Por Cándida Cotto/ CLARIDAD
Organizaciones de derechos humanos, académicas, magisteriales, de abogadas y abogados denunciaron la acusación contra la joven maestra Elimar Alicia Chardón Sierra, por parte del gobierno de Estados Unidos, como un acto de coerción e intimidación, dirigido a desalentar el ejercicio del derecho a la protesta del pueblo puertorriqueño
En conferencia de prensa en la sede del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), una amplia representación de organizaciones examinó detalladamente el derecho a la libertad de expresión que protege la acción de Chardón Sierra, de haber hecho tres llamadas telefónicas a la oficina de la juez Laura Taylor Swain, manifestando su rechazo a la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda de COFINA, así como su desprecio a la juez, acción tras la cual enfrenta un proceso criminal por el supuesto “delito de acoso en el comercio interestatal”.
A preguntas de CLARIDAD de por qué las llamadas telefónicas que hizo la maestra de música se consideran delito de acoso en el comercio interestatal, el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), Luis José Torres Asencio, explicó que la interpretación que hace la fiscalía federal es que la llamada se generó de un teléfono de Puerto Rico a un teléfono de Nueva York, y eso es suficiente desde la perspectiva del FBI (Buró Federal de Investigaciones) para activar ese delito.
Su posición es que hacer tres llamadas al día siguiente de la juez Taylor Swain haber tomado su decisión, para manifestar rechazo, repudio y desprecio a la juez, sin que exista alegación alguna de que haya habido otra interacción, no puede ser constitutivo de ese delito, menos aun cuando las expresiones que se alega que hizo Chardón Sierra en el mensaje están claramente protegidas por su derecho a manifestar su desaprobación a la decisión.
Torres Asencio denunció que la acusación contra la maestra es un acto de coerción e intimidación de parte de las autoridades federales para desalentar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Puerto Rico, en particular en temas relacionados con la deuda del país. A la vez que expresó su solidaridad con ella, el profesor de Derecho Constitucional dijo estar convencido de que la conducta que se le imputa a Elimar Alicia está más que protegida por la Constitución y por el derecho a la libertad de expresión.
Expuso que, en primer lugar, se trata de una expresión política, en particular de una expresión política de una de las poblaciones más vulnerables, como lo son las maestras del sistema público, quienes no cuentan, a diferencia de otros grupos políticos y económicos del país, con medios alternativos para ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Destacó que, en segundo lugar, el derecho a la libertad de expresión no impone normas de conducta y decoro y buenos modales, así que las expresiones de una manifestante no tienen que ser respetuosas, no tienen que ser cariñosas, no tienen que ser amables, en particular cuando se dirigen contra una funcionaria y dentro del contexto de una decisión de una funcionaria que “condena a este país a 40 años de dolor y atenta contra la dignidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas y de todas las personas que residimos en este país por ese periodo. Esperamos que estos cargos sean archivados y que no sea una represión más a la que se tiene sometido a nuestro pueblo y a los múltiples intentos de manifestación que continuarán contra este tema de la deuda”.
Sobre este particular, el presidente del CAPR Edgardo Román Espada destacó que la juez no se quejó y ni siquiera se enteró de las llamadas, ya que no hubo una comunicación directa con ella. “Hemos notado que históricamente en la Corte Federal, en particular en la conducta de la Fiscalía Federal, hay una interpretación extremadamente amplia de lo que son los asuntos federales y de los asuntos que le competen al Gobierno de Puerto Rico”. Señaló que este caso no debió haber sido atendido en el ámbito federal ni en el ámbito local.
En cuanto a la formación del mecanismo de un Gran Jurado, el director de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana Rafael Rodríguez explicó que la práctica de la Fiscalía Federal es que somete una denuncia contra la persona y acude ante un gran jurado para obtener una acusación y llevarle directo a juicio.
En tanto, el miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), capítulo de Puerto Rico, licenciado Fermín Arraiza expresó que esa organización se estaba uniendo al apoyo a la maestra para denunciar también las actuaciones del gobierno de E.E. U.U. en Puerto Rico de “tratar de reprimir a todo aquel que trate de expresarse en contra a la opresión a la que está siendo sometido nuestro pueblo”.
La directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos licenciada Annette M. Martínez Orabona, directora del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, calificó el proceso de uno más entre la serie de atropellos de la que está siendo objeto nuestra población. “Elimar es una maestra, mujer joven, y como ella, las mujeres en Puerto Rico que se atreven a protestar y a disentir son perseguidas, y perseguidas de manera particular”. Llamó a la atención que este no es el primer caso que se ha visto en referencia a otras acusaciones contra manifestantes. Al apelar al pueblo a solidarizarse, Martínez Orabona señaló que el caso de Chardón Alicea, “nos tiene que mover a todos porque en Puerto Rico, a la población ya no nos quedan herramientas para expresar nuestro coraje, y si lo que nos queda, que es la libertad de expresión, la libertad de comunicar cómo nos sentimos, es criminalizada, entonces la libertad de expresión no vale más que un papel”. Declaró que el proceso que se lleva a cabo en el llamado Tribunal Federal es también una expresión más de la opresión de nuestra situación colonial: “Una más dentro de un cúmulo de expresiones que se llevan contra aquellos en Puerto Rico que se atreven a disentir”.
Por parte del Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD), una de las organizaciones que llamó al pueblo a expresar su rechazo a la aprobación del acuerdo de COFINA, la licenciada Eva Prados defendió el que Elimar Alicia no hiciera otra cosa que participar de esa convocatoria amplia a la que se llamó y, precisamente, utilizar las herramientas que quedaban para manifestar el descontento con la decisión de la juez. “Como bien decía Elimar en sus expresiones a la juez Swain, ella, la Juez, no va a sentir las repercusiones del acuerdo de COFINA, pero Elimar sí y nosotros sí. Elimar es una muchacha valiente reconocida entre sus compañeras como una gran persona. No permitamos que ella sea perseguida ni afectada por ejercer su derecho y por ser una voz del pueblo de Puerto Rico”.
Al profesor de Derecho Juan Correa Luna, portavoz de la organización Somos Dignos, que se dedica a educar sobre los derechos civiles, se le formuló la pregunta hipotética de si una persona que asista a una manifestación con un cartel que diga por ejemplo, Jaresko, deseo que te quemes en las pailas del infierno, puede también se arrestada y acusada. Este expuso que en efecto, cercano a las fechas en las que suele haber manifestaciones de parte del pueblo para mostrar su indignación ante los problemas que están ocurriendo, mucha gente se hace la pregunta de y ahora qué me puede pasar si yo me presento.
Correa Luna advirtió de que, en efecto, lo que pretende el gobierno es intimidar y crear un efecto paralizante. “Así que hay que hacer bien claro a la gente que no se deje intimidar por estas patrañas, acciones que lo que persiguen es precisamente ese efecto paralizante. Al contrario, hoy más que nunca, no solo hay que apoyar a esta digna maestra —mujer puertorriqueña—, sino a este pueblo en todas las manifestaciones”.
En la conferencia de prensa las compañeras y compañeros de trabajo de la Escuela Loaíza Cordero, hicieron llegar una carta en la que también expresan su solidaridad con la profesora Elimar Chardón Sierra.
