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Editorial:Detenido por el Tribunal el golpe de los patricios

La intentona por parte de Pedro Pierluisi y sus aliados de secuestrar la gobernación de Puerto Rico mediante la juramentación espuria del pasado viernes, y de ese modo hacer académico que el Senado expresara su confirmación o rechazo al gobernante, fue detenida por el Tribunal Supremo al cierre de esta edición de CLARIDAD. El máximo foro judicial determinó acoger la demanda del Senado de Puerto Rico, y darle un plazo hasta el mediodía del martes Pedro Pierluisi para contestar la misma. También a media tarde del lunes se celebraba una vista especial en el Senado de Puerto Rico en torno a este proceso. Este es el más reciente desarrollo de la controversia que comenzó con la juramentación el viernes pasado de Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador de Puerto Rico en sustitución del renunciado gobernador Ricardo Rosselló Nevares, juramentación que ocurrió en forma nebulosa y a espaldas del pueblo, y sin esperar por la vista de confirmación pautada para el lunes en el Senado de Puerto Rico.

El consentimiento de los gobernados, expresado de alguna manera dentro de los límites de la constitucionalidad vigente, es un paso indispensable para otorgarle legitimidad a un gobernante en una democracia. Desde ese paradigma, las acciones tomadas durante las últimas 48 horas en torno a la transición gubernamental entre el renunciante gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y su nominado secretario de Estado y sucesor, Pedro Pierluisi, arrojan serias dudas sobre la autenticidad y legitimidad de dicho proceso. Tal pareciera que todo lo ocurrido fue calculado cuidadosamente para lograr un solo resultado: atornillar a Pierluisi en la gobernación y que éste no tuviese que enfrentar el escrutinio y el juicio que de su trayectoria y sus intenciones pudiese hacer el pueblo de Puerto Rico.

Independientemente de las decenas de interpretaciones legales y constitucionales que están circulando sobre esta situación sin precedentes; más allá de las decisiones que pueda tomar el Tribunal Supremo en el examen a profundidad de este proceso, su origen anómalo y tortuoso coloca en entredicho la credibilidad y legitimidad de este gobierno de transición. No hay que ser un experto constitucionalista para verle las costuras a esta trama de Pierluisi y sus aliados. Burlar el proceso y cooptar la silla para mantener el poder a como dé lugar.

Con la intervención del Tribunal Supremo, queda suspendida hasta nuevo aviso la intentona golpista de Pierluisi y sus aliados por apropiarse de la gobernación. No sólo porque esta movida viene envuelta en una nébula de intereses cruzados y de preguntas sin respuestas, sino porque las acciones de las últimas 48 horas del nuevo “gobernador” traicionan abiertamente su fachada inicial condescendiente con que pretendió reinventarse ante los ojos del País. ¿Quién podría creerle a Pedro Pierluisi que está impaciente por resolver los problemas de nuestro país, cuando hace apenas una semana era un acólito a sueldo de la Junta de Control Fiscal y de su agenda de seguir exprimiendo a nuestro pueblo para pagar una deuda no auditada? ¿Cómo, luego de sus acciones de los pasados días, y de su burla al proceso constitucional, convencerá a alguien de que no es una ficha escogida para el juego macabro de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico?

La forma irregular en que comenzó su mandato es un acto más propio de un autócrata que de un gobernante que se considere democrático. Porque no es solo en las dictaduras donde ocurren los golpes de estado, también pueden ocurrir en las llamadas democracias. El connotado periodista de Bloomberg News, Michael Deibert, quien ha seguido muy de cerca los asuntos de Puerto Rico, escribió lo siguiente el pasado domingo en su cuenta de Twitter, en reacción a la anunciada intención de Pierluisi: “Siempre vale la pena recordar que no todos los que aspiran a tener un control autocrático son toscos hombres militares. Joaquín Balaguer era abogado y escritor. Antonio de Oliveira Salazar era economista. Francois Duvalier era médico. Si quieres ver el verdadero rostro de algunos, concédeles poder”.

Algo así pasaba también en la antigua Roma, “cuna” de la civilización occidental. Los patricios tenían todo el poder y lo utilizaban para adelantar sus intereses y garantizar sus privilegios. Para ello, convencían a las masas plebeyas de que lo hacían en el interés de todos. En Puerto Rico, en pleno Siglo Veintiuno, los patricios de nuestro país insisten en el mismo juego- esta vez bajo el mantra de garantizar “la estabilidad y la paz”- lanzándose a juramentar a Pedro Pierluisi como Gobernador, en obvio desdén hacia la Constitución y sin el consentimiento final de los gobernados, según dicho orden constitucional. Por ahora, el Tribunal Supremo en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, les ha puesto un detente temporero. Esperemos por las decisiones cruciales que se tomarán en los próximos días sobre este asunto medular para el futuro de nuestro país.

