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Caso de Viqueira levanta suspicacias

Roberto Viqueira. Foto reproducida de FB

 

 

CLARIDAD

 Días antes de que se hallara causa contra Eduardo Meléndez Velázquez, enfermero que presuntamente asesinó a su vecino, el biólogo Robert Viqueira, el equipo de abogados del occiso afirmó que el tribunal no consideró todos los elementos de acecho y vigilancia que han quedado, a través de los años, evidenciado en el caso.

Para el licenciado Martín González Vélez, abogado y amigo del difunto, las recientes vistas en el tribunal de Ponce muestran que “le estaban grabando las conversaciones y le tenían una cámara mirando la residencia” de Viqueira, y que el ahora acusado de asesinato atenuado “tenía un sistema sofisticado de vigilancia” alrededor de la casa del biólogo.

“(Meléndez Velázquez) lo está espiando para provocar, como lo hizo, un incidente o situación que altere la paz de la familia. Lo atrae, cucaron al toro, como dicen por ahí, hasta que logra que Robert llegue al portón del patio, y ahí lo estaba esperando para salir inmediatamente”, expresó el licenciado en entrevista con CLARIDAD.

No obstante, González Vélez reconoció el argumento de la defensa del acusado de que Viqueira, durante el altercado, tenía un 0.19 % de alcohol en la sangre, dato que González Vélez consideró “inconsecuente” para fines del caso y que, además, busca descontextualizar el panorama completo de la situación.

“Quiere circunscribir este asunto como si hubiera sido un evento que salió allí, en ese momento. Por eso es que el abogado de defensa objeta los hechos de por la mañana y todas las cosas que pasaron anteriormente. Pero todas esas cosas que sucedieron antes van a la mentalidad del asesinato, van al ejercicio mental de conocimiento y premeditación de los actos”, elaboró el abogado.En ese sentido, González Vélez hizo énfasis en la Ley 140 (que facilita la intervención de un juez municipal en una controversia) que Viqueira sometió, entre 2019 y 2020, para que se removiera el equipo de cámaras del acusado y le entregaran una copia de lo grabado al biólogo. “Por lo menos, lleva cinco años grabándole las conversaciones”

Además, el acusado también colocó, en repetidas ocasiones, una bocina que emitía sonidos de coquíes desde el techo de su casa, sin otro propósito que “no fuera alterar la paz”, de acuerdo con González Vélez. Del mismo modo, el licenciado recordó que Meléndez Velázquez tenía, al momento del arresto, más de diez armas de fuego y una licencia de portación revocada.

“¿Cuál fue la investigación que hizo la Policía de Puerto Rico para darle las armas de fuego a este individuo? ¿Fue a donde los vecinos a preguntar? Todos los vecinos son testigos de estas situaciones desde el primer día. Todos estaban listos para hablar en la vista para del injunction, que no se celebró ¿Dónde está esa investigación? Eso no ha salido”, continuó González Vélez.

Trasfondo de las tensiones

 Con 90 días de audio guardados, un sistema de vigilancia elaborado y una cámara mirando fijamente a la piscina del hogar de Viqueira, la situación entre el biólogo y el enfermero se remonta a cuando Viqueira se enteró de la amalgama de acechanza que Meléndez Velázquez tenía sobre su hogar. Para entonces, los hijos de la familia Viqueira apenas tenían entre 10 a 13 años.

“Cuando lo mangaron, cambió las versiones del asunto. Radicó un pleito de construcción en el tribunal, pero era para opacar las acusaciones de espionaje que hizo Robert. En ese pleito se continuó hasta que no se comprobaron las alegaciones frívolas (del enfermero), y se iba a terminar el pleito mediante Robert y Moshayra (su esposa) comprando la propiedad de Arlene (la vecina) y el asesino”, explicó González Vélez.

Poco antes, confirmó el licenciado, la vecina Arlene vivía sola en su casa hasta establecer una relación con Meléndez Velázquez. Cuando se suscitan las polémicas de las cámaras y otros encontronazos –como la bocina con sonidos de coquíes– la familia Viqueira resolvió comprar la casa para desahuciar al ahora acusado.

“El abogado de la otra parte ofreció vender la casa, y Robert dijo que lo estudiaría, que le mandaran la tasación de la casa para evaluarla. Robert y Mosha le iban a comprar la propiedad a Arlene para que el asesino se fuera. Era un gasto para lograr la justicia que no obtenían en los tribunales”, prosiguió el abogado.

Pero al regresar de una vacación, la familia Viqueira volvió a toparse con otro inconveniente sumado a las cámaras: una horda de coquíes croaba a toda hora, en todo momento. Tras dos o tres averiguaciones, cuenta González Vélez, Viqueira descubrió que se trataba de una bocina puesta por el vecino. Confundido, el biólogo contacta al abogado de los vecinos para indicarle lo que estaba haciendo su cliente

“El pleito empezó de una manera, pero el transcurso de los años lo llevó a otro final, que era que le vendieran la casa para que el muchacho se fuera. Por eso es que llama a su abogado (el del acusado), para decirle que se podía caer la transacción, y apagan la bocina para después prenderla de nuevo. Demuestra que no tenía interés en resolver el asunto”, detalló el amigo del biólogo.

