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Despilfarro de fondos en publicidad

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candida-cotto
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No se puede hablar de imparcialidad en los medios de comunicación del país a la hora de informar respecto a la gestión pública, cuando una sola compañía controla la publicidad de la mayoría de las agencias públicas, con más de $31 millones en contratos.

Ni la solicitud de información que le hizo la Junta de Control Fiscal (JCF) al gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre seis contratos firmados con la agencia de publicidad KOI America, ascendentes a $10,649,962.96, parece detener el interés de la administración colonial por mantener su imagen pública.

El representante a la Cámara, Manuel Natal Arvelo, quien lleva meses cuestionando el uso de fondos públicos en contratos publicitarios, todos con las empresas del publicista Edwin Miranda —KOI America, KOI Arise y I Crossing—, denunció la reacción del gobernador frente a la petición de la JCF: “Es tan eficiente para defender los contratos de allegados a su persona, y en menos de 24 horas cumplieron con la solicitud de información de la Junta, cuando en otras ocasiones vemos que arrastran los pies para contestar información que se le solicita”.

En noviembre pasado, Natal Arvelo denunció la relación de Rosselló Nevares y de allegados al Partido Nuevo Progresista con las tres agencias de Miranda y cuestionó el verdadero propósito de la iniciativa impulsada por Beatriz Rosselló, Juntos y Unidos por Puerto Rico, para ayudar a los damnificados por el paso del huracán María.

Ahora, ante la petición de la JCF, Natal Arvelo también cuestiona que la solicitud de información sea por el costo de estos nuevos contratos, que suman $10 millones, mientras que los contratos de KOI America y las otras empresas asociadas a Edwin Miranda con agencias de gobierno, en lo que va de cuatrienio, suman más de $31 millones. “Así que ni siquiera la solicitud de información que hace la Junta llega a una tercera parte de la contratación real que tienen estas personas. Y me parece que el hecho de que la Junta —que no es una monjita de la caridad— esté pidiendo cuentas en cuanto a esto lo que refleja es la insistencia del pueblo sobre este tema. Yo lo denuncié hace ocho meses y han sido muy pocos los medios de comunicación que reseñaron la noticia entonces. Inclusive en el presente, son muy pocos los medios de comunicación que se han atrevido a imprimir el señalamiento de la carta, y todos sabemos por qué: porque ese dinero también termina en esos mismos medios de comunicación corporativos”, manifestó.

A juicio del joven representante por el Partido Popular Democrático (PPD) la acción de la JCF es una “para cumplir”, ya que la Junta recorta dinero en otras agencias que ofrecen servicios básicos. La petición responde más a una cuestión estratégica de los choques que se están dando entre el gobernador y los miembros de la Junta. Añadió que la JCF conoce lo importante que es para el Rosselló la figura de Edwin Miranda, y un poco le está dando “por donde le duele” al gobernador, sabiendo del poder que tiene Edwin Miranda, junto al relacionista público Carlos Bermúdez y el estratega Rafael Cerame. Estos son posiblemente las figuras más importantes en cuestión de asesoramiento de su imagen pública.

“Yo no le adjudico —de ninguna forma— ni buena voluntad a la Junta ni que esté buscando empatar la pelea para demostrar que ellos también están preocupados por el uso de fondos públicos. Yo creo que acá hay otros juegos más complicados detrás y, en particular, me parece que es un asunto de estrategia de la Junta, que sabe del poder que tiene Edwin Miranda sobre el gobierno de Ricardo Rosselló”.

Las denuncias de Natal parten del hecho de que lleva más de un año solicitando a las distintas agencias con las cuales las empresas KOI tienen contratos que le permitan examinar las facturas de esos contratos. Narró que en un principio la mayoría de las agencias ignoraron su solicitud y que, a la tercera comunicación, curiosamente, todas las agencias le contestaron con la misma respuesta: que se encontraban en el proceso de recopilar la información para que pudiera pasar a revisarla. La única agencia con la cual logró coordinar una cita fue con la Compañía de Turismo (CT), que fue suspendida por el azote del huracán. Después del huracán logró coordinar una fecha con la directora ejecutiva de la CT en ese momento, quien le recibió con una caja en el salón de conferencias de la agencia, acompañada por un alguacil. Solo pudo leer y tomar notas de los documentos, “estuve dos días transcribiendo básicamente cada una de las facturas”.

