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Los derechos humanos en Puerto Rico

El rostro de la mujer, de la pobreza, el de la juventud, el estado colonial, la Ley de Cabotaje, lo precario del sistema de salud, la emigración, la inseguridad en que viven alrededor de 200 mil familias, el aumento de la pobreza de un 52.3% de la población tras el azote de los huracanes Irma y María, la Ley Promesa y su Junta de Control Fiscal (JCF), éstas y otras denuncias fueron presentadas en audiencia pública ante el Relator sobre la Pobreza Extrema de las Naciones Unidas (ONU) profesor Philip Alston, este pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ésta es la primera vez que el Alto Foro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, lleva a cabo una audiencia de esta naturaleza en Puerto Rico. La audiencia se llevó a cabo en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA). Según narró a CLARIDAD el licenciado William Ramírez, director ejecutivo de la Unión Americana de Derechos Civiles, capítulo de Puerto Rico, (ACLU, siglas en inglés), la audiencia en la Isla forma parte de un recorrido que el relator Alston hizo en el mismo Estados Unidos, en donde visitó Washington DC, los estados de California, Alabama y Georgia. La visita a EE UU fue gestionada por ACLU de EE UU durante la administración de Obama. En el caso de Puerto Rico, Ramírez contó que se mantuvo enviando informes a ACLU en Nueva York, sobre las condiciones de la isla tras el paso del huracán María, lo que evidentemente provocó que Puerto Rico fuera incluido en la visita.

Antes de dar paso a los deponentes, el relator Alston, dirigió un breve mensaje a los presentes, en el cual expresó que si hubiese una fiesta religiosa de la comunidad de los Derechos Humanos, ese día sería el 10 de diciembre, día en que se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en el 1948. Agregó que es un “buen momento” para estar en Estados Unidos y en concreto en Puerto Rico, ya que desde hace años los que están comprometidos con los derechos humanos, llevan insistiendo en que se debe prestar más atención a la dimensión económica de los derechos. El relator de la ONU apuntó que tradicionalmente el reconocimiento de los derechos humanos se concentraba en los asesinatos políticos, la tortura y la detención arbitraria, pero que es importante esa ruptura por ser una insuficiente e incompleta.

En esa dirección dijo que al día de hoy en todo el mundo incluyendo el mismo EE UU hay medidas políticas económicas que tienen un impacto en el disfrute de los derechos sociales. Puso como primer ejemplo el hecho de que el año pasado en Brasil se hizo una enmienda constitucional la cual impide al gobierno durante los próximos 20 años invertir en gastos públicos, es decir educación etc.

El segundo ejemplo fue la reforma contributiva que se debate en Estados Unidos ante la cual declaró “la política fiscal es también política de derechos humanos, las prioridades que se establecen en el presupuesto, las prioridades que se establecen en un sistema fiscal y sobre todo las cuestiones que se privatizan tienen efectos en el disfrute de los derechos humanos y no solamente en los derechos civiles”.

En esa dirección la audiencia en la Isla según expuso estaba dirigida a examinar las consecuencias de las políticas económicas y fiscales que se están aplicando al presente en Puerto Rico y las que se aplicarán en el futuro. Su tarea consiste en examinar la relación que existe entre la pobreza y los derechos humanos. El resultado de su visita será presentado primero en una conferencia de prensa en Nueva York en la ONU este próximo 15 de diciembre y luego el informe será entregado a la Alta Comisión en Bruselas.

La audiencia en el teatro de la UIA contó con una extensa lista de deponentes la cual comenzó con el profesor de Derecho Constitucional de esa facultad, doctor Carlos Gorrín Peralta, quien apuntó sobre la imposición de 1898, sobre el costo de las leyes de cabotaje, y hasta la imposición del arbitrio de 20% a las exportaciones hacia EE UU con la reforma contributiva. Le siguieron las economistas Heide Calero y Martha Quiñones, quienes expusieron sobre datos sobre la pobreza.

La otra deponente fue la socióloga Marcia Rivera que entre otros señalamientos denunció que no existe un plan comprensivo de reconstrucción del país tras el paso del huracán. Mientras Eva Prados, depuso por el Frente Ciudadano por la Auditoria de la Deuda (FCAD). Otro sector que depuso sobre la situación colonial y cómo la falta de poderes políticos afectan la situación económica, lo fue el Colegio de Abogados (CA) con la portavoz de la Comisión de los Derechos económicos, sociales y comunitarios, licenciada Mercedes Garriga.

En el tema de la salud presentaron testimonios el expresidente del Colegio de Médicos, doctor Eduardo Ibarra y los doctores Héctor Ortíz y Eduardo Zayas. Otros asuntos que se presentaron ante el relator fueron el cierre de las escuelas públicas, por la Federación de Maestros (FMPR), el impacto del huracán en la comunidad dominicana, la población con VIH y la situación de los deambulantes.

Oscar López “El preso es una mercancía, un esclavo”

Un sistema en el cual el preso es una mercancía, uno que mantiene al preso en la esclavitud y donde los únicos “derechos” reconocidos son apenas tres comidas al día y una cama. Así describió el sistema carcelario de Estados Unidos, el exprisionero político puertorriqueño, Oscar López Rivera, en una exposición en ocasión de conmemorarse este 10 de diciembre, el Día de la Declaración de los Derechos Humanos.

La actividad fue auspiciada por el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico (CPDH), organismo que por décadas lideró la campaña por la excarcelación de los presos políticos puertorriqueños, y que durante todo el tiempo que duro la campaña honró esta fecha. La actividad tuvo lugar en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC), en el Viejo San Juan. Al cabo de 36 años de encarcelamiento durante los cuales pasó 12 en aislamiento y otras arbitrariedades ameritan a López Rivera exponer con autoridad sobre el tema.

Como parte de la actividad antes de dar paso a la exposición de López Rivera, se presentó a la cantante Choco Orta, quien interpretó varias estrofas de una canción de su autoría dedicada al hoy exprisionero político. En tanto el portavoz del Comité, licenciado Eduardo Villanueva en introducción al tema expuso que en el modelo capitalista la política de “laize fair”, el encarcelamiento es parte de ese modelo el cual se ha incrementado con la política de la “mano dura contra el crimen”. En el caso de Estados Unidos señaló que a partir de la presidencia de Richard Nixon, y su política de “guerra contra las drogas”, mientras el 60% de la población en ese país es negra, hay más personas negras en prisión que en las universidades.

En ese hilo conductor López Rivera expuso que en EE UU hay dos sistemas carcelarios que son el estatal y el federal, y que es en la época de Nixon que comienza a tomar forma la idea de un sistema público y otro privado. Esto bajo la teoría de las élites de que en EE UU había un “exceso de democracia”. Según expuso el sistema privado fue diseñado para detener el flujo de inmigrantes por lo que la mayoría de las personas que están en estas prisiones son indocumentadas centro americanos. En tanto el sistema federal -aunque público- las políticas de la “guerra contra las drogas” han aumentado la población carcelaria.

López Rivera dijo que cuando llegó a la prisión de Leavenworth (Kansas) había 25 mil presos en el sistema federal hoy se estima que hay más de 50 mil presos en ese sistema. Como ejemplo de la política de Nixon de criminalizar el uso de las drogas el boricua criado en Chicago contó que en una primera visita a una prisión en Illinois, a la que fue invitado para hablarle a una comunidad musulmana se encontró con 12 presos que eran de su barrio en Chicago. Él creía que éstos se habían mudado-dijo- pero no. Contó que los jóvenes eran usuarios de drogas, quienes fueron arrestados al utilizar detectives especializados para arrestar a jóvenes en la comunidad puertorriqueña.

La política de Nixon fue seguida y aumentada bajo el presidente Ronald Reagan, quien cuando fue gobernador de California lo convirtió en el estado con más cárceles per capital de todo EE UU. López Rivera trajo el dato de que bajo la administración de Reagan se privatizó el sistema y más aun se abolió el derecho de libertad bajo palabra. Al día de hoy solo tienen derecho a libertad bajo palabra aquellas personas encarceladas antes de 1987.

Comparó que en el sistema privado hay alrededor de 250 mil presos cuyo costo es de más de $40 mil al año, mientras en el llamado público es de $6,800. Pero independiente de que la persona esté en una prisión pública o privada no hay nada en el sistema carcelario en EE UU que diga que el preso tiene otros derechos que no sean las tres comidas y una cama, el resto denunció, son “privilegios”. Si un preso rehusa lo que esa en la prisión de inmediato va al hoyo.

El patriota boricua expresó que la situación es peor para las personas indocumentadas ya que el privado lo que busca es maximizar sus ganancias. Un dato que llamó la atención es que en el sistema privado el dinero que la familia le envía a la persona en prisión es colocado en un banco comercial, los intereses de ese dinero los toma el banco. Otro dato que demuestra lo injusto del sistema es que aun cuando el preso trabaja 40 horas semanales lo más que llega a ganar son $120 dólares al mes.

López Rivera  no paso por alto el que Puerto Rico tiene a dos mujeres en prisión por obedecer a sus conciencias, Ana Belén Montes y Nina Droz. Ambas denunció tienen problemas de salud a lo que manifestó que “podemos estar seguros que no van a recibir los servicios que necesitan”.

En relación a Puerto Rico calificó que las casi mil personas con cadenas perpetuas, es como estar en sentencia de muerte. En ambos escenarios el sistema carcelario calificó es uno injusto e inhumano.

Los contratos de la AEE

De la manera en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) establece contratos no debe ser sorpresa para nadie que en estos momentos la citada corporación pública –según han aceptado el director de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF), Geraldo Portela, que la AEE se quede sin dinero esta misma semana.

Sólo hay que recordar el contrato más reciente de $300 millones con la empresa Whitefish, el cual aun cuando fue retirado como resultado de la indignación del pueblo y “asombro” del Congreso de EE UU, hubo que pagarle $2. 7 millones, de una deuda que alega Whitefish es de $83 millones. Antes del contrato de Whitefish en el 2016 estuvo el de la sindicatura ejecutado por la empresa Alix Parthner, y su oficial Liza Donahoue, quien recibió un pago de $43.5 millones en un año por su asesoría financiera.

Hace una semana la Junta de Gobierno de la AEE dio a conocer que había contratado a otro asesor financiero, Todd W Felisinger de la compañía Felisinger Energy Parthners por la cantidad de $5 millones hasta junio del 2018.

A la manera de pactar negocios se le suma la intervención partidista durante décadas que ha provocado que las deudas por cobrar de la AEE asciendan a $1,754 millones, eso a la fecha del 2014. El dato fue resultado de un estudio encomendado a la FTI Capital Advisors, del cual al menos su Junta de Gobierno y la alta gerencia de la AEE, deben tener conocimiento, y el que la mayor parte de esta deuda corresponde a otras agencias y corporaciones del mismo gobierno.

Un contrato reciente firmado por el hoy exdirector Ricardo Ramos el cual no han tenido mucha repercusión pública pese a las denuncias hechas por la Coalición de Organizaciones Anti Incineración (COAI), es la extensión del contrato a la incineradora Energy Answers (EA), por $784,000,000 a la citada incineradora, la cual se viene proponiendo desde 1999 y que al día de hoy, no ha puesto una sola piedra ni ha generado un solo vatio de energía.

Según aparece en la Oficina del Contralor, el contrato se recibió en la AEE el 24 de agosto de 2017 y fue otorgado el 13 de junio con una vigencia hasta el 20 de junio de 2047.

En entrevista con el asesor legal de la Coalición licenciado Pedro Saadé Lloréns, apuntó que el contrato es parte de la base económica que EA ha presentado a la Corporación de Desperdicios Sólidos (CDS) para impulsar su proyecto. El experto en Derecho Ambiental, explicó que el contrato es una extensión del contrato original que es del 2009. En el contrato original se supone que estipulaba un plazo de 84 meses máximos para que EA iniciara su operación, lo cual no cumplió. Con esta condición–apuntó el entrevistado– la AEE tenia la opción de terminar con el contrato. Una segunda parte del contrato le establece a la AEE la obligación de comprarle la producción neta de la generación de energía eléctrica que produciría EA.

La capacidad de EA para producir energía saldría de la quema de los desperdicios. El contrato contempla la transmisión en línea de un punto de transferencia desde la planta del incinerador, en Arecibo hasta a una instalación de la AEE. Según el contrato la infraestructura de esta transmisión la pagaría EA.

“Es increíble cómo ante las circunstancias en que está la AEE se haya hecho un nuevo contrato para extender la fecha en que Energy Answers podía tener iniciado el proyecto. Esta era la oportunidad de la AEE de liberarse de ese contrato y por el contrario Ricardo Ramos le firmó una extensión”, denunció.

Saadé Lloréns censuró además el que todas estas extensiones se hacen en secreto sin consulta previa al público, sin considerar el bienestar de la población, en fin sin justificación. Otro aspecto que dijo no se ha comentado es que el contrato que se extendió tiene una fórmula de pago que no se ha podido confirmar cuál será el costo del kilovatio hora. Este punto es pertinente debido a que se pretende mediante un contrato de EA con la ADS obligar a los Municipios a llevar la basura a la incineradora para su quema. Los municipios tendrán que pagar este gasto y luego la AEE le va a comprar la energía a AE, a juicio de Sadeé Lloréns eso representa un subsidio escondido a EA.

Los Municipios por su parte tanto la Federación como la Asociación de Alcaldes han denunciado el costo que representa para ellos esta disposición e incluso han dejado saber que no llevaran sus desperdicios a la incineradora. El método de la incineración resulta más caro que depositar la basura en vertederos.

El abogado y activista ambiental calificó el contrato como un absurdo tanto por su extensión, la falta de necesidad de la planta de incineración, e incluso la compra por parte de la AEE. “No es de beneficio ni para el pueblo ni para la AEE si lo llevamos a costo los consecuencias ambientales y de salud son mas”.

Otro aspecto que levanta interrogantes respecto a la renovación del contrato es el hecho de que la compra de energía a EA no está en el Plan Integrado de Recursos que la AEE presentó a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR). CLARIDAD intento sin éxito tener una reacción de la Comisión.

CON-TEXTOS: El Discreto Encanto de la Novedad: un debate incómodo pero necesario

… me pregunté a mí mismo sobre el presente:

cuán ancho era, cuán profundo, cuanto de él era mío para quedármelo…

Matadero Cinco, Kurt Vonnegut

Un fantasma recorre el país desde la inmediatez de la realidad que enfrentamos todos. Es el fantasma de la incertidumbre, que sobrevuela los espacios vacíos que esperan por iniciativas que los llenen, para bien o mal. Aunque suene arrogante, los independentistas tenemos un rol protagónico en el esfuerzo urgente que se necesita para romper el silencio sordo, confuso y tentativo que habita hoy ese espacio de discusión pública. Los contornos de la marca “el independentismo” han sido configurados por la decantación del efecto acumulado de luchas y sacrificios centenarios que el puertorriqueño respeta y admira. Hoy nos toca reconocer, no obstante, que esa imagen, sobre todo la de las organizaciones que han asumido el extremadamente difícil rol de liderarla, organizarla y proselitizarla, está lacerada. Entre otras razones, está marcada por la pátina inmisericorde del paso del tiempo durante el cual hemos seguido utilizando los mismos códigos discursivos, el mismo lenguaje, las mismas plataformas, algunas decimonónicas. Incluso parecería que ha perdido vigencia, como una melodía cansada que se escucha con el corazón, o como una pintura desgastada a la intemperie en un zaguán sin salida. Sí, nos motiva y nos reafirma, pero al mismo tiempo, ha dejado de ofrecernos respuestas.

Lo anterior puede decirse en números. Cada vez somos menos. Me refiero a los independentistas. Los que lo nieguen, viven en Transfalmadore, un planeta fuera de esta galaxia creado por el escritor del epígrafe, en el que existían cuatro dimensiones, todas falsas. Los que sobrevivimos al vuelo del fantasma, por más que intentemos negarlo, nos vamos quedando a la sombra de la historia reciente que nos acucia y nos pasa por el lado con alarmante rapidez, dejándonos al margen.

Eso es lo que plantea gente diversa, con la mejor intención (por qué dudarlo) y alguna razón. No todos arrastran historias personales de lucha. Iconoclastas irredentos otros, apenas acaban de comprar el boleto a un debate que antes se escribió con sangre, valor y sacrificio, algo que parecen no reconocer y tampoco (tal vez leí mal, no sé) respetar. Si bien todo planteamiento crítico debe ser bienvenido –sobre todo en un momento como este– algunas de las afirmaciones que lo provocan están plagadas de un atroz sincretismo simplista. ¿Acaso no ocurre que no importa lo que hagas, sencillamente el otro puede ser más poderoso?

Hemos enfrentado como país la ocupación militar desde finales del siglo XIX. Ya estamos en la culminación de la primera cuarta parte del siglo XXI. Nuestros compatriotas han sobrevivido todas las variaciones de las imposiciones de la metrópoli y las han resistido desde la óptica del que persigue sobrevivir. Somos la única colonia en el mundo en que esa sobrevivencia cotidiana ha estado siempre condicionada por el aspecto material y matizada por un discurso que refuerza la dependencia sin que hayamos tenido los medios para combatirlo. Nos conquistaron. Crearon una economía de enclave que saca más de lo que invierte. Finalmente, hoy, después de Promesa y de María, se nos humilla con una metadependencia absoluta, totalizante, metaforizada en un rollo de papel toalla lanzado por el presidente psicópata de la metrópolis a una muchedumbre imbecilizada en presencia del Gobernador de la colonia. FEMA y la Junta de Supervisión Fiscal estarán aquí pautando la economía y repartiendo dinero por al menos diez años más.

Cierto. Hay que inventar un proselitismo que prescinda de repetir el discurso cansado con el que nos intoxicamos, respirando el mismo aire narrativo en cuartos cerrados. Pero resulta injusto catalogar de “fracasos” o “derrotas” las estrategias utilizadas con inmensa valentía y conciencia del momento histórico, mucho menos cuando se proclaman desde cómodas atalayas. Los proponentes de nuevo cuño en la mayoría de los casos nunca antes han asumido riesgo alguno. Los que antes pusieron las joyas de la corona en el torno, la mayoría sin aspiraciones de protagonismo, tienen –tenemos todos– la obligación de llenar el espacio vacío de la incertidumbre. Pero nunca podemos perder de vista que Puerto Rico es único y complejo en extremos que no tienen comparables en el mundo. Asumir nuestra responsabilidad no puede deslegitimar la historia responsabilizándonos de la hiperrealidad de dominación que ha avasallado a nuestra gente desde el primer día, desde la cotidianidad de todos los días, desde todos los flancos, desde todas las vertientes y dimensiones, donde lo que es real no es visible, y lo visible no es real.

La tenemos bien difícil. Es como salir del planeta Transfarmadore, en el que la realidad simplemente no existe. Duele aceptarlo, pero como al personaje de Vonnegut, nos han despojado de casi todo, al punto de que ni siquiera sabemos hoy cuánto del presente es realmente nuestro. El discreto encanto de la novedad no nos garantiza nada.

Comentarios a: rei_perez_ramirez@yahoo.com

Vergüenza legislativa

Cuando una lee o escucha en la prensa los nombres de alguna gente electa a la Legislatura se sorprende de no contar con ninguna referencia suya, a pesar de que pronto se cumplirá un año de que inició el cambio de poder en la Casa de las Leyes. Así ocurre con el representante por Santa Isabel, Guayama y Coamo, Ramón Rodríguez Ruiz, cuyo caso abordamos en la columna anterior. Su actual notoriedad no se debe a los méritos de legislación que haya propuesto o al destacado trabajo que haya realizado a favor de sus constituyentes o a iniciativas creativas que haya desarrollado para el pueblo de Puerto Rico que paga por su salario y otros beneficios que su puesto le reporta, sino a las imputaciones por violencia de género que contra él se han levantado y a las peticiones de renuncia que su propio partido, el Nuevo Progresista (PNP), le ha hecho. En los últimos desarrollos, fue expulsado de su caucus y en un acto de desafío y desesperación por mantenerse en la bien pagada silla que ocupa, hizo una conferencia de prensa en la cual presentó a la víctima. Ésta, quien desde que recibió la visita de dos abogados “para orientarla” en el cuartel de la Policía donde hizo la denuncia, se retractó de sus declaraciones iniciales, no contestó preguntas. Doy por sentadas las presiones que debe haber recibido y que en el desenlace final que tenga esta historia no va a haber persona más perjudicada que ella.

La historia de desmanes en el poder legislativo de Puerto Rico es extensa. Desde septiembre algunos casi han pasado por debajo del radar debido a que la prioridad mediática y la atención de la gente está en la condición del país, la restauración de la energía eléctrica y otros servicios, así como el probable agravamiento de la crisis económica de Puerto Rico. Esto último, si el proceso de reforma contributiva que se desarrolla en el Congreso de Estados Unidos se lleva por el medio nuestra industria manufacturera por el impacto que tendrá sobre compañías norteamericanas establecidas en la Isla. De particular importancia es la propuesta legislación sobre menores que incurren en faltas o lo que el sistema de justicia puede cualificar como conducta delictiva. ( Véase la columna del 24 de julio de 2017- “Cuando el Atropello Sustituye a la Justicia”). El principal problema que está puesto sobre la mesa es el enfoque altamente punitivo que tiene el procesamiento de niñas y niños de 7, 8, 9, 10 años, como Alma Yadira Cruz Cruz, muchos de los cuales tienen diversidad funcional, provienen de familias que viven en la pobreza o en condiciones de extrema vulnerabilidad. La legislación actual no tiene un límite de edad para procesarles, lo que permite que el protocolo de arresto, uso de esposas, traslado a cuarteles, al Tribunal de Menores y a instituciones juveniles, que no son otra cosa que cárceles, les sea aplicado desde tan temprano.

En la Legislatura se presentaron dos proyectos sobre el particular. El de la Cámara surgió de la mente calenturienta y represiva de su presidente, Sr. Johnny Méndez. Mantiene la ausencia de un límite de edad y propone que todo menor que incurra en faltas Tipo II y III, que son el equivalente a delitos graves, sea juzgado como adulto. El del Senado cuya autoría es del legislador José Vargas Vidot, establece la edad mínima para procesar en los 14 años. Para niñas y niños que tengan menos se proponen métodos alternos, no punitivos, para atender sus conductas. Sorprendentemente, ambos proyectos fueron llevados a votación en el Senado y será el gobernador quien decidirá cuál firmará. Tal vez la memoria me falla, pero no recuerdo haber escuchado cosa igual, a pesar de todas las barbaridades que en la Legislatura de Puerto Rico se cometen.

Quién sabe cuál fue el pacto entre los presidentes de Cámara y Senado. Rivera Schatz dijo que favorecía el proyecto iniciado en el cuerpo que dirige, pero movió la maquinaria de la mayoría para endosar también el de su homólogo. Le puso la papa caliente en las manos al Gobernador Ricardo Rosselló, quien no se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos humanos y con quien mantiene una lucha interna de poder, a pesar de las hipócritas que ambos intercambian. Lleva las de perder la población de menores que requieren de un enfoque social y humanista; no punitivo y de escarmiento. Después de todo, no son responsables de la desigualdad social, de la pobreza, de un sistema educativo que no atiende sus necesidades y de trogloditas con poder que legislan por fanatismo y no por racionalidad y las necesidades del Pueblo.

Es sabido que en los últimos días de sesión legislativa suelen incrementarse los atropellos de quienes deciden asuntos fundamentales para nuestras vidas por medio de estatutos y políticas públicas. Se les facilita cuando su mayoría es tal que pueden aprobar lo que quieran y las minorías solo tendrán disponible el récord legislativo sobre sus posturas para el futuro. Cuando el PNP arrasó en las últimas elecciones copó las tres ramas de gobierno, pues desde Fortuño logró establecer mayoría en el Tribunal Supremo. Lo que no ha podido dominar es la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) porque fue el Partido Popular Democrático (PPD) el que nombró a la Jueza Presidenta. A ésta le corresponden los nombramientos en la OAT, así como la asignación de las salas a jueces y juezas, una vez son nombrados por el gobernador y confirmados por el Senado. Pero los azules no se detienen en la búsqueda de su presa, que es controlarlo todo. Antes de iniciar la redacción de esta columna me topé en el periódico con que el último día de la sesión, sin vistas públicas y a fuerza de mollero, se aprobó legislación que reduce facultades de la Jueza Presidenta respecto a las asignaciones de jueces. El pleno del Tribunal podrá intervenir, según surja la necesidad para modificarlas. “La necesidad” será cuestión de apreciación mayoritaria, lo que abre más las puertas al partidismo. Además, el Tribunal con mayoría ideológica PNP, podrá tomar la iniciativa para certificar controversias que se inicien en Primera Instancia para que sean atendidas directamente en el más alto foro. Es predecible lo que ocurrirá cuando esas controversias sean político partidistas o de contenido religioso o fundamentalista. Como si fuera poco, también se aprobó un cambio en el término de incumbencia en la judicatura para aumentarlo de 12 a 16 años, sin posibilidades de renominación. EL partido dominante debe haber hecho el cálculo de cuántos tienen y cuántos pueden nombrar para redactar la propuesta de ley. No en vano el número de años sigue siendo par y coincide con los cuatrienios electorales.

Son pocas las excepciones entre integrantes de la Legislatura a quienes podemos nombrar sin sentir vergüenza. En tiempos tan cruciales, qué confianza podemos tener en quienes se supone representen nuestros intereses; por qué la defensa de algunos como Ramón Rodríguez Ruiz es que otras y otros también actuaron mal y están allí; cómo es que una persona como Johnny Méndez que utiliza tiempo por el que le pagamos para ayunar y hacer proselitismo religioso para que mejore la situación económica de Puerto Rico y que encima preside la Cámara de Representantes, se siente con autoridad para darle escarmientos a menores del país; cuán impunemente degradan la democracia al legislar sin vistas públicas. No creo en el dicho de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. El pueblo boricua no merece la vergüenza que hay en la Legislatura.