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Vieques y Culebra: La injusticia de su aislamiento

“Vieques es la colonia de la colonia, con todas las manifestaciones nefastas de lo que es el colonialismo.” Con estas palabras describe el activista viequense Robert Rabin la situación prevaleciente en la Isla Nena, en un reportaje de prensa publicado a propósito de las crecientes denuncias sobre el colapso en el servicio de transporte marítimo desde y hacia Vieques y Culebra; colapso que es la más reciente de las grandes tragedias sufridas por dichas poblaciones durante su historia. 

Detrás de su mística y de la indiscutible belleza del entorno natural que las rodea, la de Vieques y Culebra es una historia de aislamiento, exclusión e intervención colonial de la peor calaña por una Marina de Guerra de Estados Unidos que por 60 años mantuvo sus bombardeos y peligrosos ejercicios militares en dichas islas, en perjuicio de la salud, el desarrollo económico, la calidad de vida y la paz de sus residentes. Las bellas tierras de Vieques y Culebra y, sobre todo, sus codiciadas playas han sido los objetivos no sólo de las bombas de la Marina, sino también de toda clase de depredadores y especuladores que han pretendido aprovecharse de éstas para sostener sus ostentosos estilos de vida, o para su lucro de negocios y personal.

Las bellas tierras de Vieques y Culebra y, sobre todo, sus codiciadas playas han sido los objetivos no sólo de las bombas de la Marina, sino también de toda clase de depredadores y especuladores que han pretendido aprovecharse de éstas para sostener sus ostentosos estilos de vida, o para su lucro de negocios y personal.

Una cosa es ir a Vieques y Culebra como turistas, a pasarla bien y disfrutar de su hermoso entorno y de su reconfortante convivencia pacífica; paz que le fue arrancada a la Marina de Guerra a fuerza de la lucha y sacrificios de los puertorriqueños y puertorriqueñas laboriosos y resilientes que las pueblan. Otra muy distinta es vivir allí, en perpetuo estado de injusticia- y lograr resistir la tentación de abandonarlas- ante el olvido y la desidia que resultan en el desabastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, una pobre calidad de los servicios, y la exclusión y el aislamiento a que han estado sometidos, y que ahora se hace más patente con la crisis del transporte. 

Hay que agradecer a los viequenses y culebrenses que persisten en el amor a su entorno y en querer quedarse allí, aún en medio de las circunstancias precarias e inciertas en las que viven. Sobre todo, hay que admirarlos y respaldar sus reclamos, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló y el PNP parece haberlos abandonado y la Autoridad de Transporte Marítimo ATM), agencia responsable por proveerles un servicio de transportación eficiente, seguro y costo efectivo, ha abdicado su obligación de hacerlo.

El principal enemigo que acecha a Vieques y Culebra en este momento es el asedio y el aislamiento a que los ha sometido el propio gobierno de Puerto Rico, que los tiene prácticamente sitiados y les impide moverse libremente desde sus islas hacia Puerto Rico y otras islas vecinas y de regreso. Esto, porque burócratas insensibles e ineptos han decidido que un servicio de transporte eficiente y normal para las poblaciones de Vieques y Culebra no está entre sus prioridades. 

Aunque la crisis del transporte hacia Vieques y Culebra se ha recrudecido recientemente- principalmente después del cambio arbitrario del terminal de Fajardo a Ceiba- este problema ha existido desde siempre y bajo todos los gobiernos, tanto del PNP como del Partido Popular. La noción de que los residentes de Vieques y Culebra necesitan un servicio eficiente de transporte no ha parecido calar nunca entre los oficiales y funcionarios de los distintos gobiernos coloniales. Y luego de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y el paso de los huracanes Irma y María, la situación se ha tornado caótica. 

