«Sólo se dispondrá de la propiedad y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento de las instituciones del estado…” Así reza el Artículo VI, Sección 9, de la Constitución de Puerto Rico que, en diversas ocasiones, ha sido invocado para impedir el uso de fondos públicos en gestiones puramente partidistas. Ahora, sin embargo, el escudo comienza a desaparecer.

Desde principios de este año, ante el empuje anexionista que la nueva administración de gobierno ha decidido lanzar, ese artículo de la Constitución ha vuelto a ser reinterpretado por la actual mayoría del Tribunal Supremo, y lo será aún más en los próximos meses, para que esa campaña pueda financiarse con fondos públicos. Ya hubo una primera decisión judicial y en los próximos años aparecerán otras que irán desmantelando dictámenes previos que protegían los dineros del pueblo de la voracidad partidista.

El último acto dentro de ese empuje anexionista fue la creación mediante legislación de una llamada “Comisión de la Igualdad” a la que inicialmente, y sólo para el primer año de funcionamiento, se le asignó un presupuesto de $380 mil dólares para gastos. Se trata de un cuerpo, integrado mayormente por viejos cuadros del Partido Nuevo Progresista –como Carlos Romero Barceló, Pedro Rosselló y Charlie Rodríguez– que abiertamente cabildeará en pro de la estadidad en Estados Unidos y que, entre otras cosas, contará con una oficina en Washington pagada por el tesoro público puertorriqueño. Además de esos tres cangrimanes estadistas –dos exgobernadores y un expresidente del Senado isleño– a la comisión se nombró al expelotero Iván Rodríguez, buscando que su popularidad en Estados Unidos le abra puertas que de ordinario estarían cerradas. A algunos congresistas no les entusiasma recibir a Romero ni a Rosselló, carcamales jubilados, pero les gustaría hacerse una foto con Rodríguez quien por sus ejecutorias como pelotero de Grandes Ligas es miembro del Salón de la Fama del béisbol.

La inclusión de Rodríguez ha afectado en algo el plan anexionista porque el flamante “funcionario del gobierno”, quien durante su época de pelotero tuvo ingresos superiores a los $120 millones, le incomoda lo del financiamiento público y al ser nombrado, solicitó que la comisión no opere con fondos gubernamentales. Ese pedido puso sobre el tapete el problema ético que muchos ya han denunciado y obligó a Rosselló a decir que “la consideraría”. Hasta ahora, sin embargo, nada se ha hecho y muy probablemente nada se hará. La naturaleza “pública” de la comisión es parte de un plan muy estructurado para adelantar la estadidad utilizando la estructura del Gobierno, que tendría que ser revisado para atender las incomodidades de Rodríguez.

Al expelotero, que ahora es parte de la “empresa privada” debe preocuparle que la pertenencia a la comisión de cabilderos lo convierte en “funcionario público” sujeto a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental. Pero ya buscará la forma la Legislatura de darle vuelta a las preocupaciones éticas de Rodríguez sin impedir que la comisión siga chupando del tesoro público.

Desde un viejo caso conocido como PSP vs. ELA, decidido en 1978, el Tribunal Supremo de Puerto Rico había señalado que el antes mencionado artículo de la Constitución impedía que se utilizaran fondos públicos para fines partidistas y, más importante aún, que la promoción de un particular status para resolver el problema político puertorriqueño constituye una gestión partidista. En aquel caso se impugnó legislación aprobada durante el primer cuatrienio de Carlos Romero que permitía el uso de fondos públicos para organizar aquí las primarias de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2000, amparándose una vez más en la Sección 9 del Artículo VI de la Constitución, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley aprobada en los últimos meses de la administración de Pedro Rosselló muy parecida a la del llamado “Plan Tenesí” que ahora quiere implantar el hijo de Pedro. Se llamaba “Ley de Elecciones Presidenciales de Puerto Rico” y pretendía que, como parte de las elecciones generales a celebrarse en noviembre de 2000, se eligieran compromisarios para representar a Puerto Rico en el Colegio Electoral que selecciona al presidente de Estados Unidos. Como igual que el plan de ahora, los supuestos compromisarios no eran más que cabilderos, el Supremo razonó que esa ley estaba diseñada para favorecer al movimiento anexionista y, por tanto, implicaba el uso de fondos públicos para fines privados.

Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo vive otros tiempos. Durante la gobernación de Luis Fortuño (2009-2012) el anexionismo logró mayoría en ese foro, la que de inmediato solidificaron ampliando la composición del tribunal de 7 a 9 miembros. Tras dicho copo, una tras otra han ido revocándose decisiones previas que, entre otras cosas, impedían el uso de fondos públicos en campañas partidistas de corte anexionista. El pasado mes de abril decidieron el caso Norma Burgos v. CEE para impedir que la norma que prohíbe anuncios del Gobierno previo a unas elecciones se extendiera, como había ocurrido antes, al plebiscito que querían celebrar el 7 de junio de 2017. Gracias a esa decisión los anuncios políticos camuflados del Gobierno llovieron el mes anterior a la consulta.

Si alguien pretendiera impugnar la constitucionalidad de la nueva “Ley para la Igualdad”, que permite el uso abierto de fondos públicos para cabildear a favor de la anexión, ya sabemos lo que dirá la opinión que finalmente decida el caso. Con la nueva decisión desaparecería lo poquito que quede de la jurisprudencia protectora anterior.

En uno de los viejos casos el entonces juez Negrón García dijo que “(los fondos públicos) no son privativos de quienes ostenten las riendas del país durante un cuatrienio”. Esa afirmación sigue siendo muy cierta, pero ahora sólo aparecerá en las opiniones que escriba la minoría.

En cuanto a la comisión que, entre otros, integra el expelotero Rodríguez, ya sabemos cuál será el resultado de sus esfuerzos. Como todos los que han realizado similar gestión desde el 1898 en adelante, vagarán por los pasillos fríos malgastando el tiempo en reuniones con funcionarios de tercera categoría. El único problema es que ahora, además del tiempo, malgastarán dinero que pertenece a todos los puertorriqueños.

El 15 de marzo pasado se presentó en conferencia de prensa una alianza entre varios grupos políticos y sociales en favor de la soberanía. Se trataba de un esfuerzo conjunto para que los ciudadanos votaran por la segunda columna (Independencia/libre asociación) en el performance gubernamental llamado “La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017”.

Juan Dalmau, uno de los tres portavoces de aquella alianza, afirmaba entonces: “este histórico junte buscará defender la soberanía de Puerto Rico ante los esfuerzos liderados por el Partido Nuevo Progresista para que prevalezca la opción de la estadidad en el plebiscito”.

Cuando este comentario se publique habrá pasado exactamente un mes de la celebración del ejercicio que fue boicoteado por todas las organizaciones independentistas y soberanistas al incluirse la colonia como una de las opciones en la papeleta. De todos modos, el PNP hizo todo lo posible por obtener un 100% sin ningún sentido del ridículo. Llegaron a contratar como observador a Thadeus McCotter, un congresista que tuvo que renunciar a su silla por acusaciones de fraude electoral.

A un mes, entonces, de ese ejercicio en caquistocracia ¿Qué queda de aquel Junte Soberanista cuyo esfuerzo principal era educar sobre la soberanía para participar en el plebiscito amañado? ¿Desapareció cuando decidieron boicotear el mismo?

La respuesta es que todavía hay Junte. No han desaparecido. Juan Dalmau, Alexandra Lúgaro y Manuel Natal, que han sido los portavoces más visibles de la alianza, visitaron la redacción del periódico Claridad. Tienen un conversatorio el jueves 13 de junio auspiciado por este medio.

Manuel Natal es el primero en llegar. Saluda. Se presenta. Pasa a la sala de redacción. Se muestra reservado mas no distante. Lee con atención el semanario que acaba de salir.

Dalmau llega y saluda como si fuera asiduo visitante del periódico. Se siente como en su casa. A fin de cuentas es un joven veterano de la política y pertenece a un partido que propone la independencia. No está en un lugar extraño. No obstante, a un observador lejano le sorprendería que un miembro destacado del PIP visite el periódico. Un enemigo rumor se comenta desde hace años. No se sostiene con la prueba. Esta es una.

Lúgaro completa la portavocía. La excandidata independiente a la gobernación muestra su locuacidad desde el primer segundo. A pesar de que no es una veterana de las lides políticas domina los medios. Siempre dispuesta al diálogo.

