Un Informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), indica que casi el 60% de las 87,000 mujeres asesinadas en 2017 en todo el mundo lo fueron a manos de sus parejas o exparejas. Ello, según se informa, convierte el hogar en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas maneras y en diferentes entornos desde tiempo inmemorial. Se han destapado casos de abuso sexual de sacerdotes contra monjas y horrendos casos de agresiones sexuales contra mujeres en India y África. El movimiento #MeToo, que surgiera recientemente en los Estados Unidos denunció múltiples casos de acoso sexual que se dieron a conocer, principalmente, en las esferas del poderoso mundo hollywoodense. El alarmante ascenso de los casos de violencia de género azota también a nuestro país que, en el presente año, muestra una triste cifra de 22 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Tres de ellas murieron a manos de agentes del orden público. En 10 años, el año 2018 ha sido el tercero de mayor incidencia de casos de violencia de género en Puerto Rico.
El informe de la ONUDD concluye que el hecho de que las víctimas de estos hechos resulten ser en su mayoría mujeres, demuestra “…un desequilibrio en las relaciones de poder entre mujeres y hombres dentro de la esfera doméstica”. El informe añade que “la violencia de compañeros sentimentales contra mujeres y niñas tiene sus raíces en normas de género ampliamente aceptadas sobre la autoridad de los hombres en la sociedad en general, y en la familia en particular, y en el uso de la violencia por los hombres para ejercer su control sobre las mujeres”. Afirma que hay que empezar a discutir con los hombres el tema de la violencia contra la mujer, la masculinidad y las relaciones de género “…para transformar el estereotipo de que la mujer está por debajo del hombre”.
En el año 1989, se aprobó en Puerto Rico la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor conocida como Ley 54, con el propósito de crear conciencia de la magnitud del problema de violencia de género en nuestra sociedad. Según la declaración de política pública del estatuto este pretende: “…propiciar el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la prevención de la violencia doméstica. A pesar de la puesta en vigor de dicha ley, ha quedado demostrado que esta conducta, que afecta principalmente a la mujer, no puede ser manejada estrictamente desde la perspectiva punitiva, visión que se ha implementado a lo largo de casi tres (3) décadas. Tal y como lo concluye el informe de la ONUDD, es indispensable acudir a la implantación de la educación con perspectiva de género que promueva relaciones de equidad entre los géneros. El currículo de perspectiva de género definido por el Consejo Económico y Social de la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1997, constituye “…una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros”. En otras palabras, cambiar la construcción social que imperante mediante la cual se promueve el rol subordinado de la mujer y el papel predominante del hombre en las relaciones de género. ¿Qué objeción razonable y sensata puede haber a que ello se haga?
En el 2006 se aprobó una ley que ordena al Departamento de Educación y a la Oficina de la Procuradora de la Mujer a crear un currículo con el componente de equidad. En el 2008, el exsecretario de Educación, Rafael Aragunde, firmó una carta circular que establecía un currículo con perspectiva de género que fue derogada por su sucesor, Carlos Chardón, en el 2009. Dicha carta circular definía la perspectiva de género como un “instrumento conceptual que ayuda a comprender que las diferencias entre los géneros no se deben exclusivamente a una determinación sexual o biológica, sino a la construcción social de las identidades humanas”. Durante su mandato, el gobernador Alejandro García Padilla anunció que se estaría implementando este currículo en el sistema público de enseñanza como una herramienta educativa para prevenir y combatir la violencia de género. Sin embargo, ello fue derogado por la actual administración del PNP, presionado por grupos fundamentalistas religiosos que se dieron a la tarea de distorsionar el currículo de perspectiva de género argumentando que este incluye temas asociados a la aceptación de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género. A la actual Secretaria de Educación, Julia Keleher, se le condicionó su confirmación en la posición, al compromiso de eliminar dicho currículo, en aras de complacer a estos grupos de poder quienes, lejos de aportar al desarrollo social y económico del país, solo buscan adelantar su particular visión de mundo a cambio de los votos y las aportaciones económicas para determinados políticos en los partidos mayoritarios. Legisladoras como María Charboner y Nayda Villegas se han dado a la tarea de promover legislación para favorecer a estos sectores y, constantemente, hacen expresiones degradantes contra las mujeres que, valientemente, les hacen oposición. La Oficina de la Procuradora de la Mujer, ha venido a menos, a raíz del desmantelamiento que sufrió con la implementación de la Ley 7 del año 2013, bajo el gobierno de Luis Fortuño. Ni siquiera pueden aportar fondos para el sostén de los albergues a las sobrevivientes de la violencia de género. Su negativa a exigir que se implante el currículo de perspectiva de género constituye, además, una violación de la ley habilitadora de dicha agencia. Las cumbres, abrazos y granitos de arena que hoy se reclaman, son esfuerzos inútiles ante la magnitud del problema existente. El problema de la violencia de género se le ha ido de las manos a los gobiernos de turno, que han demostrado una total incapacidad para atenderlo y prevenirlo. Solo la lucha de las mujeres conscientes y perseverantes, como las que el pasado fin de semana, plantaron su reclamo de protección y dignidad, aun frente a la violencia institucional desplegada, logrará cambios para alcanzar una sociedad mas justa.