Suspicacia de fondo

 De acuerdo con González Vélez, el acusado estaba “ofuscado” con Robert Viqueira desde que lo conoció y surgió la controversia. De hecho, el abogado reveló que, para acceder al sistema elaborado de cámaras que tenía, Meléndez Velázquez ingresaba “EnvidiaViqueira2016” como contraseña. Pero para el licenciado, lo evidente resulta demasiado obvio.

“El compañero Viqueira, para el 2006 o 2008, fue intervenido por agentes del FBI, saliendo del Bosque Seco de Guánica. Se diligenció una orden de registro sobre él, se llevaron su teléfono, que hasta no se ha devuelto, e igual se desarrollaron otros allanamientos con un sinnúmero de compañeros”, recordó el abogado sobre su amigo, en el marco de las detenciones relacionadas con el arresto de Filiberto Ojeda Ríos.

Durante esa época, afirmó González Vélez, la persecución contra Los Macheteros  produjo muchas intimidaciones y hostigamientos por parte del gobierno federal, como cuando un helicóptero “Apache” del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) lleno de agentes con armas largas aguardó por Viqueira frente a unas oficinas donde entonces trabajaba.

“Robert participó de la campaña Fuera FBI de mi país y de Rompiendo el perímetro. También, organizamos la Mesa Unitaria Independentista del Sur. A Robert Viqueira, al igual que un sinnúmero de personas, lo detenían en los puertos de abordaje. Siempre lo mandaban a una fila de seguridad extrema y se pasaban hostigándolo, como a muchos independentistas”, manifestó el licenciado.

Por tales razones, González Vélez estima apropiado cuestionarle al FBI y otras agencias si conocían, al igual que en otros casos de asesinato político, que el vecino de Viqueira tenía intenciones de agredirle, lastimarlo o asesinarlo. De ejemplo, González Vélez mencionó cuando el FBI conoció, sin intervenir, que Carlos Muñiz Varela sería asesinado.

“El viernes, se supone que termina el contrainterrogatorio de la esposa, después viene el redirecto de la fiscal y, finalmente, el contrainterrogatorio de la defensa. Si no hay testigos, el viernes debe haber una determinación de causa probable”, concluyó González Vélez sobre el caso que actualmente pasó a siguiente etapa judicial

“Esto es un caso serio. No debe haber otra determinación que no sea causa. Hay casos con menos pruebas que tienen causa, imagínate en este. Que lo único que hay que demostrar que pasó fue que él (Meléndez) vino, se paró frente a mi casa y tú me tiras de allá p’acá”.

 

Aumenta el número de personas sin hogar

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

El conteo de personas sin hogar reflejó los múltiples rostros de las personas, desde jóvenes entre los 18 a 22 años hasta adultos mayores de 65  a 90 años, que enfrentan  el sinhogarismo en Puerto Rico. Aunque el número de personas que se identificó, 1,031 en 2025, es menor a las identificadas en el 2024,  1,067, el 40.7 % enfrenta un sinhogarismo crónico, comparado con un 29.2 % en 2024.

El cálculo de personas sin hogar es realizado por un conjunto de organizaciones sin fines de lucro bajo la nominación Continuo de Cuidado (COC -PR 502),  en colaboración con el Departamento de la Familia. El conteo es requisito del Departamento de Vivienda Federal (HUD) para poder recibir fondos para atender a esta población. El COC PR 502 agrupa a 24 municipios del norte-centro de Puerto Rico.

La presentación de los resultados del 2025 se llevó a cabo en días recientes en el Centro de Convenciones del Municipio de Cataño, auspiciado por el COC PR 502. El análisis de los datos estuvo a cargo de  la licenciada Anitza Cox,  de la firma Estudios Técnicos, quien aclaró que el conteo no es un censo, sino un conteo de un segmento de la población de personas que, literalmente, están en la calle y/o en arreglos de vivienda temporeros o de emergencia en ese momento. Aunque se supone que se haga cada dos años, en el caso del COC PR 502 se hizo la aclaración de que, a partir de la pandemia y reconociendo lo cambiante de las necesidades de la población, se decidió hacerlo anual para tener datos actualizados sobre el perfil de la población. El propósito es proveer datos no duplicados sobre una parte de la población de personas sin hogar, que ayude a la planificación de los servicios a las entidades comunitarias y municipios, entre otros sectores, y que sirva de base a la asignación de fondos.

El conteo de este año se llevó a cabo del 29 al 30 de enero. La metodología es por medio de entrevista profunda a la persona y, en caso de que no quiera ser entrevistada, se hace por medio de observación.

De acuerdo a la presentación, en este año se identificaron un total de 1,031 personas en los  24 municipios que componen el COC 502. De estas personas identificadas en la calle, en albergues de emergencia y/o vivienda transitoria, el 8.1 %  estaba enfrentado el sinhogarismo en núcleo. Esto  quiere decir que 1 de cada 10 personas sin hogar estaba enfrentando el sinhogarismo acompañado de su pareja, hijos o alguien de su núcleo familiar.

La licenciada Cox indicó que si se considera las cantidad de personas que estaban pernoctando esa noche en proyectos de vivienda permanente, e igual se considerara las personas que enfrentan el sinhogarismo por primera vez, se podría  inferir que esas1.031 personas retratadas en ese momento, en el tiempo de alrededor del año, probablemente, aumentaría a 3 mil o más.