Se corrió el velo de la demagogia y muestra el descarado despotismo colonial

Celebrando la salida del innombrable. foto Ernesto Robles

 

Por Félix Aponte Ortiz/Especial para CLARIDAD

Ilustración: “El acto por el cual el hombre se desprende de su inmadurez causada por él mismo

Inmmanuel Kant (1784)

“Debemos promover unión, no discordia. La autoridad moral y la conciencia ilustrada guiarán a Puerto Rico en esa dirección. Nada ni nadie puede evitar eso.” (Thomas Rivera Schatz el 31 de julio de 2019)Tengo un compromiso inquebrantable con mi patria y con su gente.” (Pedro Pierluisi el 2 de agosto de 2019). Estas expresiones se emitieron públicamente la pasada semana dentro del contexto de la crisis institucional de administración gubernamental que por un lado produjo la renuncia del Ricardo Rosselló Nevárez en sus funciones de gobernador y por el otro, la designación unilateral, en una siniestra oscuridad, de Pedro Pierluisi como Secretario de Estado, el cual al tornarse efectiva la renuncia del primero, se autoproclamó Gobernador de Puerto Rico. En una acción, con probabilidad ilegal pero ciertamente inmoral, esa autoproclama se hizo en unas circunstancias donde la militante opinión y la voluntad del Pueblo de Puerto Rico reclamaba en las calles un cambio profundo en la dirección ejecutiva del gobierno. Decimos que es una gestión de descaro pues la insolencia e insensibilidad mostrada por esos dirigentes constituyen una afrenta a todo un País que reclama pulcritud, honestidad, transparencia y compromiso social para afrontar la profunda crisis que agobia a nuestro Pueblo. Los actores políticos del partido de gobierno han secuestrado al Pueblo en un tajureo espurio sobre quién debe asumir la responsabilidad de dirigir la gestión gubernamental. Pretenden imponer sus mezquinos intereses politiqueros y sus profundos intereses personales de continuar la explotación, la corrupción y el robo del patrimonio fiscal público. Bochornosa acción en un momento histórico cuando el País se hunde en la pobreza, la desigualdad y el desasosiego emocional y mental al carecer de una hoja de ruta consensuada para movernos hacia un nivel superior de calidad de vida. Los tiempos y estas circunstancias reclaman nuestra mayor convicción y compromiso de lucha en las calles y en todos los foros y ámbitos disponibles para resistir, enfrentar y desbancar a todos aquellos que de forma mezquina pretendan continuar lucrándose ilegalmente del escaso patrimonio fiscal del País.

Todos los hechos ocurridos a partir de las denuncias del exsecretario de Hacienda el 24 de junio y los arrestos de la Secretaria de Educación, de la Directora de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico el 10 de julio de 2019, seguido de la divulgación del “chat” entre el gobernador y el equipo gubernamental que encabezaba su gestión, entre otros acontecimientos, develaron la “cara oculta”, desconocida para muchos y sospechada por otros, del carácter inmoral y corrupto de una parte sensible de la cúpula del gobierno. El “chat” mostró la relación directa entre gobernantes, especuladores, cabilderos y publicistas, operando una estructura de carácter mafiosa, en menoscabo de los mejores intereses del País. Ese velo oscuro pero omnipresente en prácticamente toda la gestión gubernamental, fue cuidadosamente tejido por un grupo de individuos inescrupulosos e inmorales operando activamente al lado y detrás del gobernante, y todo financiado con fondos públicos, fondos que en su mayoría provienen de la imposición contributiva y de impuestos que trabajadores y consumidores aportamos al fisco. La gravedad de la situación todavía no resuelta, es que esa demagogia tiene unas implicaciones degradantes al entendimiento y apoyo que muchos asignamos a la convivencia social democrática. El diccionario de la Real Academia española define demagogia de la siguiente manera: “Degeneración de la democracia consistente en que los políticos, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder”. Las citas que encabezan esta columna de opinión y muchas otras que se han vertido en los últimos días, reflejan claramente esa demagogia.