Pero ni la quiebra fiscal, ni la precariedad económica del País, ni la catástrofe de los huracanes Irma y María pueden explicar por sí solas el deterioro absoluto en que se encuentra la flota de embarcaciones que prestan servicio a Vieques y Culebra. Una mejor explicación es la total falta de un liderazgo efectivo en la ATM, y en todo el Gobierno, que garantice su adecuado mantenimiento, su pronta y segura reparación, y la toma rápida de las decisiones necesarias para que el servicio no se vea interrumpido. El episodio del “ferry de la ATM despachado en apoyo a la celebración de una boda privada en Vieques, en el peor momento de la crisis de transporte- episodio que le costó el puesto al entonces director de la ATM y a una funcionaria de La Fortaleza- no es sino el síntoma de la actitud enajenada que prevalece en los altos círculos del gobierno hacia los problemas enormes de todo tipo que está confrontando nuestro pueblo, como resultado de las medidas de austeridad y el racionamiento de servicios prevalecientes. 

Tampoco la falta de dinero o recursos es excusa para no atender el problema de transporte hacia Vieques y Culebra. Porque si hay dinero para un embeleco como la “plaza de creyentes” o para remodelaciones de espacios en el Capitolio o en Fortaleza; si hay dinero para contratos millonarios en todas las agencias del Gobierno y en la Legislatura; si hay dinero para barriles de tocino para los alcaldes; si hay dinero para aviones y barcos para transportar la supuesta “ayuda humanitaria” a Venezuela, ¿cómo no va a haberlos para resolver en el corto plazo la normalidad en el servicio de transporte a Vieques y Culebra? 

Las escenas de efectivos de la Guardia Nacional llevando suministros de alimentos y artículos de primera necesidad a Vieques y Culebra parecían sacadas de los archivos de fotografías sobre los campos de refugiados. Esa es una salida indigna y humillante que le añade insulto a la injuria que sufren las poblaciones de Vieques y Culebra diariamente. 

En Vieques y Culebra no necesitan caridad ni soluciones de emergencia. Necesitan justicia y equidad. Necesitan que se les respete el derecho que deben disfrutar todos los puertorriqueños y puertorriqueñas de moverse libremente en su País. 

Partido Independentista Puertorriqueño Llama a repudiar a la Junta y al colonialismo

UNA JOVEN REACCIONA MIENTRAS RUBEN BERRIOS SE DIRIGE A EL GRUPO DURANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2000. UN GRAN GRUPO DE MAJORMENTE JOVENES SE CONGREGO FRENTE A LA CEDE DE EL PIP.(CLARIDAD/RICARDO FIGUEROA)

Por la Redacción 

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) hizo un llamado a expresar su rechazo absoluto a la Ley PROMESA y a la Junta de Control Fiscal (JCF) mientras los Congresistas lleven a cabo una audiencia especial este viernes, 15 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente. La manifestación comenzará a las 4:00 pm. 

La vista es del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE UU, que preside el demócrata Raúl Grijalva. Según informó la oficina de Grijalva en la visita del 15 al 18 de marzo participaran además los también demócratas Nydia Velázquez y Darren Soto, y los republicanos Rob Bishop, la comisionada residente Jenniffer González y el delegado de las Islas Marianas del Norte, Gregorio Sablan. Además de la vista pública el grupo se reuniría con directores de FEMA en la isla, directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, los senadores Eduardo Bathia y Larry Seilhamer, ambos muy ligados a la privatización de la AEE, varios alcaldes y por último el lunes con el gobernador Ricardo Rosselló en la Fortaleza. 

“Ese día estaremos allí todos los que nos oponemos al colonialismo y a la Junta de Control de Fiscal y lo que esta representa para el Pueblo de Puerto Rico”, puntualizó el representante Denis Márquez.

En conferencia de prensa celebrada en el Comité Central del PIP el senador Juan Dalmau llamó que la audiencia era “un lavado de cara del Partido Demócrata, quienes conspiraron para imponer PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Resulta insultante que el comité con jurisdicción sobre Puerto Rico en el Congreso, sesione en la Isla y no tenga como agenda prioritaria el tema de nuestro estatus colonial. PROMESA y la Junta son consecuencia directa de ese estatus de subordinación política, que hay que superar para que Puerto Rico enfrente efectivamente su crisis fiscal y económica. Todo lo demás es remachar el coloniaje a favor de los intereses económicos en Wall Street.”

