«Esta es una comunidad que precisamente por ese largo historial de lucha, de combatividad, por la contaminación que han generando estas compañías y los abusos que se han cometido contra ella es bien firme y es bien combativa, ésto es una familia que se cuida, se protege mucho y que cansada ya de los abusos han decidido que deben presentar resistencia, si no lo hacen van… a terminar dejándole a sus hijos un ambiente deteriorado que no van a poder vivir aquí”. Así se expresó Janina Moreno, una de las portavoces del Campamento contra el depósito de cenizas en Peñuelas, sobre la determinación de esa comunidad de continuar su lucha hasta alcanzar su propósito.

Contrario a la impresión que pretendió dar la administración de Ricardo Rosselló Nevares con la firma de la Ley 40 de que estaba prohibiendo el depósito de cenizas de carbón en vertederos del país, dos días después de su firma, a mediados de la semana pasada el pueblo de Peñuelas, amaneció ocupado por más de 500 efectivos paramilitares, incluyendo el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía, todo con el propósito de facilitar la entrada de camiones de la compañía AES para depositar sus desperdicios de cenizas de carbón en el vertedero Eco Waste System, (EWC) en el citado pueblo.

Las imágenes de la Policía agrediendo a los manifestantes en la madrugada del martes (11 de julio) corrieron por las redes sociales y medios de comunicación. Los residentes de Peñuelas, en particular los de las comunidades más cercanas al vertedero en el sector Seboruco se mantienen día y noche en el campamento, algunos están toda la noche, otros llegan de madrugada y así alternándose han tratado de impedir la entrada de los camiones.

Moreno narró a CLARIDAD que desde el miércoles habían recibido innumerables visitas de diversos grupos de toda la Isla, “incluso gente que ha estado de visista en Puerto Rico han llegado al campamento. Hoy (jueves) quizás hay menos manifestantes porque una de las estrategias que usó la Policía fue bloquear todas las entradas hacia el pueblo”. Denunció, además, que esta maniobra de la Policía ocurrió durante toda la noche y temprano en la mañana del miércoles y jueves por lo que comenzaron a hacer la denuncia por las redes y otros medios de que estaban secuestrados.

El campamento contra el depósito de cenizas fue levantado hace dos años, aunque en los pasados seis meses hubo una baja actividad ante la paralización de los depósitos. Moreno, quien es maestra, describió que cerca del vertedero hay una escuela intermedia y supeior y un centro de cuido infantil. “La mayoría de los que están en el campamento son personas mayores que han sufrido el embate de la contaminación ambiental de las petroquímicas, refinería, plantas de ácidos que dejaron los estragos de esa contaminación. En los útlimos años hemos visto cómo ha aumentado la incidencia de enfermedades respiratorias y de cáncer, en este último mes en la comunidad hemos tenido que enterrar a una y dos personas por semana”. Al describir la situación como una impactante la activista denunció la actitud de indiferencia que ha mostrado hasta el momento el Departamento de Salud.

En tanto Jimmy Borrero, otro de los portavoces denunció el incidente provocado por un chofer de uno de los camiones que circuló el jueves en la mañana. Según contó el chofer se bajó de su camión para provocar a los manifestantes y la Policía en lugar de denunciar al chofer, radicó una denuncia contra Borrero. “La alegación del conductor es que, cuando se iba el teléfono se le cae y se bajó a recogerlo, hizo una declaración jurada y no fue a denunciarme al tribunal, fue a mí a quien le encontraron causa probable, me pusieron dos fiscales. Nunca habíamos visto eso”. Esa misma mañana fue arrestado el joven Elvis Vázquez Ortíz, quien fue mantenido incomunicado y en lugar desconocido hasta las cinco de la tarde.

Alrededor de siete personas habían sido arrestadas hacia fines de esta semana por enfrentamientos con la Policía. Los portavoces del campamento reclamaron la necesidad de que se regrese al proyecto original que prohíba el depósito de cenizas en todo Puerto Rico. Borrero atribuyó al senador Carlos Rodríguez Mateo, quien preside la Comisión de Recursos Naturales, del Senado y al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, el que se haya desvirtuado el proyecto. Antes de ser secretario de Asuntos Públicos del gobernador Rosselló Nevares, Rosario, fue abogado de la compañía del vertedero EWS.

