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En Grandes Ligas hubo “rompe huelgas”*

De niño aprendí que bien abajo en la escala de valores de los seres humanos en cualquier faceta de su vida, estaba el “rompe huelga”, lo que no necesita explicación adicional.

Antes del inicio de la temporada de 1995, los dueños de equipos de las Grandes Ligas se resistían a firmar un convenio colectivo con la Asociación de Jugadores. Para añadir presión al debate, realizaron un “cierre patronal” (lockout), aunque el proceso generalmente se conoce como “la huelga del 95”.

Trancadas las posiciones, ambas partes se sometieron a “arbitraje compulsorio”, que los comprometió a acatar la opinión de la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, cuyo laudo final favoreció a los peloteros. Una de las ponencias más contundentes fue la que emitió el boricua Bernie Williams, delegado de los Yankees de Nueva York a la directiva de la Asociación de Jugadores.

Ese acuerdo del 95 ha sido la base sobre la que se ha logrado la paz en el béisbol de las Grandes Ligas y que a pesar de sus imperfecciones, protege los intereses de todos, especialmente los peloteros novatos y los más jóvenes.

Quince años después de aquel fracasado “cierre patronal”, la historia ha confirmado que los peloteros tenían razón, pues el “negocio del béisbol” dejó en el 2016 ingresos brutos cercanos a los $10 billones y ganancias netas de unos $4 billones.

Aun así, hay grupos al interior de la Asociación de Peloteros que reclaman para otros trabajadores acuerdos como el que postula que los beneficios económicos han seguido subiendo a un ritmo que POR CONVENIO, no puede ser menor que el aumento del costo de vida anual en Estados Unidos.

Además, aunque la Asociación de Peloteros ha logrado que de las ganancias se designen importantes sumas, los sectores más militantes del gremio exigen mayor compromiso práctico en las luchas comunitarias en contra de los abusos policiacos y de todas las fobias, como han hecho, por ejemplo, los principales jugadores negros de la NBA.

De regreso a la llamada “Huelga del 95”, durante el periodo de preparación de la temporada, conocido como Campamento Primaveral, los dueños recurrieron al viejo truco de poner a pelear a unos contra otros, al contratar peloteros que no formaban parte de la Asociación, que por convenio solo puede representar a los activos en las Grandes Ligas.

Como parte de su estrategia, los dueños apostaron a que muchos de los peloteros estelares se rajarían y aunque no alcanzaran la mayoría, provocarían una grieta que acabaría con la solidez de la Asociación. Parece que nunca entendieron que los puntos principales del tranque a quienes favorecían eran a los jugadores más jóvenes y de menos tiempo en las Mayores y no a los estelares.

El malogrado plan de los dueños de equipos esperaba también contar con el apoyo de los peloteros más jóvenes, que estaban a las puertas de las Mayores, mientras buena parte de los restantes simplemente no aparentaba tener talento para poder alcanzar la meta de jugar en las Grandes Ligas. En el medio pululaban jóvenes veteranos que aguardaban por una oportunidad real.

La parte semántica tampoco estuvo ausente del debate, como ocurre en cualquier conflicto en el que una de las partes es tan poderosa. Mientras los dueños de equipos y sectores de la prensa que le eran afines identificaban como “reemplazos” a los sustitutos, los peloteros “asociados” los llamaban “rompe huelgas” de forma despectiva, elevando una hostilidad muy peligrosa entre ambos grupos.

Un boricua cayó en el tumulto

Uno de los llamados “reemplazos” fue el jugador del cuadro puertorriqueño Joel Chimelis, quien firmó con los Gigantes de San Francisco en esa etapa previa al inicio oficial del torneo. Sin embargo, al igual que muchos otros en condiciones similares, tras el acuerdo que propició el inicio del torneo, Chimelis fue bajado a las Menores antes de participar en un solo partido.

Sin embargo, el 6 de junio y cuando los Gigantes jugaban para 20-16, el antesalista regular del equipo, Matt Williams sufrió una seria lesión y en lo que recuperaba, la gerencia decidió “subir” a Chimelis.

Una vez más, los dueños del equipo ignoraron las opiniones de sus jugadores que no escondieron su disgusto. Por medio del inicialista Mark Carreon, hicieron público su rechazo unánime a la incorporación de “un rompe huelga”.