Por su parte la vicepresidenta de la colectividad, María de Lourdes Santiago planteó que: “El Partido Demócrata piensa que existe tal cosa como el colonialismo benévolo y llegan a Puerto Rico con una actitud paternalista que tiene que ser ofensiva para todos los que creemos en la descolonización. Vienen a ofrecer las migajas de una enmienda a PROMESA, en lugar de comprometerse con un proceso efectivo de descolonización”. 

Mientras, Hugo Rodríguez, secretario adjunto de Asuntos con Norte América del PIP señaló, “Ya nadie discute que la función de la Junta de Control Fiscal es nefasta para los intereses nuestros, de igual forma que nadie discute que nuestra relación con Estados Unidos es del más burdo coloniaje. Este tema, sustrato de todo lo demás, no puede seguir siendo ignorado por el Congreso”

“Ese día estaremos allí todos los que nos oponemos al colonialismo y a la Junta de Control de Fiscal y lo que esta representa para el Pueblo de Puerto Rico”, puntualizó el representante Denis Márquez. 

Departamento de Educación: A la trágala las escuelas chárter

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Con visitas inesperadas, distribución de cuestionarios sin orientación ni aviso previo; en un proceso a espaldas de los mismos directores escolares, maestros, padres, madres y estudiantes, a los que se les mantiene al margen, y contrario a lo dispuesto en la Ley 85, es como el Departamento de Educación (DE) está implantando las escuelas chárter. 

Tanto las comunidades escolares, como el Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes, pero en particular contra los estudiantes del Programa de Educación Especial (PEE). 

Tanto las comunidades escolares, como el
Comité Timón de Padres y Madres de Educación Especial han denunciado que el proceso de privatización que el gobierno llama “escuelas alianzas”, atenta contra el derecho a la educación de todos los estudiantes,
pero en particular contra los estudiantes del
Programa de Educación Especial (PEE). 

La situación más reciente surge en la Escuela Ramón Marín Solá, de la urbanización Muñoz Rivera, en Guaynabo. La escuela de kinder a quinto grado tiene 300 estudiantes, de los cuales 134 están en el PEE y en Salón Contenido. En entrevista con este semanario, la portavoz del Comité de Padres y Madres de la escuela, María Rivera, denunció que se enteraron en el mes de octubre de que la escuela está en la lista de posibles escuelas chárter, cuando de manera inesperada, se presentó al plantel un grupo de personas repartiendo un cuestionario con preguntas tales como si estarían de acuerdo con un programa de robótica en la escuela, y otra serie de preguntas sesgadas a favor del sí. La última de las preguntas era si estaban de acuerdo con las escuelas chárter.

Las chárter la orden del día

Fue un grupo de maestras desplazadas de la Escuela Juan Domingo en Guaynabo tras ser cerrada las que dieron la voz de alerta de que la visita tenía el propósito de una supuesta consulta sobre escuelas chárter. El grupo fue identificado como personal de Techno Inventors, del privatizador César Cabrera, quien precisamente ha procurado el cierre de la Escuela de Juan Domingo. “Se empezó a correr la voz y se sacaron de la escuela”.

Rivera expresó que una de las luchas que tienen los padres y madres es que la escuela tiene “todo para ofrecerle a un niño de Educación Especial. Tenemos programas de tecnologías, salones de terapias para que los niños y sus padres no tengan que salir de la escuela, en fin, tenemos un programa completo”. Al igual que ha sucedido en otros planteles escolares, cuando los padres y madres de los estudiantes del Programa de Educación Especial de la Escuela Muñoz Solá intentaron hacer la matrícula en línea como exige el DE, el sistema los rechazó porque la escuela está bajo la lista de escuela alianza, lo que ha provocado una baja en la matrícula, denunció la portavoz del Comité de Padres y Madres.

