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Puerto Rico se queda sin médicos especialistas

 

 

Especial para CLARIDAD

“Tenía un tumor canceroso en el cerebro… Después de mi operación, visitaba a mi neurocirujano todos los años. El año pasado, cuando fui a recibir más tratamiento debido a los síntomas recurrentes, simplemente se había ido”, dijo Teresa, una mujer de Aguada paciente de cáncer, sobre el médico que la estaba tratando.

“Ni siquiera recibimos una llamada telefónica de su oficina. Simplemente se había ido”, recalcaba repetidamente, mientras continuaba contando las dificultades que debió enfrentar a raíz de ese evento a un grupo de investigadores universitarios que buscan identificar las razones de la creciente migración médica en Puerto Rico.

El caso de Teresa es uno de los miles de casos de puertorriqueños que necesitan atención médica especializada y que se han visto obligados a posponer su tratamiento o incluso a dejar de recibirlo debido al aumento en la migración de médicos hacia fuera de la isla.

Según Nelson Varas Díaz, catedrático del Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de Florida e investigador principal del estudio, Puerto Rico ha perdido más de un tercio de sus médicos durante la última década.

“En 2009, la fuerza laboral médica estaba compuesta por 14,500 médicos. Para 2020, la cifra se había reducido a 9,000. Si este patrón migratorio continúa en los próximos años, la isla no podrá cumplir con la proporción de 1/1000 de médicos per cápita propuesta por la Organización Mundial de la Salud”, expuso el investigador en su artículo.

Los hallazgos preliminares del estudio han sido publicados por Elsevier, una importante editorial científica y empresa de análisis de datos, en el artículo On leaving: Coloniality and doctors immigration in Puerto Rico.

Varas Díaz enfatizó además que “las recientes olas migratorias han sido lideradas por médicos en áreas especializadas de la medicina que se han vuelto peligrosamente escasas en la isla”.

Hace algunos meses la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico (PIA, por sus siglas en inglés) llegó a una conclusión casi idéntica en un estudio similar que encargó a FARO, una firma de asesoría en el manejo de la atención médica.

El estudio de PIA reveló que la cantidad de especialistas médicos en la isla no será suficiente para atender las necesidades de salud de los puertorriqueños tan temprano como para el año 2030.

“Hemos comprobado que no vamos a alcanzar la cantidad óptima de especialistas que necesitaríamos en la isla en función de los niveles de enfermedad de nuestra población. Anticipamos que vamos a tener menos especialistas que el nivel óptimo necesario para atender las necesidades de salud de nuestra población”, dijo Vanessa Lugo, ejecutiva de FARO.

¿Por qué se van?

Según Varas Díaz, el estudio, que se basó en entrevistas semiestructuradas (SSQIs, por sus siglas en inglés) y que incluyó a 50 médicos puertorriqueños (26 que habían emigrado a los Estados Unidos continentales y 24 que aún residían en Puerto Rico), reveló tres razones principales por las que los médicos deciden abandonar la isla.

“Existe una creencia compartida entre todos los entrevistados de que el sistema [de salud] en Puerto Rico está totalmente colapsado. A pesar de la narrativa del Gobierno de que el sistema no ha colapsado y está en funcionamiento, desde la perspectiva de los médicos sí está colapsado”, dijo Varas Díaz.

Otra razón para irse de la isla, según los médicos entrevistados, es que el sistema está estructurado para impedir su desarrollo profesional debido a la politización, así como al control que tienen las compañías de seguros sobre él.

La tercera razón para abandonar la isla es que el sistema educativo que se supone forma a los nuevos médicos está estructurado, desde el primer año de la escuela de medicina, para obligarlos a irse.

“Digamos que un estudiante es aceptado en la escuela de medicina del Estado. [Este] tendrá que lidiar con cupos limitados en clases también limitadas —en comparación con las universidades privadas— en una institución asediada por administraciones gubernamentales y una Junta de Supervisión Fiscal que han llevado al desmembramiento del sistema de educación pública”, argumentó Varas Díaz.

“Ese vacío lo llenan las universidades privadas o, en nuestro contexto, ‘con fines de lucro’”, agregó.

