una norma federal contra “la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de Estados Unidos y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos, que incluye fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etc. Y permite, si se combinan dos de los delitos, poder avanzar e ir contra todos los miembros de la organización”, sostiene un artículo de Página /12.
En el caso de la legislación italiana, propone que sea condenados no sólo quienes reciban dinero de las mafias sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente o reciban favores, aun sin recibir dinero.
En tanto, el gobierno de Santa Fe convocó a personal retirado de la policía para ayudar en la custodia de escuelas, hospitales y otros edificios público. Bulrich indicó que si la justicia la autorizaba a la utilización de la ley antiterrorista apuntará contra los sicarios y el lavado de dinero, por lo que impulsarán un nuevo paquete de leyes.
El presidente Javier Milei cesó al secretario de Trabajo, Omar Yasín, por haberle subido el sueldo a él y a todo su gabinete en medio del ajuste a trabajadores y jubilados. «He despedido al secretario de Trabajo. Por este error (de haber aumentado los sueldos a las autoridades superiores de la administración pública). Esto fue aclarado en enero, cuando el consenso era que todos teníamos que tener los sueldos congelados», dijo en una entrevista de “La Nación Más”
De este modo, el mandatario ultraderechista culpó al ahora ex funcionario por la polémica surgida el fin de semana al descubrirse que, mediante un decreto del 29 de febrero pasado, se había aumentado el sueldo 48 por ciento desde enero. Sin embargo, no explicó por qué decidió responsabilizar a Yasín del «error» del aumento de salarios para todo el gabinete cuando, en principio, el decreto 206/24 del 29 de febrero pasado solo está firmado por él mismo y por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
En una carta dirigida “al Pueblo de Dios” con ocasión de la Cuaresma, los obispos de Merlo-Moreno, Juan José Chaparro y Oscar Miñarro, lamentaron que a “los responsables del gobierno nacional sólo se preocupen de que cierren las cuentas y no miren a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando”. El documento, que también lleva la firma del Equipo de Pastoral Social y de Caritas de la misma diócesis, señala que el tiempo litúrgico de la Cuaresma “nos pide esta conversión de cuidar la Vida” algo que atañe “también y especialmente a aquellos que tienen la responsabilidad institucional de conducir los destinos de la Patria y de nuestro Pueblo”.
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