En términos de las características de la población indicó que se sigue observando una proporción mayor de hombres: 7 de cada 10 que enfrentan el sinhogarismo son hombres, en contraste con un 23.8 %  de mujeres. Mientras la mediana de edad de los hombres está entre los 35 a 44 años, hay personas de hasta de 90 años viviendo literalmente en la calle y se ve que una proporción importante, alrededor del 9 % (1 de cada 10) es de 65 años o más.

A base de lo observado por Cox, el aumento de personas mayores sin hogar responde a patrones demográficos. Los municipios donde se concentran son San Juan, Bayamón y Ciales.

En lo que respecta a  personas albergadas y no albergadas, lo describió como un desafió en términos de poder minimizar el número de personas que no está albergada en 2025. Del total de personas identificadas, 338 estaban  albergadas en viviendas de emergencia o  transitoria; sin embargo, la mayor cantidad, 639, estaba sin  albergar.

Si se ven las personas sin albergar en términos porcentuales, ese número refleja que en los pasados años, cerca de 6 a 7 de cada persona identificada no estaba albergada, lo que plantea un reto en términos de promover el que esas personas puedan estar en un lugar para atender la emergencia y puedan moverse a un hogar permanente.

En cuanto a los  municipios, los patrones observados fue que el 57 % de la población sin hogar ubica en San Juan, seguido de Vega Baja, Arecibo, Bayamón Vega Alta y Carolina. Otro dato relevante del conteo que habla de dos rostros del sinhogarismo es quelas personas que han estado más  tiempo en la calle  enfrentan un desafío  mayor para ser ubicados por sus características y sus necesidades.  Estas son las personas que enfrentan problemas crónicos. Para efectos de HUD, esas son personas que llevan más de dos años en la calle o que en los pasados tres años han tenido cuatro episodios de sinhogarismo que, unidos, son más de 12 meses; pero que además tienen una condición incapacitante, ya sea un problema de uso de sustancias controladas o alguna condición física o mental que les impide trabajar o mantener una vivienda.

El conteo reflejó que en un año se experimentó un aumento de personas sin hogar con condiciones crónicas de 29.2 % en el 2024 a 40.7 % en el 2025. Por otro lado, en el número de personas que enfrentaba el sinhogarismo por primera vez hubo un aumento de un 51.0 % en el 2024 a un 53.3 % en el 2025.

Sobre  las  razones para estar sin hogar a través de los años se han visto variaciones. Según Cox, hace 10 años, cuando se pensaba en el tema del sinhogarismo, se pensaba en personas con un uso problemático de  sustancias. Sin  embargo, hay muchas razones. Si bien es cierto que el uso problemático de sustancias es una de las razones que ha llevado a las personas a la calle (el 56. 3%), el  censo evidenció que el 34.1 % responde a problemas familiares, 20.9 % problemas de salud mental, 19.9 % a desempleo, 19.9 % a problemas financieros u económicos, 8.0 % a una situación de violencia de género, doméstica o de agresión sexual, 5.9 % a desahucios, 5.0 % a consecuencias de desastre natural o por el hombre y el 2.3 % a una situación de maltrato o negligencia.

En el caso de los jóvenes, alrededor de 41(80.6 %), es decir,  8 de cada diez, enfrentaba el sinhogarismo por primera vez. De estos, cerca de la mitad no están albergados y la mediana de edad es de 22 años. Como sucede con los varones adultos, el 53.7 % de los jóvenes son hombres. Los municipios donde  se concentran son San Juan, Vega Alta, Vega Baja, y Naranjito. En el caso de los jóvenes, el dato de violencia ha sido uno consistente: más de una cuarta parte de los jóvenes sin hogar han enfrentado una situación de violencia.

Otro de los indicadores del conteo fue la condición de VIH. Alrededor del 4.9 %,  en un estimado de  50 personas contadas, indicaron tener un diagnóstico positivo de HIV. Un 39.5 % son personas albergadas.

EL COC PR 502  resaltó que los resultados del conteo plantean la importancia de fortalecer la prevención, ofrecer una respuesta temprana, ampliar la vivienda permanente con apoyo y atención integral física y mental y proveer servicios especializados para personas con discapacidades.

 

Periodistas celebran su asamblea y se solidarizan con colegas palestinos

 

Por la Redacción de CLARIDAD

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO) reafirmó su compromiso con un periodismo ético y responsable, con apego a la búsqueda de la verdad, al elegir la nueva directiva para 2025-2027, en asamblea general en la Casa Dominicana, en Santurce.

La veterana periodista Nydia Bauzá fue reelecta a un segundo término en la presidencia de la ASPRO. Le acompañan en el comité ejecutivo los colegas Manuel Ernesto Rivera, primer vicepresidente; Leysa Caro, segunda vicepresidenta; Cristina del Mar Quiles, secretaria ejecutiva, y Damaris Suárez, tesorera. Fueron electos como vocales Cándida Cotto, Israel Rodríguez, Rosalina Marrero, Shirlyann Odette Rodríguez y Laura Quintero.

En línea con su trayectoria de dar voz a las comunidades en sus justos reclamos, el cónclave de la ASPRO tuvo como oradora invitada a la directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón, quien disertó sobre los retos y desafíos de las mujeres migrantes ante las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Grullón dijo que las mujeres migrantes en Puerto Rico son acechadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y que enfrentan discriminación, explotación laboral, invisibilidad, indiferencia selectiva de las estructuras gubernamentales, así como un temor generalizado de sus hijos e hijas y de toda la estructura familiar. Agregó que, además, sienten miedo de asistir a servicios religiosos y de visitar oficinas de gobierno para gestionar documentos de regularización migratoria.

“Las migrantes víctimas de violencia de género tienen temor de asistir a cuarteles de la Policía a poner querellas y a los tribunales a hacer pedidos de órdenes de protección bajo el amparo de la Ley 54 de Puerto Rico y la Ley federal VAWA (Violence Against Women Act). Es una negativa provocada, inducida por la inseguridad de que siendo las víctimas, sean ellas las arrestadas y/o deportadas”, denunció la líder comunitaria dominicana.

Grullón sostuvo que ejercer intervenciones por perfil racial y étnico “constituye un abuso de poder y eleva a rango de política pública la criminalización de la pobreza, la degradación moral de la inmigración por necesidad y la segregación racial”.

La líder feminista, cuyo centro ofrece asistencia a mujeres migrantes víctimas de violencia de género, abogó por mayores espacios de solidaridad para visibilizar la situación que les aqueja.

“Aquí, donde la clase gubernamental ejerce hasta con sonrisas la complicidad en la aplicación de esta política racista, xenofóbica, homofóbica, aporofóbica de rechazo a la persona pobre, se ha intentando normalizar lo anormal y defender lo indefendible”, estableció.

Subrayó que aunque la migración es un derecho, para las mujeres migrantes representa una elección difícil. “La violación de derechos, el racismo como política pública y la exclusión no pueden ser opciones de ninguna sociedad que se precie de democrática y se respete”, puntualizó la líder de la comunidad migrante en Puerto Rico.

La asamblea aprobó también de forma unánime, una resolución que condena el asesinato de más de 230 periodistas palestinos por parte de las fuerzas armadas de Israel en Gaza.

“Solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar la protección efectiva de periodistas palestinos y que se investiguen, juzguen y sancionen los crímenes cometidos en su contra”, lee el documento.

La resolución, presentada por los periodistas Cándida Cotto, Manolo Coss Pontón, Nelson del Castillo, Jesús Dávila, Laura Quintero y Héctor R. Peña repudia, además, la hambruna y crisis humanitaria a la que ha sido sometida la población civil palestina en Gaza y exige la apertura de comedores humanitarios seguros y el respeto al derecho internacional humanitario.

 

 

Corrupción y condición colonial en Puerto Rico

 

Especial para CLARIDAD

En la colonia todo está diseñado para favorecer la corrupción, porque la colonia es corrupción. La condición colonial de Puerto Rico configura un terreno fértil para la corrupción sistémica, entendida no como simple conducta individual desviada, sino como un mecanismo funcional al orden político y económico impuesto. La corrupción en Puerto Rico no es una disfunción del sistema, sino un síntoma de su colonialidad estructural, que combina subordinación política, dependencia económica y captura institucional. Si Estados Unidos desea conocer lo que le cuesta la colonia de Puerto Rico, puede estudiar la corrupción en Puerto Rico y considerar sus costos asociados como un perjuicio para los ellos, dado que Puerto Rico es la colonia estadounidense. Puerto Rico recibe anualmente miles de millones de dólares en fondos federales. Por tanto, El Congreso puede solicitarle formalmente a la Oficina de Contabilidad General de EE.UU. (General Accounting Office, o GAO) un estudio específico sobre la corrupción o el mal uso de fondos públicos en Puerto Rico. La GAO puede investigar el uso de los fondos federales y puede evaluar cómo la corrupción en la isla afecta la economía y las finanzas del gobierno estadounidense, y por ende en la isla, documentando los impactos negativos en programas y servicios federales.

La GAO ha investigado en el pasado la corrupción y la mala administración de fondos públicos en diferentes territorios y estados de EE. UU., sentando un precedente para investigar situaciones similares en Puerto Rico. La GAO puede estudiar la corrupción en Puerto Rico y considerar sus costos asociados como un perjuicio para los Estados Unidos.

Pero primero, debemos entender la premisa de que la corrupción es la colonia.  La colonialidad del poder y la arquitectura institucional se fueron creando desde 1898. La colonialidad persiste en las relaciones de dominación y discriminación impuestas por el colonialismo que no es solo un vestigio del pasado, sino una matriz de poder continua que moldea las dinámicas sociales contemporáneas. Es por esto que desde que Puerto Rico ha estado bajo la soberanía de los EE.UU. la relación asimétrica crea una arquitectura institucional híbrida y ambigua que fomenta la corrupción. El gobierno local posee apariencia de autogobierno, pero está limitado por el Congreso estadounidense (Cláusula Territorial) y ahora por la Junta de Control Fiscal por los que esta ambigüedad facilita la ausencia de rendición de cuentas horizontal y vertical, porque el poder último reside fuera de la esfera política local. En los mismos, se genera un vacío de responsabilidad política, en el que los actores locales se subordinan a intereses federales o corporativos sin tener que responder directamente a la ciudadanía.

A eso le unimos la dependencia económica y el clientelismo fomentado por el modelo económico de Puerto Rico que ha sido por décadas dependiente de transferencias federales, subsidios y capital externo. Esta dependencia ha fomentado un sistema político clientelista, donde el acceso a recursos públicos se convierte en mecanismo de control partidista y dependencia. El clientelismo político es un intercambio extraoficial de favores, en el cual los políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.

El Estado colonial opera como intermediario de fondos externos, lo que incentiva redes de favoritismo, nepotismo y contratismo. Y surge la lógica de acumulación basada en la captación de rentas y no en la producción endógena que refuerza estas prácticas, premiando la lealtad política sobre la eficiencia.  La «captación de rentas» o búsquedas de rentas se refiere a un proceso económico donde una persona o entidad obtiene riqueza sin crear valor para la sociedad, sino manipulando políticas públicas, regulaciones o las condiciones del mercado. Implica actividades como el cabildeo para obtener privilegios que benefician a un grupo específico a costa de otros, generando una mala asignación de recursos y perjudicando la productividad general. Se contratan cabilderos para que identifiquen fondos disponibles para el uso en Puerto Rico, aunque no exista esa necesidad, para la captación de rentas y vivir de fondos federales. Te convencen que son fondos para los pobres, pero la realidad es que los que viven de estos fondos es la élite política, tecnocráticas y empresariales puertorriqueña. Entiende la trama de esta actividad de individuos o grupos que invierten recursos (tiempo, dinero) para influir en decisiones políticas y económicas para buscar obtener beneficios (rentas) sin producir riqueza nueva, esos son parte del problema colonial.

Desde la década de 1990, el capitalismo colonialismo adoptó una forma neoliberal con privatizaciones masivas, desregulación y más endeudamiento público. Estas políticas crearon oportunidades para la corrupción de élites políticas, tecnocráticas y empresariales, quienes capturaron agencias y recursos públicos. El mismo se ha agudizado con la imposición de la Ley PROMESA (2016) y la Junta de Control Fiscal, sin legitimidad democrática, que profundizó el desmantelamiento del Estado local, consolidando un régimen de excepción que debilita controles institucionales y habilita la discrecionalidad administrativa, caldo de cultivo para la corrupción. La captura de agencias (también conocida como captura regulatoria) y la captura del Estado son términos que describen cómo el poder privado influye indebidamente en el gobierno para servir intereses específicos en lugar del bien público. La captura de agencias se enfoca en cómo una agencia gubernamental es cooptada por la industria que debe regular, mientras que la captura del Estado se refiere a una influencia más amplia que afecta las leyes, políticas, reglamentos e instituciones estatales en general. Entiende la otra trama, la captura de agencias que ocurre cuando una agencia regulatoria, creada para proteger el interés público, es dominada por las industrias que se supone que debe supervisar. La captura del Estado es un tipo de corrupción política que ocurre cuando individuos o corporaciones poderosas influyen en la formulación de leyes, políticas y regulaciones estatales para su propio beneficio.

En este marco, la corrupción no es solo el acto ilegal de individuos y corporaciones, sino parte del andamiaje colonial de dominación y dependencia. Funciona como mecanismo de mediación entre el poder imperial y las élites locales, garantizando la reproducción de la subordinación. Permite las prácticas corruptas que se normalizan como estrategias de supervivencia dentro de un sistema percibido como ajeno e impuesto. Y la falta de soberanía impide construir instituciones fuertes, legítimas y responsables ante la ciudadanía, perpetuando el círculo vicioso. Así que la corrupción es un síntoma de la colonialidad.

Estados Unidos ha fomentado todo esto, por el control político y económico que ejerce, pero puede ayudar a combatirlo investigando si de verdad le interesa luchar contra la corrupción. La misión de la GAO incluye investigar la eficiencia y la efectividad de los programas federales y el uso del dinero de los contribuyentes, lo que implica una vigilancia sobre cómo la corrupción en Puerto Rico puede desviar fondos destinados a programas federales o afectar su implementación, aumentando los costos. La GAO puede investigar el uso de los fondos federales y puede evaluar cómo la corrupción en la isla afecta la economía y las finanzas del gobierno estadounidense, documentando los impactos negativos en programas y servicios federales.

La corrupción en Puerto Rico puede tener repercusiones económicas y financieras en los Estados Unidos continentales, incluyendo efectos en la inversión, el comercio y la integridad de los servicios federales. Además de las pérdidas financieras asociadas a fraude, despilfarro y abuso en programas federales en Puerto Rico. Analizar las deficiencias en la administración pública local que elevan el riesgo de corrupción ayuda a entender el problema y estimar cómo la corrupción afecta la inversión federal y el desarrollo económico local. El afán por el militarismo es para encubrir desde la colonia, la corrupción en uso de fondos.

La corrupción en Puerto Rico debe analizarse como producto de su condición colonial, no meramente como fallas éticas individuales. Mientras persista la subordinación política y la dependencia económica estructural, los incentivos para la corrupción permanecerán integrados al funcionamiento del sistema. La lucha contra la corrupción requiere, por tanto, un proyecto de descolonización democrática que devuelva el poder real a la ciudadanía y reconstruya el Estado sobre bases de la independencia, la soberanía, la justicia social y la plena participación pública.

La GAO tiene la autoridad y las herramientas para investigar y reportar sobre la corrupción en Puerto Rico, analizando sus costos para los Estados Unidos. Si de verdad quieren combatir la corrupción en Puerto Rico el Congreso puede solicitarle formalmente a la GAO un estudio específico sobre la corrupción o el mal uso de fondos públicos en Puerto Rico. También, los comités del Congreso (como el de Recursos Naturales o el de Supervisión y Reforma) pueden pedir investigaciones o análisis sobre la corrupción y su impacto fiscal o económico en la isla.

La GAO es un organismo independiente del Congreso de Estados Unidos, encargado de auditar, evaluar y emitir informes sobre el uso de fondos públicos federales y la eficacia de las políticas gubernamentales. Su misión principal es ayudar al Congreso a cumplir con su función de supervisión (“oversight”).

Nosotros no podemos solicitarlo por ser colonia, esto expone la dependencia política de Puerto Rico como las limitaciones estructurales para enfrentar la corrupción desde un marco de soberanía propia. Un estudio de este tipo podría aportar datos clave para entender cómo la corrupción erosiona el desarrollo, pero también pondría de relieve el vínculo entre corrupción y colonialismo como obstáculos al bienestar colectivo y al desarrollo de Puerto Rico. El control externo sobre la fiscalización evidencia que la lucha contra la corrupción está condicionada por relaciones coloniales de poder. Pero desde aquí podemos comenzar a investigar si seguimos la metodología para analizar la captura del Estado que el doctor Iyari Ríos que se publicó en el libro “En la Independencia estaremos Mejor: Seremos Libre” (2025). Con esta metodología podemos identificar las personas implicadas, para denunciar y proponer procesar casos de corrupción y estimar el daño social o político completo.  A lo que esperamos por EE.UU. podemos nosotros hacer nuestra parte como pueblo: Investigar y denunciar la corrupción como un mal colonial.

 

 

 

 

Venezuela, narcotráfico y piratería en el Caribe

 

Por Voces en lucha

 

En la autopista internacional Simón Bolívar que conecta Venezuela con Colombia, a la altura de Villa del Rosario, vecino al municipio de Cúcuta en el Norte de Santander, orilla colombiana de la frontera, una enorme valla publicitaria en inglés reza “Reward increase off up to”, “aumento de recompensa hasta…” con la cifra de 50 millones de dólares junto al rostro del Nicolás Maduro y 25 millones junto al de Diosdado Cabello.

Es apenas uno de los primeros capítulos insólitos vividos en las últimas semanas en nuestro planeta desjuiciado en referencia a esta tierra venezolana. Semejante locura, más propia de un western gringo que de la realidad, no es una broma macabra sino que tiene su referencia en la antipolítica estadounidense, que en su aventura injerencista se ganó el mérito de habituarnos a normalizar lo desmedido. El pasado 7 de agosto, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció el aumento de la recompensa ofrecida durante el primer mandato de Trump, por información que conduzca al arresto del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, del ministro de Interior, Paz y Justicia Diosdado Cabello a 25 millones y del ministro de Defensa Vladimir Padrino a una suma de 15 millones.

En la era de la inteligencia artificial, el entramado mediático imperialista es diestro en combinar todas las formas de difusión para ocupar todos los espacios. Y eso incluye las herramientas tradicionales. La resistencia también es reticular, y aparece donde menos se espera. La valla publicitaria duró apenas unas horas porque un hombre con sentido de la dignidad que por allí circulaba retiró el plástico gigante que cubría la valla, lo enrolló como una cobija y volvió a subirse a su carro. Antes de eso, las miles de personas que transitaron por la autopista Simón Bolívar, si eran doctas en inglés, podían leer las acusaciones contra el mandatario y el ministro “por conspiración de narcotráfico, conspiración de importación de cocaína, conspiración para usar y portar armas de fuego y dispositivos destructivos para promover un delito de drogas”.

El siguiente episodio de esta nueva aventura imperial de EEUU, plenamente conectado con el anterior, fue la presencia de 3 destructores con misiles y 4.000 marines a bordo desplegados en aguas del Caribe frente a las costas venezolanas, supuestamente para luchar contra el tráfico de drogas desde Venezuela hacia EEUU. La portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, afirmó que están dispuestos a «usar todo su poder» para frenar el «flujo de drogas hacia su país».

Días después, la cifra de los efectivos gringos aumentó. Hoy son 8 buques de guerra, 1200 misiles y un submarino nuclear los que apuntan a Venezuela. Entre los barcos, un crucero de misiles guiados USS Lake Erie. El número de efectivos militares es incierto. Las informaciones hablan de alrededor de 4500, entre ellos 2000 marines, cuyas funciones habituales no incluyen las operaciones antidrogas.

El pasado 2 de septiembre, EEUU difundió un video de dudosa veracidad donde su impresionante flota habría acabado a golpe de misil con una pequeña lancha supuestamente cargada con narcóticos y donde viajarían 11 venezolanos. De ser cierto este acto de piratería, resulta cuando menos curioso que semejante despliegue naval, en desproporcionada asimetría respecto a la lancha, rompiera el procedimiento habitual en estos casos. En lugar de abordar la embarcación, confiscar su supuesta mercancía, detener a los supuestos narcos y presentarlos como pruebas, decide reducir la barquita, misil mediante, a la nada existencial. Días después, Trump dirá que en total fueron tres las embarcaciones destruidas frente a Venezuela, con un segundo ataque “en la zona de responsabilidad del Comando Sur” que habría acabado con 3 “narcoterroristas venezolanos”. Washington sigue sin ofrecer más datos sobre estos presuntos hechos.

Lo que sí es veraz es que el 13 de septiembre, un barco destructor misilístico y 18 marines con armas largas asaltaron ilegalmente un buque pesquero venezolano, tripulado por nueve pescadores de atún en aguas del Caribe pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva venezolana. Cual piratas, asaltaron y retuvieron incomunicados durante 8 horas a los pescadores. Un evidente acto de provocación “para fabricar pretextos de aventuras bélicas”, afirmó el comunicado de Cancillería.

La argucia mediática para justificar ante el mundo esta escalada criminal que viola todos los acuerdos del derecho internacional es tratar de vincular al gobierno de Venezuela con el negocio del narco. La narrativa es vieja y se pone en marcha cada vez que los intereses del gran capital afilan su maquinaria bélica para arrasar las instituciones soberanas y la resistencia popular de países y territorios con el fin de apoderarse de sus recursos. Armas de destrucción masiva, programa nuclear, bombas atómicas, yihadismo, terrorismo, narcotráfico… Para cada realidad se fabrica una vitrina. La infección de las conciencias se diseña milimétricamente en los laboratorios de guerra neocortical. Agotadas las otras opciones, el relato ficción precede al ataque militar. En el caso de Venezuela consiste en hacer creíble la fábula que coloca al gobierno venezolano como la cabeza del fulano “Cartel de los Soles”.

Quienes verdaderamente poseen armas de destrucción masiva, quienes tiraron dos bombas nucleares una vez ganada la Segunda Guerra Mundial, quienes se lucran del negocio de la industria armamentística, quienes alimentaron y formaron a los talibanes, quienes riegan el mundo de terrorismo y terror de Estado, quienes controlan y administran la distribución del narcotráfico, quienes inyectan sus beneficios en las cloacas del capital financiero, se permiten el lujo de inventar armas o bombas nucleares donde no las hay y se permiten el lujo de inventar un relato sobre Venezuela que desmiente sus propios datos y los propios datos de las decadentes organizaciones del derecho internacional nacidas con la creación del orden mundial de posguerra.

Nuevas informaciones suman gravedad al escenario de crisis en el Caribe. El sábado 13 de septiembre Trinidad y Tobago respalda el despliegue naval e informa de una supuesta operación donde habría incautado un barco procedente de Venezuela con 268 kg de marihuana. El domingo 14, aviones de combate F-35 del Cuerpo de Marines de Estados Unidos aterrizan en Puerto Rico. El martes 17, con 33 votos a favor y 20 en contra, el Senado colombiano «declara políticamente al denominado ‘Cartel de los Soles’ como una organización criminal transnacional, vinculada al narcotráfico, al lavado de activos y al financiamiento de grupos terroristas». Semanas atrás, el presidente Petro aseguró que «no existe» el Cartel de los Soles, «es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».

El esfuerzo de las autoridades venezolanas para desmantelar a los grupos traficantes de drogas es continuo. En lo que va de año el gobierno ha incautado más de 60 toneladas de narcóticos. Precisamente, la madrugada del lunes 15 se incautaron 3.680 kilogramos de cocaína en el Estado Falcón provenientes de la Guajira colombiana, la misma ruta de la Operación Gedeón en 2020. Venezuela denuncia este intento como una operación de falsa bandera para enmarcarlo en la actual agresión. En este contexto, los grandes medios internacionales cacarean al unísono la misma narrativa. Legitiman los ataques dando credibilidad al relato del narcoterrorismo en Venezuela y se esfuerzan por equiparar a Trump y a Maduro bajo la lógica de una escalada de tensión fomentada por la locura de los dos mandatarios, ocultando el carácter ilegal, ilegítimo e imperialista del despliegue.

Circula por las redes un video del Comandante Chávez que adelanta esta realidad haciendo un paralelismo con la invasión a Panamá de 1989. “La nación más agresora en la historia de la humanidad. Se atrevieron a lanzar dos bombas atómicas sobre ciudades indefensas. Han invadido Panamá, bombardearon y mataron a miles, quemaron un barrio entero para llevarse a Noriega, y allá está preso el que era presidente de Panamá”. El Comandante continúa, afirmando que existe una operación diseñada años atrás por el Pentágono. “Hace varios años me lo dijo alguien: `te van a terminar acusando a ti de narcotraficante… Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega´. Es uno de los planes que se ha venido desarrollando en EEUU. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico, y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó”. La voz de Chávez canta desde otros paisajes, pero el proceso bolivariano que él impulsó sigue en pie y su aviso profético se cierne sobre el presidente Nicolás. Los medios hegemónicos secundan el relato que sitúa a Venezuela como “epicentro del narcoterrorismo”.