El investigador argumentó, además, que al completar sus estudios, un grupo de estudiantes masivamente endeudados es arrojado a un sistema que no tiene suficientes puestos de entrenamiento. Aquellos que logran completar su especialidad médica o residencia pasan a un sistema controlado por las compañías de seguros, que tienen el poder suficiente para decidir quién se registra para la práctica médica.

Parte de la entrevista con un ginecólogo-obstetra puertorriqueño que trabaja en el estado de Ohio fue incluida en el artículo On Leaving…, y en esta se detalla cómo el costo de vida impacta los servicios en Puerto Rico.

“Aquí [en Ohio] recibo $50 por un [examen de] Papanicolaou. En Puerto Rico, un médico recibe $25. Tenemos los mismos costos… materiales, tiempo, todo es lo mismo, pero el salario allá es menor. A eso, súmale que el costo de vida allá es mucho más alto. Imagínate esto para un médico que ya tiene una gran deuda estudiantil”, expresó.

Según Varas Díaz, estas preocupaciones por la diferencia de salario entre los médicos en Puerto Rico y los EE. UU., el costo de brindar servicios y el aumento del costo de vida en la isla, impactaron la decisión de los médicos de irse a los EE. UU.

Por otro lado, aunque el estudio de PIA analiza el número de especialistas que se espera que estén activos en 2030, sí menciona algunas de las razones para la disminución del número de especialistas en la isla. El estudio identifica el retiro de especialistas luego de cumplir 75 años de edad y 45 años de ejercer la medicina como la principal razón por la que Puerto Rico está perdiendo médicos. A esta situación se suma el hecho de que la isla no está produciendo suficientes especialistas para cubrir su necesidad debido al número limitado de programas de formación (residencias y becas).

“El número de especialistas que se produce en estos programas es menor del que necesitamos. Es decir, la cantidad de especialistas que ingresan [a la práctica] no compensa la cantidad de los que se retiran”, informó Lugo.

En el estudio de PIA se analizaron diez especialidades médicas, con base en el perfil clínico proyectado de la población de la isla. Entre ellas se encuentran neurólogos, gastroenterólogos, reumatólogos, dermatólogos, cardiólogos, cirujanos generales, endocrinólogos, cirujanos de mama, cirujanos colorrectales y neumólogos pediátricos.

Cabe destacar que en el caso de los endocrinólogos, el estudio proyecta que para el año 2030 se necesitarán 379, mientras que actualmente solo hay 84 activos. Esto significa que se necesitarán más de cuatro veces más endocrinólogos de los que están activos hoy.

El estudio también menciona la migración médica y estima una proporción de cinco médicos por cada 1,000 personas (5/1,000).

Pagando las consecuencias

La migración médica de Puerto Rico, combinada con la tendencia demográfica actual de la isla de perder población, podría causar demoras en el diagnóstico y tratamiento, lo que a su vez impactaría los resultados de salud de los tratamientos que se ofrezcan.

“En la medida en que ocurran complicaciones de enfermedades específicas y/o condiciones relacionadas, anticipamos que esto tendrá un impacto, no solo en la salud de esas personas, sino también en el sistema de salud en sí, y podríamos estar viendo más hospitalizaciones provenientes de las salas de emergencia”, advirtió la ejecutiva de FARO.

En el caso de las personas que padecen diabetes, por ejemplo, Lugo estimó que el número de visitas a las salas de emergencia o el número de hospitalizaciones podría duplicarse. Actualmente, el paciente promedio de diabetes va al hospital 2.6 veces al año.

“Estamos anticipando que las visitas de estos pacientes al hospital podrían aumentar a 6.8 veces [al año]”, advirtió. El cambio en la demografía de Puerto Rico, específicamente una población de mayor edad que padece enfermedades crónicas, “podría tener implicaciones económicas adversas a nivel macro, como lo sería un aumento en el costo per cápita de la atención médica a los pacientes, pérdida de productividad y problemas de disponibilidad en la fuerza laboral”.

Hoy en día, el costo de manejar un paciente diabético en Puerto Rico es de alrededor de $17,000 por año. Pero bajo el escenario de PIA, el costo podría duplicarse para el 2030, totalizando unos $34,000. En términos de costos indirectos, Lugo explicó que un paciente diabético con una condición no controlada tendría que ausentarse del trabajo con mayor frecuencia, lo que costaría más de $160 millones en pérdida de productividad. En el caso de los pacientes que han quedado incapacitados y ya no pueden trabajar, podría representar un costo de $900 millones.