La prensa de la época, también cita varias veces al toletero Barry Bonds con comentarios muy despectivos contra los “rompe huelgas”.

A pesar de la evaluación positiva de sus compañeros, el haber aceptado “romper huelga llevó a que dos días más tarde de haberlo subido y sin haber visto acción siquiera en una entrada, los Gigantes devolvieron a Chimelis a las Menores. Al concluir la campaña del 95 fue despedido y aunque bateó .294 y tuvo una más que aceptable actuación en el campo, ningún otro equipo de las Mayores volvió a contratarlo … como pelotero.

La posición de los peloteros de San Francisco fue tan sólida que no solo la mantuvieron como una cuestión de principios, sino que afectó los intereses del equipo, que necesitaba con urgencia un sustituto de calidad para defender la tercera base por unos días.

Los peloteros de otros equipos asumieron posiciones mucho más flexibles y posteriormente aceptaron en su seno a algunos que también habían actuado como “reemplazos” o “rompe huelgas”.

A fin de cuentas, aun en plenitud de condiciones, Joel Chimelis encontró trabajo en México y Korea del Sur, hasta que finalmente se retiró en el 2003.

Irónicamente, desde entonces trabaja con algunos de los equipos que unos años antes lo excluyeron como si fuera una plaga. Primero fue contratado por dos años por Washington como adiestrador (coach) de bateo, función que desde el 2006 ha ejercido con éxito en distintos niveles de las Menores de la organización de los Astros de Houston, que han probado que batean en todas las ligas.

*Agradecimiento especial a los compañeros historiadores del béisbol, Edwin Fernández y Edwin Pérez.

“Qué se entienda que somos parte de la sociedad”

/CLARIDAD

“Hace cuánto tiempo en este país se está negociando con la necesidad y la pobreza…

porque en esta isla la pobreza es sinónimo de fondos federales”.

Mirta Colón Pellecier

Concerté por teléfono un encuentro con una de las portavoces de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, Mirta Colón Pellecier. El viernes en la mañana, llegué al lugar que acordamos: frente al proyecto en reconstrucción del residencial Las Gladiolas en Hato Rey. Pensé que solo estaría Mirta. Para mi sorpresa, la también representante comunitaria de Las Gladiolas había convocado a cinco líderes más, cada uno portavoz del residencial público donde vive: Torre de Francia, Cordero Dávila, Puerta de Tierra, Nemesio R. Canales, Luis Llorens Torres.

Ángela Vellón, Jonathan Colón, Iris Yolanda Ríos, Francisco Castellano, Luz Griselle Vázquez, Mirta Colón… Todos y todas nos acomodamos para hablar dentro de la panadería Roma. Allí, café en mano, nos integramos al resto de los comensales de esa mañana. Debido a la convicción y fuerza que mostraron al hablar los seis líderes reunidos, fue difícil confundirnos entre el resto de las personas que desayunaban, en su mayoría próximas a iniciar sus jornadas de trabajo. Transcurrió una hora, pero pudimos haber conversado durante más tiempo. Los problemas sociales que actualmente atraviesa Puerto Rico requieren mucha discusión.

“Bendiciones y mucho éxito”, expresó una señora dirigiéndose al grupo reunido antes de abandonar la panadería. Y es que desde su mesa escuchó sobre la lucha que está dando esta Coalición en pro de sus vecinos de los residenciales públicos y del resto del país.

“Como Coalición lo que queremos es eso: hacernos parte de las soluciones del país, por eso salimos a trabajar y estamos solidarios con los reclamos de la gente del país. Queremos que la gente entienda que somos parte de la sociedad, que no somos un mundo aparte… A nosotros nos afectan igual los aumentos y los recortes”, expresó Jonathan Colón Reyes, uno de los representantes de Puerta de Tierra en la Coalición.

“La gente del caserío come, la gente del caserío se tiene que vestir, la gente del caserío se enferma, los hijos de la gente de caserío se educan. Todo lo que ocurre en Puerto Rico nos afecta porque nosotros somos ciudadanos de aquí y, para trabajar con eso que nos afecta, es que nos hemos organizado”, añadió Colón Pellecier, quien a los 45 años de edad, luego de perder su trabajo, tuvo que mudarse a Las Gladiolas con los dos hijos que le quedaban bajo su custodia.

