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Defendamos a Venezuela

Especial para Claridad

Defender a Venezuela es defender a su pueblo y su soberanía nacional para no caer en el chantaje económico, político y mediático que desde Estados Unidos se diseña. A su vez, es defender a América Latina y el Caribe ante la impotencia y la extorsión por parte de Estados Unidos. Detrás de todos los ataques a Venezuela está el interés geopolítico y económico de controlar los recursos petroleros, de gas y los recursos de tierras y metales raros que existen en Venezuela y en el resto de América. Venezuela cuenta con las más grandes reservas de petróleo y de gas, además posee minerales como oro, cobre, hierro, bauxita, coltán, casiterita, níquel, rodio y titanio. El resto de nuestros países tienen litio, que es también muy importante para la cadena de valor de la tecnología. La no publicación de las actas electorales es solo la excusa. Es el interés económico lo que está detrás de la estrategia de Estados Unidos para debilitar e invadir a Venezuela, y así controlar la explotación de estos yacimientos y recursos a través de conglomerados internacionales.

Además, atacando a Venezuela quieren neutralizar el avance corporativo de China, o de Rusia, y así controlar una fuente de minerales claves para la cadena de valor de la tecnología. Es la versión del siglo XXI de la Doctrina Monroe -América para los americanos (para ellos, lo americano es Estados Unidos)- y re colonizar para mantener la hegemonía económica y política del área. Para ello, utilizan el acoso mediante el ciber acoso y la violencia política. Elon Musk, el magnate, está enfrascado en la guerra económica y política para controlar la cadena de valor de la tecnología, y así lograr que otros no controlen esos minerales. La estructura económica que sostiene la globalización de las tecnologías es la nueva forma de colonización y usan la manipulación social a través de los medios para condicionar conductas y llevar su mensaje.

Quiero recordar que todo daño a Venezuela daña a su pueblo, el acoso político, la violencia política, la guerra económica con las sanciones y el bloqueo. Se ha demostrado empíricamente que quien se afecta es el pueblo. De mi parte, lo dejo claro: No auspicio invasiones o golpes de Estado; nuestra defensa de la independencia y la soberanía de Puerto Rico requiere defender también la de los demás pueblos del mundo. Lo que no queremos para Puerto Rico no lo queremos tampoco para otros pueblos. No auspicio el acoso (bullying, en inglés) político porque hace daño físico, mental, emocional y psicológico al pueblo. Y favorezco la defensa de los pueblos para lograr su soberanía económica y social.

La estrategia del acoso político o intimidación es una forma de violencia que consiste en llevar a cabo ataques verbales, emocionales, físicos o psicológicos repetidos con la intención de dominar, humillar o agredir a otra persona o pueblo. Se da en las áreas política, verbal, psicológica, social y cibernética. Este acoso o intimidación por medios tecnológicos digitales lo estamos normalizando, sin que exista la denuncia sobre los males que genera. Por ejemplo, cómo la intimidación, la difusión de medias verdades o información distorsionada se utilizan para dominar un pueblo y ocasionarle daño físico. Para que el acoso se detenga, hay que detectarlo y denunciarlo, pues dicho acoso político es una forma de violencia que atenta contra el logro de la igualdad, la autonomía y soberanía del pueblo venezolano. Las agresiones, amenazas, violencia física y mental no permiten hablar de democracia real sino de la imposición de un discurso violento e irrespetuoso. Los medios de comunicación que son parte de ese acoso, con su exigencia de rendir cuentas e intimidación por medio de la publicación de las llamadas actas electorales, llevan la violencia al contexto electoral.

Sin embargo, su análisis no menciona los intereses económicos que están detrás para la apropiación, por parte de Estados Unidos, de las inmensas reservas de petróleo, gas, tierras y metales raros de Venezuela, y la penetración al resto de los países de la región a través de Venezuela. Mañana pueden publicarse las llamadas actas electorales, y eso no impediría que continúen la agresión económica y política contra Venezuela, igual que antes de celebrarse las elecciones.