En términos generales, por cada punto porcentual de aumento en el ausentismo laboral de los trabajadores diabéticos, se agregan 6 millones de dólares al erario, mientras que en el caso de las discapacidades, por cada punto porcentual se agregan $40 millones.

Por su parte, Varas Díaz señaló que una de las limitaciones de los estudios que han considerado la migración médica en diferentes partes del mundo ha sido que se concentran en los factores que convocan o expulsan a los médicos de un lugar o entorno.

“No hay un análisis de las condiciones sociopolíticas que generan esos factores. Es muy interesante constatar en nuestro contexto cómo los sujetos entrevistados tienen clara conciencia de que la condición colonial del país impacta a la comunidad médica. Estos médicos tienen claramente identificadas las condiciones sociopolíticas que provocan su exilio”, dijo Varas Díaz.

Se asoma otro “banquete total”

 

CLARIDAD

¿Recuerdan aquel “banquete total”? Puede que alguien haya olvidado el contenido de la frase, pero todos vivimos sus consecuencias desde hace 15 años. La acuñó Jorge de Castro Font cuando controlaba la mayoría del PNP en el Senado puertorriqueño entre 2005 y 2008. (El presidente del cuerpo era Kenneth McClintock, pero el poder real lo ostentaba el que apodan “Ñañito”.)

En aquel cuatrienio el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá, del PPD, pero el PNP controlaba las dos cámaras legislativas. Abusando de ese poder, se dispusieron a impedir que se llenaran las vacantes que fueron surgiendo en cargos claves de todas las ramas de gobierno para atribuírselas a partir de 2009, cuando esperaban retomar el control de la rama ejecutiva como efectivamente ocurrió con la elección de Luis Fortuño en las elecciones de 2008. Según se jactaba de Castro Font, con los nombramientos que se esperaban se estarían sirviendo un “banquete total”.

Aunque el creador de la frase no pudo disfrutar del festín porque un mes antes de las elecciones de 2008 fue arrestado por el FBI e imputado de numerosos cargos de corrupción, su partido efectivamente se dio un banquete total, cuyas consecuencias todavía el País sufre. El más importante de los platos que conformaron aquel banquete fue el control del Tribunal Supremo. Debido al retiro de dos jueces y a la inesperada muerte de otro (Jaime Fuster), Fortuño inmediatamente llenó las vacantes con tres personas relativamente jóvenes y cercanas al PNP, logrando una mayoría 4-3. Entonces esa nueva mayoría le “solicitó” a la Legislatura que aumentara la membresía del cuerpo de 7 a 9 (de acuerdo con la Constitución esa petición sólo puede gestionarla el propio Tribunal) para que Fortuño hiciera dos nombramientos más. Así fue como gracias al “banquete total” ideado por el posterior convicto de Castro Font, la nueva mayoría en el Supremo pasó a ser de 6 a 3. Gracias a ello, todas las controversias claves surgidas en torno a asuntos electorales (como el reciente caso que invalidó las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana) se han resuelto a favor del PNP. La lista de otros casos importantes surgidos del banquete total es bien larga (el de los llamados “cabilderos pro estadidad”, el del próximo plebiscito, el ataque al Colegio de Abogados y Abogadas, etc., etc.) y todavía faltan muchos más antes de que esa mayoría pueda cambiar.

Además del Tribunal Supremo, el banquete de “Nañito”, también permitió el nombramiento de jueces del Tribunal Apelativo, mantener la Oficina del Contralor (desde 1997 -¡27 años!- la jefatura de la Contraloría está en manos del PNP), de la Oficina de Ética Gubernamental y otras cargos que se supone combatan la corrupción. Tras 2016, cuando volvieron a ganar el Ejecutivo y la Legislatura, asumieron control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones y extendieron su sábana sobre otras oficinas claves.

