Por Manuel de J. González/ CLARIDAD
En el mundo quedan pocos ejemplos de colonialismo clásico como el de Puerto Rico, pero persisten muchos casos de naciones que subsisten dentro de otras y relaman el derecho a autodeterminarse para encaminarse hacia un futuro independiente. Dos de esas naciones –Cataluña y el Kurdistán– han estado en el centro de las noticias internacionales las pasada semanas. En ambos casos se trata de nacionalidades muy definidas cuyo devenir histórico las ha colocado dentro de otra demarcación estatal que las constriñe, limita e impide su particular desarrollo nacional.
Entre esos dos casos el más cercano a nosotros es el catalán, nación amarrada dentro del estado español desde hace siglos. A lo largo de esas centurias el estado central ha tratado de destruirla en más de una ocasión, pero la muy testaruda nacionalidad persiste. En ocasiones, cuando fracasan los intentos avasalladores, se han ensayado distintos arreglos autonómicos que ahora, en medio de otra ola represiva, parecen agotados. Hace apenas diez años todo indicaba que el diálogo y la negociación habían dado con un nuevo arreglo que garantizaba un periodo largo de convivencia entre Cataluña y España. Esa esperanza de buena relación ha sido cercenada por acciones repetidas del sistema judicial español, siempre actuando a pedido de la derecha tradicional. En toda sociedad las curias judiciales son las que con mayor lentitud cambian y, en el caso de España, el autoritarismo y el nacionalismo centralista heredado del franquismo tienen una fuerte presencia en el sistema de tribunales.
Durante la primera administración del socialdemócrata José Rodríguez Zapatero, a lo largo de dos años muy trabajosos, los partidos e instituciones catalanes lograron consensuar un nuevo estatuto de autonomía. Fue un proceso ejemplarmente democrático que comenzó y terminó en Cataluña y requirió dos referéndums entre la población catalana. El resultado de aquel proceso, que establecía un delicado balance entre las exigencias catalanas y los requisitos centralistas de Madrid, fue liquidado de un plumazo por el Tribunal Constitucional que en abril de 2010 acogió el pedido de nulidad del derechista Partido Popular. Tras aquella sentencia, la confrontación entre el nacionalismo españolista y los reclamos catalanes quedó servida y un millón de personas marchó por las calles de Barcelona exigiendo la separación total. El apoyo a la independencia rondaba en el 25% luego del nuevo estatuto autonómico, pero tras la anulación judicial se convirtió en mayoría.
Cerrada la vía del consenso, los catalanes, siempre apostando por la no violencia, acudieron a la desobediencia civil y a la confrontación política en las calles. Primero reclamaron un referéndum de autodeterminación consensuado, como el que en 2014 se celebró en Escocia y, ante el portazo del gobierno español, optaron por convocarlo ellos mismos mediante legislación aprobada Parlamento autonómico. El gobierno y la judicatura española respondieron con el autoritarismo que recuerda el franquismo. Primero fueron las cargas policiales contra los ciudadanos que hacían fila para votar, que causaron consternación en el resto de Europa. Luego, tras celebrarse la consulta, se procedió a la detención y el encarcelamiento “preventivo” de los dirigentes catalanes. Hace unos días, los todavía encarcelados fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años por el supuesto delito de “sedición”.
Como ocurrió en 2010 luego de la sentencia contra el estatuto autonómico, tras la condena los catalanes volvieron masivamente a calles enfrentándose una vez más a la violencia policial. Los regímenes autoritarios nunca han aprendido que la represión, incluyendo la que se viste con ropaje jurídico, pocas veces logra su objetivo y, en cambio, provoca mayor combatividad. La resistencia catalana, alimentada por una experiencia de siglos, no se va a detener aunque encarcelen por más de una década a sus dirigentes o porque se desate otra vez violencia policial. Su lucha se mantendrá hasta que el gobierno central, tal vez presionado por la Unión Europea, encuentre una salida que reconozca y permita el desarrollo de la nación catalana.
El caso de Kurdistán es algo más complicado que el catalán porque es una nación cuyo territorio, por actos asociados a los imperios que han controlado la región, quedó repartido entre sus cuatro estados vecinos, que actualmente se conocen como Turquía, Siria, Irak e Irán. Dentro de Kurdistán esas fronteras realmente no existen, pero oficialmente parte de ellos son ciudadanos turcos, sirios, iraquíes o iraníes. La particularidad étnica y el asentamiento territorial han llevado a diferentes arreglos autonómicos con cada uno de esos estados y también a conflictos repetidos motivados por esfuerzos dirigidos a la asimilación forzada o la aniquilación de la nacionalidad kurda.
Más recientemente, los conflictos entre las potencias internacionales o las guerras internas en los países que controlan una parte de su territorio han tenido impactos significativos para los kurdos. La invasión estadounidense a Irak, que liquidó el gobierno que dirigía Saddam Hussein, les facilitó el desarrollo de su propio estado autonómico, fortalecido frente al iraquí. Más recientemente, durante la guerra en Siria, se convirtieron en la principal fuerza que combatía el malvado Estado Islámico y, en el proceso, pagando con muchas vidas, también ganaron en fuerza y autonomía aumentando el control sobre su propio territorio. Ese avance preocupó al gobierno turco, que siempre han sido uno de los más intolerantes y agresivos contra los reclamos kurdos. Hace unas semanas, con la anuencia tácita de Estados Unidos, que antes había utilizado a los kurdos como carne de cañón contra los islamistas, Turquía invadió el norte sirio con el único propósito de tratar de aniquilar las fuerzas kurdas.
Ninguna de las dos ofensivas, ni la turca contra los kurdos ni la española contra Cataluña, acabarán con los reclamos de ambas nacionalidades. Habrá presos, muertos y heridos, pero mientras haya nación el reclamo de autodeterminación persiste.