En un esfuerzo por defender su escuela, conocida también como Escuela Urbana de Guaynabo, Rivera reveló que un grupo de padres sostuvo una reunión en su oficina con el representante Antonio Soto, a raíz de comentarios de que este estaba de acuerdo con la privatización de la escuela. “Soto nos aceptó que él tiene que ver con todo esto, que él está de acuerdo con las escuelas chárter y que va pa’ lante”, según las propias expresiones del legislador. Agregó que por su parte, César Cabrera, presidente de Techno Inventors — organización sin fines de lucro—, les dijo en una reunión que a él no le importaba si los papás querían o no una escuela chárter, no le importaban los maestros, no le importaba nada; que él iba “a conseguir esa escuela y punto”.

Los padres y madres también se reunieron el reciente 5 de marzo con el alcalde Ángel Pérez. De acuerdo con Rivera, la percepción de los padres es que el alcalde está enajenado de la situación. Este les pidió detalles, les indicó que iba a tomar cartas en el asunto y que estaba de parte de los padres que entienden que la escuela no debe convertirse en una chárter. La portavoz del Comité de Padres defendió que la escuela no necesita ser una escuela chárter, ya que uno de los requisitos para serlo es que la escuela necesite planta física. “Nuestra escuela tiene todo bien puesto. El privatizador no tiene que hacer ningún tipo de inversión”. En la reunión con el alcalde se reveló que otra escuela en la lista de las chárter: es la nueva escuela superior en el pueblo de Guaynabo.

Maestras(os) y estudiantes a la deriva

Mientras, la maestra Yariela Montes, representante de la Asociación de Maestros de la escuela Juan Domingo, señaló a CLARIDAD que para efectos del DE los maestros no tienen ninguna participación en el proceso, no se les ha consultado nada y las veces que han intentado acercarse al Departamento para conseguir alguna cita con la secretaria o con algún otro personal no lo han logrado. La única contestación que han recibido a sus peticiones fue un correo electrónico de la oficina de las Escuelas Alianza que les dice que la escuela está en proceso de convertirse en una de alianza, que no les pueden dar información adicional y que si la compañía llega a la escuela tienen que darle acceso. Montes confirmó que el sistema no estaba permitiendo que los estudiantes del PEE se matricularan y que no fue hasta el 1 de marzo, último día de matrícula, que uno que otro padre pudo matricular a su hijo.

Sobre la facultad de la escuela dijo que es de 30 maestros, todos permanentes. Hasta el presente, la única información que han recibido es un documento que les entregó su directora respecto a la licencia de dos años que el Departamento les dará a los maestros interesados en pertenecer a una escuela chárter. Montes narró que el documento les fue entregado luego de que la directora asistiera a una reunión informativa en el DE. Denunció que de parte del privatizador tampoco han recibido ninguna propuesta o información oficial, ya sea sobre la escuela o sobre empleo. “La escuela salió del plan de mejoramiento. Así es bien fácil demostrar que va a funcionar. Llevamos una lucha desde que nos enteramos. Nadie nos abre acceso al Departamento de Educación. Fuimos personalmente a entregarle una carta a la secretaria Keleher y los policías fueron quienes nos recibieron”, declaró Montes.

La comunidad de la Escuela Juan Ponce de León, en la avenida Barbosa de Río Piedras, enfrenta una situación similar. La maestra de Educación Especial Migdalia Santiago denuncia que en algún momento del mes de enero comenzó a circular en las redes una lista de las escuelas que el DE pensaba convertir en escuelas chárter. De ahí comenzaron a investigar. En la lista estaba, además de su escuela, la Marín Solá, la Miguel Such y la Escuela Barbosa. Al igual que se ha denunciado sobre la Miguel Such, el privatizador interesado en la Escuela Juan Ponce de León es la Universidad John Dewey (JD).

Del mismo modo que le sucedió a la comunidad escolar de la Marín Solá y a la Escuela Ramón García en Bayamón, representantes del privatizador aparecieron sin previo aviso a la escuela Ponce de León. Santiago denunció que hace dos semanas se presentaron a la escuela tres personas identificadas como de JD, “y sin un papel en las manos”, que pretendieron hacerles una presentación. 