Mantener vivo el recuerdo de lo que pasó tras 2009 es importante, pero el propósito de este artículo es advertir que, si no derrotamos al PNP en las elecciones del próximo noviembre, las tropas de Jennifer González y Thomas Rivera Schatz, estarían disfrutando de otro banquete total. La división del gobierno en el cuatrienio que termina (PPD en la Legislatura y PNP en la Fortaleza) junto a oportunas decisiones del Tribunal Supremo, han dejado la mesa servida para un nuevo festín.

El más importante plato será otra vez el Tribunal Supremo. Desde finales del 2020 allí hay una vacante, la que dejó el retiro de Annabelle Rodríguez, y, por mandato constitucional, durante el próximo cuatrienio se producirán otras dos: Edgardo Rivera García en 2025 y Mildred Pabón Charneco en 2027. Por tanto, la persona que asuma la gobernación el próximo mes de enero podrá hacer tres nombramientos al Supremo durante su mandato, los que deberán ser confirmados por el nuevo Senado. Esos tres nombramientos cambiarían significativamente la composición del Tribunal si el gobernador electo no es del PNP o, en caso contrario, le garantizaría a ese partido el control de nuestro más alto foro judicial por, al menos, otros 15 años. Ya sabemos, por lo que ha ocurrido en la última década, lo que ese control extendido puede representar.

Además del Tribunal Supremo, está otra vez sobre el tapete la Oficina del Contralor. El cargo de la actual contralora, Yesmín Valdivieso, nombrada por Luis Fortuño, venció hace más de seis años, pero sigue en el cargo porque antes Wanda Vázquez y Rivera Schatz no pudieron ponerse de acuerdo y, en este cuatrienio, Pedro Pierluisi se negó a negociar con el Senado un nuevo nombramiento. Lo mismo pasó con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones tras la renuncia del anterior presidente. En este último caso se produjo una intervención salvadora del sistema judicial porque el Senado acudió a ese foro solicitando que, por la importancia de la CEE, se le ordenara a Pierluisi negociar la nueva presidencia. Como se esperaba, la decisión del Tribunal fue a favor del gobierno del PNP y una presidenta alterna sigue al frente del crucial organismo. (El día anterior al que se escribe este este artículo, se unió a los comisionados del PNP y el PPD para impedir que se diera más tiempo para la inscripción de nuevos electores.)

Como vemos, del resultado de las próximas elecciones depende que el PNP no pueda disfrutar de otro “banquete total”. Si lo logran, las consecuencias sobre el País serán, otra vez, funestas.

 

 

 

Llueven las denuncias contra la Comisión Estatal de Elecciones

Al centro Annette Martínez Orabona Foto suministrada.

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, en inglés), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AIPR), en conferencia de prensa reclamaron al Gobierno de Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al Contralor Electoral (OCE) que se adopten todas las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la participación política, de cara a las próximas elecciones generales.

Es la primera vez que estas tres organizaciones que se dedican a proteger y promover los derechos civiles y los derechos humanos hacen este tipo de declaración respecto al proceso electoral en Puerto Rico. “Estamos en tiempos que lo ameritan y hay que hacer todas las acciones y colaboraciones posibles”, subrayó la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, a preguntas de este medio.

La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona, acompañada de la directora ejecutiva de AIPR, Liza Gallardo, y la presidenta del CAAPR, expresó preocupación por la multiplicidad de denuncias y querellas que se han presentado y hecho públicas, que identifican serias irregularidades en los procesos de inscripción del registro de votantes, violaciones a la confidencialidad en el manejo de la información de los electores, múltiples fallas en el sistema de registro electrónico, falta de controles en los procesos de solicitud y trámite de votos adelantados en todas sus modalidades y, especialmente, en lo que concierne al grupo de personas adultas mayores.

“Claramente, todas estas fallas y aquellas que no conocemos denotan un claro problema de múltiples posibles violaciones al derecho al voto en Puerto Rico”, advirtió Martínez Orabona.

Las organizaciones exigieron que todas las denuncias de las fallas sean investigadas de manera transparente y efectiva, a la vez que presentaron cinco medidas que dijeron consideran cautelares para proteger el derecho al voto. Entre estas, el que se extienda el periodo de inscripción de los votantes al menos 30 días más, lo cual está permitido por el Código Electoral del 2020. No obstante, la CEE ha fijado la fecha límite para el 21 de septiembre.