Los tres se sientan a la mesa. Las redactoras, Cándida Cotto y Gabriela Ortiz nos acompañan. Rompo el hielo. Les digo que entre los lugares comunes cuando hablamos de la soberanía está la defensa de “nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra representación internacional, desde la gubernamental hasta la deportiva”, y ahora, de manera perentoria, soberanía también es el control de los destinos económicos del país, logrando entre otros objetivos eliminar la Junta de Control Fiscal y las leyes de cabotaje, así como auditar y renegociar la deuda pública”.

Para Dalmau, ésas son los elementos que mantienen la cohesión del Junte. Es enfático en el que se trata de una alianza en la que cada grupo mantiene su autonomía y que se une en defensa de aquello en lo que coinciden, dejando a un lado por el momento, con mucha disciplina, lo que los separa.

Los tres portavoces de la coalición pro soberanía aseguraron que luego de aquel anuncio (marzo) estaría desarrollándose un proceso educativo para explicar al pueblo en detalles las opciones del plebiscito. El plebiscito se llevó a cabo y triunfó el boicot. Uno podría preguntarse

¿Dónde queda el proceso educativo?

Manuel Natal, representante del PPD y soberanista antes del Junte, señala que antes del boicot y después de asumirlo, se han reunido en universidades y comunidades para hablar del significado de la soberanía y la necesidad de las alianzas. Lúgaro, de otra parte, apunta hacia el resultado de esas reuniones y que lo más que recibe son expresiones de agradecimiento por traer esperanza. Además, le parece un signo positivo el que la juventud, que de manera general y acrítica se define como apática, acuda a esas charlas, participe y se entusiasme con las discusiones políticas.

Lúgaro, sin duda, ejemplifica la erosión que ha sufrido la clase política que pertenece a partidos tradicionales. Le recuerdo que en una entrevista realizada por Jonathan Lebrón a 14 meses de las elecciones afirmó que “Puerto Rico tiene los recursos humanos y fiscales para fortalecer su economía y hacerse autosustentable y eventualmente moverse a un País independiente con derecho a hacer negociaciones internacionales (…) sin embargo, muchos puertorriqueños defienden la estadidad. Y si me piden que la defienda ante el Congreso yo lo voy hacer, yo estoy aquí para servirle a ellos, independientemente cuáles sean los intereses que ellos tengan”.

También le menciono que en una entrevista en WKAQ reseñada por el periódico METRO afirmaba que ““En estos momentos Puerto Rico tiene que lograr un andamiaje y una fortaleza porque de lo contrario, en un proceso de negociación para la estadidad estaríamos en una posición vulnerable y de desventaja porque realmente Puerto Rico no tiene nada que ofrecer. Hay que ordenar la casa primero”.

Entonces, pienso, ¿cómo deberíamos interpretar la presencia de Lúgaro en el Junte Soberanista si presupone, a partir de éstas y otras declaraciones, que la estadidad es el estatus preferido por los puertorriqueños? Si está dispuesta a defender la estadidad, ¿dónde quedaría la educación para la soberanía?

La excandidata independiente a la gobernación tiene una respuesta sencilla. Ella estaba dispuesta entonces y ahora a defender lo que la mayoría del pueblo decida aunque su visión personal sea distinta. Por supuesto, me gustaría entender mejor como se educa para la soberanía o la independencia categorizando de antemano que la estadidad es un estatus digno, viable, bueno para la economía, pero no tenemos tiempo en esta entrevista.

Menciono que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, junto a un grupo de abogados, informó el 7 de junio, que acudirá al Tribunal a impugnar la constitucionalidad de la Ley “por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico” conocida como el “Plan Tennessee”. ¿Qué hará el Junte Soberanista?

“Manténganse en sintonía” es la respuesta que Dalmau utiliza y que sus compañeros aceptan. Es una respuesta que no satisface a muchos. Al menos a mí, que pienso que estamos atravesando por una situación urgente, me gustaría saber que hay un plan.Y es que los estadistas en el PNP tienen un plan.Sí, es un plan caricaturesco, es una bola de humo, pero ha funcionado.

Al menos para lo que sirve, que es desviar la atención de todos hacia ese performance del Plan Tennessee (Plan Wannabe, lo llama Dalmau). Así que insisto. ¿Qué van a hacer¿ ¿Qué han hecho?