Pero debemos estar alertas y conscientes que ejecutorias de estos actores del partido de gobierno son reflejo directo y actuaciones planificadas, pautadas y dirigidas por el sector menos visible de la oligarquía capitalista, tanto criolla como extranjera. El “juego de poder” en el que estamos inmersos no se limita a los actores politiqueros. Esto “iluminados y patriotas” politiqueros responden a un grupo que está orquestado por los sectores que controlan el gran capital, que incluyen, pero no se limitan, a los grandes empresarios del País que viven y dependen para la viabilidad de sus negocios del presupuesto gubernamental. También participan los bonistas prestamistas de Wall Street que reclaman ser acreedores de una gran deuda acumulada con una porción significativa que probablemente se asumió de forma ilegal e inconstitucional, y de entidades e individuos mediadores que pretender vender esa deuda a sobreprecio la cual sería pagada por, al menos, dos generaciones de puertorriqueños incluyendo los cientos de miles de adultos mayores que dependemos de pensiones para la subsistencia. Dentro de la mogolla que constituye esta mafia de capitalistas, financieros, prestamistas, acreedores, cabilderos, funcionarios ejecutivos y legislativos del gobierno y representantes de partidos políticos, también se incluye la Junta de Control Fiscal como organismo regente del poder colonial que ejerce el gobierno de los EE. UU. sobre nuestro País. Junta de Control Fiscal (JCF) que la manejan y dirigen siete personas totalmente desvinculadas de la formalidad del proceso político electoral de Puerto Rico, que finanza sus operaciones y funciones con nuestros fondos públicos y que tienen toda la autoridad para determinar qué se hace y qué no se hace en Puerto Rico para resolver la profunda crisis de desbalance fiscal, de deuda pública, de estancamiento y depresión económica y de profundización de la prevalente pobreza que abruma a más de la mitad de nuestra población. Esa JCF funciona como ‘director de orquesta’ de todos estos actores corruptos y es responsable por las actuaciones y decisiones de estos en ánimo de asegurar a los acreedores bonistas el pago de la alegada deuda. No podemos pasar por alto que el autoproclamado gobernador Pierluisi ha participado directa e indirectamente en todas las actividades relacionadas a esta maraña de corrupción y de inmoralidades que defraudan la confianza del Pueblo de Puerto Rico, como Comisionado Residente, como asesor legal y como cabildero de los intereses capitalistas.

El Pueblo de Puerto Rico, militantemente, está reclamando en las calles su legítimo derecho a la defensa propia colectiva contra los atropellos de estas mafias capitalistas, corporativas y gubernamentales. La lista de circunstancias sobre las cuales el Pueblo está haciendo un reclamo de “reparación de agravios” están, a modo de catálogo en las casi 900 páginas del inmoral “chat”, memoria escrita del pensamiento, sentimiento y moral distorsionada de los “dirigentes políticos y gubernamentales”. Debemos seguir alertas y militantes porque la reparación de agravios no se va a producir por decisiones ejecutivas, legislativas o judiciales promovidas por estos mismos actores corruptos que han degenerado la vivencia democrática y la esperanza de una vida mejor para nuestro Pueblo. La respuesta colectiva deberá ser una de naturaleza política, articulada con la solidaridad, compromiso y lucha de las almas y mentes ilustradas, honradas y honestas de todo el espectro social y económico que promuevan la construcción de un País Libre, soberano y ética y moralmente de calidad superior. Los recursos humanos para ese proyecto político han estado militantemente actuando en las múltiples y diversas manifestaciones de resistencia, protesta y reclamo en las calles de Puerto Rico. Ese es el genuino sustrato y savia del Pueblo de Puerto Rico. Con mucha “babilla”. Los demagogos, los corruptos, los inmorales, son la costra que tenemos que desvincular de los procesos públicos y políticos de nuestra formidable Nación. “Somos más y no tenemos miedo”.

La alborada de un nuevo País

Celebrando la salida de Rosellito. Foto Ernesto Robles

Por María de Lourdes Guzmán/Especial para CLARIDAD

El pueblo de Puerto Rico, ese que se desplaza en el 100 x 35, unido a los millones de boricuas que conforman la diáspora/exilio, dio una inesperada y magnifica lección al mundo al derrocar a un gobernante que ejerció su poder en abierto menosprecio hacia el país que se comprometió a gobernar con transparencia y responsabilidad. Por dos años y medio, la mediocridad, la ineptitud, la insensibilidad y la voracidad de lucro definió al gobierno de Ricardo Rosselló. Fuimos muchos(as) los que, por largo tiempo, cargamos la frustración de ver a una sociedad apática, agotada, indiferente y resignada, ante los desmanes de un gobierno que, con abierto desenfreno y descaro, se dedicó a despilfarrar la riqueza del pueblo y a actuar en complicidad con los verdugos de la Junta de Control Fiscal, para despojar al pueblo de sus derechos más básicos.

