Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Los recortes que se le han hecho al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) desde que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó el primer plan fiscal para la institución académica nunca han sido manejables.
Así lo viene reclamando la comunidad universitaria, especialmente el sector estudiantil, desde la huelga del 2017. Sin embargo, luego de cumplir con los recortes “responsablemente”, la administración universitaria reclama que en este momento la Universidad “…no puede en realidad tolerar otro recorte”. Así lo advirtió el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, el jueves de la semana pasada.
Como parte del recorte de $71 millones para el próximo año fiscal, Haddock dijo que este no afectaría la matrícula, pero que en consecuencia pudiera tener efectos en el cierre de algún recinto. De ser así, el cierre se estaría efectuando a partir del primero del 1 de julio de 2020, cuando comienza el año fiscal 2020-2021.
“Es una preocupación de la comunidad universitaria y es algo que el sector estudiantil viene hablando desde hace 3 años, desde que se creó la Junta de Control Fiscal y se impusieron los recortes. Desde el primero. Antes de eso habíamos dicho que los recortes no eran manejables, que no iban a beneficiar a la Universidad. Ahora, después de decir que los recortes son manejables, de la nada, la administración universitaria dice que los recortes no son manejables”, manifestó el representante estudiantil a nivel graduado, Jorge Rivera.
A la Universidad ya se le han recortado $332 millones del Fondo General, lo que equivale al 40% del presupuesto que recibe la institución del Gobierno central. Con un recorte como el que se proyecta para el próximo año fiscal esa cifra aumentaría a $401 millón, lo que equivale al 51%. La Universidad se quedaría con unos $432 millones para operar el próximo año fiscal.
El representante estudiantil sostuvo que con un recorte de $71 millones la Universidad “como la conocemos hoy quedaría inoperante […] un recorte de esa magnitud va a ser menos manejable para la Universidad por las estrechez económica”.
Rivera mencionó que el mismo presidente de la Universidad ha dicho que en la reunión que sostuvo con la gobernadora Wanda Vázquez ella dijo que estaba muy receptiva y abierta a defender la institución y a que no se le recortara. Pero entonces la Junta dice que no es ella quien recorta, que es el Gobierno.
“Esto es la papa caliente de la responsabilidad […] Al final del día la responsabilidad es del Gobierno. Yo creo que la administración tiene que enfocarse en que la gobernadora haga un detente completamente al próximo recorte de la UPR”, dijo.
El congresista Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, presentó una enmienda a la Ley PROMESA en la que se declara a la UPR como un servicio esencial. Un llamado que la comunidad universitaria ha hecho desde que se implementó dicha ley, que se declare un servicio esencial para proteger el caudal de la UPR y proteger su asignación presupuestaria.
“De efectuarse el recorte de $71 millones, la Universidad como la conocemos hoy quedaría inoperante […] un recorte de esa magnitud va a ser menos manejable para la Universidad por las estrechez económica”, sostuvo Rivera.
El presidente puso a la comunidad universitaria a escoger entre cerrar recintos o pagar el retiro, lo que es absurdo porque mantener recintos abiertos no depende del dinero que los trabajadores han aportado por años al retiro. Además, porque no hay garantías de que ese dinero se va a utilizar para mantener los recintos operando.
La Universidad no ha sido responsable, primero, con los depósitos al sistema de retiro de la UPR; segundo, le ha reducido partidas presupuestarias en utilidades en los recintos.
Según el plan fiscal aprobado por la JCF en el mes de junio, la aportación que tiene que hacer la Universidad al Fideicomiso del Sistema de Retiro fue duplicada por el ente federal. De $80 millones que tenía que aportar según el plan fiscal aprobado el año pasado, subió a $160 millones luego de la revisión de dicho plan en verano.
“Por eso él [Haddock] está diciendo tienen que decidir entre el cierre de recintos o el pago del retiro”.
Rivera destacó la importancia de que la comunidad universitaria se movilice para hacer un detente al recorte. Ello no solo implicaría el cierre de recintos, también afectaría los servicios a los estudiantes, la contratación de personal docente para dar cursos, la viabilidad y creación de programas académicos y la acreditación, entre otras cosas, que garantizan la calidad y accesibilidad de un sistema público de educación superior.