Exigieron además, que la CEE informe de manera clara a los electores sobre la forma y manera de ejercer el voto adelantado en todas sus modalidades y establezca un proceso de notificación adecuado, en coordinación con el Departamento de la Familia, para informar a los familiares sobre visitas de funcionarios electorales o de terceros a égidas y centros de cuido.

Una de las solicitudes sobresalientes de las organizaciones es la acreditación por parte de la CEE de observadores independientes en todos los componentes del proceso electoral que administra JAVAA, sea el día de las elecciones, durante el proceso de escrutinio y en todas las etapas de trámite del procesamiento del voto, el voto adelantado o el voto ausente.

Martínez Orabona denunció en tono enérgico que todavía la CEE no ha contestado la petición de certificación de observadores que fue presentada el 4 de septiembre. Añadió que ACLU también solicitó a la CEE copia del informe que hizo la Comisión Independiente Internacional sobre el proceso de primarias, que al día de la conferencia de prensa, la CEE no se los había entregado. Obtuvieron el informe de parte del CE.

Comentó que la Comisión de Derechos Civiles también hizo esa solicitud. Además de haber solicitado ser certificados como observadores, la ACLU está en comunicación  con organizaciones internacionales que comparten su misión y que están interesadas en integrar una comisión de observadores internacionales en Puerto Rico. “Es  algo que ya estamos coordinando. Estamos exigiendo que se nos acredite y que se nos entregue información sobre cómo se da el proceso de acreditación de observadores, qué tipo de reglamentación se tiene aprobada, documentos internos,  guías de trabajo”. Incluso dijo que pidieron información sobre el presupuesto, que saben que existe y fue utilizado para una misión extranjera.

“Pero a las organizaciones que estamos aquí, que defendemos los derechos civiles de nuestra población, que es nuestra misión, a nosotros no nos han respondido”. Un dato que sobresale es que en las primarias se invirtieron 80 mil dólares en dicha comisión de observadores.

La directora ejecutiva de ACLU trajo a la atención que en los comicios generales del 2020 la ACLU publicó un informe donde se identificaron varias irregularidades en el proceso electoral. Además, que el reciente informe de las primarias, que es un proceso más pequeño, también señaló irregularidades, por lo que preocupa el proceso que se va a dar en noviembre, porque se sabe que hay fallas.

A preguntas de este medio respecto a la petición de extensión del tiempo para la inscripción, Martínez Orabona no descartó que, de ser necesario, no sería la primera ocasión en que ACLU presente algún tipo de acción judicial. “No es un secreto que ha habido montones de imposibilidades y de limitaciones para lograr el registro adecuado en Puerto Rico, y entendemos que lo propio debe ser extender el periodo para inscripciones”.

En tanto, la directora de AIPR añadió que, en la medida en que varias organizaciones están haciendo la misma solicitud, hay más fundamentos que amerita que se haga.

Foto suministrada.

Otras de las solicitudes de información traídas a la atención pública es que la CEE y la Administración de Tribunales (AT) informen si se ha hecho el proceso sobre las declaraciones de incapacidad. Se indicó que se supone que la CEE reciba dicha información para depurar el registro electoral, igual que se hace con las defunciones. Aún no se sabe de cuántas personas se trata, ya que esta información nunca se ha hecho pública. De acuerdo con la ley, en año electoral la AT debe dar esa información a la CEE cada mes y, luego, cada año.

El licenciado Fermín Arraiza Navas, de la ACLU, apuntó que siempre se habla de depurar listas de las personas que han muerto, de las que todavía hay 30 mil que aparecen en las listas de electores. En el caso de las personas declaradas incapacitadas por el tribunal, nunca se ha hecho. La petición sobre este particular fue el 4 de septiembre.

Las organizaciones denunciaron que todavía se desconoce el nuevo reglamento en la JAVAA para el manejo del voto ausente y adelantado. Arraiza Navas indicó que se supone que exista un reglamento nuevo, que no se ha hecho público y que ni siquiera se le ha entregado a los comisionados de los partidos: “Entonces, ¿cómo se va a supervisar y fiscalizar un proceso de voto adelantado y voto ausente si no se tiene la reglamentación?”.  Arraiza recordó que ese fue uno de los problemas mayores en términos de la transparencia en las elecciones del 2020.