Desde que Ricardo Rosselló juramentó como gobernador de la colonia, no pocos(as) sabíamos que se trataba de un gobierno de improvisación, para el que se reclutaron muchos(as) jóvenes sin la experiencia y el compromiso necesarios para echar a andar un proyecto de país que redundara en garantizar al pueblo un nivel de vida digno frente al desafío que representaba tener una deuda pública ascendente a $72 billones de dólares y la quiebra de los sistemas de retiro. El tan anunciado plan de Rosselló deslumbró a cientos de miles que le dieron su confianza. La aplicación de la deficiente y antidemocrática ley electoral vigente en el país permitió que el hijo del gobernador más corrupto de la historia accediera al poder con menos del 42% de los votos. Rosselló gobernaría junto a la Junta de Control Fiscal la que, a seis meses de su entrada en el panorama de la administración gubernamental, había mostrado claramente su maquiavélico norte. Muy pronto Rosselló dejó ver para quién gobernaba y los intereses que representaba. Entre otras cosas, promovió la mal llamada reforma laboral que despojó a los trabajadores de muchos derechos y conquistas, producto de largas luchas y sacrificios, así como la “reforma” educativa, que promovió el cierre masivo e indiscriminado de escuelas, para instaurar el nefasto sistema de escuelas chárter, desacreditado en EE. UU. El nombramiento de Julia Keleher como secretaria del Departamento de Educación, así como el de Héctor Pesquera como Comisionado de la Policía, ambos devengando salarios indecorosos, indignaron a un gran sector del pueblo. El manejo deficiente, irresponsable e indolente de la crisis creada luego del paso del huracán Maria y los escándalos resultantes del contrato de Whitefish y el encubrimiento de la cifra real de fallecidos, unido al creciente empobrecimiento y ausencia de respuesta a las necesidades apremiantes de la gente, fueron acumulando en el pueblo un gran malestar. Advertir que, en esa coyuntura tan difícil, el gobierno se dedicaba a repartir contratos a amigotes y corporaciones creadas para llenar los bolsillos de mercaderes inescrupulosos vinculados con el partido, nos causó una enorme ira, contenida por un profundo sentido de impotencia. 

Fueron muchas las denuncias, los reclamos, las críticas que se hicieron ante la corrupción rampante, el abuso de poder y la inmoralidad que caracterizó la administración Rosselló. Todas caían en oídos sordos. La indolencia del gobierno se convirtió en burla. La cólera acumulada era ya incontenible. Llegó el ansiado arresto de Julia Keleher y algunos de sus secuaces. Entonces, el Centro de Periodismo Investigativo, organización con la que el país tiene una deuda de gratitud, publicó íntegramente el famoso chat. Allí se desnudó la verdadera cara del gobernante y sus asesores más cercanos. Quedaron expuestos, crudamente, sus rasgos de misoginia, homofobia, aporofobia y elitismo. Pudimos comprobar cómo, a nuestras espaldas, manipulaban la opinión pública, y discutían política pública para beneficiar intereses particulares de gente como Elías Sánchez, compadre, director de campaña de Rosselló e integrante del chat. Proferían insultos y mofas contra miembros de la prensa y políticos de la oposición. Resaltaron las expresiones como el hashtag #mecagoenlaIsla, ilustrativas de la actitud de desprecio a nuestro país, así como alusiones repudiables a la situación de los cadáveres acumulados en el Instituto de Ciencias Forenses. En fin, el chat, protagonizado por individuos detestables y embriagados de poder, llenó de vergüenza al país y desató la furia hasta entonces contenida, tras años de abusos, engaños y de menosprecio a la capacidad del pueblo de indignarse. El país se tiró a las calles para desafiar a los canallas que dejaron ver su hipocresía y su falta de humanidad y para exigir la renuncia de Rosselló. Sorprendentemente, a lo largo y ancho del planeta, la diáspora se contagió demostrando, decididamente, su repudio al gobierno y su adhesión a la tierra que los vio nacer y a los valores que nos identifican como pueblo.