La hipocresía gringa sigue empujando el techo de la historia. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del planeta. Uno de cada cuatro estadounidenses es dependiente de algún estupefaciente. Alrededor de 100.000 personas mueren al año por sobredosis, el 80% por fentanilo, la droga sintética de los pobres. Washington conoce al dedillo las rutas de la droga. La cocaína se siembra fundamentalmente en Bolivia, Perú y Colombia y la ruta hacia el norte no pasa por aguas del Caribe. El 87% de la droga que ingresa en Estados Unidos pasa por el Pacífico. Las rutas principales de salida son México, Centroamérica y Ecuador, no Venezuela. El pensador venezolano Luis Britto García cuestiona que el potencial estadounidense no sea capaz de localizar y poner un pare a esas rutas. ¿O acaso no interesa? “El ex agente de la CIA Edward Snowden en su libro Vigilancia Permanente testimonia que Ira Hunt, el director de tecnología de la CIA, declaró desembozadamente que `Tenemos prácticamente a nuestro alcance la posibilidad de procesar toda la información generada por el ser humano´. La vigilancia satelital permite a Google Earth examinar en tiempo real todo metro cuadrado de la superficie terrestre. Resultaría muy casual que los únicos exentos de esta supervigilancia fueran los narcos o sus cómplices en el gobierno y el sistema financiero estadounidense”1.

El periodista de investigación Seth Harp, en su libro El cártel de Fort Bragg, revela la participación en el narcotráfico de unidades de élite de las fuerzas especiales estadounidenses entrenadas en Fort Bragg, como la famosa Fuerza Delta, encargada de operaciones secretas y encubiertas. “La mayor parte del narcotráfico y la producción de drogas era llevada a cabo por caudillos militares, jefes de policía y comandantes de milicias pagados por Estados Unidos en una estructura corrupta”, asegura Harp2.

La famosa Administración para el Control de Drogas, la DEA, que supuestamente combate el tráfico y consumo de Drogas en EEUU, es, como señalan tantos investigadores, el organismo encargado de administrar el narcotráfico; despejar rutas, negociar con redes criminales, gobiernos y cuerpos de seguridad y asegurar la entrada de la droga a EEUU. Para las clases dominantes no representa un suicidio social sino pingües beneficios. El crimen organizado se inserta de manera estructural en instituciones políticas y financieras del gigante del norte. Según informes de la propia DEA, EEUU es el principal centro del lavado y blanqueo de capitales del crimen organizado internacional del narcotráfico. ¿Cuál es el verdadero narcoestado? “Los narcóticos se trafican en tierra, aire y mar mediante un complejo sistema que comprende financiamiento bancario, apoyo de las policías que deberían combatirlo, complicidad del gobierno y redes de distribución omnipresentes que surten a los consumidores”, afirma Britto.

Un informe de la ONU señala que Venezuela no produce drogas, estando libre de cultivos, laboratorios y lavado de dinero del narco. Los propios informes de la DEA arrojan que Venezuela está fuera de las rutas del narcotráfico. Ninguno de sus informes señala a Venezuela como productor ni distribuidor de narcóticos. Ninguno de sus informes se refiere al `Cartel de los Soles´.3 ¿Será que sencillamente no existe?

Venezuela es un país en guerra desde hace más de dos décadas. Guerra económica, multidimensional, híbrida, cognitiva, de cuarta generación, neocortical… muchas son las categorías que tratan de dar cuenta de la combinación de múltiples formas de ataque criminal contra este pueblo. Sin embargo, este momento es inédito. En los 25 años de Revolución bolivariana, jamás se ha visto tan cerca la posibilidad real de un ataque militar. No es casual ni responde a un mero capricho de Trump. En su guerra contra China y los BRICS, EEUU necesita controlar las mayores reservas petroleras del planeta y no ve la manera de apoderarse de los inmensos recursos de Venezuela. Ensayó casi todas las opciones para derribar al gobierno y acabar con el proceso popular. Derrotada y desgastada la oposición terrorista liderada por María Corina y superados los peores momentos de la guerra económica, ambos, gobierno y proceso viven un momento de fortaleza y rearticulación. Sumando a esto el desmedido crimen contra la humanidad que representa el genocidio en Palestina, no es absurdo pensar en la posibilidad real de una intervención. Desconocemos la intención real de EEUU. Un retorno inmediato de los buques brindaría una nueva victoria moral y política a Venezuela. Un ataque militar directo necesita de mucha más fuerza militar y podría comprometer a otras fuerzas geopolíticas, en una posible escalada regional y mundial que EEUU debe estar midiendo. Todo indica que esta crisis en el Caribe durará meses. Pero ¿quién paga el enorme despliegue? El costo de mantener frente a Venezuela a cada uno de los destructores y sus efectivos militares se estima en alrededor de 8 millones de dólares mensuales.

En el referido video, Chávez continúa: “Fidel me dijo `mira Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, lo último que podemos hacer es lo que hizo Saddam, meterse en un hueco. Hay que morir peleando Chávez, ahí en la primera línea de batalla”. La amenaza imperial activó las alarmas en Venezuela. “Ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, afirmó el Presidente Nicolás. El imperialismo euro-estadounidense amenaza lo más preciado de este suelo, eso que costó tanta sangre y sacrificio. No es poca cosa lo que está en liza. La soberanía, el proyecto socialista y las esperanzas de la humanidad. El pueblo venezolano se prepara para lo que venga.

Estado Trujillo, Venezuela, 17 de septiembre de 2025

Notas:

1 Luis Britto García, Todo lo que usted quería saber sobre el bloqueo pero no se atrevía a preguntar.

2 Ver Democracy Now, 14 de agosto de 2025.

3 Ver Misión Verdad, Entre confesiones y omisiones de la DEA: EE.UU. es un narcoestado, 22 agosto 2025

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