Para poder controlar dichos recursos, Estados Unidos debe romper el bloque de integración y fomentar la enemistad entre los pueblos de la región, para que queden inertes ante el imperio. Esa es la intención velada en los repetidos discursos sobre el fraude en el proceso electoral, esa guerra psicológica que esconde el verdadero motivo detrás de la estrategia del imperialismo y colonialismo económico y tecnológico.

A eso, hay que añadir el discurso de Biden, diciendo “¿Quién puede liderar el mundo sino es Estados Unidos?” O el de Musk, “Le daremos un golpe a quien queramos”. O la versión de Trump de violencia política. Todos repiten el discurso político de la confrontación, de dividir las fuerzas progresistas. Es tratar de neutralizar el avance del cambio en América Latina y el Caribe, es dividir y enfrentar entre sí a los movimientos progresistas y de izquierda. La retórica golpista es una narrativa creada y patrocinada por Washington, a lo que se añade la presión diplomática. La desestabilización, los ataques directos a la soberanía nacional de Venezuela, y las crisis políticas regionales responden a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, donde el factor energético (petróleo y gas), tierras y metales raros es fundamental. El objetivo económico es controlar los recursos naturales, y el objetivo político es recuperar la hegemonía, particularmente ante los avances de China en la región.

Defender a Venezuela es defender al pueblo y que tenga la soberanía sobre sus recursos. Maduro es el presidente de ahora, como antes estuvo Chávez, pero en el futuro puede ser otro. Lo importante es que el pueblo permanece, lucha, construye y tiene derecho a que se respete su soberanía y su vida en paz. Venezuela no quiere agresiones imperialistas ni que las élites que no representan al pueblo atenten contra su soberanía nacional.

Es curioso que desde Puerto Rico, esta colonia que no ha defendido su soberanía y se deja mandar por una Junta de Control Dictatorial externa y no electa, donde las elecciones y primarias tienen muchas vicios de fraude y tiene un sistema electoral poco confiable, se pretenda dictar pautas a un país soberano. A ningún país le gusta ser invadido ni que se interfiera en sus asuntos internos. Por eso, los pueblos luchan por su soberanía. República Dominicana (1965) y Panamá (1989) son dos ejemplos de países que lucharon por su soberanía, tras invasiones y agresiones, pero ahora se prestan para participar del acoso político a Venezuela. Aquí en Puerto Rico, los mismos que crearon el manual Así no se protesta para indicarle al pueblo cierta forma de “protestar” y así debilitar el movimiento que expulsó a un gobernador en el verano del 2019, ahora presentan otro manual Pero en Venezuela es otra historia, con total hipocresía y manipulación. Es la hipocresía del colonizado que no entiende y que nunca ha defendido su soberanía e independencia, que no lucha contra la Junta de Control Fiscal, ni contra las agresiones continuas que sufre nuestro pueblo. Son los mismos que fomentan el abuso del capitalismo neoliberal salvaje y oportunista que se aprovecha de los desastres. Los mismos que tampoco se atrevieron a defender los derechos laborales que fueron eliminados, ni las escuelas, ni los servicios de salud, ni los empleos dignos, las pensiones, o el derecho a permanecer en nuestros hogares. Son también los mismos que nos niegan la recuperación, que permiten la inestabilidad eléctrica por parte de una empresa abusadora -LUMA- y hasta sustituyen nuestras voces por las de analistas que pretenden hablar por nosotros. Son aquellos que no protestan los que pretenden dar lecciones a los pueblos luchadores. Esos mismos analistas no han dicho nada ante el Proyecto 2025 que propone el Partido Republicano de Estados Unidos, al que pertenece la actual candidata a Gobernadora. Tampoco denuncian que el Partido Demócrata de Estados Unidos se limita a ofrecerle a Puerto Rico solo más fondos federales, o que los dos partidos gobernantes en Puerto Rico, Nuevo Progresista y Popular Democrático, le niegan a nuestro pueblo un futuro diferente y próspero. Son esos analistas que tienen jugosos contratos mediáticos millonarios, los que siembran el miedo a las propuestas de cambio de la Alianza de País, los que desinforman sobre Venezuela y su pueblo luchador que defiende su proyecto político. A esos, hay que decirles que basta ya de engaño y manipulación, que el pueblo puertorriqueño exige discusiones serias y responsables de los asuntos de Puerto Rico y del resto del mundo.