A lo expresado por sus compañeros y en aras de visibilizar el reclamo de bien común que se hace desde la Coalición de Residentes, Luz Griselle Vázquez, residente hace 16 años del residencial Torre de Francia, agregó: “Nosotros estamos preparados y al tanto de lo que ocurre en el día a día porque buscamos beneficios para todos, no solamente para los residentes de vivienda pública”.

Estos líderes comunitarios conformaron la Coalición hace aproximadamente tres años, cuando los residentes de vivienda pública enfrentaron desahucios masivos, ordenados por los tribunales y respaldados por la Agencia de Vivienda Pública. Otros de los residenciales que integran esta organización son: Los Lirios, Los Mirtos, Torre de Sabana, Las Margaritas y San Antonio.

En términos de vivienda pública, el trabajo básico de esta coalición comunitaria es orientar y capacitar a los compañeros que lo necesiten para facilitarles los procesos. “Hay un problema y es que no existe la orientación de la reglamentación de derechos y deberes porque lamentablemente a esa agencia gubernamental lo que le preocupa es que la gente pague su renta, y no capacitar a nadie”.

Como residentes de vivienda pública, el acceso a la salud, a la justicia y a la educación son los recortes que les afectan inmediatamente. “Los recortes que más nos van a afectar serán los que le hagan al tema educativo porque les están coartando el derecho a los niños pobres del país, nuestros niños. Nos afecta también directamente el que la Universidad de Puerto Rico (UPR) desaparezca”, sentenció Colón Pellecier.

Mirta, como egresada de Trabajo Social de la UPR, entiende que “mis próximas generaciones tienen derecho, al igual que lo tuve yo, de entrar a la universidad del pueblo”. En reclamo del acceso a esos servicios esenciales, la Coalición estuvo presente el pasado 1 de mayo en el Paro Nacional y ha asistido a muchas otras protestas y manifestaciones sociales.

Importado el actual modelo de vivienda pública

“En particular, en este momento histórico, nos preocupan nuestras viviendas. Nos preocupa este modelo de vivienda pública que se importa de los Estados Unidos”, continuó Mirta.

El actual modelo de vivienda, que ya se comenzó a desarrollar desde la administración política pasada, es el de ingresos mixtos, el cual integra varios programas de vivienda: vivienda pública, Sección 8, Tax Credit o crédito contributivo, y alquiler privado. Este modelo comenzó a mediados de los ‘90 en Estados Unidos, pero allá aún no ha rendido los frutos que se proyectaron, a juzgar por los líderes entrevistados.

Al día de hoy, en Puerto Rico hay resistencia de varias comunidades para que se implemente el modelo estadounidense porque los residentes temen a ser desplazados o marginados por parte de sus vecinos o la administración del proyecto.

“Ese es el modelo que se está desarrollando en Puerto Rico y se pretende continuar con él. Nosotros levantamos bandera y nos preocupa porque, si nosotros no pedimos un cambio, porqué se pretende implementar algo que va a afectar más a las comunidades”, declaró Jonathan Colón.

El problema que existe con ese nuevo modelo que se está impulsando es que propone integrar residentes que tienen diferentes situaciones económicas y con esa diversidad financiera aflora la marginación dentro de un mismo complejo de vivienda. “En una misma estructura física cambian los derechos de las personas que se acogen a los diferentes programas. A eso no se le puede llamar integración, sino división, lo cual trae problemas de convivencia”, sentenció Mirta.

Para abundar sobre el Tax Crédit, Jonathan explicó que los intereses del Estado responden a ese sector porque “las personas del programa de crédito contributivo tienen dinero y aportan un capital para que esas unidades se mantengan en óptimas condiciones para luego, en su planilla, tener un crédito o convertir eso en dinero. Una persona que invierte, lo que quiere es generar dinero y, cuando el Estado no mantiene un control y una igualdad, es que uno se pregunta si responde a los intereses de quienes invierten o a los de los residentes”.

Aumento de renta en los residenciales

Las rentas han comenzado a subir. Ante esa situación, “tenemos vecinos que deciden irse, pero hay otros, a los que el mismo sistema les permitió echar esas raíces ahí y no lo vieron como una vivienda temporera, sino como su hogar. Eso fue lo que el Gobierno no debió perpetuar”, comentó Mirta Colón.