Ante la masiva indignación, Rosselló pidió perdón diz que para encaminar un proceso de reconciliación. Eso encolerizó aún mas al pueblo que le respondió, claramente, que ni perdón ni olvido y que su salida de la gobernación era la única opción. Los ojos del mundo se enfocaron hacia la lucha de este pueblo noble, valiente y aguerrido que, sin retroceder ni un ápice en su exigencia, logró su objetivo. Rosselló salió de la gobernación. Sin embargo, quedó claro que Rosselló es solo una pieza en el tablero de un sistema gubernamental corrupto, abusivo e injusto y que, con el poder rescatado, vamos por más. Vamos por la Junta y por todos los(as) corruptos(as) y desalmados, hasta lograr sanear la administración pública y poder devolverle al país la esperanza de que un gobierno limpio, eficiente y que trabaje por la prosperidad, la verdadera democracia y la justicia social, es posible. La consigna es: “La Ruta es pa´l frente”.

La autora es Presidenta del Movimiento Unión Soberanista

Paralizada las gestiones entre el Gobierno y la JCF

Por Gabriela Ortiz Díaz/Especial para CLARIDAD

En términos formales, las relaciones que tiene el gobierno con la Junta de Control Fiscal (JCF) están paralizadas. “Todo es incierto y eso afecta los acuerdos a los que se puedan llegar con bonistas porque el plan de ajuste de deuda debe tener el apoyo del Gobierno Central, si no, no se puede implementar nada”, dijo el licenciado Rolando Emmanuelli.

Según la ley PROMESA, y ahora más ante el panorama de renuncias por corrupción y los cambios de liderato en el país, la JCF es la que promueve los esfuerzos de reestructuración de la deuda pública.

A la pregunta de en manos de quién quedan las negociaciones con acreedores y los procesos judiciales de la quiebra de Puerto Rico ahora que hay incertidumbre sobre quién tomará las riendas de la Autoridad de Asesoría Financiera Y Agencia Fiscal (Aafaf), Emmanuelli contestó que la JCF promueve los esfuerzos de reestructuración, pero para esto es necesaria la participación del gobierno central de Puerto Rico mediante la Aafaf.

“La Junta legalmente está capacitada para continuar estos procesos de negociación. La Junta puede decidir lo que le dé la gana, pero el gobierno de Puerto Rico tiene que participar y consentir”, aclaró el abogado.

“El consentimiento del gobierno central es importante para la negociación con los deudores porque involucra legislación. Si el gobierno central no legisla, no se pueden consumar los acuerdos ni los planes de ajuste. Dentro del concepto del Título III, la participación que ha tenido el gobierno de Puerto Rico es fundamental”, dijo.

Precisamente, a raíz de la crisis política que enfrenta el país y sumando la impugnación sobre la constitucionalidad de la JCF, desde finales de julio, más de 60 organizaciones solicitaron a la jueza Laura Taylor Swain que paralizara los procesos judiciales hasta que la isla se estabilizara y se iniciara una auditoria integral de la deuda.

“A esta crisis de liderato se añade que todos los días nos levantamos con un nuevo caso de corrupción y mal uso de fondos públicos. Por eso, solicitamos más que nunca se ordene por el Tribunal una auditoria integral de la deuda…”, expresó la licenciada Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y de la campaña Construyamos Otro Acuerdo.

Sobre el reclamarle a la JCF la auditoria integral de la deuda, Emmanuelli comentó: “eso hay que pedirlo en la calle, como se hizo con la renuncia del exgobernador”.

En momentos en los que la Junta está en medio de una controversia sobre su propia validez constitucional ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos – la vista oral para el proceso de impugnación de la Junta será en Washington el 15 de octubre de 2019 – un editorial del Washington Post publicado recientemente postulaba que el Congreso debería endurecer más los poderes que tiene la Junta sobre Puerto Rico.

La respuesta del licenciado Emmanuelli a eso que sugería el editorial fue: “eso es un disparate que demuestra una enajenación de lo que está pasando en Puerto Rico y echa a un lado los derechos humanos…es una opinión que representa los intereses colonialistas más recalcitrantes de Estados Unidos”.

Administrando la dependencia

Por René Marqués Velasco/Especial para CLARIDAD

El gobierno con sus sombrillas tiene una estructura organizacional similar a la divisional, la cual separa el área de planificación de la de ejecución (operacional). En Puerto Rico, la dependencia en recursos externos provoca que se priorice la planificación. Por eso, en tiempos difíciles, se presenta un presupuesto en el que se le reducen fondos al Centro Médico y a la UPR mientras se le aumenta a La Fortaleza, el Departamento de Estado y PRFAA áreas de planificación y cabildeo.

