Mirada al País: Otro verano 2019 es necesario

 

Especial para CLARIDAD

El 13 de julio de 2019 un grupo de ciudadanos, la mayoría jóvenes, iniciaron frente a los portones de la Fortaleza el proceso de lucha que culminó con la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Desde entonces se han desencadenado una serie de sucesos, que atados a los antecedentes a la renuncia, nos hacen pensar que otro verano es necesario.

La presencia de la Junta de Control Fiscal, las políticas económicas que favorecen al capital, la inflación que nos ahoga, una clase gobernante insensible y hambrienta de un falso poder, la emigración hacia el norte, las deficiencias de los servicios públicos (auto infligidas), el crimen ambiental, entre otros importantes asuntos justifican la lucha colectiva del pueblo.

El problema de raíz, el colonialismo, que junto al capital intenta controlar nuestras vidas dificultan y contradicen unas acciones con otras. Las condiciones objetivas están dadas para que se prenda la chispa que encienda la pradera se diría en otros tiempos en los cuales las ideas y la promesa de una sociedad justa y libre estaba a la vuelta de la esquina.

Entonces, si las condiciones objetivas están dadas, ¿cuáles faltan? Las condiciones subjetivas nos contestaban unos. Otros nos recordaban que las subjetivas no se dan solas, que hay que empujarlas, para que se manifiesten. Como esos ciudadanos que frente a Fortaleza prendieron la chispa hace tres años.

Mientras el pueblo y sus organizaciones celebran y recuerdan esta gesta, el estado aprende de sus errores y experiencias para consolidar su posición que en el 2019 se tambaleo. Si es cierto que en el 2019 todas las fuerzas sociales pidieron la renuncia del gobernador, no es menos cierto que aquellas fuerzas que son parte del sistema (partidos políticos, medios de comunicación, empresarios, asociaciones de patronos, etc.) se aseguraron que otras demandas legítimas como seria que la Junta de Control Fiscal se fuera, o que no se pagara una deuda ilegal, o la defensa de servicios públicos, de la Universidad de Puerto Rico, de los sistemas de pensiones o la protección del ambiente no fueran consideradas como prioridad.

Hoy sentimos y palpamos diariamente las consecuencias de hacer renunciar un gobernante pero que sus políticas y representaciones quedaron intactas. El abogado de la Junta que intento ser gobernador mediante un “golpe suave” hoy es gobernador electo. La gobernadora designada entonces hoy declara que se expone a ser arrestada. La corrupción, producto de la relación contractual de empresas privadas con gobernantes deshonestos, hacen su agosto. La Junta de Control Fiscal ha impuesto sus políticas de austeridad, ha logrado aprobar los planes de pago sin mayor oposición del pueblo, anuncia mediante estos planes de pago aumentos en los servicios públicos de energía, agua y peaje (todos en manos privada), amenaza reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y pretende destruir todos los sistemas de pensiones en el país.

Como si fuera poco la Junta y las asociaciones de patronos se oponen al mejoramiento de las condiciones de trabajo y salario de los trabajadores tanto en la empresa privada como en el gobierno. No se respetan los convenios colectivos ni se fomenta la organización sindical.

El tema de la energía, que debe ser reconocido como un derecho humano, tiene su peor cara en LUMA y los planes de privatizar las plantas generatrices. Mientras siguen llegando compañías privadas para vender placas y baterías financiadas con altos intereses, el gobierno se niega a discutir propuestas serias y viables para dirigir las políticas energéticas por rutas verdes y en manos públicas de manera transparente.

Los más de $50 mil millones de fondos federales son una inversión para que se pueda visualizar la reconstrucción del país mediante una visión integral en la cual toda la sociedad participe. Sin embargo la cuantía disponible provoca todo lo contrario. Las grandes empresas y compañías fantasmas de reciente incorporación están ideando como dar el “tumbe” de estos fondos millonarios. Tanto en Washington DC como en Puerto Rico están presentes los cabilderos de estas empresas para organizar el “tumbe”.

Es hora de insistir en la necesidad de unir las diversas luchas que nuestro pueblo realiza cada día en el país. Hay que salir a “evangelizar” el país. Hay que predicar sobre la posibilidad y la justa demanda de exigir una sociedad justa, participativa e igualitaria, en fin, con libertad. Para ello se tiene que destinar recursos humanos, bien formados, con los medios adecuados para poder llegar a cada rincón del país para escuchar y hablar con la gente. De ahí saldrá la fuerza necesaria para el cambio y construcción de la sociedad que queremos.

No es cuestión de esperar al año electoral. El trabajo tiene que ser constante y diario. Los organizadores sindicales, los activistas de sectores sociales y políticos, las iglesias con compromiso y visión solidaria, las cooperativas, los estudiantes, partidos políticos y cada cual puede ser parte de este “ejercito evangelizador”.

Se requiere disposición y voluntad para prender la chispa. El campo esta listo.

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