Todos los líderes entrevistados coincidieron en que, aunque recientemente anunciaron un aumento en las rentas de las unidades, “muchas personas no se van del proyecto porque la crisis está tan y tan mala que muchos de los que han abandonado el proyecto para comprar una casa y luego, se han quedado sin trabajo, tienen que recurrir nuevamente al residencial y hacer el turno para vivienda pública desde cero”.

De acuerdo con los ingresos de los residentes se calcula la cantidad a pagar de renta. También, la cantidad se establece a base del área de ubicación del proyecto, del número de habitaciones de la unidad y de los miembros de la familia.

“Es interesante ver cómo se aplican las ayudas de asistencias sociales en este país. Por ejemplo, una pensión alimentaria, que se entiende que es para cubrir las necesidades de un menor, se cuenta como parte del ingreso para estipular la renta”, explicó Colón Pellecier. Continuó argumentando la líder que, en caso de atraso de renta por incumplimiento con la pensión, se complica el escenario porque la administración de la Agencia de Vivienda Pública somete un caso de desahucio al Tribunal.

“Es terrible ver las injusticias que se cometen en los tribunales de esta isla por motivo del desconocimiento que tiene la judicatura con relación a la reglamentación de las diferentes agencias gubernamentales”, dijo Mirta. En ese sentido, la Coalición de Residentes se ha dado a la tarea de estudiar el reglamento de Vivienda Pública para orientar a todo residente que enfrente una situación judicial. Durante el estudio, han constatado que el reglamento vigente no está atemperado a los tiempos que estamos viviendo en Puerto Rico.

Residentes apoyan la Coalición

“Lamentablemente, la realidad es que aquí, a menos que no te pongan el dedo en la llaga, tú no reaccionas. Han sido tantas las situaciones que han ocurrido en las cuales la cara que se ha visto salir en defensa de nuestras comunidades es la de la Coalición, que cuando los convocamos dicen presente. Saben que no tienen otra voz que no sea ésta”, expresó una de las portavoces para evidenciar el apoyo y aceptación que han recibido de parte de los residentes de los proyectos donde viven.

“Nosotros trabajamos para romper con los estereotipos, marginación y prejuicios que existen sobre los residentes de vivienda pública”, comentó Jonathan Colón y luego, hizo un llamado a los vecinos de los residenciales para que supieran que tienen un grupo que los representa.

“Se nos señala porque somos mantenidos cuponeros, porque esos son los apellidos nuestros, sin ver que en nuestras comunidades tenemos muchos estudiantes universitarios, padres que les transmiten valores a sus hijos…”, lamentó Mirta.

“Cuando entré a vivir a la comunidad de Torre de Francia, comencé a ver que el día a día de la gente es totalmente diferente [al ideal que se propaga]: es gente luchadora, que trabaja, que se prepara, que da la mano al necesitado…Hay que vivir ahí, hay que compartir día a día para entender cómo es el corazón y los sentimientos de un residente de vivienda pública”, concluyó Luz Griselle.

Amanece sin altercados la UPR Río Piedras

Solidaridad multisectorial fue lo que se presenció hoy en la mañana frente a los portones del recinto riopendrense de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde tempranas horas, comenzaron a llegar diferentes miembros de la comunidad estudiantil para velar por la seguridad del estudiantado en huelga, que desde el pasado 28 de marzo mantiene campamentos de resistencia tras las entradas del Campus.

En esta ocasión, la presencia del nutrido grupo solidario se debió a la incertidumbre existente luego de que en la tercera Asamblea General de Estudiantes –celebrada ayer, 10 de mayo – los universitarios decidieran ratificar la huelga indefinida y de que el Tribunal de Apelaciones emitiese hace unos días un Mandamus e Injunction Preliminar para exigir a las autoridades universitarias la reapertura del acceso al Recinto hoy, jueves 11 a las 6:00 de las mañana.

“Entendemos que la Asamblea de Estudiantes va por encima de cualquier orden del Tribunal, que es una forma de amedrentar al estudiantado que democráticamente decidió en Asamblea. Así que, repudiamos cualquier acción del Estado en enviar la policía de Puerto Rico a los portones de la Universidad, repudiamos cualquier intento de la administración de tratar de abrir los portones que democráticamente decidimos cerrar por defender la educación superior del país”, manifestaron portavoces estudiantiles en conferencia de prensa frente al portón principal.

