Contrario a la impresión que tienen muchos puertorriqueños, en particular aquellos que pretenden la estadidad, de que en Estados Unidos, cualquiera se puede hacer rico debe irse enterando de que eso no es cierto, muchísimo menos con la reforma contributiva que propuso el presidente Donald Trump y que fue aprobada hace una semana por el Congreso.

Mucho se ha ventilado en Puerto Rico sobre las consecuencias que tendrá para nuestra economía dicha reforma al imponerle contribuciones a las empresas estadounidenses que operan en la Isla conocidas como las corporaciones de control foráneo (CFC, siglas en inglés), pero muy poco se conoce sobre las consecuencias que tendrá esta reforma sobre las clases pobres y populares estadounidenses integradas mayormente por la población afroamericana y latinas.

En una entrevista sobre el particular el economista Heriberto Martínez Otero, señaló en primera instancia que el Comité Conjunto para la Reforma Tributaria (el Tax Committe For Tax Reform, del Congreso), donde hay economistas tanto liberales y conservadores todos han coincidido en señalar que la reforma del presidente Trump no es una autofinanciable, por lo tanto va a generar un déficit a corto plazo. Eso quiere decir que la reforma va a generar deuda y cuando esa deuda se genere van a ocurrir tres cosas: 1) o se vuelven aumentar los impuestos a las corporaciones y a los sectores de grandes ingresos, cosa que no van a permitir; 2) hay un alza para las clases medias y trabajadoras; 3) se hacen recortes en la inversión social.

“Ahí hay un impacto directo en las comunidades latinas y afro descendientes. O sea quien va a terminar financiando el déficit de esta reforma serán las clases medias trabajadoras con nuevos impuestos y las clases populares van a quedar más al margen con los recortes a los programas sociales como programa de alimentos vivienda etc”.

La mayoría de las personas de las clases populares en EE UU se desempeña en el sector de servicios de alimentos, como los “fast food”, almacenes, ventas al detal, trabajadores agrícolas y un segmento mínimo en la construcción. Los trabajadores agrícolas en su mayoría son emigrantes provenientes de México y Centro América, quienes se encuentran de manera irregular en el país y son los que reciben los ingresos más bajos por lo que reciben ayuda de los programas asistencialistas del estado. El economista advirtió que el asunto es que si el déficit se corrige recortando fondos a los programas de asistencia social tanto por parte de los estados como a nivel federal estas personas están condenadas a una pobreza más difícil de la que están viviendo ahora.

Durante esta semana el Comité de Conferencia del Congreso se supone que trabaje sobre las discrepancias que existen entre los proyectos de cada cuerpo pero para nada va a tocar los aspectos relacionados con las repercusiones a las clases trabajadoras pobres y medias.

Martínez Otero llamó la atención a que el asunto es que en estos comités de conferencias quienes están representados son las clases medias altas porque la idea de los economistas que gravitan alrededor de la propuesta de Trump era bajar las tasas corporativas y eliminar las exenciones contributivas para los ingresos más altos. Lo que se está discutiendo en el Comité de Conferencia es la teoría de estos economistas que argumentan que si una corporación genera ingresos, paga contribuciones, distribuye dividendos entre los accionistas y después esos accionistas vuelven a pagar contribuciones como si fueran contribución sobre ingresos, están teniendo una doble tributación. El argumento de estos economistas contra esto es que se les bajen las tasas contributivas a las corporaciones porque las corporaciones son las que invierten, las que producen y se les deje a los individuos con las rentas más altas, es decir millonarios. En el caso de los millonarios en los proyectos se dejaron algunos espacios para la reducción, pero no así para las clases medias altas. En el caso de estos dos sectores– en la actualidad– cuando pagan sus contribuciones sobre ingresos al gobierno federal pueden reducir parte en las contribuciones estatales ya que hay estados por ejemplo Nueva York, que sus contribuciones son sumamente altas. Con la reforma esto ya no se podría hacer y ahora tendrán que pagar las contribuciones del estado y las federales sin ningún tipo de exención. Esto es lo que se discute en el Comité de Conferencia y a provocado controversia en el Senado dado a que el Senado de EE UU está integrado por millonarios y personas de las clases medias altas “es el espacio natural de estos congresistas ahí es que está el debate”.

El abogado economista reparó que aunque en la Cámara algunos representantes hablaron de este asunto no tienen los votos para detener el proyecto.

