CLARIDAD
Un informe preliminar de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capítulo de Puerto Rico en conjunto con el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR) sobre su ejercicio como observadores del proceso electoral de este 2024 recoge fallas e irregularidades habidas en el proceso que abonan a una actitud de desconfianza hacia el trabajo de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Las organizaciones dividieron sus hallazgos en cinco categorías que confirman muchas de las denuncias hechas por ciudadanos, medios de comunicación e incluso por algunos funcionarios de colegio.
El primero de los hallazgos preliminares se refiere a impedimentos a la función de los observadores, a quienes en una, coordinadores y funcionarios impidieron la entrada a los colegios, aun cuando los observadores estaban debidamente identificados y acreditados. En otra instancia, los coordinadores de la unidad electoral les exigieron a los observadores salir del colegio una vez cerrado, contrario a lo que establece el mismo protocolo de la CEE. También se denunció de casos donde los funcionarios interaccionaron de manera agresiva con los observadores.
El segundo hallazgo tiene que ver con deficiencias en los centros de votación, como falta de acceso para las personas de diversidad funcional, falta de papeletas en sistema braille o lupas y falta de servicio de agua potable.
El tercer señalamiento de las organizaciones es de máquinas de escrutinio que no funcionaron o funcionaron de manera incorrecta. Esto incluyó la ausencia de baterías para en caso de que fallara el servicio de energía y la falta de suficientes máquinas de reemplazo, solo una máquina por colegio.
El cuarto señalamiento se refiere a la tardanza de la entrega de materiales a los colegios y la cantidad insuficiente de funcionarios. La tardanza en la entrega de materiales provocó que muchos colegios comenzaran los trabajos pasadas las 10 de la mañana, algunos pasadas las 10:30. No en todos los colegios hubo funcionarios de todos los partidos y funcionarios que no eran de la unidad ni coordinadores no aparecieron en el sistema, por lo que no pudieron registrarse para votar.
En quinto lugar, denunciaron el CAPR y la ACLU, se violentó el derecho al voto secreto, debido a que las casetas no tenían cortinas y además su colocación no permitía la privacidad del voto.
En cuanto al trabajo en la Junta Administrativa del Voto Ausente y el Voto a Domicilio (JAVAA), los observadores documentaron que, en efecto, las papeletas que se utilizaron para calibrar las máquinas estaban impresas con los recuadros ennegrecidos, lo que puede explicar la razón por la cual las máquinas de escrutinio no estaban leyendo de manera adecuada la X de los votos adelantados. La instrucción de rellenar el cuadro y no marcar con una X se dio apenas dos días antes de la elección general.
Más allá de estos hallazgos preliminares, la ACLU y el CAAPR señalaron en su informe los obstáculos que representó lograr que la CEE los certificara como observadores, comenzando con que no fue hasta el 8 de octubre que la CEE contestó la acreditación de ambas entidades, lo cual hicieron a inicios de septiembre y que para que les facilitaran el protocolo de los observadores, tuvieron que acudir al tribunal. Este fue aprobado después del 8 de octubre. No se les proveyó el protocolo ni adiestramiento. Por el contrario, la CEE gastó $80 mil dólares de su presupuesto (aprobados por la Junta de Control Fiscal) para invitar a observadores internacionales a quienes les cubrieron transporte aéreo, alojamiento, comidas y adiestramiento, lo cual no estuvo a disposición de los observadores del patio.
Por su parte, la ACLU y el CAAPR reunieron 31 voluntarios y les adiestraron para servir de observadores. Entre ellos hubo abogados y abogadas, universitarios, ministros religiosos y servidores públicos. La falta de atención por parte de la CEE al servicio a ofrecer por parte ACLU y el CAAPR incluyó la entrega de las credenciales como observadores a las 7:14 de la noche del día anterior a las elecciones, lo que provocó que tuvieran que enviar las credenciales vía fotografía a sus celulares.
De acuerdo al informe preliminar, cubrieron 40 unidades electorales de 20 precintos en12 municipios, que incluyeron San Juan, Bayamón, Toa Baja, Carolina, Caguas, Cayey, Río Grande, Las Piedras, Cabo Rojo, Guaynabo, Guayanilla, Coamo y la JAVAA.
