Posibilidad de desahucios en condominio Bayola es reflejo de la crisis de vivienda en el país

 

CLARIDAD

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La entidad sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) continúa esperando contestación de parte de la administración del condominio Bayola Apartments tras solicitarle una reunión en o antes del pasado jueves, 13 de julio. En este encuentro la organización pretende aclarar detalles sobre la posibilidad de desahucio que enfrentan los inquilinos que no puedan costear el alza en la renta que propone la compañía dueña del condominio.

La renta actual circunda los $700 y compara con el aumento que se prevé, con el cual alcanzará los $1,000 a 1,200, al incluir otros gastos como el uso de estacionamiento y servicio postal.

La solicitud de esta reunión por parte de ALPR se dio luego de que esta entidad asumiera la representación legal de un grupo de inquilinos del condominio que recientemente hizo pública su desesperación ante el sorpresivo e injustificado aumento. La administración del deteriorado condominio, ubicado entre Condado y Santurce, ha amenazado a la comunidad de unos 200 residentes con que si al 1ero de agosto de 2022 no firma los contratos que especifican el aumento, se procederá con los desalojos.

A juicio de la licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal, no hay ninguna justificación para el alza, “ni considerando que el casero dijera que es para poner el edificio en condiciones. La realidad es que cuando se tiene un negocio de lo que sea, el casero tiene que correr con los gastos operacionales. El gasto operacional de quien alquila es mantener la cosa en buen estado. No puede venir a cobrarle al inquilino más por hacer una cosa que debe haber hecho”, dijo en entrevista con CLARIDAD.

Ahora mismo y ante la falta de respuestas por parte de la administración, ALPR sostiene reuniones con un grupo de 30 a 50 residentes de este condominio, propiedad de GIB Development LLC desde 2011. “La comunidad se está preparando para asumir su defensa legal”, aseguró Godreau Aubert.

Este grupo de residentes reiteró el pasado lunes sus denuncias respecto a las acciones negligentes, de incumplimiento contractual y los intentos de desalojo ilegal por parte de la administración. Además, alegan que mientras viven en un edificio con condiciones claramente peligrosas, se les impide el uso de áreas comunes.

“Con sus injustas acciones la administración de Bayola intenta desplazarnos desatendiendo la realidad de los residentes, muchos de los cuales son adultos mayores que viven del Seguro Social y quienes han vivido aquí por décadas. El aumento además de desproporcionado implicaría la disolución de nuestra comunidad, de nuestro hogar”, afirmó Pablo Collazo Cortés residente del complejo de viviendas desde el 2012.

Cabe señalar que, a principios de este año 2022, la organización le informó a este semanario que habían atendido 455 peticiones de personas que solicitaban apoyo en temas de alquileres. También, que al día de hoy el 95 % de las personas que son demandadas por desahucio no tienen representación legal.

Aumentos no están regulados

En la isla hace falta legislación para regular el incremento en la renta y visibilizar la incapacidad de pago de las familias. Por esta falta de regulación, no hay nada que impida a un casero incrementar una renta una vez finalizado un contrato, sin embargo cuando estos están vigentes no se puede subir el costo de renta. La licenciada le confirmó a este medio que en el caso de Bayola hay contratos vigentes, lo que favorece a la comunidad que está representando ALPR.  Como entidad, Ayuda Legal tiene una preocupación ante los desahucios, por lo que mantiene un registro de estos casos. Basado en los datos obtenidos, han informado que en lo que va de año suman 790 desahucios por impago. En 2021 hubo alrededor de 750. “Pero aun así, que no estén regulados los aumentos de renta no significa que los inquilinos no tengan ningún derecho”, aseguró Godreau Aubert.

Una tercera parte de la población de la isla vive en una unidad de alquiler, pero son pocas las políticas públicas que cobija a este porcentaje de personas. Por eso, “el caso de Bayola no es un caso particular, es uno que demuestra lo que sucede cuando el gobierno se niega a actuar prontamente, no legisla adecuadamente y dejas sola a una tercera parte de la población”, dijo.  Según especificó la licenciada, esa tercera parte está constituida por adultos mayores, personas con bajos ingresos, madres con hijos menores de edad, personas con diversidad funcional.

“El llamado sigue siendo al gobierno porque el caso de Bayola es otro más entre muchos que hay alrededor de todo Puerto Rico por la amenaza de desplazamientos y viviendas”, comentó la licenciada a la vez que dijo que es un adelanto que en la actualidad hayan sobre la mesa tres proyectos de ley que tratan el tema de los alquileres.

Ayuda Legal quiere indagar sobre la experiencia con alquileres y desahucios en los últimos 5 años y ha preparado una encuesta, que por el momento solo se puede acceder a través de la página web de la organización: https://ayudalegalpr.org/. La encuesta, que es anónima y está diseñada para personas inquilinas y caseras de propiedades residenciales en Puerto Rico, busca conocer necesidades legales que tienen las personas en relación a los alquileres a largo plazo con el interés de informar y diseñar talleres y recursos educativos más útiles.

Aumento en la electricidad, aumento en vivienda

Alquileres en aumento, complicaciones en los procesos para comprar vivienda, alza en los intereses hipotecarios, desplazamientos por inversiones de capital extranjero, todas estas son vertientes de la crisis de vivienda que enfrenta el país actualmente. A esta difícil situación, se le suman los continuos e inciertos aumentos de electricidad y la inflación que se experimenta a nivel mundial.

“El precio de la luz incide en el precio de tener una vivienda”, comentó la licenciada Godreau Aubert. Continuó explicando que el aumento constante en la factura de energía eléctrica “tiene un efecto particular, sobre todo porque es incierta, tú no sabes de cuánto va a hacer, no te puedes preparar para ella. De ahí que digamos que LUMA es desplazamiento”.

En resumen, para la entrevistada la crisis de vivienda “tiene que ver con una incertidumbre sobre si las personas que viven en Puerto Rico van a tener las condiciones para costear un techo y los servicios esenciales que hacen que ese techo pueda ser una casa: agua, luz, transportación, alimentación, educación. De lo contrario, no es una vivienda”.

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