Negros y latinos más pobres

En el artículo ‘How Willl Black Under Trump’s Tax Plan?publicado por la revista ‘National Institute for Latino Policy’, de la autoría de Nicole Goodkind, se aborda el tema de la reforma contributiva con datos que es menester conocer. Para empezar apunta a que la propuesta de reforma republicana sólo agravará la brecha racial y aumentará el crecimiento de la desigualdad. Aunque las familias negras pronto conformaran la mayoría de la población estadounidense, estas sin embargo continúan quedando atrás de los blancos en la construcción de riqueza.

Trae datos de que la reforma favorece a los estadounidenses que generan ingresos a partir de la riqueza que ellos y sus familias ya tienen. Se refiere a que en la actualidad la riqueza heredada de hasta $5,430,000 se puede pasar libre de impuestos a un cónyuge sobreviviente, y luego a los hijos. La reforma eliminaría por completo el impuesto al patrimonio, lo que significa que cualquier cantidad de dinero podría pasarse a las generaciones futuras libres de impuestos. Estos cambios en el impuesto al patrimonio costarán aproximadamente $200 mil millones al fisco. Mientras excluye en gran medida a negros e hispanos debido a la privación sistemática de derechos de los estadounidenses que no son blancos, ya que los blancos han tenido más tiempo para ganar dinero, acumularlo y asegurarlo.

Recoge además que en el proyecto del Senado las ventajas fiscales para las empresas constituyen el 60% del costo total. Eso contrasta con el hecho de que sólo el 17% de las empresas en EE UU son propiedad de minorías, eso significa que los beneficios que recibirán los accionistas de las corporaciones beneficiará sólo a los blancos ya que sólo un tercio de los negros e hispanos son poseedores de acciones, en comparación con dos tercios de los blancos.

En términos de la vivienda la reforma igual favorece a los propietarios que son en su mayoría blancos. En este sector la tasa de propiedad de vivienda entre los estadounidenses blancos es un 30 por ciento más alta que la de los estadounidenses negros y mientras las familias negras e hispanas tienen el doble de probabilidades de alquilar sus viviendas, sin embargo no hay exenciones impositivas para los inquilinos. El proyecto de la Cámara incluye la eliminación de un tipo de bono exento de impuesto el cual financia aproximadamente la mitad del desarrollo de viviendas asequibles en EE UU.

Goodking cita que un nuevo estudio del Instituto de Estudios Políticos (ISP) encontró que, “ sin un cambio serio en su curso, el país se dirige hacia un estado de apartheid racial y económico” y que “si la división de la riqueza racial no se aborda y no se exacerba aún más en los próximos ocho años, la mediana de la riqueza de los hogares negros está en camino a alcanzar el cero para 2053”.

Martínez Otero coincidió con estas apreciaciones y reparó en que en una economía como la estadounidense en la medida en que la desigualdad sigue aumentando, “el sueño capitalista de que yo con mi mayor esfuerzo voy a llegar lo más lejos posible y mis hijos pueden vivir mejor que yo no se cumple, el ‘american dream’ no es real, porque se está acumulando tanta riqueza en tan pocas manos que lo que ellos llaman el efecto goteo no ocurre y lo que hace es condenar a la gente a la pobreza independientemente de su esfuerzo y su trabajo”.

Ante este panorama advirtió, “si nosotros seguimos pensando que el ‘tax reform’ solamente nos afecta a nosotros, si nosotros vamos a confiar en Ricardo Rosselló, en Jenniffer González, en Héctor Ferrer en la Junta de Control Fiscal para que cabildeen algo a favor de nosotros no vamos a ir a ningún lado”. En su lugar propuso que Puerto Rico va a tener que establecer lazos comunicantes con las bases populares afroamericanas y latinoamericanas al interior de EEUU para poder enfrentar los cambios debido a que los impactos de esta reforma son nefastos tanto para Puerto Rico como al interior de EE UU, “mucha gente va a salir bien dañada de todo este proceso particularmente las clases medias y las clases bajas”.

La deuda pública (basada en bonos) de Puerto Rico ascendía a los $70,000,000,000 antes del Huracán María, lo cual representaba un monto superior al 100% del Producto Nacional Bruto nominal (variable con la cual se calcula el tamaño de la economía local). Luego del paso del huracán, la administración Trump aprobó préstamos de emergencia para el País, por lo que podemos concluir que el peso de la deuda sobre una economía colapsada, va a aumentar significativamente. La pregunta que queda pendiente sobre la mesa es si la economía de Puerto Rico tendrá la capacidad para pagar su deuda en el corto y mediano plazo. Analicemos.