Natal Arvelo informó que las facturas contienen pagos por la pauta de anuncios en diversos medios, así como pago a periodistas, analistas políticos y otros voceros por entrevistas a funcionarios públicos o por meras menciones en programas. En una de las facturas de la CT había un gasto por $25 mil dólares en una campaña de un mes. Por las entrevistas en programas, como Lo sé todo, Frankie Jay cobra $500; en Dando candela, Carmen Jovet cobra $700 dólares; Rubén Sánchez en su programa de la Mega TV, cobra $700 por leer una mención de un anuncio de un minuto de la CT.

Según denunció, las facturas revelan que, por ejemplo, en la radio WKAQ, la CT se anuncia solo en tres programas: el de Rubén Sánchez, el de Jay Fonseca y el de Luis Dávila Colón. Aparte de la tarifa que tiene que cobrar el medio, cada uno de los conductores cobra adicional por leer cada una de las 15 menciones de 30 segundos. Las tarifas están entre $150 a $190 dólares por mención, mientras que las entrevistas se pagan a $800.00. En NOTI UNO, una entrevista de tres minutos en el espacio que ocupa Carmen Jovet cuesta $1,150.

“Y todo eso lo estamos pagando el pueblo puertorriqueño”, denunció en tono de indignación. Destacó que la payola es un delito y que, según se desprende de su investigación, se ha estado pagando por entrevistas en los diversos medios. Las facturas reflejaron que prácticamente todos los canales de televisión con programas de variedades que simulan tener segmentos noticiosos, ya sea entrevistas o comentarios, figuran con alguna pauta, entrevista, mención pagada por alguna de las publicitarias de KOI America.

Manuel Natal denunció que se desprende de su investigación que, entre marzo a junio del 2017, entre KOI America y KOI Crossing le presentaron facturas a la CT por la cantidad de $1.6 millones. Las facturas fueron sometidas el mismo 30 de junio, último día del cierre del año fiscal. “Ahí es que uno ve que por tres días de trabajo facturaron en cuestiones profesionales 20 y pico mil dólares y el grueso de las facturas las hicieron en junio 30”.

Llama la atención —reparó— que la estación del gobierno WIPR, tanto radio como televisión, no tiene tantas pautas en comparación con las estaciones comerciales. “Me sorprendió la cantidad de dinero que se les está dando a emisoras del conglomerado de SBS en unas emisoras particulares, así como a Magic 97.3, en un horario en particular”. Destacó el caso de un locutor llamado Rony Campos, conocido en el mundo radial como Rony Hiper, al cual le dieron un contrato de $3 mil dólares por ser el portavoz de la campaña El Jackpot del Encanto, cuya gestión consistió en ir a cuatro entrevistas de radio, de un minuto cada una.

Otros aspectos cuestionados de los contratos publicitarios —denunció— es que el presidente de KOI incluye en las facturas su participación en las reuniones de trabajo, por cada una de las distintas agencias, a razón de $115 la hora en algunos casos. “Me llamó la atención que, en varias de las facturas, el trabajo que informa que realizó en ese momento son con compañías que él preside; cobra una hora por I Crosings metting cuando él es el presidente y I Crosings también tiene contratos con la Compañía de Turismo. Me cuestiono si estará cobrando dos veces por el mismo trabajo”.

Llama la atención, además, la participación en las tres empresas publicitarias de Miranda, de personas identificadas con el PNP. Ellas son Caridad Pierluisi, hermana del excomisionado residente Pedro Pierluisi, quien figura como Consultora Senior de KOI para la Compañía de Turismo, y de Nicole Rodríguez Erazo, hija del expresidente del Senado Charlie Rodríguez y cuñada de Elías Sánchez. En una de las facturas de la CT aparecen cobrando por tres días de trabajo, la primera $3,500 y la segunda $2,400.

Ante los serios cuestionamientos que levanta la información recopilada, Natal Arvelo indicó que ha hecho referidos a la Oficina de la Contralor (OC), a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia e incluso a la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia de E.E. U.U., en Puerto Rico. Ninguno le ha reaccionado; ni con un acuse de recibo. En el caso de la OC, dijo que esta era la segunda ocasión en que hacía el referido; la primera vez fue en noviembre del 2017. La contestación de la contralora es que no hay la información suficiente para procesar.

Los contratos solicitados por la Junta de Control Fiscal de KOI America

• Departamento de Hacienda $250,000.00

• Departamento de Hacienda $250,000.00

• Departamento de Hacienda $7,705,000.00

• Autoridad para el Distrito Centro de Convenciones $150,000.00

• Banco de Desarrollo Económico $95,000.00

• Comisión para la Seguridad en el Tránsito $199,952.00

Negociación en Servicios Legales Avanza como suero de brea

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El viernes 17 de agosto de 2018, la gerencia de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR) y la Unión de Abogadas y Abogados de Servicios Legales (UAASL) volvieron a reunirse para continuar el proceso de negociaciones, que por ahora se limita a lo que aparenta ser una interminable presentación y discusión de propuestas.

La Unión sigue firme en la decisión de firmar el convenio sin aumentos ni beneficios. Por su parte, la gerencia de Servicios Legales insiste en la reducción de beneficios; entre estos, vacaciones, días por enfermedad y bonos, algo que la Unión no está dispuesta a aceptar.

Ante la determinación de los unionados de mantener el convenio tal y como está, el patrono de Servicios Legales amenazó en un momento con declarar un impase porque entendía que estos no estaban negociando, obligándolos así a presentar nuevas propuestas.

Según explicó el licenciado Manuel López Gay, presidente de la UAASL, la ley obliga a las partes de una negociación colectiva a hacerlo de buena fe, a sentarse a discutir las propuestas presentadas en el proceso y a mantenerse haciendo propuestas nuevas hasta que lleguen a un acuerdo. De haber un tranque en las negociaciones, cualquiera de las partes puede decretar un impase. En caso de que sea el patrono quien tome esa decisión, se determina un máximo de 60 días para llegar a un acuerdo; de lo contrario, el patrono puede imponer el convenio que ellos entiendan.

“Nosotros evitamos el impase al presentar las propuestas. Si no hubiésemos quedado en dejar el convenio como estaba, nos podían decretar un impasse. Nuestra propuesta sigue siendo que la mejor forma de salir de esta situación, para todas las partes, es firmar el convenio como está: sin aumento, pero sin reducciones. Un convenio sin más, pero sin menos”, añadió el licenciado, destacando que Servicios Legales no ha recibido recorte alguno, aunque tampoco aumentos.

Entre las propuestas presentadas por la Unión, una de ellas sugiere un aumento salarial, ante las reducciones planteadas por la gerencia de Servicios Legales, que representan aproximadamente una disminución de $4,600 para el que gana menos y de $7,500 para el que gana más.

Las propuestas presentadas por SLPR sugieren una reducción en recursos, ingresos y gastos. En el área de los bonos, específicamente, “tenemos tres bonos que nos los quieren recortar; el de Navidad pretenden reducirlo al mínimo legal, que son $600”.

Presentamos una contrapropuesta sugiriendo aumentos en beneficios y todo lo demás, pero es porque el procedimiento mismo nos obliga. Lo otro sería presentar propuestas que hagan más reducciones o acceder a lo que pide el patrono, y la unión no está para renunciar ni entregar derechos, sino para defendernos y mejorar las condiciones de trabajo”, sentenció el presidente de la UAASL.

A mediados de abril pasado, la gerencia de Servicios Legales notificó que no tenía la menor intención de extender el convenio sin que la Unión lo hubiese pedido. Las negociaciones comenzaron el 7 de junio. Ante insistencias de la Unión, Servicios Legales ofreció extender el convenio por 14 días; pero con la condición de que no se hiciera ningún tipo de declaración pública sobre las propuestas presentadas, oferta que no fue aceptada. Aún así, para esta fecha, las negociaciones siguen avanzando, al paso de un suero de brea, pero siguen.

Por la vida de nuestras mujeres

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giancarlo-vazquez-lopez
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Para honrar a las mujeres asesinadas y en denuncia ante la ineficacia del Estado para el manejo de casos por violencia de género en particular la violencia doméstica, la Coordinadora Paz para la Mujer (CPN) llevará a cabo la Vigilia Paz para la Mujer en la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan, este próximo jueves, 23 de agosto.

