CLARIDAD
La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU, en inglés), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) y Amnistía Internacional, capítulo de Puerto Rico (AIPR), en conferencia de prensa reclamaron al Gobierno de Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al Contralor Electoral (OCE) que se adopten todas las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la participación política, de cara a las próximas elecciones generales.
Es la primera vez que estas tres organizaciones que se dedican a proteger y promover los derechos civiles y los derechos humanos hacen este tipo de declaración respecto al proceso electoral en Puerto Rico. “Estamos en tiempos que lo ameritan y hay que hacer todas las acciones y colaboraciones posibles”, subrayó la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, a preguntas de este medio.
La directora ejecutiva de ACLU, licenciada Annette Martínez Orabona, acompañada de la directora ejecutiva de AIPR, Liza Gallardo, y la presidenta del CAAPR, expresó preocupación por la multiplicidad de denuncias y querellas que se han presentado y hecho públicas, que identifican serias irregularidades en los procesos de inscripción del registro de votantes, violaciones a la confidencialidad en el manejo de la información de los electores, múltiples fallas en el sistema de registro electrónico, falta de controles en los procesos de solicitud y trámite de votos adelantados en todas sus modalidades y, especialmente, en lo que concierne al grupo de personas adultas mayores.
“Claramente, todas estas fallas y aquellas que no conocemos denotan un claro problema de múltiples posibles violaciones al derecho al voto en Puerto Rico”, advirtió Martínez Orabona.
Las organizaciones exigieron que todas las denuncias de las fallas sean investigadas de manera transparente y efectiva, a la vez que presentaron cinco medidas que dijeron consideran cautelares para proteger el derecho al voto. Entre estas, el que se extienda el periodo de inscripción de los votantes al menos 30 días más, lo cual está permitido por el Código Electoral del 2020. No obstante, la CEE ha fijado la fecha límite para el 21 de septiembre.
Exigieron además, que la CEE informe de manera clara a los electores sobre la forma y manera de ejercer el voto adelantado en todas sus modalidades y establezca un proceso de notificación adecuado, en coordinación con el Departamento de la Familia, para informar a los familiares sobre visitas de funcionarios electorales o de terceros a égidas y centros de cuido.
Una de las solicitudes sobresalientes de las organizaciones es la acreditación por parte de la CEE de observadores independientes en todos los componentes del proceso electoral que administra JAVAA, sea el día de las elecciones, durante el proceso de escrutinio y en todas las etapas de trámite del procesamiento del voto, el voto adelantado o el voto ausente.
Martínez Orabona denunció en tono enérgico que todavía la CEE no ha contestado la petición de certificación de observadores que fue presentada el 4 de septiembre. Añadió que ACLU también solicitó a la CEE copia del informe que hizo la Comisión Independiente Internacional sobre el proceso de primarias, que al día de la conferencia de prensa, la CEE no se los había entregado. Obtuvieron el informe de parte del CE.
Comentó que la Comisión de Derechos Civiles también hizo esa solicitud. Además de haber solicitado ser certificados como observadores, la ACLU está en comunicación con organizaciones internacionales que comparten su misión y que están interesadas en integrar una comisión de observadores internacionales en Puerto Rico. “Es algo que ya estamos coordinando. Estamos exigiendo que se nos acredite y que se nos entregue información sobre cómo se da el proceso de acreditación de observadores, qué tipo de reglamentación se tiene aprobada, documentos internos, guías de trabajo”. Incluso dijo que pidieron información sobre el presupuesto, que saben que existe y fue utilizado para una misión extranjera.
“Pero a las organizaciones que estamos aquí, que defendemos los derechos civiles de nuestra población, que es nuestra misión, a nosotros no nos han respondido”. Un dato que sobresale es que en las primarias se invirtieron 80 mil dólares en dicha comisión de observadores.
La directora ejecutiva de ACLU trajo a la atención que en los comicios generales del 2020 la ACLU publicó un informe donde se identificaron varias irregularidades en el proceso electoral. Además, que el reciente informe de las primarias, que es un proceso más pequeño, también señaló irregularidades, por lo que preocupa el proceso que se va a dar en noviembre, porque se sabe que hay fallas.
A preguntas de este medio respecto a la petición de extensión del tiempo para la inscripción, Martínez Orabona no descartó que, de ser necesario, no sería la primera ocasión en que ACLU presente algún tipo de acción judicial. “No es un secreto que ha habido montones de imposibilidades y de limitaciones para lograr el registro adecuado en Puerto Rico, y entendemos que lo propio debe ser extender el periodo para inscripciones”.
En tanto, la directora de AIPR añadió que, en la medida en que varias organizaciones están haciendo la misma solicitud, hay más fundamentos que amerita que se haga.
Otras de las solicitudes de información traídas a la atención pública es que la CEE y la Administración de Tribunales (AT) informen si se ha hecho el proceso sobre las declaraciones de incapacidad. Se indicó que se supone que la CEE reciba dicha información para depurar el registro electoral, igual que se hace con las defunciones. Aún no se sabe de cuántas personas se trata, ya que esta información nunca se ha hecho pública. De acuerdo con la ley, en año electoral la AT debe dar esa información a la CEE cada mes y, luego, cada año.
El licenciado Fermín Arraiza Navas, de la ACLU, apuntó que siempre se habla de depurar listas de las personas que han muerto, de las que todavía hay 30 mil que aparecen en las listas de electores. En el caso de las personas declaradas incapacitadas por el tribunal, nunca se ha hecho. La petición sobre este particular fue el 4 de septiembre.
Las organizaciones denunciaron que todavía se desconoce el nuevo reglamento en la JAVAA para el manejo del voto ausente y adelantado. Arraiza Navas indicó que se supone que exista un reglamento nuevo, que no se ha hecho público y que ni siquiera se le ha entregado a los comisionados de los partidos: “Entonces, ¿cómo se va a supervisar y fiscalizar un proceso de voto adelantado y voto ausente si no se tiene la reglamentación?”. Arraiza recordó que ese fue uno de los problemas mayores en términos de la transparencia en las elecciones del 2020.
Las portavoces exhortaron a que aquella persona que haya tenido algún contratiempo, ya sea que no se haya podido inscribir, que se le ha violado su confidencialidad, que no se ha podido registrar por la vía electromecánica; en fin, que considere que se les ha violado su derecho, que presente una querella, ya sea ante la CEE, la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia o al Procurador de Edad Avanzada a que les envíe copia una vez presentada.
Las copias pueden ser enviadas al enlace https://forms.gle/6x8w56dtm51mPZBE7.También puede enviarla a: querellavoto2024@amnistiapr.org
La importancia de presentar las querellas, no importa lo sencilla que fuere, es ver si hay un patrón como han mencionado muchas personas, de si existe un diseño para que las personas no se puedan inscribir. Así que el llamado es a que todas los que han presentado una querella les envíen copia de esta. Solo así se podrá trazar una línea de evidencia.