La realidad de Venezuela nos enseña que el imperialismo no duerme. Que no cesa su afán de destruir y desestabilizar proyectos populares, para intentar re instalar las élites neoliberales que traicionan al pueblo, y favorecen el colonialismo económico y las políticas neoliberales. Esas élites parasitarias que obtienen sus ganancias de la dependencia del pueblo, y que se alían a ricos extranjeros para saquear los recursos del país.

Venezuela enseña cómo se intenta destruir el sueño de la integración latinoamericana y caribeña que nos hace fuertes. Esa unidad se debilita mientras cada pueblo haga suyo el discurso de odio y de atentar contra la soberanía de los países. Es más fácil dominar a un país, si los demás países están cada uno pendientes solamente de sus propios intereses, ya sea por obtener fondos externos o inversiones que, a la larga, no los benefician.

Los procesos eleccionarios son parte de esa agenda mediante la cual el imperialismo y las élites de los países pretenden dictar las normas. Son adictos a la democracia liberal, donde el capital manda, la cual es diferente a la democracia participativa y más amplia del pueblo. Por eso, aceptan los resultados electorales si ganan, pero si pierden, alegan “fraude”, usando el método Trump. Con el discurso de fraude, buscan imponer sus criterios, buscan destituir a los electos, fomentan golpes de estado utilizando las propias milicias internas de cada país, publican actas electorales que no entregan físicamente, y luego no asumen la responsabilidad legal por dicha publicación. También desestabilizan la paz social con violencia política y buscan que se recrudezcan las sanciones y bloqueos económicos que afectan al pueblo.

El pueblo venezolano sabe a quién escuchar y ha decidido. El Tribunal Supremo de Justicia ha emitido un veredicto certificando el verdadero resultado de las elecciones. Ahora la gente del pueblo de Venezuela puede continuar con la transformación comunitaria y con su economía endógena, viviendo en paz, armonía y en plena soberanía.

Denunciemos el acoso político y el ciber acoso tecnológico con sus estrategias de desinformación, odio, racismo y demagogia. Defendemos a Venezuela y su pueblo luchador que trabaja para construir una economía propia que sea justa, equitativa e inclusiva. Defendemos a la Venezuela que trabaja para construir la sociedad que desea, aún en medio de las amenazas externas e internas.

 

¡Es la clase, estúpido!

 

 

En la Argentina “la casta” se ha convertido en la clave interpretativa a la que apelan tanto los políticos como los comentaristas de la turbulenta coyuntura por la que atraviesa la vida nacional. La victoria electoral de una coalición neofascista presidida por un producto de laboratorio fabricado para captar el malestar social reinante instaló a “la casta” como la síntesis de todos los males que aquejaban al país. La historia, sin embargo, demostró la poca utilidad de esa categoría porque quien, como el Presidente, hizo uso y abuso de la misma para fulminar con la furia de un profeta a la clase política y sus usos y costumbres poco demoró en convertirse en un miembro más de “la casta.” Aprendió, o le enseñaron, en poco tiempo todas sus mañas y adoptó sus peores métodos, que los practica con indisimulada fruición. El chantaje, la corrupción, la desembozada compraventa de voluntades de gobernadores, legisladores y “perioperadores” así como la represión más brutal cuando las víctimas de su letal experimento económico tienen la osadía de manifestar pública y pacíficamente su descontento.

Pero vayamos un poco más allá. La “casta” en realidad es el conjunto de funcionarios del capital encaramados en la estructura del estado, en sus tres poderes: gobernantes y altos administradores públicos en el Ejecutivo; legisladores, diputados y senadores en el Legislativo, y jueces y fiscales en el Poder Judicial. Todos ellos convenientemente apalancados desde afuera por los medios de “confusión y desinformación” de masas concentrados en un puñado de antidemocráticos oligopolios, cómplices necesarios de las maldades y los delitos de “la casta”.