En lo que va de año, la CPN ha registrado el asesinato de catorce mujeres solo en casos de violencia doméstica, según un documento publicado en la página www.pazparalamujer.org. Esto sin contar otros cuatro casos que aun no han sido investigados como para saber si han sido en ese mismo contexto.

En agosto del año pasado se registraban los homicidios de siete mujeres. Según los datos recopilados por la CPM y Seguimiento de Casos, en 2017 murieron asesinadas 33 mujeres de las cuales 11 fueron en el contexto de violencia doméstica incluyendo una niña de 9 años.

Leila Nieves, coordinadora de programas y medios de comunicación de la CPM, explicó que el registro se prepara a partir de los casos que salen en la prensa y se comparan con los registros de otras compañeras como los realizados por Carmen Castelló a través de su página Seguimiento de Casos en la red social Facebook.

“Ella va documentando todas las muertes de mujeres por violencia doméstica, y otras que están bajo investigación, también lleva un récord de las mujeres que están desaparecidas”, añadió.

Por otra parte, Nieves reclamó que una vez la prensa reseña el asesinato no se le da seguimiento a los casos, si empezó el juicio o no, si hubo arrestos “esa información está como fragmentada”.

Fundada en 1989 la CPN se creó con el propósito de que las organizaciones tuviesen un apoyo directo en el manejo para la intervención con la violencia domestica y agresión sexual. Actualmente es una coalición formada por 35 organizaciones que ofrecen servicios a mujeres que son víctimas de estas acciones y feministas que son colaboradoras en su carácter personal del trabajo que se hace en la CPN.

Iris Beth Rodríguez, presidenta de Junta de la CPN y coordinadora de la Vigilia, explicó que luego de una conferencia de prensa junto a otras organizaciones a fines en contra de la violencia de género, la CPM declaró una alerta ante lo que es una crisis nacional para las mujeres, recalcando que luego del huracán María ha aumentado la vulnerabilidad no solamente de violencia de género, sino de hostigamiento y agresiones sexuales.

“En la vigilia vamos a manifestar que esta alerta tenemos que mantenerla activa. Nos vamos a reunir en la plaza de armas a las 6:00 p.m. y de ahí vamos a partir a la Fortaleza donde haremos una denuncia al gobierno por la no activación de los protocolos establecidos; por haber negado la posibilidad de tener una educación con perspectiva de género, una de las cosas que va a la raíz del problema de las violencias de géneros; por la impunidad que le ha dado a los casos de hostigamiento sexual, sobre todo a aquellos de figuras públicas; estaremos exigiendo que se respeten nuestros derechos civiles y constitucionales, sobre todo los de las mujeres, niños y niñas”, dijo la presidenta.

Luego de atender estos reclamos en la Fortaleza se llevará a cabo otra vigilia en la Plaza de Armas que terminará con un acto artístico. Rodríguez añadió que ante la experiencia tan nefasta que estamos viviendo el propósito de actividades como la Vigilia es crear ese proceso de denuncia y unión.

Batallando contra las expropiaciones

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candida-cotto
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Las experiencias por las expropiaciones en el barrio San Mateo en Santurce, la comunidad Vietnam, Los Filtros en Guaynabo, y otras en zonas fuera del área metropolitana llevó a representantes de 30 comunidades a organizarse en el Comité para la Reforma de la Ley de Expropiaciones (CRLP). Los cambios se hacen más urgentes ante el Plan de Acción de Vivienda (PAV), preparado por el Departamento de la Vivienda para poder acceder a los Fondos de Recuperación de Desastre para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda de Estados Unidos. El dinero que recibiría el DV de Puerto Rico se estima en $1,500 millones.

“Nos dimos cuenta de que hacía falta una oposición permanente para enfrentar el abuso de la expropiación forzosa. La tradición es esperar a que la expropiación se dé para, entonces, la comunidad organizarse. Cuando pasa eso, ya es tarde. Si la ley está mal escrita, uno está destinado a perder”, expresó a CLARIDAD Luis Gallardo, uno de los portavoces del Comité. En la asamblea comunitaria en la que se organizaron, hubo amplia participación de gente de la comunidad de Vietnam, las ocho comunidades del Caño de Martín Peña y de La Perla; en fin, lugares que históricamente han estado bajo amenaza de expropiación.