Nuestra economía depende de recursos externos incluyendo: inversión externa, deuda y transferencias federales. El gobierno de Roselló resolvía el problema económico mediante plan, plan, plan. Para atraer inversión externa contaba con el nuevo código de incentivos, para rehabilitar la deuda el plan fiscal junto a la Junta de Control Fiscal y para aumentar las transferencias federales la estadidad y el cabildeo.

Más allá del nivel de planificación debemos ir al nivel operacional donde se desarrollan los recursos y capacidades. Estos deben desarrollarse continuamente ya que sirven de atractivo a las industrias proveyendo mejor infraestructura, destrezas, suplidores, etc. y a la vez sirven para apoyar a la industria local con financiamiento, conocimiento, destrezas, etc.

Pero en nuestro País no se reconoce la importancia de desarrollar los recursos y capacidades. Los políticos, de ambos partidos principales, cosechan recursos que no sembraron ni cultivaron (mediante deuda y transferencias). Por eso, a nivel operacional, lo que hacen es repartir los recursos, mayormente provenientes del exterior, con criterios políticopartidistas. Esto ha servido de caldo de cultivo para una corrupción rampante que ha provocado la indignación del pueblo.

En el Departamento de Educación hay un historial de corrupción (i.e. Fajardo, Keleher (acusada) y desperdicio. Alrededor del 40% del presupuesto se va en contratos. A nivel operacional, en el salón de clases, la política del Departamento de Educación depende de una prueba, sin considerar cuan preparado está el estudiante para la escuela. En el sistema público el 77% de los estudiantes están bajo el nivel de pobreza, la cual crea limitaciones e incide en las oportunidades de obtener una educación adecuada. La intervención a edad temprana mitiga los efectos de la pobreza. En nuestro país, solamente un 34% de la población de 0-5 años tiene experiencias preescolares, correspondiendo al Departamento de Educación ( kínder y prekinder) un 11% del total. Por otro lado, el cambio en metodología de enseñanza depende de maestras innovadoras (i.e. método Montessori). Tampoco hay estrategias para desarrollar destrezas de autorregulación del comportamiento y las emociones. Como sociedad no cuidamos de nuestros niños y pagamos las consecuencias.

La UPR era la única institución con una fórmula para garantizar su desarrollo, por eso todavía tenemos país. Aunque no exenta de la política partidista, la UPR sirvió de herramienta para la movilidad social, produjo conocimiento, profesionales competentes y dio servicios a la comunidad ( incluyendo servicios médicos) lo que la convirtió en el proyecto social más importante. Al presente, está siendo desmantelada por el gobierno y la Junta.

El acceso a infraestructura de primera es un atractivo para las empresas foráneas, sin embargo, aquí su desarrollo no se considera importante. La AEE fue saqueada por políticos de ambos partidos con subsidios a los municipios, corrupción en los contratos y empleos innecesarios lo que la llevó a la ineficiencia operacional y la acumulación de pérdidas. La AEE emitió deuda por $9,000 millones y en lugar de poder invertir en plantas modernas, tuvo que utilizar los fondos para financiar las pérdidas. Por su parte, la AAA durante décadas ha desperdiciado la mitad de su producción. De Carreteras, ni hablar, cada cuatro años se ponen parchos.

En Puerto Rico una banca comercial conservadora limita el acceso al recurso financiero. El Banco de Desarrollo se supone sea una alternativa financiera a la banca comercial favoreciendo empresas que estimulen la economía. Éste, sin embargo, no se comporta como tal. En 2014 el 61% de sus activos estaban en inversiones financieras y solamente 30% estaba en préstamos. En áreas vitales como turismo, agricultura y manufactura tenía solamente el 9% de sus activos.

Las asociaciones de empresarios tampoco hacen su parte (i.e. Centros de adiestramientos especializados) prefiriendo el cabildeo, incluso en Estados Unidos, para obtener beneficios.

Un profesional o una empresa que no desarrolle sus recursos deja de ser competente. La sociedad que no desarrolla sus recursos y capacidades languidece. Urge una nueva cepa de políticos que promueva el desarrollo económico mediante el avance de nuestros recursos y capacidades. Hoy, el término “Puerto Rico se levanta” adquiere un nuevo significado y renace la esperanza.

El autor es profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico.