Ha llamado mucho la atención de estudiosos y analistas de la política puertorriqueña la fuerte incursión en esta pasada elección general del 5 de noviembre, de un sector organizado de la clase empresarial de nuestro país que decidió usar su mollero y su dinero para lograr resultados electorales que favorezcan sus intereses económicos. La forma agresiva en que lo hicieron- o sea, colocar una millonaria inversión en medios pagados, la publicación de una lista de sus candidatos y candidatas favorecidos, y la expresa advertencia de que no apoyarían a ningún candidato o candidata de la Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ni del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)- sorprendió a mucha gente. Bajo el nombre engañoso de «Democracia y Prosperidad», el susodicho grupo empresarial se organizó en un SUPER PAC que invirtió millones con un solo objetivo: impedir cualquier cambio en la gobernanza de Puerto Rico que, según ellos, pueda interferir con el trato especial y los privilegios de que disfrutan por su condición de ricos y poderosos. «Que nada amenace lo mío» pareció ser el grito de guerra lanzado al ruedo electoral por esta camada de dueños y no tan dueños de empresas y sectores del comercio al por mayor y al detal, la construcción y la importación y distribución de alimentos, licores y otros productos de consumo. A estos se unieron jugadores menores de otros sectores económicos y, por supuesto, los principales oficiales (empleados) de las organizaciones que agrupan la llamada «libre empresa», que no perdieron oportunidad para demostrar que son más firmes y leales «libre empresarios» que los patronos millonarios que les pagan el sueldo.
Esta incursión del sector empresarial en la política electoral puede resultar sorpresiva para muchos pero no es así. A lo largo de nuestra historia, abundan los ejemplos de incursiones similares, sobre todo en momentos de crisis económica y social como los que se viven actualmente en Puerto Rico. Durante los años treinta del siglo pasado, y tras el impacto de la Gran Depresión de Estados Unidos sobre la empobrecida población de Puerto Rico, hubo un largo período de tensión entre empresarios de la caña, el tabaco y otros sectores agrícolas – representados en el Partido Republicano Puertorriqueño de entonces, y los trabajadores de esas industrias, que eran la base económica del Puerto Rico de principio y mediados del siglo veinte.
Fue un abierto conflicto de clases y, para proteger sus intereses, el Partido Republicano hizo una Coalición con el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantin, un anarquista español exiliado en Puerto Rico que proclamaba defender a los obreros. La llamada Coalición se repartió la representación legislativa mayoritaria en Puerto Rico por los últimos años de la década del 1930-1940, bajo todos los gobernadores estadounidenses de la época, pero nunca los salarios ni las condiciones de los obreros mejoraron. Sin embargo, la Coalición seguía obteniendo mayorías, utilizando prácticas electorales ilícitas tales como la coacción y el transporte de trabajadores a los lugares de votación, el encierro de los más reacios en almacenes o sótanos para que no pudieran ir a votar, la compra de votos a cambio de alimentos, ropa o zapatos, o la abierta amenaza de cesantía en medio de los momentos de peor miseria. A muchos de sus adversarios, el fuego «misteriosamente» les consumía sus cosechas o sus sembradíos.
La actitud y comportamiento ilícitos de aquellos hacendados y sus mayordomos en los años 30, se acercan peligrosamente a las declaraciones y acciones intimidantes de los empresarios y portavoces del SUPER PAC » Democracia y Prosperidad» en el Puerto Rico del 2024. Algunos de los actuales llegaron al extremo de hostigar e intimidar a sus empleados por escrito para impedir que votaran por los candidatos y candidatas de La Alianza de País, una acción de dudosa legalidad.
No hay duda de que tanto los de antes como los de ahora actúan de esa manera porque se han sentido protegidos y cobijados por la impunidad, esa vara exclusiva con la que se mide a los poderosos y que les coloca por encima de las leyes y normas de ética y decoro que aplican a los demás miembros de una sociedad.
Las acciones de estos empresarios, en el marco de una elección histórica en Puerto Rico, demuestran que la lucha de clases sigue siendo una ley inexorable de la historia tanto ayer, como hoy y lo será también mañana. El rostro de un nuevo Puerto Rico se asomó con fuerza tras los resultados electorales del pasado 5 de noviembre. Y aunque los mismos de siempre lograron mantener el poder político, y conservar sus privilegios e impunidad por un tiempo adicional, quedó claro que la mayoría de nuestro país reclama un cambio y que está dispuesto a movilizarse para lograrlo, un cambio que nos permita comenzar a salir de la crisis económica y social, y avanzar en la construcción de un nuevo país con oportunidades para todas y todos. Los que lograron mantenerse a la cabeza del gobierno, y los empresarios que los respaldan solamente ganaron un tiempo adicional. Ellos y ellas representan al «viejo» Puerto Rico, carcomido por la parálisis del coloniaje, el cáncer de la corrupción, y la enfermedad de la dependencia, la ineptitud y la avaricia.
Como dicta la ley de la historia, de esas ruinas emergerá el Puerto Rico nuevo que ya asomó con fuerza y esperanza su rostro durante la pasada contienda electoral. De entre esas manos, nos saldrá la Patria Nueva. Que no les quepa duda.