Natal habla de legislación y de charlas en universidades privadas y en el sistema UPR. No puedo dejar de pensar, mientras lo escucho, de que se hallaa en un cruce de caminos. El legislador renunció al caucus del PPD en la Cámara. Ha dicho en varias ocasiones que el país necesita políticos comprometidos con el pueblo, no con el partido. Eso, no hay duda, lo llevará a confrontaciones con la constitucionalidad. Pero, a fin de cuentas, sufrió una campaña de descrédito por parte de algunos elementos dentro del PPD y, aún así, fue el representante por acumulación con más votos en esa colectividad.

Me queda de esta breve charla una insatisfacción que viene como resultado de que necesitaríamos más tiempo y un ambiente más relajado. Eso a pesar de que los portavoces del Junte Soberanista muestran disposición de ánimo, son articulados, expresivos, y, de manera refrescante, tienen sentido del humor. Sin embargo, hay muchas preguntas sin contestar, como por ejemplo, ¿cómo se alcanza la soberanía? Si se organiza el Junte para el plebiscito ¿tendrían que replantearse ahora los objetivos? Si se aspira a educar en el ejercicio de la autoridad soberana que reside en el pueblo y que se ejerce a través de los poderes públicos sin la influencia de elementos extraños, definición que aprendí de memoria en una clase de Garzaro hace cuatro décadas, ¿no es es la situación actual un atentado brutal contra esa soberanía y no supondría una respuesta clara, contundente, visible? Es decir, ¿no es el manténganse en sintonía una respuesta insatisfactoria?

Tengo que matizar. Estoy en una entrevista como un escritor puertorriqueño que dirige un suplemento cultural. En ese sentido, está claro que mis observaciones son subjetivas pero racionales, libres y por eso objetivas. Luego del intercambio con Lúgaro, Dalmau y Natal, permanece mi apoyo crítico a las alianzas por la descolonización. No hay perfección más que en los ojos de los que están enamorados. Y aunque es un clisé, amar a la patria (su fulgor abstracto) es posible y necesario. Sobre todo si incluye a todos los habitantes de un territorio sin hacer exclusiones. Cada uno tiene su visión particular sobre lo que es la independencia y la soberanía así como los métodos para alcanzarla. Sin embargo, hacer énfasis en lo que nos une es imperativo.

Entonces, hay un Junte Soberanista que agrupa a varias organizaciones, incluyendo candidatos(as) independientes y legisladores(as) y alcaldes(as) de partidos colonialistas. ¿Parece un contrasentido? Más bien me parece una posición difícil y precaria, los portavoces del Junte así lo reconocen y están dispuestos a tratar de asumir ese riesgo. ¿Quién soy yo para prejuzgar? ¿Lenin? ¿Rosa Luxemburgo?

En este momento, el 1ro de mayo, el 11 de junio, hoy, quien está a la ofensiva sacando capital político es el gobierno de Ricky y la Junta (que son pitcher y catcher por lo que Iván Rodríguez es el niño símbolo ) y la colonia. A mí no me enamoran algunas alianzas pero no son mis enemigos. Mucho menos voy a repetir las necedades de la prensa farandulera para ningunear esfuerzos, los que sean, hacia cosas como la eliminación de las leyes de cabotaje y la ley PROMESA, así como auspiciar la auditoría de la deuda. Por dar tres ejemplos. En eso podemos hacer alianzas. A fin de cuentas, para esas tres cosas tienes que enfrentarte a los colonizadores.

¿Preguntas en el tintero? Muchas. Por eso voy, y los invito, al conversatorio del 13 de julio en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El conteo de las personas sin hogar para el 2017 arrojó que este problema, mayormente de los varones, hunde sus raíces en los problemas de sustancias controladas, la salud mental y los problemas económicos.

Un 59% de las personas entrevistadas tiene una situación de uso problemático de sustancias, reveló una declaración escrita del Departamento de la Familia, una de varias agencias encargadas del conteo, que se realiza cada dos años por mandato federal.

Entre los datos que se registran por primera vez, destaca el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, en los que resalta la proporción significativa de estos que un 20% de estos ha estado bajo la tutela del estado o han estado en instituciones penitenciarias y centros de tratamiento (31.3%).

De la población sin hogar contadas, el 76% son hombres y el 24% son mujeres. De estos, 4 de cada diez son adultos mayores de 50 años. Al identificar las razones por las cuales están sin hogar destacan, entre las primeras tres, el uso y abuso de sustancias controladas, problemas con familiares y problemas financieros.

La secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos presentó el apsado lunes 10 de julio, junto a los secretarios de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, el resultado del Conteo de Personas sin Hogar 2017 en compañía de las organizaciones que componen el Sistema Cuidado Continuo en la isla y que brindan servicios a esta población.

El conteo identificó 3,501 personas sin hogar en Puerto Rico, incluyendo las albergadas y las no albergadas, y un un total de 3,155 familias.

“La información que recoge este esfuerzo es fundamental para entender los cambios y perfiles de las personas sin hogar. Esto nos permitirá planificar adecuadamente los programas y servicios dirigidos a esta población; justificar necesidad de fuentes de fondos, orientar a la población sobre este problema de la deambulancia, a su vez que nos ayudará a medir la efectividad en la erradicación y prevención de la deambulancia,” ,“ señaló la Secretaria de la Familia.

Según se informó, el Conteo de Personas sin Hogar fue realizado entre el 25 y 26 de enero de 2017 y constituye una fotografía en el tiempo de la población que enfrenta el problema de no tener hogar. El mismo fue posible por el esfuerzo multisectorial de más de 700 voluntarios.

“El Conteo de Personas sin Hogar se lleva a cabo como parte de los requisitos del Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Dicha agencia establece que cada jurisdicción debe realizar un conteo de personas sin hogar por lo menos cada dos años, de la población albergada y la no albergada. El conteo previo se realizó en el año 2015,” informó el Secretario de la Vivienda.

Gil Enseñat destacó que el conteo se realiza en conjunto con el Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Federal, que auspician el Programa Continuo de Cuidado (CoC), el cual provee fondos para el desarrollo y planificación de proyectos de vivienda transitoria y permanente para personas sin hogar con servicios de apoyo en un área geográfica determinada.

De los hallazgos de la investigación se observa que el problema de estar sin hogar sigue siendo uno complejo por su interrelación con otros problemas sociales como el uso problemático de sustancias, los trastornos de salud mental y las condiciones de salud.

Según el conteo, se observa una cantidad menor de personas contadas en 2017 (3,501 personas sin hogar), cuando se compara con 2015 (4,518 personas sin hogar).

En la isla existen dos CoC, que se componen de diversos sectores interesados que atienden personas sin hogar, tales como representantes de organizaciones sin fines de lucro, municipios, gobierno estatal, organizaciones recipientes de fondos del Programa ESG, COC y HOPWA, entidades que brindan servicios a víctimas de violencia doméstica, sector privado y representantes de la población sin hogar, entre otros.

Los esfuerzos de estos grupos se concentran en la intervención inmediata para proveer un albergue y servicios de manejo de crisis mientras preparan al participante para obtener y mantener una vivienda permanente.

Para la economista Martha Quiñones Domínguez, sin un plan de eficiencia y eficacia administrativa, que demuestre donde los recortes generarán las economías que se quieren plantear, sin un análisis del presupuesto basado en presupuesto base cero, que demuestre las partidas por objetivos evaluados y ponderados, el presupuesto aprobado es otro engaño al pueblo para eliminar beneficios adquiridos por la sociedad, privatizar y seguir desviando fondos a partidas que no cumplen objetivos sociales.

Tras el teatro representado por el Gobernador, la Legislatura y la Junta de Control Fiscal (JCF), la obra cerró con una versión del presupuesto impuesto por la Junta, aunque todavía no se ha dado a conocer un número final. Según se ventiló públicamente la Legislatura se quedó con un presupuesto de $131. millones. El presupuesto inicial era de $147 millones. Se ordenó eliminar $78 millones en gastos del presupuesto como parte de Resoluciones Legislativas, nómina, operación, subsidios a municipios etc: Reducir $25 millones en asignaciones y gastos especiales: Reducir por lo menos $200 millones en reformas específicas para implementar el requisito de reducción del aparato gubernamental: y ahorro por $400 millones generados por reducciones en el aparato gubernamental. Después de estos ajustes el presupuesto refleja una reducción en gastos con respecto al presupuesto anterior de $804 millones, mas del 9%.

A solicitud de CLARIDAD, de si el presupuesto será suficiente, Quiñones Domínguez, comentó que eso depende de cuáles son las prioridades y señaló que sí hay muchas áreas por las que se puede cortar y que no ofrecen servicios esenciales públicos y no cubren necesidades apremiantes. Un ejemplo de esto dijo es poner un tope de $100 mil a los salarios de los jefes de agencia, quitarles los autos y otros beneficios, eliminar partidas o redefinirlas.