La economía de Puerto Rico entró en depresión económica en el año 2006, y no se ha recuperado desde entonces. La pérdida de riqueza, empleo, y población, llevaba paso firme y constante, lo cual se agravó con el paso de los huracanes Irma y María en el 2017. El capital productivo, la infraestructura energética y de telecomunicaciones, además de carreteras, quedaron parcialmente dañadas o totalmente destruidas, imposibilitando cualquier posible recuperación en el corto plazo. La falta de transparencia y la posibilidad de corrupción gubernamental en las altas esferas del gobierno, minaron la confianza de la ciudadanía en el sector público, teniendo como consecuencia el que la ciudadanía prefiriera la migración en lugar de la reconstrucción. El gobierno da visos de estar atrapado en su propio discurso de recuperación, pero es incapaz de ver que las fuerzas productivas y la ciudadanía en general comienzan a mostrar signos de agotamiento psicológico y sociológico, lo que dificulta más el proceso de articulación de esfuerzos colectivos a favor de la recuperación. A casi tres meses del paso de los huracanes, los recaudos de Hacienda continúan en picada, más de 20 municipios continúan sin luz, el 40% de los negocios no ha podido reanudar sus operaciones, y la población sigue decreciendo a niveles exponenciales en períodos de tiempo récord. Finalmente, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una reforma contributiva federal que impactaría adversamente a la manufactura en Puerto Rico, cuya aportación al fisco representa una tercera parte del presupuesto del fondo general (cerca de $2,900 millones).

La respuesta del sector gubernamental ha sido deficiente. El Gobernador y la Comisionada Residente han presentado mensajes contradictorios, mientras que la Junta de Control Fiscal no ha presentado un proyecto de desarrollo coherente con los nuevos tiempos. El cabildeo en Washington DC ha sido inefectivo, y no han logrado aprobar las cantidades reclamadas para la reconstrucción del País ni la exclusión de Puerto Rico de la aplicación del 20% de arbitrio. La JCF ha realizado paneles en los cuales dice recibir información de la ciudadanía para poder realizar un nuevo plan económico y financiero, el cual debe estar listo para el 22 de diciembre de 2017. Recordemos que la JCF tiene un propósito definido para la reestructuración económica del País, y el restablecimiento del pago de la deuda, el cual está paralizado por los casos legales llevados ante la corte de la Jueza Taylor Swain. No obstante, luego de la destrucción provocada por los huracanes, sumado a la depresión económica que superaba la década, se confirma la idea de que la deuda es impagable, al menos por los próximos diez años.

La incapacidad de reactivar la economía en el corto y mediano plazo (las proyecciones optimistas previo al paso de los huracanes expresaban que el crecimiento económico retornaría en el 2024), la pérdida poblacional, y la reducción de la base impositiva, son algunos elementos que confirman la imposibilidad de que la deuda pública de Puerto Rico sea pagada según pactada en las emisiones. Este panorama lleva a los acreedores ante tres escenarios posibles: aceptar una moratoria de 10 años en lo que se concreta la reconstrucción del capital en Puerto Rico y se restablece el crecimiento; aceptar un recorte de la deuda de 75%; apropiarse de activos físicos en Puerto Rico para liquidarlos y cobrar lo más que puedan para minimizar pérdidas.

La política pública de la administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal parecen favorecer la opción de liquidar activos y continuar pagando la deuda, dentro de condiciones que sean beneficiosas para los acreedores. Ninguno de los creadores de política pública a nivel local ha hablado a favor de una moratoria de 10 años (o una moratoria al menos), o de un quita (recorte o haircut) del monto total de la deuda. Sin embargo, sí hemos visto a los funcionarios de la presente administración hablar de las Alianzas Público-Privadas como el “nuevo modelo de desarrollo” para la reconstrucción económica del País. Esto significa que el gobierno de turno continuará buscando cuáles son los activos físicos, terrenos, o recursos naturales, que sean del interés privado global, con el propósito de enajenarlos, convertirlos en dinero, y continuar pagando la deuda. Tanto los acreedores como el gobierno saben que la deuda no es pagable a través de imponer nuevos gravámenes al ingreso o a las ventas en Puerto Rico, por lo tanto, la apropiación de recursos se convierte en la opción más adecuada para aquellos acreedores que quieran mantener vivas las posibilidades de cobrar la mayor parte de la deuda en un período corto de tiempo.