Las portavoces exhortaron a que aquella persona que haya tenido algún contratiempo, ya sea que no se haya podido inscribir, que se le ha violado su confidencialidad, que no se ha podido registrar por la vía electromecánica; en fin, que considere que se les ha violado su derecho, que presente una querella, ya sea ante la CEE, la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia o al Procurador de Edad Avanzada a que les envíe copia una vez presentada.

Las copias pueden ser enviadas al enlace https://forms.gle/6x8w56dtm51mPZBE7.También puede enviarla a: querellavoto2024@amnistiapr.org

La importancia de presentar las querellas, no importa lo sencilla que fuere, es ver si hay un patrón como han mencionado muchas personas, de si existe un diseño para que las personas no se puedan inscribir. Así que el llamado es a que todas los que han presentado una querella les envíen copia de esta. Solo así se podrá  trazar una línea de evidencia.

 

 

 

 

 

Líderes y expertos denuncian uso de herbicidas peligrosos en plan de LUMA

 

Distintos expertos alertaron de las herbicidas que el consorcio pretende utilizar en miles de millas de líneas eléctricas

CLARIDAD

 Sin dispensas ni evaluaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), LUMA Energy propuso su notorio plan de manejo de vegetación, que busca podar los árboles limítrofes a 14,000 millas de cableado eléctrico con herbicidas perniciosos para la salud, de acuerdo con una denuncia de la representante Mariana Nogales Molinelli.

“Originalmente, yo le solicité al DRNA que me indicara su posición oficial sobre la dispensa del proceso de cumplimiento ambiental solicitada por LUMA Energy para la implementación del plan de manejo de vegetación. No hubo respuesta de la agencia en el término que provee la ley, así que recurrí al tribunal, y poco después el DRNA contestó diciendo que no tiene acuerdo, dispensa o plan de manejo de vegetación de LUMA Energy, aprobado con LUMA Energy, y que la ley no le obliga a crear un documento para responder a mi petición”, explicó la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en un comunicado.

Además, Nogales Molinelli recordó que, en 2023, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, aseguró que la agencia trabajaba con un plan de mitigación para regular la propuesta de LUMA, que aún se desconoce. Por otro lado, la representante destacó que LUMA, en su versión más reciente del plan (junio), eliminó la lista de posibles herbicidas que usarían para podar.

“Yo también le solicité al NEPR [Negociado de Energía] que me entregara copia de su determinación en cuanto a la solicitud de dispensa del proceso de cumplimiento ambiental […] ahora dicen que no existe tal solicitud de dispensa y que todos los documentos relacionados al plan están en un expediente digital en el portal del NEPR. Pues no hay nada”, reza el comunicado de Nogales Molinelli.

“El gobierno de Puerto Rico es irrelevante en esta discusión”

Como el gobierno local no ha reaccionado a las peticiones y propuestas de LUMA, el operador privado ha negociado directamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para sus proyectos, donde único el consorcio ha encontrado resistencia en los planteamientos ambientales, de acuerdo con el ecólogo y exdirector del Instituto de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.

“Pienso que el gobierno de Puerto Rico es irrelevante en esta discusión. Esos planes que LUMA entregó al gobierno son irrelevantes porque el gobierno nunca responde, y LUMA está negociando con FEMA, pero los planes de LUMA no contemplan un análisis ambiental”, elaboró el doctor Lugo.

Para el ecólogo, la magnitud del proyecto que propone LUMA requiere una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de una fiscalización constante, algo que se distancia de lo que sucede en realidad. Según el doctor, LUMA no le solicita permisos a Recursos Naturales, sino dispensas.

“Lo que les pide son dispensas. Déjennos no tener que hacer ningún análisis ambiental por lo que estamos proponiendo. Entonces, tampoco vemos si Recursos Naturales les dio la dispensa o no les dio la dispensa. Si les dio la dispensa, ¿basado en qué? No tienen ninguna información sobre frecuencia de mantenimiento ni intensidad de mantenimiento”, arguyó el experto en temas de preservación ambiental.

En lugar del DRNA, dijo Lugo, LUMA envía sus planes al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), quienes no han respondido a ninguna de las fuentes consultadas al cierre de esta edición.