“Ciertamente, hasta ahora la administración universitaria ha sido cómplice del Gobierno por acatar la decisión del Tribunal y exhortar a la gente a acceder al recinto. Ante esto, sí estábamos esperando que llegaran algunas personas o grupos a tratar de entrar”, continuaron las jóvenes universitarias.

Además, las líderes hicieron un llamado, aprobado también en la Asamblea, a la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) y a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) para que ratifiquen sus votos de huelga y se unan al estudiantado formalmente para poder defender en conjunto la educación del país. De la misma manera, agradecieron la presencia de compañeros docentes en los portones desde el inicio de esta jornada huelgaria, pero “necesitamos que participen con nosotros en los procesos democráticos que estamos construyendo aquí en huelga tras los portones”.

Sobre un incidente que se dio en el portón de la Avenida Barbosa, las portavoces explicaron a la prensa que se dio un diálogo pacífico y controlado con algunos representantes de la rectora, empleados y miembros de la guardia universitaria que intentaron entrar a la Universidad por ese lado. “Se les dijo que nosotros y nosotras seguiremos con los portones cerrados hasta que la administración y las correspondientes esferas se acerquen a nosotros y promuevan un diálogo real y contundente para que esta situación se resuelva”, dijo una de ellas.

“Nosotros no estamos buscando la confrontación. Eso tiene que quedar bien claro. Ellos son los que están yéndose por encima de la decisión de Asamblea. Nosotros estamos dispuestos a conversar y decirles que estamos siguiendo la decisión de la mayoría, y no la de un grupo”, continuó la joven.

La manifestación mañanera también sirvió para repudiar los cargos que les sometieron a varios compañeros luego del incidente en Administración Central el pasado 17 de abril. “Nosotros hemos estado bajo un ataque como si fuésemos criminales. En días anteriores, a nuestros compañeros se les trató como criminales, cuando realmente los criminales están en la Junta de Control Fiscal”. En ese sentido, aludieron al caso del Héctor ONeill, que todavía está sentado en su silla de alcalde en Guaynabo. Precisamente, en la Asamblea de ayer se aprobó una moción “para que se arresten a ONeill y a todos las personas que sabemos que han cometido crimines y no se les ha atacado como se atacó a los compañeros(as), que no son criminales y están luchando por la justicia social y la educación del país”.

Con relación a las enmiendas al Código Penal que ya se aprobaron en el Senado, las jóvenes plantearon que les “parece un abuso de poder que pasen ahora sabiendo que hoy iba a bajar esta decisión del Tribunal. Es una manera de intimidar al estudiantado. Aunque, ayer no nos dejamos intimidar y ratificamos por tercera vez nuestro voto de huelga”.

“Aquí hay una comunidad universitaria que está unida. Otros sectores, como el religioso, se han unido para hacerle frente a esta amenaza que pone en riesgo la educación de muchos y muchas personas”, concluyeron las portavoces a la vez que agradecieron el “abrazo cálido” que significó la presencia de todos y todas desde tempranas horas de la mañana.

A eso de las 9:00 am, finalizó un piquete en la avenida Ponce de León y Padre Pedro anunció la celebración de un acto ecuménico mañana a las 7:00 de la mañana en el portón de la avenida Ponce de León.

Y nos fuimos a la quiebra via capítulo 3

La Junta de Control Fiscal (JCF) pudo haber acudido al Capítulo III de la Ley Promesa desde el primer día, lo único que tenía que demostrar era que intentó una negociación de buena fe y no la alcanzó, pero su interés primordial no es lograr la “estabilidad fiscal” que pregona, ni mucho menos el crecimiento económico del pais, sino pagar a los bonistas. La carta del presidente de la JCF (p.24), José Carrión, al senador Thom Tillis, lo confirma al decir que la Junta y el gobierno de Puerto Rico se reunieron en “más de 30 ocasiones con los representantes de los diferentes grupos acreedores”.