A preguntas de los maestros sobre los planes educativos y financieros respecto a la escuela, la respuesta fue que no les podían contestar y que, según la Ley 85, la visita era para consultar el sentir de la comunidad. Ante la postura del privatizador, la reacción de los maestros fue: “No hay documentos que pueda leer, no me das una explicación de la escuela que tú quieres, el modelo que tú tienes para los estudiantes. No me puedes contestar nada. Terminamos diciéndoles que nos están faltando el respeto. Se fueron bien molestos”, narró Santiago. 

Según han podido investigar, la persona de John Dewey interesada, tanto en la Juan Ponce, como en la Miguel Such, es un tal Carlos Hernández. Agregó que el grupo le dijo que todavía no habían presentado una propuesta. Santiago trajo a la atención que se supone que los interesados en una escuela chárter tenían hasta el 9 de marzo para presentar su propuesta. Mientras, reveló que una persona del DE les dijo que sí habían visto la propuesta de JD. Hasta ahora, la facultad de la Juan Ponce tampoco ha recibido ninguna comunicación de parte del DE. 

Los estudiantes del PEE de la escuela Juan Ponce también confrontaron problemas al momento de su matrícula en línea. Santiago trajo el ejemplo de que el mismo día de la entrevista con CLARIDAD, a una madre que acababa de matricular a su hijo, la verificación del sistema le notificó que había matriculado a su hijo en una escuela alianza. Santiago afirmó que el sistema no informa de antemano que la matrícula es para una escuela alianza ni ofrece ninguna opción. “Nos preguntamos si eso es lo que van usar como supuesta consulta”, se cuestionó.

La Escuela Juan Ponce de León, que atiende los grados de noveno a décimo, tiene una matrícula de alrededor de 410 estudiantes. Entre ellos, seis grupos de cerca de 50 estudiantes con autismo, para los cuales hay seis salones especiales, además de seis grupos integrados. La maestra comentó que el promedio más alto de la escuela este año en el examen del College Board fue de un estudiante con autismo de los grupos integrados. El 98 por ciento de esta población escolar se encuentra bajo los niveles de pobreza y la mayoría de ellos son de origen dominicano. En cuanto a la facultad de 59 maestros, la mayoría son transitorios.

En reunión del día 7 de marzo, el Consejo Escolar de la Escuela JPL, integrado por maestros, padres y estudiantes, aprobó una resolución en la que expresan su patente rechazo a la solicitud de Jhon Dewey University de convertir su escuela y la Miguel Such en “escuelas chárter o escuelas alianza”. A esos efectos, se organizó el Comité Timón en Defensa de la Escuela Pública Juan Ponce de León, con representación de toda la comunidad escolar, así como de la comunidad en la que radica.

Autoridad de Transporte Marítimo Razones de su desastre

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquezlopez@claridadpuertorico.com 

Los servicios de la Autoridad de Transporte Marítimo nunca han sido del todo eficientes en lo que respecta a las necesidades de Viequenses y Culebrenses. Sin embargo, es importante reconocer que estos nunca habían llegado a los niveles de emergencia en los que se encuentran actualmente. 

En términos generales esto ha sido así por falta de mantenimiento, visión y compromiso de parte de las distintas administraciones gubernamentales a través de los años. También, porque se ha perdido el respeto a la importancia que tienen algunos servicios públicos (los más esenciales) para la población. 

A lo anterior se añade que cuando se hacen nombramientos para dirigir una agencia pública (en este caso la ATM) estos responden principalmente a intereses político/partidistas y no a la capacidad de la persona que se selecciona para ese cargo. 

Dice el Dr. Juan R. Fernández, excomisionado para Vieques y Culebra del 2001 al 2004, que si no hay respeto por el servicio público y se menoscaba con intereses político/partidistas “ninguna instrumentalidad te va a funcionar porque no funcionan solas, necesitan de personas sepan utilizarlas y hacerlas accesibles a otros funcionarios igualmente capacitados para administrar los servicios efectivamente”. 

“En el caso del transporte marítimo para Vieques y Culebra, también para Cataño, usted le puede dar las lanchas que desee para poner el sistema al día hablando en términos de equipo, pero si no tienes el personal capacitado para prestar el servicio va a tener el mismo problema o peor”, añadió el excomisionado. 