El problema con la enajenación de capital, tierra y recursos, es que muchos de los mencionados pertenecen a personas privadas, o a la ciudadanía en general, por lo que los procesos de enajenación por expropiación pudieran encontrar resistencia jurídica, política y social. Recordemos las protestas ciudadanas cuando se intentaron colocar tubos de larga distancia para la transportación de gas natural a plantas generadoras de energía. Esto significa, que para los acreedores y los creadores de política pública, la migración y la pérdida poblacional son perfectamente compatibles con su idea de reestructuración del País. Mientras más personas se vayan, mientras más propiedades se ejecuten por los bancos, y mientras menos propietarios se queden en Puerto Rico, las negociaciones para transferir riqueza local a manos de acreedores o capital internacional se facilita. Pienso que ésta es la razón por la cual la reconstrucción local tras el paso del huracán ha sido tan lenta y deficiente. El gobierno no tiene un plan de desarrollo para que la gente se quede y trabaje en Puerto Rico, mientras la Junta de Control Fiscal es silente ante la migración masiva de puertorriqueños al exterior. Si la expulsión de la población es parte del proyecto que tienen los creadores de política pública para el Puerto Rico del Siglo XXI, es preciso que la oposición entienda que en su resistencia contra este tipo de política pública no puede contar con el apoyo del estado. Lo único que puede cambiar la tendencia de la expulsión es la solidaridad y cooperación ciudadana, para crear nuevas estructuras económicas y políticas que permitan derrotar las pretensiones gubernamentales en contubernio con un sector inescrupuloso del capital.

El autor es abogado y economista, miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política.

El caso de la niña Alma Yarida Cruz, quien enfrenta la justicia con cinco cargos menos graves de alteración a la paz y agresión simple por un incidente ocurrido el 2 de diciembre del año pasado en la escuela elemental Modesto Rivera Rivera en Carolina, ha suscitado una amplia discusión pública sobre el contenido de los proyectos de ley para enmendar la Ley de Menores de Puerto Rico.

Tras el incidente con la niña, que en aquel entonces tenía 11 años de edad, miembros del Senado y la Cámara han desarrollado tres proyectos de ley para atender, aunque con enfoques totalmente distintos, el tema de los procesos judiciales para menores.

El pasado sábado 9, las tres medidas propuestas pasaron a manos del gobernador Ricardo Rosselló luego del cedazo de la Legislatura, movida que el senador independentista Juan Dalmau Ramírez catalogó como una manera poco sabia de hacer política pública.

Los tres proyectos, el de la Cámara 1036 y 1035, y el del Senado 489, fueron aprobados por la rama legislativa la semana pasada, pero antes la minoría popular, el senador José Vargas Vidot y Dalmau Ramírez votaron en contra de las enmiendas echas a los proyectos de la Cámara, por lo que pasaron a consideración.

El P.C. 1036, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, deroga la Ley de Menores y adopta la “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” para proveer para el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad.

También, pretende proteger el interés público tratando a los menores como personas necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento a la vez que se les exige responsabilidad por sus actos y garantiza a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Esta pieza no fija una edad mínima para procesar a menores en los tribunales, y permite que jóvenes de 14 años en adelante puedan ser juzgados como adultos.

Asimismo, el P.C. 1035, también de Méndez, enmienda las “Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores” para que armonicen con la nueva “Ley de Justicia Juvenil de Puerto Rico” y el Código Penal de Puerto Rico, enmendado en 2012.

Por otro lado, el P.S. 489 propone la eliminación de que el menor comparezca esposado ante los tribunales, así como el confinamiento solitario; estipula el límite de edad de 13 años para ser procesado e imputado por una falta; y plantea la mediación como Método Alterno para la Solución de Conflictos en los Procesos de Menores.

Este proyecto del Senado, de autoría compartida, también permite que los procesos judiciales de menores sean públicos, siempre y cuando los padres o tutores de ambas partes lo autoricen. Además, ordena que se agoten todos los remedios administrativos posibles para atender faltas cometidas por menores. Por ejemplo, en casos donde un menor de 12 años o menos cometa una falta, la pieza decreta que antes que un tribunal tome jurisdicción, el sistema de educación público o privado deberá agotar sus remedios, precisamente lo que no pasó en el caso de Alma Yarida Cruz.

El debate público radica en el grado de severidad en el trato a menores que establecen uno u otro bando de proyectos de ley. Diferentes sectores creen que las medidas de la Cámara intensifican el enfoque punitivo que hasta ahora ha dominado sobre los menores por parte del Estado, mientras otros sectores consideran que el proyecto del Senado es laxo.