Por supuesto que hay algunas excepciones dentro de cada una de estas categorías, pero son una minoría. Por consiguiente “la casta” es la abreviatura del conjunto de empleados de la clase dominante, es decir, del gran capital, nacional y extranjero. La ruinosa política del Milei presidente nada tiene que ver con su supuesta disputa con “la casta” sino que es el desenlace natural de su extensa carrera como empleado de algunas de las más grandes empresas extranjeras, como el banco HSBC; o nacionales, la Corporación América presidida por el magnate Eduardo Eurnekián. Sus decisiones como gobernante obedecen linealmente a los intereses estructurales del bloque dominante del capitalismo argentino, fuertemente imbricado con las más grandes transnacionales de la economía mundial detrás de las cuales se encuentra el imperialismo norteamericano.

Es por eso que Milei ha demostrado una irresistible vocación de convertirse en el lacayo mayor del imperio en la región, antagonizando a presidentes de países hermanos como Brasil, Colombia y México y militando activamente en contra de la integración latinoamericana, para ni hablar de los insultos que le ha reservado al gobierno de la República Popular China. Nada de esto es casual: debilitar los lazos de Argentina con Brasil y China es uno de los objetivos estratégicos de Washington en la región, y Milei es un fiel ejecutor de ese antipatriótico designio. Además ha inmiscuido a nuestro país en la guerra de Ucrania e invitado nada menos que al hipercorrupto Volodimir Zelenski a su ceremonia de asunción presidencial. No sólo eso: con su indigna sumisión colonial convalida la presencia de la OTAN en las Islas Malvinas, deja de lado el reclamo por nuestra soberanía sobre esa parte del territorio nacional, compra aviones F-16 desechados por la OTAN y paga un precio exorbitante por ellos, guarda silencio, como Washington, ante el genocidio del régimen sionista en Gaza y traslada la sede de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, donde sólo Estados Unidos, Papúa Nueva Guinea y Guatemala tienen allí radicada sus embajadas.

Dado todo lo anterior, ¿de qué “casta” estamos hablando? ¡Es la clase, no “la casta”! Lo que hay en la Argentina es un gobierno “colonial-fascista”, rabiosamente clasista, oligárquico, al servicio de las fracciones más concentradas del capital nacional e internacional y punto. Su mandato es enriquecer a los más ricos (“vengo a agrandar sus bolsillos”, dijo Milei con total desparpajo); aumentar la concentración empresarial liquidando a las pymes; organizar reforma laboral mediante la superexplotación de las clases y capas populares crecientemente pauperizadas durante su gobierno y practicar un lento y feroz genocidio –sin derramamiento de sangre pero igualmente mortífero– contra los adultos mayores, privándolos de sus medicamentos, atención médica y acceso a los insumos mínimos para una vida más que austera.

¿No constituye esto la figura de un delito: “abandono de personas” previsto en el artículo 106 del Código Penal, como lo recordara la sesión de días pasados la diputada Gisela Marziotta? Ese y no otro es el proyecto de los libertarios (una verdadera “elite de forajidos”, como Harold Laski denominaba a los elencos dirigentes del fascismo) que se han apoderado de la Argentina. Por eso cantan victoria, mientras siguen mintiendo como ningún presidente -repito: ninguno- lo hizo en la historia argentina. Los “forajidos” están de festejo y agrandados. Por ahora.

Reproducido de www.cubadebate.cu

Más de treinta exmandatarios piden a Biden sacar a Cuba de la lista del terrorismo

 

Más de 30 expresidentes de todo el mundo suscriben una carta en la que trasladan al presidente estadounidense Joe Biden, a pocos meses de terminar su mandato, una solicitud hecha por otros en el pasadoretirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Entre los firmantes están Cristina Fernández de Kirchner,Dilma RousseffJosé Luis Rodriguez Zapatero,  Evo Morales y Ernesto Samper.

La isla habría quedado incluida como parte de una medida del gobierno de Donald Trump, quien dio marcha atrás al intento de su predecesor, Barack Obama, de sacarlo de dicha clasificación, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2015.

La misiva fue dada a conocer por el expresidente colombiano, Ernesto Samper, vía X, y en su cuerpo se puntualiza que el retiro de Cuba del listado debe ser previo al fin de su mandato presidencial.