“FEMA le levantó bandera [a LUMA] en que no tienen ninguna información de cómo van a accesar las líneas cuando es a campo traviesa. Una cosa es ver una línea en la ciudad, pero cuando es a campo traviesa, tienen que desplazarse y crean mucho impacto ambiental”, puntualizó Lugo.

Cuando los trabajadores emplean, en las zonas montañosas, químicos como glifosato, dicamba o imazapyr, la lluvia puede escurrir los residuos del producto hasta las comunidades vecinas de estos cables. Además, el doctor añadió que el plan no considera la diversidad topográfica de Puerto Rico, que varía de carso, ciudades, zonas secas y bosques pluviales. En un plan de diversos enfoques, Lugo esboza cómo debería manejarse la vegetación cercana al tendido eléctrico.

“Cada una [de las zonas] requiere un concepto distinto, un análisis distinto y un esfuerzo distinto. Pero uno no ve que LUMA tenga una estrategia así. Todo eso son complicaciones”, añadió el doctor.

También, Lugo recordó el tiempo en que la Autoridad de Fuentes Fluviales y de Energía Eléctrica, con sus brigadas de camineros, podaban periódicamente la maleza que se colaba en los cables y los postes. A juicio del experto, el plan de LUMA refleja su desconocimiento para manejar un sistema eléctrico en el trópico.

Rechazo de otros sectores

En agosto, el esfuerzo multisectorial “Una sola lucha” repudió, en una protesta frente a los predios de la agencia, la inacción del DRNA en respuesta a LUMA. Según el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado, el departamento negó, para esa fecha de la protesta, haber recibido un plan para manejar la vegetación de parte de LUMA.

“Yo no he escuchado al DRNA. ¿Cuál es la posición de ellos? Si es una propuesta todavía, el Departamento tiene que dar su endoso. Puede haber un impacto ambiental, y ellos son quienes están llamados a proteger el ambiente”, compartió Alvarado con CLARIDAD.

Para el también candidato al Senado por el Distrito de Guayama, LUMA quiere acceder a los $12 mil millones que circulan en el país y están destinados a la recuperación de la red energética. Sin otro propósito salvo el lucro, LUMA rociará cuanto bosque con herbicidas que, además de asegurar que no regrese la maleza, trastocan la salud de las personas.

“Es bien peligroso. En el caso del glifosato, en Estados Unidos (EE. UU.) hay miles y miles de demandas de personas que utilizaron el glifosato de forma correcta y, como quiera, surgieron personas con cáncer. Eso es gente que lo usó correctamente, imagínate con esta empresa que va a tirar glifosato por todos lados, llegando a las casas de las personas”, argumentó Alvarado.

A esa lista de herbicidas se suman otros 13 productos que afectan la salud y el ambiente, muchas veces de modo irremediable.

 

 

 

¡Hasta siempre! Wanda Colón Cortés

Tomada de FB

 

Líder comunitaria, activista de las luchas ambientales y periodista, Wanda Colón Cortés no desvinculaba una cosa de la otra. La verdad, la justicia, su activismo y su trabajo siempre estuvieron a favor de las causas justas. Su liderato logró detener en la década de los 90 los planes del entonces secretario de transportación, Carlos Pesquera, de impactar los terrenos del Jardín Botánico en Río Piedras para la Ruta 66.

Participó de manera activa en el Movimiento Paz para Vieques. Fue directora del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz. Como periodista, sus últimas incursiones fueron como entrevistadora en el programa Línea Abierta desde Puerto Rico, que se transmitía por Radio Universidad de Puerto Rico a toda la franja este de Estados Unidos. El otro programa fue Día a Día, también de Radio Universidad.

La Junta Directiva y el Colectivo de Trabajo de CLARIDAD, le envía un abrazo fuerte y solidario a toda la familia de Wanda la de sangre y la extendida. Gracias por tu dedicación y tu lucha por un Puerto Rico libre.

El velatorio de la compañera Colón Cortés será este miércoles, 18 de septiembre, de 3:00 a 7:00p. m., en la Funeraria Casanova de su pueblo natal, Manatí, desde donde saldrán el jueves 19 a las 10:00 am.hacia el cementerio de la Altagracia