Según el gobierno y la JCF se definieron como “servicios críticos”, la salud, educación (k-12), la seguridad públcia, la infraestructura pública, el Departamento de Justicia, no se incluyó a las pensiones de los empleados públicos. A juicio de la economista aunque el gobierno reconoce que estos son servicios críticos, “no asume responsabilidad social con las personas, no asume que los va a cubrir (más allá de una cantidad mínima) y mucho menos asume que es responsabilidad proveerlo”.

Quiñones Domínguez denunció que ante esta falta el gobierno está cambiando el contrato social que nos habían vendido, “donde delegamos poderes, pagamos impuestos a cambio de que el Gobierno asegure estabilidad, equidad y provea unos servicios básicos y críticos para mantener la sociedad y la estabilidad”.

Ante estas circunstancias reclamó que la pregunta que la ciudadanía debe hacerse es que ¿si se cambió el contrato social, debemos pagar impuestos? Es decir si el Estado ya no no provee los servicios de salud, educación, seguridad, equidad, beneficencia entonces por qué debemos pagar impuestos. En esa misma línea reiteró la necesidad de que se audite y se explique la deuda pública.

Entre las exigencias de la JCF está el reducir en un 20% el sueldo de los empleados públicos, la economista indicó que esta reducción equivaldría a que el trabajador del Gobierno pague más impuestos por su salario que los trabajadores privados. Además de lo que le sacan de su salario debe aportar un 20% adicional sin tener en consideración los efectos regresivo para los que ganan menos. “No está claro si los jefes de las agencias recibirán el mismo recorte y si los legisladores lo recibirán. Ese 20% equivale que no van a poder pagar algunas de sus obligaciones”. Coincidió en que está redución, hará a los trabajadores más pobres de lo que ya son. Igual suerte correran los jubilados con una reducción en sus pensiones.

A la falta de información y transparencia en el manejo del presupuesto, el Gobierno tampoco ha dicho qué va hacer con el dinero que se ahorre. Sobre el particular la profesora del recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, acotó que aunque no se ha revelado, se nota en el presupuesto que se ha desviado mucho dinero para fortalecer la alianzas públicos privadas (APPs), la JCF y AFLAF, agencias que no tienen un rol social sino de fiscalizar y sacar dinero.

“Nuevamente sino sabemos para qué se usa el dinero no debemos pagar impuestos hasta que expliquen y sean transparentes. No queremos pagar corrupción. No queremos pagar una deuda que no es nuestra, queremos auditoría ciudadana ahora”, recalcó con ahinco.

Un aspecto del presupuesto custionado por la JCF es la alegación del Gobierno de que espera allegar $924 millones al Fondo General (FG), por los gravámenes existentes, cosa que depende de la actividad económica

Quiñones Domínguez explicó que aunque el Gobierno tiene una partida en el presupuesto que define que a pesar de que los recaudos bajaran de $9,192 millones a $8,247 millones, espera recuperar la diferencia con las acciones de los impuestos indirectos, con cobrar más IVU y otras ($1,314 millones) para llegar a $9,192. “La JCF le señala que quiere ver cómo lo van a lograr en una economía que se contrae y por eso los presiona para que demuestren sino que apliquen la reducción de jornada. Es curioso en vez de pedir la eliminación de agencia se limita a reducir jornada para así distribuir los daños y que los políticos no se vean afectados desde este año, lo dejan para el final del cuatrienio”.

Mientras estimados independientes sobre cuál va hacer o será el crecimiento económico, como los economistas Juan Lara y Joaquín Villamil, – citó la entrevistada- han señalado “que el periodo 2016-2020 se registrará una contracción del Producto Nacional Bruto (PNB) de 1,8 % que dará paso a un muy leve crecimiento positivo de 1,1 % en el periodo 2021-2025, fase que el estudio define de “periodo de estabilización crítico”.

“No se hacen análisis certeros para el 2018 sino para el 2020. Y de esos análisis se proyecta lo que puede suceder. Lo cierto es que disminuciones del ingreso, ya sea por reducción o por recortes, conllevan perdida en la economía reflejados en el indicador de consumo. Lo cual es crítico en una economía basada en el consumo, en especial el consumo superficial”, concluyó.