El tema más controvertible, sin embargo, es la fijación de la edad mínima para que un menor pueda ser llevado a corte. El consenso entre estos tres proyectos debe establecer la edad mínima para evitar casos como los de la niña carolinense, que por incidentes menos graves ocurridos en el entorno escolar está enfrentando procesos judiciales hace casi un año.

La ex secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Zoe Laboy, expresó públicamente que no apoya las medidas de la Cámara ni la del Senado por parecerles extremistas. Según ella, unos son muy restrictivos y punitivos, y el otro es muy liberal. Igualmente, entiende que debe hacerse mayor distinción entre cómo se trabajan las faltas menos graves y las graves.

“Retroceso al tiempo de las cavernas”

En su turno a favor del P.S. 489, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, expresó que las maneras de manejar los problemas de conducta de los jóvenes que proponen el P.C 1035 y el 1036 son un retroceso al tiempo de las cavernas.

Según un informe citado por Dalmau durante su turno en el hemiciclo, las faltas cometidas por menores ascendieron a 21, 392. De ésas, 2, 500 (12%) fueron de tipo 3 (homicidios, agresiones, escalamientos) y 11, 244 (53%), fueron menos graves (peleas, agresiones verbales, alteración a la paz).

“Bajo el P.C. 1035 este 53 por ciento estaría sujeto al régimen al que se ha sometido a Alma Yarida”, expresó el senador antes de sentenciar que siguiendo el caso de esa menor se evidencia el fracaso del sistema de justicia con nuestros jóvenes.

“El sistema, en vez de buscar soluciones, de dar una mano humana, la ha tratado como una criminal…El resultado de ese proceso contra esa niña ha sido de mayor desequilibrio emocional, depresión en la familia, mayores problemas académicos”, continúo Dalmau tras recordar que Alma Yarida tiene dos cargos por amenaza y dos por alteración a la paz a raíz de una confrontación escolar en la que ella se defendió luego de mucho tiempo de burla y exclusión.

Para Dalmau, los proyectos dirigidos a evaluar la Ley de Menores tienen dos rutas: el castigo y la criminalización juvenil, o la rehabilitación y el redirigir a tiempo a estos jóvenes que comparten el mismo trasfondo. Según citó el senador, un informe del Departamento de Corrección demuestra el perfil de un menor transgresor en 2016: proviene de un hogar roto y de un lugar socioeconómicamente marginado, es desertor escolar o está en vías de serlo, tiene problemas de aprendizaje, ha sido maltratado o ha presenciado actos de violencia en el hogar, ha tenido contacto con sustancias controladas o alcohol.

“En vez de atender el problema ahí retratado, lo que proponen los proyectos de la Cámara es criminalizar a esos jóvenes”, continúo Dalmau. “El P.S. 489 – el cual él apoya – busca la ruta humana, que se identifiquen a temprana edad jóvenes que tengan problemas, y que en lugar de ser tratados como adultos, puedan ser redirigidos y reenfocados”, puntualizó.

“Reconozco que la Ley de Menores hay que enmendarla, pero de manera humana y reconociendo las realidades socieconómicas de nuestro país”, finalizó.

Se oponen al cedazo legislativo

Por su parte, un grupo de profesores y profesoras de Derecho Penal, mediante una conferencia de prensa celebrada la semana pasada, se opuso a la aprobación en la Asamblea Legislativa de los Proyectos de la Cámara 1035 y 1036, y mostró preocupación por la eventual firma del gobernador para aprobar los mismos.

Entre otras razones, el grupo de profesores (compuesto por Dora Nevares, Julio Fontanet, Iris Rosario y Oscar Miranda) está en contra de los mencionados proyectos camerales porque “tendrán como consecuencia que más niños y niñas pobres sean criminalizados por el Estado”, según dicen los profesores en un escrito publicado.

“Conforme ilustra la ponencia presentada ante la Legislatura por la Sociedad para Asistencia Legal, la realidad es que los y las menores confinados en las instituciones juveniles del país son pobres, tienen serios problemas de salud mental y muchos son estudiantes de Educación Especial. En la medida en que, tras el paso del Huracán María por Puerto Rico, una mayor cantidad de la población se colocará por debajo de los niveles de la línea de pobreza, esta preocupación resulta ser cada vez más pertinente”, continúa esbozando el escrito.

“Estos ciudadanos y ciudadanas tan vulnerables lo que necesitan es que el Estado, en lugar de darlos por perdidos, asuma la responsabilidad de atender sus necesidades”, concluyeron.