Borrero acusó que “todos sabíamos que Carlos Rodríguez Mateo nos estaba tendiendo una trampa, sabíamos que lo que hacía era darle largas al asunto y que al final él se iba a vender porque este senador fue alcalde de Salinas y fue el primero que permitió que llenaran a Salinas de cenizas tóxicas, lo usaron en proyectos de construcción y rellenar terrenos. Se ha hecho rico vendiéndose a grandes intereses igual que Ramón Rosario, ésos son los que están detrás de todo esto”.

Entre los que se movilizaron a Peñuelas estuvo la religiosa Lissie Avilés, miembro de la Orden Dominica de la Santa Cruz. “Llegamos justamente en la mañana movidos por todo lo ocurrido en el día de ayer(miércoles) no nos podíamos quedar con los brazos cruzados mirando desde la distancia”.

La bióloga marina y delegada del Arzobispo de la Pastoral Ecológica señaló que el asunto del depósito de cenizas no se refiere sólo a Peñuelas. “Cuando le seguimos el rastro a las cenizas nos damos cuenta de que en el resto del archipiélago se ha utilizado. Lamentablemente siempre es en lugares de poblaciones de escasos recursos, algo que es vergonzoso utilizar el carbón, que es el origen del asunto, el uso del carbón para generar energía”.

Más allá trajo a la atención que los daños por el uso del carbón para generar energía se extiende a los lugares de donde se extrae. “Tenemos conocimiento de que en Colombia casi siempre se extrae de lugares muy sensibles a nivel ecológico y social entonces, no es únicamente un asunto puntualizado en Peñuelas, puntualizado en Puerto Rico sino también que nos une y nos hace corresponsables de daños en otros países, en otros lugares de donde procede la materia prima”.

Denuncia a Recursos Naturales

Mientras en entrevista con CLARIDAD el veterano investigador biólogo, Miguel Canals, quien fue manejador del Bosque Seco de Guánica por años, señaló la importancia del bosque aledaño al vertedero y cómo le afecta el depósito de cenizas. Apuntó a que además de los problemas de salud que provocan las cenizas en las personas, también ya es notable los efectos que provocan el vuelo de las cenizas en la flora y la fauna del sector mediante la cadena alimentaria. Dijo que es notable la mortandad en las plantas y en los insectos.

Denunció que el vertedero sigue expandiendo sus límites de corteza terrestre sin tener ninguna supervisión del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Canals describió que la zona donde está el vertedero es una zona kársica en donde hay pozos y sumidores y ya hay casas en donde cuando se abre la pluma lo que sale es un líquido color ceniza, lo que es agua contaminada.

Continuó diciendo que el DRNA también está incumpliendo con su responsabilidad al no monitorear la deforestación que se está llevando a cabo desde hace tres meses. Canals dijo que ha estado tomando fotos aéreas donde se ve que la expansión del vertedero ya va por 110 cuerdas adicionales, cuando sólo tienen permiso para 25 cuerdas, “por lo tanto está ocurriendo una pérdida de ese patriomino del área circundante al vertedero”.

Canals, denunció que la secretaria del DRNA “tiene que tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo. Ha sido cómplice al permitir y no supervisar las labores que se están llevando a cabo”. Según calculó en dos días ya se habían depositado más de mil toneladas de cenizas, (el uso de casi 90 camiones) lo que puede levantar un perímetro de 300 por 500 pies, unos 15 pies de elevación. Censuró que el depósito de cenizas no se está usando para lo que se alega que es estabilizar la basura ya que en ese vertedero no se deposita basura.

El científico fue enfático en denunciar que desde el punto de vista ambiental la situación es una seria. Reparó que desde el punto de vista ambiental el sector tiene igual y hasta quizás una mayor diversidad que el Bosque Seco de Guánica, porque es un área que fue abandonada de las técnicas agrícolas desde los años 1950, mientras el bosque de Guánica que es un patrimonio mundial, ha tenido varias intervenciones.

Más aún, Canals trajo el dato de que desde el 1976 en el Plan Maestro de Puerto Rico esa área junto al Bosque Seco estaba establecida como una de conservación. Entre la flora en peligro de extinción que dijo tiene el sector están los árboles de Guayacanes, Tachuelos, Palo de Rosas y Guayacán blanco.

En el Conservatorio de Música de Puerto Rico se presentaron Juan Dalmau, Alexandra Lúgaro y Manuel Natal como parte  de los esfuerzos que realiza el periódico CLARIDAD para allegar fondos y continuar adelantando la gestión que ha hecho por la independencia y la soberanía de Puerto Rico con el paso de más de ’58 años de existencia ininterrumpida.