Un abogado y filósofo consultado por CLARIDAD y con conocimiento de primera mano del trabajo que llegó a realizar la desaparecida Comisión para la Auditoría del Crédito Público, apuntó que la razón por la cual la Junta y el gobierno han pasado tanto trabajo negociando con los acrreedores mediante el Capitulo VI de ley Promesa es porque no han sacado del camino a los que tienen deuda mala. De haber realizado una auditoría como la que se pretendía se hubiese tenido una estrategia porque se sabría distinguir con quiénes se está negociando.

Ante el nuevo escenario de la solicitud de quiebra dado a que los acrreedores no han querido negociar por Título VI porque siguen exigiendo más de lo que puede sostener el estado y la economía, pues ahora se verán obligados a negociar por el Capítulo III e incorporar los acuerdos de Título VI que se han negociado.

Pero lo que los miembros de la JCF ( el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act, PROMESA) lo que sí siempre quisieron llevar al Capítulo III de Promesa es el sistema de pensiones del Gobierno de Puerto Rico, puntualizó. “En todo momento la jugada de la Junta ha sido llevar a título tres las pensiones para poder recortarles a los pensionados y lo que le van a proponer al Juez es la reducción de la pensión al mínimo, que se mantengan justo por encima de la línea del nivel de pobreza”. Esto también lo afirma la carta de Carrión; “el plan fiscal certificado reduce los pagos de pensión en la medida en que los beneficios combinados de la pensión y el Seguro Social excedan el umbral de pobreza federal de $1,00 al mes”.

El escenario de la quiebra se complica a la luz de la ley 938 aprobada por la Legislatura, mientras la atención se centraba en los aspectos laborales de la ley, poco se discutió que los capítulos 4, 5 y 6 de esta Ley tienen repercusión en la deuda. Según explicó el Capítulo 4 dispone el control por el gobierno central de todas las tarifas e ingresos de las corporaciones públicas y el 6 le quita todo el tesoro propio a todas las corporaciones públicas. El capítulo 5 permite la venta de los activos del gobierno. A juicio de la fuente de CLARIDAD si la Junta no detiene los capítulos 4 y 6 de la ley 938 se provocará lo que se conoce como “descorrer el velo corporativo” y si los acreedores de las corporaciones públicas quieren reclamar el repago de su deuda ahora irían contra el gobierno central.

Describió que el gobierno lo que ha hecho es, “te choteaste lo que hicieron fue descapitalizar a las corporaciones públicas para capitalizar a Hacienda y el efecto de eso será exponer a Hacienda a un montón de acreedores que no tenia antes. Además, esa estrategia dentro de lo que la Junta plantea que quiere lograr es un desastre, provocar el caos entre los acreedores que están compitiendo entre ellos porque hasta el momento los acreedores estaban de acuerdo que solamente tenían que competir contra el gobierno y los gastos gubernamentales. Ahora tienen que competir entre ellos y el gobierno no sabe a quién tiene que atender”.

Recalcó que de haberse tenido una auditoria el gobierno sabría quién tiene la prioridad en cobrar y las útlimas serían las deudas ilegales. Explicó que sin la auditoría se puede tener en un mismo grupo de acreedores y cabilderos representantes de bonos de obligación general del 2014 que pueden ser ilegales y del año de las “guácaras” que sí pueden ser válidos, y sin la adutoría el gobierno los metió a los dos en el mismo pote.

Se debió haber hecho hace tiempo

En entrevista por separado el profesor de Economía, Ricardo Fuentes, también consideró que la petición de quiebra tenían que hacerla antes, y recordó que varios economistas habían planteado que eso era lo que se debió hacer desde un principio. Igual levantó bandera de que no se debió haber llegado a este proceso sin una auditoría de la deuda y lamentó que ahora “el proceso se vaya a dar de espaldas al pueblo con poquísima transparencia creo que ahora más que nunca se vuelve fundamental ese reclamo de la auditoría”. En términos de la repercusión económica el miembro de la Asociación Puertorriqueña de Economía Política (APEP) observó que puede que tenga un efecto en la confianza de inversionistas tanto foráneos como locales, pero a la misma vez la economía de la Isla ha estado en caída desde el 2006 y no da señales de recuperación, por lo que no cree que sea algo que cambie la tendencia general hacia abajo.

