Por Cándida Cotto/CLARIDAD/ccotto@claridadpuertorico.com
El Informe sobre el Gasto Contributivo (IGT) publicado por el Departamento de Hacienda (DH) todavía no es suficiente para decir que existe transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno respecto al dinero público. El hecho es que el IGC que fue preparado a petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) no analiza si las exenciones contributivas sobre los ingresos y/o privilegios contributivos están cumpliendo con sus objetivos sociales y económicos, apuntó la economista Martha Quiñones Domínguez en entrevista respecto a su apreciación sobre el IGT.
Para comprender un poco mejor el tema señaló el contexto histórico de los gastos fiscales (llamados también exenciones). Estos vienen desde 1900 con la Ley Foraker y 1917 con la Ley Jones, con el propósito de atraer empresas de Estados Unidos a Puerto Rico, en el contexto de los planes expansionistas del capital manufacturero estadounidense. Luego con la Ley 600 y con la implantación del proyecto “Operación Manos a la Obra” (el programa de desarrollo industrial, industrialización por invitación) las exenciones fueron parte del modelo de industrialización por invitación, que se fue ajustando a partir de las nuevas realidades impuestas desde el exterior. Con la firma en 1947 del Acta de Incentivos Industriales se inicia formalmente la estrategia de industrialización por invitación lo que describe como “capitalismo dependiente”, bajo la dirección entonces de la Administración de Fomento Económico (AFE) con el objetivo explícito de atraer capital manufacturero de Estados Unidos cuya producción se orientaría al mercado de exportación.
El gobierno de Puerto Rico diseñó su estrategia de crecimiento económico basada en los siguientes principios: mano de obra abundante y barata, exención contributiva sobre los ingresos, infraestructura económica provista por el gobierno central, y otros beneficios. Quiñones Domínguez reconoció que, aunque por filtración, el modelo de otorgar exenciones contributivas tuvo sus efectos positivos en sus inicios (entre el 1940 a mediados de 1960). Esa herramienta fiscal de exención contributiva sobre los ingresos se fue torciendo con los años y se comenzó a incluir a diversas actividades en las cuales no se define de manera clara cuáles son sus objetivos sociales y económicas. “Esto debido a la improvisación y las legislaciones por encargo que cada reforma contribuida introducía y la falta de evaluación de esta”, afirmó.
Expuso que aunque en el documento se encuentra el origen y los objetivos de los gastos fiscales, los tratos contributivos son definidos como “Gastos fiscales”, lo que son gastos públicos, pero disfrazados (con máscara). Reparó en que es difícil evaluar con los documentos que se han presentado si se cumplen los objetivos. Por ejemplo, indicó que se puede mencionar las exenciones totales aplicables a las iglesias que no presentan claramente cuál es el beneficio social y porqué se debe otorgar.
En ese aspecto en el IGC no hay evidencia del costo-beneficio de los créditos fiscales existentes y no se estimula sus evaluaciones. Mientras se denota que el gobierno aplica a Puerto Rico políticas fiscales para el desarrollo económico adoptadas por otros países sin evaluar los posibles efectos. Tampoco se establece una política fiscal clara del tipo de industria, actividad económica que Puerto Rico debería continuar estimulando o comenzar a estimular para promover su desarrollo económico, con las industrias a proteger.
La economista criticó que el gobierno actúa de manera improvisada según la industria de moda o la que llevo más cabilderos para legislar, sin estudios, sin objetivos y perspectivas. “Esto hace que no tengamos el crecimiento económico esperado, que tengamos tantas exenciones y que no logremos industrias locales que generen capital local”. Quiñones Domínguez indicó que se impone evaluar los impuestos a la renta, al consumo, los impuestos de Base amplia y tasas bajas, tasas altas y base subsidiada, las exenciones, las exclusiones contributivas para alentar la actividad económica versus proporcionar justicia fiscal y conocer los que ya no son necesarios, los que no han aportado y las que se deben eliminar por ser injustificados.
Estos análisis son los que en efecto requiere la JCF que fue quien pidió el IGC para poder estimar cómo los impuestos y las políticas que imponen de recortes afectan en última instancia los precios pagados por los consumidores, los ingresos recibidos por los trabajadores y jubilados y los efectos sobre el crecimiento económico. Y no solamente en los inversores.
La economista denunció que la carga económica de los impuestos siempre va hacia un grupo, los trabajadores y jubilados. “Por eso de los $20,329 millones (se refiere a los gastos en exenciones) entre las medidas de gastos e ingresos incluidos en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rio se concentran en la eliminación de subsidios que son $7,825 (millones) que incluye a los municipios y la UPR que ocupa el primer lugar dentro de la categoría de mayor impacto, pero no toca los gastos fiscales, y no los menciona”.
En conclusión, es más fácil ocultar gastos fiscales que incluirlos en el presupuesto, por eso siempre se trae como una necesidad –por parte del gobierno– el de hacer una reforma tributaria como algo aparte del Presupuesto, cuando es parte de este. Como en el Presupuesto no se puede determinar cuánto dinero representan las exenciones, pues no hay transparencia en el proceso del Presupuesto, acción que dijo que debería ser discutido públicamente como parte del proceso de planificar al país, “por eso la JCF puede hacer decisiones arbitrarias sin tomar en consideración este documento”.
Por otra parte la organización Espacios Abiertos, decidió desistir del caso que se encontraba ante la consideración del Tribunal Supremo, para que el gobierno revele el Informe Sobre Concesiones Contributivas Discrecionales (Tax Abatements). La directora ejecutiva de EA Cecille Blondet, declaró que la publicación del IGC por parte del gobierno es un gran paso para lograr la transparencia en los gastos fiscales en Puerto Rico, por ese motivo
“Lograr que se publicara ese informe fue una batalla que Espacios Abiertos llevó hasta los tribunales ante la negativa del gobierno de divulgar la información sobre concesiones contributivas que le había compartido a la Junta de Supervisión Fiscal desde julio 2017. Mientras en los Estados Unidos esa información se publica desde 1974, en Puerto Rico tomó décadas”, afirmó.