Por otra parte, Carlos Severino, también excomisionado por Vieques y Culebra del 2013 al 2014, señaló que lo que está sucediendo con la ATM es la conclusión de años de negligencia gubernamental. 

Además, sostuvo que los servicios de transporte marítimo para los residentes de las Islas muchas veces no requerían tanto de dinero como de una mejor coordinación, servicios que –subrayó– deben ser coordinados de una forma distinta. 

La decadencia de la ATM 

El Dr. Fernández señaló que ya durante su periodo como comisionado residente (2001-2004), incluso desde antes, el servicio de transporte marítimo para los residentes de Vieques y Culebra era un problema. Fue en ese entonces cuando se creó la ATM. 

No obstante, Fernández, mencionó que el servicio ha decaído desde un inicio cuando quedó en manos del gobierno bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puertos; que nunca se le ha dado la atención que amerita aun siendo una situación de la más alta prioridad, pues esa es la vía principal de comunicación entre los residentes de las islas municipio y la Isla Grande. 

“Es una situación que teniendo todas las razones para ser prioritaria y de la máxima atención de los distintos gobiernos en Puerto Rico, no se le ha dado” 

Las deficiencias del servicio bajo la jurisdicción de la Autoridad de Puertos justificaron la creación de la ATM. La idea –cuenta Fernández– era darle al servicio de transporte para los residentes de las islas municipio más autonomía de la Autoridad de Puertos pues esta agencia prestaba atención principalmente a los aeropuertos, para lo que fue creada originalmente. Por tal razón, la atención que se le daba al sistema de transportación para viequenses y culebrenses era relegada a un segundo plano.

Pero una vez creada la ATM continuaron las inconsistencias y, según manifestó Severino, “en aquel momento (cuando fue comisionado) ya había una crisis, nuestro trabajo fue muy intenso en el ámbito de fiscalizar con las agencias de gobierno que los servicios a los municipios de Vieques y Culebra fueran servicios especialmente dirigidos a atender las necesidades de sus residentes”.

“Pero uno se topa con el problema de que los jefes de agencia y los funcionarios que están a cargo de servir a las islas no entienden la naturaleza de las islas ni sus necesidades, hay un desfase”, añadió. 

En cambio, el Dr. Jorge Fernández Porto, director de la Comisión para iniciativas comunitarias del Senado que preside el senador Dr. José Vargas Vidot, opinó: “[Y]o creo que la ATM es una creación ficticia para hacer una entidad que asumiera las deudas de la Autoridad de Puertos, y claro, el transporte marítimo que fue el propósito que tuvo”. 

“Nunca se le ha prestado la seriedad y los recursos para hacer su trabajo adecuadamente. ¿Si ese es el comienzo que se puede esperar de su desempeño? Pero el hecho es que lo que ocurrió hace una semana atrás, cuando la ATM quedó inoperante (de las 11 embarcaciones que posee nominalmente, solo 1 está operando) se pudo haber evitado con una mejor coordinación”.

Por otra parte, de las cuatro embarcaciones de la Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) dos son de carga y hasta el momento, excepto por el suceso de la boda, ninguna de ellas había transportado vehículos. El gobierno paga por cada unidad $10,000; el contrato que obtuvo PRFF y que vence el próximo 31 de mayo es de $15 millones. 

La razón dada por la ATM para justificar la inmovilización de ambas embarcaciones fue que la Guardia Costanera no había certificado que podían mover vehículos con las rampas existentes. Pero la Guardia Costanera desmintió esas alegaciones diciendo que eso era un problema operacional de la ATM. 

“Me parece que era el desenlace inevitable de la crónica de una muerte anunciada con la consecuencia de que no le afecta a ellos exclusivamente, sino que afecta un servicio para dos islas y las necesidades de sus habitantes”.

En cuanto a la activación de la Guardia Nacional y la utilización de sus buques –dijo Fernández Porto– un problema es que estos son bastante primitivos, como para transporte y desembarco de anfibios. De hecho cabe un solo camión a la vez y, además, no tienen cabinas. “Eso es más que nada, pero así no se va a resolver el problema a largo plazo”.