Fuentes llamó la atención de que el mayor problema con la negociación de la deuda, ha sido que se está negociando teniendo en mente y partiendo de cómo pagar a los bonistas sin llegar al estado fallido, pero se ve que el desarrollo económico no es su preocupación y eso va en contra de los mismos bonistas. Recordó que las experiencias alrededor del mundo demuestra que los países que se han ido por la vía de reactivar su economia y no la de los recortes son precisamente los que han podido pagar su deuda, “así que esa visión miope de corto plazo de los bonistas en última instancia está reduciendo las posibilidades de recibir el dinero que les corresponde si es que la deuda es legítima, porque si no es legítima no les corresponde”.

El economista coincidió con la observación de que los procesos judiciales que duran años y la aplicación de los recortes en definitva van a provocar la destrucción de la economía que nos queda. Fuentes trajo a la atención que en estas circunstancias el tema de la emigración del país se vuelve fundamental, “porque nos están forzando a mudarnos porque están destruyendo la economía”. Precisó que ya Puerto Rico tiene estadísticas de emigración de zonas que están en guerra, que están pasando hambruna. “Tenemos un patrón de emigración de países que están en crisis humanitarias, así que en ese sentido es sumamente preocupante las políticas que se quieren adoptar porque definitvamente estamos hablando ya de la destrucción de nuestra economía”.

Escalada represiva

Contrario a lo que es su propósito el gobierno e instituciones privadas estan utilizando la petición de “injuction” (el interdicto provisonal), como herramienta de campaña de descrédito y represión tanto contra el movimiento sindical, estudiantes universitarios y hasta contra toda la ciudadanía que ha expresado su rechazo a las medidas impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF).

La petición de injunction del Banco Popular (BP) contra las 40 uniones sindicales que convocaron a la marcha este 1ero. de mayo y contra 50 mil de los miles de manifestantes que asistieron, es una de estas acciones más recientes e incluso la más desproporcionada. La semana antes del 1ro. de mayo el Banco UBS radicó un interdicto contra un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, la Administración de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (CFSE) radicó otra acción en contra de sus organizaciones sindicales, y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) del Centro Gubernamental Minillas también radicó un injunction contra la UIA y PROSOL- UTIER.

Para el abogado laboral Jorge Farinacci Fernós, es raro ver peticiones de entredicho para evitar manifestaciones a esta escala. Comparó que cuando en el Tribunal Federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico) ha habido manifestaciones se mantiene un perimétro para los manifestantes pero pocas veces se ha pedido un injuction. Farinacci Fernós, se refirió a estas acciones como significativas debido a que se supone que hay la ley “antiinjunction”, dirigida a los conflictos obrero patronales, dispone que para conceder un “interdicto” tiene que haber una serie de condiciones fuertes, extraordinarias y no un mero impedimiento de entrada. Por ejemplo se tiene que probar que las fuerzas del orden no pueden controlar la situación. “Aquí como que se está mezclando todo eso, lo más escandaloso es que el injunction del Banco Popular del 1ro. de mayo es que ya tenía hecha esa demanda, se radicó por correo electrónico y se nota que fue a las 2:20p.m. cuando la actividad se acabó”. En su opinión la demada del BP estaba dirigida a reclamar que no se impidiera la entrada y salida y aprovecharon los incidentes y los incluyeron en la demanda y bajo esta premisa de los “cristales rotos” es que el Tribunal otorga el entredicho provisional que prohíbe a las 50 organizaciones y 50 mil manifestantes a no hacer nada que impida el acceso al BP.

El abogado laboral levantó que aquí hay un problema de escala y que los estándares constitucionales para una decisión como esa son elevados. “Yo quisiera pensar que la razón del interdicto se dio o fue, por el alarmismo del Banco Popular de los cristales rotos pero por otro lado uno puede pensar que no, porque se están dando los entredichos provisionales como Tylenol”. Aunque el BP luego enmendó su demanda para eliminar a las uniones obreras, redujo los manifestantes de 50 mil a cinco mil y le añadió a los 13 arrestados a los cuales se les atribuyen los actos de destrucción, Farinacci Fernós reiteró que la demanda es una fuera de proporción.

Por su parte el abogado laboral y presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR), Alejandro Torres Rivera, aclaró que aunque el injunction de la administración del FSE no tiene nada que ver con el 1ro. de mayo, en las actuales circunstancias sí se puede ver como un intento por criminalizar la protesta. El injunction se produjo cuando las uniones del FSE hicieron un llamado a sus miembros a protestar frente al Capitolio contra el proyecto 938.