El pasado jueves 13 se efectuó el conversatorio “La alianzas: Puente a la descolonización”, el cual sirvió para dejarles saber a los y las presentes que tras los primeros pasos del llamado Junte Soberanista hay un espacio abierto para las alianzas políticas y que hay personas comprometidas con el futuro de Puerto Rico.

Entre otros temas, hablaron de qué significó el resultado y conceptualización del pasado plebiscito de estatus, de cómo se manejó ese proceso electoral desde los adentros de instituciones políticas como el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), de los planes futuros de la alianza que conlleva el Junte, y de cómo esta alianza ha roto paradigmas en momentos en que, precisamente, urge un cambio político en el País.

Uno de los aspectos que se hizo evidente durante todo el foro fue que, sin ellos haberlo escogido, se han presentado como la cara del denominado Junte, pero que muchas otras personas y organizaciones son parte integral de esta alianza política. Asimismo, los ponentes enfocaron la cualidad que deben tener las alianzas, como la ha tenido el Junte, de hacer causa común a pesar de las diferencias.

Según aseguró el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Natal, “somos muchos en este País los que estamos de acuerdo, no sólo en la descolonización de Puerto Rico, sino en el rechazo a la Junta de Control Fiscal, el rechazo a las políticas de austeridad que ha implementado esta administración, particularmente lo que tiene que ver con la reforma laboral…lo que permite el Junte es que personas que no estamos de acuerdo en todo podamos encontrarnos en un mismo espacio”.

“Yo haré lo imposible para continuar atrayendo a esas personas dentro del PPD que creen en la descolonización de Puerto Rico y en proyectos de alianzas entre personas que no necesariamente piensen igual en todos los temas, pero que aman a Puerto Rico como los que estamos en este espacio”, contestó Natal ante la pregunta que le hizo la presentadora, Millie Gil, de cómo él podrá impulsar las alianzas políticas teniendo un escaño dentro del PPD.

En esa misma línea, el joven representante continuó diciendo que el Partido Popular, al no respaldar de lleno el boicot al plebiscito, dejó pasar otra oportunidad para que la Institución le dejara saber al País cuál es el proyecto de futuro…La única posición de futuro que puede defender el PPD es la libre asociación, cualquier otra cosa significa que el PPD no contará con el aval del pueblo puertorriqueño en próximas ocasiones”.

En el caso de Alexandra Lúgaro, quien durante la campaña para su candidatura independiente como gobernadora había experimentado la unión de personas con ideologías diferentes, expresó durante el conversatorio que lo que le atrajo del Junte fue la gran oportunidad que tenían –y tienen– de desmitificar ideas preconcebidas de lo que es una soberanía política, y la oportunidad de reunir a un grupo de individuos y organizadores que no han tenido que renunciar a sus creencias, sino buscar puntos de consenso.

Durante el foro se comentó en varias ocasiones el adelanto que significa el Junte en este momento histórico porque prueba que urge un modelo de madurez política que cambie paradigmas y que sea una opción de futuro ante el panorama desalentador que presenciamos los y las puertorriqueños(as).

En ese sentido, como representante del PPD, Natal señaló que “dentro de las estructuras del Partido Popular hay personas progresistas fuera de las posiciones de liderato. En mi caso, aspiro a que se de ese cambio de liderato. Si usted me pregunta si el PPD será parte de esas alianzas, la respuesta es la siguiente: si el Partido Popular quiere ser opción de futuro para este País, tiene que entender que el PDD del 2017 no es el mismo de los ’50, que ganaba solo”.

Para Juan Dalmau, actual senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), a pesar de las críticas que ha habido sobre el Junte y quienes lo componen, la importancia de esta alianza es el aprendizaje de que una alianza no es una fusión. El independentista fue enfático en que sobre las diferencias que poseen los integrantes del Junte se ha construido una línea de respeto que ha permitido que nadie renuncie a su ideología ni que sea impugnado por lo que representa.

Ese respeto que se respira en el Junte, según Dalmau, está anclado en el desprendimiento personal y en la ausencia de protagonismo que han demostrado los integrantes, aspectos necesarios para avanzar hacia los objetivos comunes como la defensa de la UPR, el reclamo al sistema de salud y a las condiciones ambientales, y las denuncias a la Junta de Control Fiscal y a las políticas de austeridad.

Otra de las preguntas que se discutió durante el conversatorio fue qué se está haciendo para solidificar la alianza que defiende el Junte. Juan Dalmau ha utilizado la frase “manténgase en sintonía” con la intención de que la gente esté pendiente de lo que se está gestando desde la mesa de diálogo del Junte. Sin embargo, la frase podría no gustarle a muchas personas que están deseosas de saber cuál es el futuro de ese esfuerzo colectivo. Esas palabras no denotan falta de acción, “sino la idea de que cada acción debe corresponder a su planificación, a su momento específico y a la efectividad”, dijo el senador independentista.

A lo anterior añadió que “las cosas cuando se les da mucho anuncio, tienden a malograrse…Hemos sido celosos con hacer más y decir menos”. Según el senador, el Junte “ha llenado de esperanza a la gente, representa un nuevo paradigma y oportunidades de esfuerzos conjuntos. Por eso, hay que ser muy celosos con lo alcanzado, que es mucho”.

Finalmente, Alexandra Lúgaro piensa que “en este País lo que se ha interpuesto ante la soberanía son los miedos preconcebidos de que no podemos ser libres porque no tenemos los recursos, de que nos vamos a convertir en Cuba o Venezuela”. Sin embargo, para la licenciada el País está maduro para darle paso a las alianzas políticas, y además “está demostrando que se tienen que dar, que el aparato político se tiene que transformar o está destinado a desaparecer”.

Ahora, según señaló la joven, para lograr ese cambio político “se necesita un liderato dispuesto a hacer sacrificios electorales, candidatos que no tengan como prioridad ganar votos, sino que hagan lo correcto les cueste los votos que les cueste…Precisamente, eso es lo que se ve en este Junte. Sabemos que estamos parados del lado correcto de la historia”.

Gracias a la solidaridad del pueblo puertorriqueño, tanto la facultad como los y las estudiantes de la escuela Solidarité en Leogane, Haití recibirán el próximo año escolar abastecidos de materiales.

El Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití agradece a todos y todas los(as) que se solidarizaron con la campaña de recogido de mochilas y efectos escolares para la comunidad de la escuela Solidarité. De manera especial, el Comité le da las gracias a todas las personas que pasaron por la sede del periódico CLARIDAD para dejar sus donativos.

Con sonrisas y al son de “mesi” –gracias en creole–, niños, niñas y jóvenes recibieron a la delegación del Comité que la semana pasada fue a entregarles parte de las donaciones, comentó a este medio Lucy Magali Millán, una de las portavoces que tuvo la oportunidad de sentir de cerca la alegría de los niños.

“Fue mucho más de lo que esperábamos porque eran aproximadamente 2 mil mochilas. La gente se botó, no solamente con las mochilas, sino con los materiales escolares que les echaron adentro”, dijo Josefina Pantoja, integrante del Comité. Como los donativos superaron las expectativas, en ese primer viaje llevaron 300 bultos y parte de los materiales. Durante esta semana, harán un segundo viaje, esta vez en Ferry, para terminar la entrega del resto de los útiles.

Además de personas de todos los pueblos del País, se unieron a esta campaña las parroquias de la Diócesis de Caguas. En ese sentido, la iglesia de San Antonio de Padua, del municipio de Barranquitas, donó 600 mochilas, la iglesia de Cayey centro donó 200, mientras que iglesias católicas de Juncos, Gurabo, Naranjito, Comerio y Caguas también se solidarizaron con la causa. El Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití también extiende su agradecimiento a la Liga de Cooperativistas de Puerto Rico, a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, y a la organización Red de Solidaridad y Esperanza.

Esta campaña se realizó por primera vez cuando el Comité inauguró la escuela Solidarité en noviembre de 2011. El plantel, localizado en Leogane, atiende a una matrícula de 260 estudiantes de comunidades aledañas. Asimismo, a chicos y chicas de los orfelinatos Nuestra Señora de Notre Dame y Hogar Nueva Esperanza. Los niños y niñas de los Orfelinatos Fe y Alegría también obtendrán mochilas.

“Es una de la naciones del Caribe más cercana a Puerto Rico, pero es tan olvidada y discriminada por la gente. Fue una nación pionera en lograr su independencia, su libertad y la abolición de la esclavitud, así que desde antes de que se formara el Comité tenía ese interés por Haití. Una vez que conecté con el trabajo solidario con Haití, que trasciende la parte caritativa de donar cosas si hay desgracias atmosféricas (que es lo importante, pero no lo determinante), mi interés es que se continúe hablando de Haití y que sea una solidaridad constante, no de ocasiones”, comentó Pantoja sobre el porqué de su desprendida labor para el pueblo de Haití. “Además, que cuando tú les ves los ojitos a esos nenes y a esas nenas, no te queda de otra”, concluyó.

Como un proyecto peligroso con la intención de privatizar las playas para facilitar la construcción de proyectos turísticos dirigidos a público del exterior, varios entrevistados coincidieron respecto al proyecto de la Cámara de Representantes PC 812. Alegadamente el propósito del proyecto es “establecer los límites del dominio público marítimo respecto a las propiedades colindantes”.

A preguntas de este semanario el profesor de ocenografía física, doctor Aurelio Mercado, acotó que el proyecto es uno que amerita aclaración, “algo que trataré de hacer lo más resumido posible”. El profesor del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR-M) comenzó por narrar que desde por lo menos el tiempo de los romanos se ha reconocido que las playas son públicas. En el caso de Puerto Rico, España adoptó la Ley de Aguas de 1866, la cual reconoció que las playas son públicas y la trajo a la Isla en 1886 bajo la Ley de Puertos. Esa ley de 1866 se basó grandemente en el Código General de Aguas (1859) de Don Cirilo Franquet y Bertrán, reconocido ingeniero de canales de esa época. En el capítulo titulado Aguas Saladas, el Ing. Franquet razonablemente concluyó que las mareas de las costas del Mediterráneo español no eran sensibles comparadas con las mareas del Mar Cantábrico al norte de España. Eso por la sencilla razón de que las mareas en el Cantábrico suben y bajan de 3 a 4 metros, penetrando así kilómetros tierra adentro de la península ibérica. Mientras que en el Mediterráneo las mareas son micromareas, variando por solo centímetros en muchas partes, mojando así una angosta franja de playa.

Con el objetivo de definir una zona marítimo-terrestre (ZMT) de suficiente ancho que sirviera para el uso y disfrute de la ciudadanía, de manera lógica Franquet y Bertrán concluyó: “Las playas del mar que comprenden todo el espacio que bañan las pleamares en el Océano y las mayores olas durante las tempestades en el Mediterráneo, pertenecen al dominio público nacional”. De ahí es que sale la tan trillada frase de “marea sensible vs marea no sensible”. En el Atlántico español la marea es sensible, y en el Mediterráneo no es sensible. Así se dispone tanto en la Ley de Aguas española de 1866, como en la Ley de Puertos de 1880 adoptada en la Isla en 1886.

Mercado censuró el que aquí en Puerto Rico, los que desean privatizar nuestras playas, le han dado un giro a esa definición argumentando que la marea es sensible sólo cuando se puede manifestar horizontalmente, y es no sensible cuando no puede hacerlo. “Por ejemplo, pegado a un acantilado. Y por lo tanto, en una playa, como la marea es sensible, hay que usar la línea de marea alta para delimitar la playa pública de la privada. Lo cual arroja una estrecha franja de apenas unos pocos pies de ancho. Y sólo frente a un acantilado es que se puede usar el criterio de olas de tormenta”.

Alertó que en el caso judicial de Buono Correa vs DRNA el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) concluyó que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el que tiene el conocimiento para usar una serie de criterios para deslindar la ZMT. Estos criterios son; marea alta, olas, vegetación, mangles, o dunas. El PC 812 propone eliminar esa discreción y dice que, donde la marea sea sensible, solo se utilizara la costa de la marea alta (playa “mojada”), siendo el resto de la playa (la “seca”) propiedad privada. “Obviamente, eso no es lo que la legislación española quería decir con marea sensible vs. no sensible. Olvídense de las dunas, olas, etc. Tierra adentro del deslinde de la ZMT existen las llamadas servidumbres, propiedad privada con el gravamen de que el público puede usarlas”. Mercado desmintió que lo que dice el proyecto de que no habrá cambio alguno ya que el público podrá seguir usando la playa “seca”.

“No nos podemos dejar engañar. Entre el 2000-2008 la Junta de Planificación adoptó un reglamento (el 85.07) que permitía la construcción dentro de la servidumbre de salvamento, solo dejando seis metros de separación con el deslinde de la ZMT. Por esto, y más razones, es que no se puede permitir que el deslinde de la ZMT se haga tan cerca de la orilla”.

Por su parte el experto en derecho Ambiental, profesor Pedro Sadeé Lloréns también describió como “peligrosisíma” la medida. “Ese proyecto tiene el peligro de hacer perder áreas públicas a intereses privados por la forma en que maneja la definición de ZMT porque no está bien estudiado e ignora que este es un asutno que ha estado trabajando una comisión del DRNA”.

Apuntó a que no es la primera vez en que se radica un proyecto con esas intenciones, como por ejemplo lo fue, con la controversia de La Parquera, que pretendía ceder derecho de propiedad a las casas ilegales que hay sobre la laguna. Sadeé Lloréns coincidió en que a la luz de todo lo que sucede con el Cambio Climático, de haber una revisión de la definición de la ZMT debería ser para ampliarla y no para reducirla.

Mientras el planificador ambiental Jorge Rivera Herrera, hizo la anotación de que era importante discernir en cuanto a las implicaciones de la definición de la ZMT sobre la titularidad del terreno y los usos que se le deben aprobar y/o permitir. “El hecho de que se reconozca la franja del ancho que sea como un bien de dominio público de la ZMT eso implícitamente asigna a esos terrenos como de dominio público y un ente privado no puede tener un uso exclusivo sobre los mismos, así que evidentemente el propósito es para privatizarlo”.

Hizo la salvedad de que aun tomando en consideración el CC, no necesariamente hay que reconsiderar la definición de la ZMT, por lo que es importante que el estado pueda discernir ya que, el estado puede adoptar una serie de medidas que permitan o limiten los usos más allá de la ZMT, lo que son bienes de dominio público. Insistió en que el estado puede reconocer precisamente los impactos que ya estamos recibiendo del CC, impactos previsibles de cara al futuro, como lo son las consecuencias del nivel del mar. “El estado en un ejercicio responsable dirigido al desarrollo económico y de la conservación de los recursos naturales sobre todo a la seguridad pública debe de ser más estricto o efectivo en cuanto a los usos a permitirse en los terrenos cerca al litoral costero, tanto los privados como los de dominio público”.

Al igual que los otros consultado Rivera Herrero, dijo que no cree que se necesite una redefinición de la ZMT. “Hay una realidad para bien o para mal, muchas personas han interpretado de una manera diferente lo que es el espacio que cubre la ZMT. Esa interpretación ha llegado al Tribunal Supremo de Puerto Rico es evidente que hay una incongruencia en cómo se ha interpretado lo que es el límite interior de la ZMT tan es así que el DRNA lo ha aplicado de forma irregular según el caso a través de todo Puerto Rico durante años y décadas”. Atribuyó que esa inconsistencia del DRNA es lo que en gran medida ha llevado a todas esas interpretaciones de lo que es el límite interior de lo que es la ZMT. Al igual que Mercado, el planificador ambiental se refirió a los orígenes de la definición española de la ZMT.

“Cuando se adopta esa definición por la corona española había un reconocimiento del acceso que todo ciudadano debía tener al mar como parte de un derecho natural al disfrute de lo que son elementos básicos en la vida y la necesidad de salvaguardar esa línea de costa para actividades del comercio y la seguridad tanto de los individuos como la nacional y de ahí es que surge la franja de la servidumbe de vigilancia como de salvamento, un terreno hacia el interior de la tierra continúo al límite inferiror de la ZMT”. Aunque esa franja inferior es privada -aclaró- ésta tiene que estar expedita de estructuras permanentes para que no obstruya a las fuerzas militares para que pudiesen llevar a cabo precisamente sus tareas de vigilancia y la servidumbre de salvamento es para que en caso de naufragio las personas que pudiesen llegar hasta la playa, así como la mercancía que se pudiera salvar se pudiera almacenar en esos terrenos privados como medida de emergencia y que el dueño no pudiera reclamarlos como suyos.

Rivera Herrero defendió que todavía hay razón de ser de esa definición; uno el derecho natural del acceso al mar, el que la legislación responde a las intenciones de privatización y construcciones de lugares turísticos para un público exterior. “Es parte de una tendencia de décadas en las que el gobierno continúa renunciando a su deber de velar por los bienes públicos para colocarlos en manos privadas”.