Distinto a lo que se pensaría, hay una serie de agencias – no solamente el Departamento de Educación (DE) – que están vinculadas al ofrecimiento adecuado de servicios a la población estudiantil de Educación Especial, tanto de los educativos como de las terapias físicas, ocupacionales, del habla y psicológicas.

La portavoz del Comité de Madres y Padres de Niños y Niñas de Educación Especial, Carmen Warren, evaluó con una “tremenda F” las diligencias que han realizado tras el paso del huracán María estas diferentes agencias relacionadas con restablecer los servicios indispensables para este sector de estudiantes.

En entrevista con CLARIDAD, Warren expresó que las familias con niños o niñas con necesidades especiales han vivido una situación bien complicada debido a las consecuencias de la falta de atención y diligencia del DE, primordialmente.

“A raíz del paso de los huracanes Irma y María, más allá de que el DE se ha mantenido en incumplimiento consistente de los ofrecimientos educativos relacionados a esta población, la falta de planes para actuar en casos de fenómenos como estos o en situaciones de emergencia, y la falta de sensibilidad con las familias que tienen niños con impedimentos, han provocado una gran crisis para esta población”, sentenció.

El cierre de las escuelas de forma unilateral por parte de la Secretaria de Educación, Julia Keleher, causó por ejemplo la emigración de profesionales que eran sub contratados por el DE para impartirles terapias a estos niños y niñas.

“Debido al cierre de planteles, ha habido un éxodo muy grande de profesionales de corporaciones contratadas por el DE que ofrecían los servicios complementarios. Los terapistas han abandonado el país porque, además de que el Departamento ya les adeudaba meses, no pudieron trabajar los meses de septiembre, octubre y mediados de noviembre”, comentó Warren.

“Las escuelas no abrieron porque ya había un plan de cierre intencionado de escuelas y el fenómeno de María favoreció a la Secretaria para dejar cerradas ésas que ella estaba planificado cerrar”, continúo la portavoz.

En el caso de los estudiantes de educación especial, se han visto afectados con la reubicación de facultades y matriculas de alumnos en otros planteles escolares porque las escuelas receptoras no cumplen con el equipo necesario para ellos. Según la madre vocal, hay niños del programa de Educación Especial con condiciones severas que, a días para llegar a los tres meses del paso del huracán, aún no han pisado una escuela porque no están equipadas.

Carmen Warren, entiende que más allá de detener el proceso académico, la situación de planteles cerrados redundó en desaprovechar las escuelas como centros para controlar o remediar otras situaciones del hogar.

“Son centros para poder atender con urgencia y sensatez la situación que confrontan los niños y las familias. Pudieron abrir para ofrecer servicios educativos y de trabajo social a los estudiantes, también la falta de electricidad y agua potable. Las escuelas pudieron servir de centros alternativos diurnos para que las familias manejaran esos estresores, para atender niños y niñas con impedimentos significativos que dentro del hogar no tuvieran los medios”, abundó la madre, quien de paso dijo que le parecía un grave error el que se insistiera en privar a los estudiantes de los servicios escolares por utilizar los planteles como refugios.

Las repercusiones de no ir a la escuela o de acudir a una que incumple con el equipo necesario, tiene como consecuencias el rezago y deterioro de las capacidades de cada estudiante.

“Las barreras que existían antes de María se mantienen, no son prioridad ahora y siguen siendo excusa para que no se ofrezcan los servicios. Las consecuencias de esa jugada son daños irreparables para los niños. Por eso, los padres y madres han estado reclamando que se les compense los servicios que han dejado de recibir y el DE se ha empecinado en negarles esa compensación”, explicó.

Uno de los reclamos más enfáticos que han hecho como colectivo luego del huracán es que los terapistas se pudieran trasladar a los hogares a ofrecer sobre todo terapias psicológicas.

Por otro lado, ciertamente ha habido una merma en la matrícula de estudiantes en el DE –más de 6 mil establece el portal de la institución educativa– sin embargo, “los que han salido no necesariamente son de educación especial. La mayoría de los estudiantes de ese sector está todavía aquí en precariedad”.

A esta población le urge que el DE cumpla y que lo haga con diligencia, que se les ofrezca los servicios educativos y relacionados en el tiempo que sea.

Los padres y madres de estudiantes de Educación Especial exigen participación activa en el proceso de reactivación completa de clases y servicios. Otra exigencia que le hacen al Departamento y su primera ejecutiva es que “nombren los maestros y maestras que faltan en las plazas de educación especial y las demás, que no usen de excusa la merma de estudiantes”.