Torres Rivera, también trajo a la atención las leyes que regulan y condicionan la concesión de un injunction en los conflictos obrero patronales. La ley 50 (la misma a la que se refirió Farinacci Fernós) limita la facultad de los tribunales para conceder el injunction la cual exige una serie de requisitos e incluso una vista.

La otra ley que regula los conflictos obrero patronales es la ley 11, de 1965 que tiene un procedimiento especial para cuando hay una huelga que produzca una grave situación de poner en peligro los servicios públicos esenciales, el gobernador está facultado para activar un comité que se supone haga una investigación y durante este proceso se tiene que levantar la huelga. Al final el comité tiene que presentar unas recomendaciones para atender la situación. Torres Rivera, reparó que en el caso del 1ro. de mayo no había ningún conflicto obrero patronal.

El Presidente del Colegio de Abogados señaló que la manifestación del 1ro. de mayo es un ejercicio del derecho constitucional y que las personas no pueden ser penalizadas por ejercer ese derecho. En este contexto denunció que lo que pidió el BP no procede, “metieron organizaciones que lo que hicieron fue convocar a las personas a un ejecicio constitucional no puedes responsabilizar a las organizaciones por los actos de las personas en términos mediáticos y efecto político consiguieron lo que querian una orden del tribunal y proyectar al país la responsabilidad a las organizaciones sindicales de unos sucesos”, denunció.

Tampoco pasó por alto que el bufete del Banco Popular que presentó la demanda, Pietrantoni y Richard Carrión fueron parte del grupo de trabajo CAREF, de la administración de Luis Fortuño, y del Consejo de Planificación Estratégica del Sector Privado (1988 y 1989) ambos entes que recomendaron la privatización de bienes públicos, política que reafirma la actual administración gubernamental y la JCF.

“El ambiente es favorable a crear una percepción en el país de que el ejercicio de los derechos constitucionales de expresión por parte de las organizaciones sindicales es una acción ilegal cuando son unas garantías que la Constitución te da. Los ciudadanos tienen unos derechos constitucionales que los puede y debe ejercer, no debe renunciar a ellos”, exhortó.

Por su parte la organización magisterial Educamos, una de las participantes en la actividad, reaccionó a la demanda del Banco Popular de que estaba “lista para defenderse de la demanda frívola y maliciosa”.

En tanto otra de las convocantes, la jornada Se acabaron las promesas, también alzó su voz contra la demanda y la campaña mediática contra las protestas y los incidentes y afirmó estar “conscientes y dispuestos y dispuestas a asumir el rol que este momento histórico en la vida de nuestro país requiere. Sepa nuestro pueblo que en La Jornada Se Acabaron las Promesas tiene un aliado. Este pasado 1ro de mayo 2017 marcará el devenir histórico de un nuevo país, el de nosotros y nosotras. Ya no queda miedo”.

Mientras el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) denunció su rechazó “al ambiente de criminalización, persecución y hostigamiento levantado por parte del estado, los tribunales y la policía dirigido hacia el movimiento de resistencia contra las medidas neoliberales, privatizadoras y de austeridad.

“La ofensiva neoliberal ha dejado desprovistos de futuro, no sólo a empleados públicos por medio de la derogación de convenios colectivos, a empleados de la empresa privada por medio de las reformas laborales al encargo de los ricos sino también a una juventud desposeída que no ve en el mercado laboral opciones que le brinden la seguridad y bienestar que le prometió la sociedad en la que se educaron” indicó Hugo J. Delgado-Martí portavoz, en conferencia de prensa este lunes.

La organización reiteró toda su solidaridad con las personas arrestadas por los eventos del Primero de mayo y llamó al pueblo trabajador y en particular a los sectores organizados a volcar toda su solidaridad hacia estos jóvenes a quienes describieron como héroes y heroínas del pueblo. “No es el momento de distanciarse de los eventos, es el momento de mostrar solidaridad obrera” indicó. “Hagámosle honor al Primero de mayo, más que con una celebración cada año, demostrando espina dorsal a la hora de defender a la gente que está dispuesta a entregar el todo por esa clase trabajadora que se encuentra bajo un ataque constante” finalizó.

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