Aunque no es hasta este momento que el Comité da a conocer su gestión, viene trabajando para lograr cambios a la ley desde el 2015. Ese año consiguieron que en la Cámara de Representantes se presentara un proyecto (PC 2312) que introducía cambios a la Ley de Expropiación; pero el proyecto fue rechazado ante la fuerte oposición de los alcaldes.

En conferencia de prensa el pasado martes, el Comité anunció el inicio de una campaña ciudadana para lograr que haya cambios en la ley. Para esto cuenta con el apoyo del Instituto para la Justicia, una organización sin fines de lucro y firma legal de libertades civiles dedicada a erradicar el abuso de la expropiación, o el “dominio eminente”, como se conoce en Estados Unidos.

El cabildeo apenas está iniciando, por lo que esperan, en esta próxima semana, comenzar a reunirse con los legisladores y presentar un borrador con las enmiendas, basadas en el PC 2321; pero atemperado al contexto actual, que es la amenaza que representa el PAV para comunidades por prácticamente alrededor de toda la isla.

El PAV fue a su vez preparado con los planes que presentaron los alcaldes. Gallardo, quien es representante de su comunidad en el Barrio Mulas de Aguas Buenas, confirmó que el alcalde no consultó a las comunidades para preparar su plan; que no hubo ninguna participación ciudadana ni en Aguas Buenas ni en ningún otro pueblo. Agregó que cuando el Departamento de Vivienda estuvo recibiendo las propuestas de los municipios, hubo una ola de peticiones de parte de grupos sin fines de lucro y organizaciones de base comunitaria solicitando tiempo para participar en las vistas y no se les permitió. Denunció que las propuestas presentadas por los alcaldes, aunque algunas no tienen que ver con el desplazamiento, tampoco son específicas. Hablan de reubicación; pero no dicen dónde van a colocar a la gente desplazada.

El líder comunitario reconoció que, de momento, no se conoce que haya alguna amenaza de expropiación o desahucio: “Estamos como en un momento de tranquilidad”. No obstante, comentó que ha recibido llamadas de personas de comunidades en Aibonito y Arecibo, denunciando que han visto oficiales mirando y midiendo terrenos en sus vecindarios.

Otra de las portavoces del Comité, Mary Ann Hopgood, quien pasó por la dura experiencia de expropiación de su comunidad San Mateo de Cangrejos (Santurce), expresó que estarán vigilantes y harán todos los trabajos necesarios para lograr que se enmiende la Ley de Expropiación: “Estoy comprometida con que la pérdida de un barrio tan hermoso, como era el mío, no se repita”.

Las denuncias contra el PVA están evidenciadas en el examen que realizó la organización Ayuda Legal, de cada uno de los planes municipales. Es notable que en muchos de estos, se utiliza la palabra desplazamiento por expropiación y/o relocalización. Se señala el desplazamiento de comunidades en la zona rural, como en el caso de Aguas Buenas, y el desplazamiento de comunidades sin título, como en Barranquitas. En ambos casos no se identifican las comunidades.

En otras, sí se identifican las que serán desplazadas, como Arroyo, Aguada, Arecibo, Carolina, Cayey y Guánica. En fin, para la gran mayoría de los pueblos se habla de desplazamiento de comunidades. Por ejemplo, en el municipio de Ceiba identifican el desplazamiento de la comunidad Las Lomas, del barrio Los Machos, para construir un complejo turístico. En Yabucoa, se habla de desplazar a la comunidad de pescadores El Negro. En el plan de Vieques se habla de relocalizar las comunidades de Villa Borinquen, Monte Santo, Monte Carmelo y el sector aledaño al Barrio Esperanza.

Algunos de los planes que parecen ser la excepción, según el examen de Ayuda Legal, son: Lares, Caguas, Las Marías, Moca y Morovis.

La Sociedad Puertorriqueña de Planificación fue una de las primeras en denunciar las deficiencias del Plan de Acción de Vivienda, que fueron recogidas por este semanario en entrevista a su presidente, el planificador David Carrasquillo Medrano, en la edición del 21 al 27 de junio de 2018.

Los igualitos

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Para muchos en el país el Partido Nuevo Progresista (PNP) como el Partido Popular Democrático (PPD) son una y la misma cosa. Ello, debido a que desde hace mucho tiempo ambos partidos representan y se han dedicado a defender los intereses del gran capital y de aquellos que les financian las campañas. La Ley Electoral que ambos han confeccionado y que enmiendan cada vez que les conviene, está diseñada para garantizar el control de ambos partidos en la administración gubernamental y de evitar a toda costa, que otras organizaciones accedan siquiera al menguado espacio legislativo. El Tribunal Electoral fue sustituido por el gobierno de Romero Barceló, por la Comisión Estatal de Elecciones, organismo que no solo le extirpa al fondo general cerca de 40 millones al año, sino que persigue que el aparato electoral sea controlado por y responda a los partidos políticos. Tan pronto llegan al poder, tanto el PNP como el PPD comienzan a devolver favores a donantes y colaboradores de las campañas, no solo mediante la otorgación de contratos, sino mediante la aprobación de legislación y proyectos que adelantan los intereses de estos sectores. Los funcionarios electos, a su vez, emplean a amigos, parientes y dolientes, entre los que están políticos derrotados como Jorge Santini, Aníbal Vega Borges, Edwin Mundo y otras aves de rapiña. Es de todos conocida la contratación escandalosa de los primeros dos por parte del Senado de Puerto Rico y los contratos millonarios que se otorgan a la empresa de Mundo en los gobiernos del PNP. Las promesas de campaña pronto comienzan a hacerse sal y agua y el pueblo continúa padeciendo las mismas carencias y a experimentar las mismas frustraciones con la clase política. Estos responden pues, no a quien les da los votos, sino a quien les da el dinero.

Aun cuando el pillaje, la corrupción y el despilfarro se torna más crudo con cada administración PNP, al PPD también le ha caído su agüita. Frescas están en muestra memoria las andanzas de Anaudi Hernández que enlodó la administración de Alejandro García Padilla y destruyó la carrera política de Jaime Perelló. Uno de los amigos más allegados a García Padilla, el Lcdo. Eric Y. Reyes Colon fundó, a solo 55 días de su victoria electoral como gobernador, la corporación International Management Service Corp., para ofrecer servicios legales, obteniendo contratos millonarios en su administración. El director del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo la administración de García Padilla, Miguel Torres, concedió un millonario contrato de arrendamiento del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) Metropolitano en Carolina a Agustín Crespo Rivera, un importante donante del PPD. Ante el cuestionamiento público, ni corto ni perezoso, García Padilla respondió con el argumento de que en la transacción no había nada ilegal. Es decir, no importa que sea inmoral, basta con que sea legal. Atrás quedó la consigna de vergüenza contra dinero.

El maridaje del PNP y PPD con las aseguradoras de planes médicos es igualmente descarado. A pesar del daño que la inherencia de las aseguradoras en el acceso a servicios de salud le causa a nuestro pueblo y de su responsabilidad directa ante el éxodo de los médicos de nuestro país, ninguno de los gobiernos del PNP ni del PPD ha actuado para impedirlo. Conocidos son los vínculos de jerarcas de ambos partidos con las aseguradoras y el esquema de estas compañías de aportar sustancialmente a las campañas de ambos partidos para aplastar todo intento por diezmarles su control sobre el sistema de salud. Mas, la conciencia no la compran solo las aseguradoras y toda suerte de mercaderes que merodean los antros gubernamentales. También están al acecho los bonistas buitres que compraron bonos a precio de quemazón y pretenden cobrarlos por el precio original. Estos se sirven de los vasallos del patio que abundan en ambos partidos, para garantizar el cobro de sus acreencias. A pocos les sorprendió que se descubrieran los vínculos de Héctor Ferrer y Roberto Prats, con esa firma, que diseñó la campaña de desprestigio contra el gobierno de García Padilla cuando declaró impagable la deuda y de Ricardo Rosello y Jennifer González para quienes aportó dinero a sus respectivas campañas electorales. Los vasallos del patio se han convertido en mercenarios para servir intereses contrarios a los del país buscando enriquecerse a costa de la miseria a la que nos ha sometido la partidocracia y sus donantes. Comentaba Eduardo Lalo en una reciente columna periodística: “Llegados hasta aquí, me pregunto cómo es posible que alguien pueda votar por ellos. ¿Como es posible que los que nos legan las maldiciones no se conviertan en los maldecidos?

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