La carta sostiene que mantener esa designación para el país supone «una medida coercitiva difícilmente justificable en el siglo XXI, cuando la igualdad entre Estados debe ser una realidad”.

El grupo de altos políticos mundiales señaló que si el gobierno estadounidense cumpliera la petición, se aliviaría la situación de millones de personas inocentes, por las limitaciones que suponen la presencia de Cuba en esta lista.

Agregan que “la injusta decisión afecta, además, la carta universal de los derechos humanos, pilar ético de las relaciones internacionales contemporáneas, al impactar los sectores más vulnerables de la población cubana golpeados en el último tiempo por los efectos nefastos de la pandemia, agudizados por la falta de medicamentos y equipos para atender la emergencia”.

A su vez, recalcaron que tras «décadas de sanciones unilaterales y medidas coercitivas, la economía de Cuba es una de las más castigadas del mundo y se encuentra hoy día, socialmente, en un punto de difícil retorno», según expresaron al inicio del comunicado.

«La ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos, inédita en su magnitud, es quizás el ejemplo más ilustrativo del impacto devastador y sufrimiento provocado por medidas extremas contra la economía cubana, derivadas de su inclusión en la lista de estados patrocinadores del terrorismo», agregaron para luego subrayar que estas medidas poseen un impacto extraterritorial que afecta los intereses de otros paises, los sectores bancarios y empresariales.

El pasado mayo, el Departamento de Estado estadounidense había retirado a Cuba de la lista de Estados que no cooperan en la lucha contra el terrorismo, una medida que los firmantes reconocen como una «decisión acertada y justa» pero no dudaron en criticar lo contradictorio del accionar de las autoridades al mantener a Cuba incluida en la otra lista.

«¿Cómo se puede afirmar, al mismo tiempo, que un país si coopera en la lucha mundial contra el terrorismo y a la vez acusarlo de apoyarlo abiertamente?», cuestionaron en la carta.

Los exmandatarios alegaron que ambos países no deben privarse de cooperar por poseer «sistemas políticos de inspiraciones ideológicas distintas», en especial con el impacto creciente del terrorismo.

En este sentido, la carta menciona la «activa participación» del gobierno de Cuba en la construcción del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016, así como su intervención como garante en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, también en Colombia.

“No tiene ningún sentido que un país como Cuba, que ha trabajado por la paz en el mundo (…) sea incluido en la lista de países que apoyan el terrorismo”, expresó Samper.

El comunicado urge a Biden a tomar acción para «aliviar la situación de millones de personas inocentes». «Ningún país deberia comprometer con fines políticos la seriedad de la lucha contra el flagelo del terrorismo», sostiene la carta sobre su final.

Diagnóstico repetido

La misiva hace eco de una advertencia anterior, emitida por tres expertos independientes vinculados a la ONU, quienes señalaban las consecuencias de la presencia de Cuba en el listado del Departamento de Estado.

Los relatores especiales firmantes del comunicado son:  Alena Douhan, relatora especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales; Cecilia M. Baillet, experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional y George Katrougalos, experto independiente sobre el orden internacional.

Al volver a incluir a Cuba como patrocinador del terrorismo en 2021, las ya presentes restricciones económicas para el país caribeño fueron ampliadas, profundizando su aislamiento internacional, señalaron los relatores.

En su diagnóstico, los expertos coincidieron en que la permanencia en la lista profundiza las prohibiciones económicas en un momento crítico para el país, lo cual causa un impacto humanitario mayor, aumentando la inseguridad para el acceso a alimentos por parte del pueblo cubano, lo cual supone una contravención del derecho internacional.

 

Reproducido de ww.pagina12.com.ar

 

La  isla improbable

 

Especial para En Rojo

Se les ocurrió comprar juntos una isla en el Norte. La isla, que no era propiamente isla, sino un cayo separado de la costa por un banco de arena, quedaba entre Puerto Plata y La Isabela, y solo se llegaba allí por un camino de tierra que en tiempos de lluvia se convertía en un lodazal.  El plan era poner allí una salina, que en aquellos tiempos era muy buen negocio.  El lugar era hermoso, playa por un lado, acantilado por otro, jungla crecida en una esquina y un prado largo paralelo al Atlántico en el que uno podía imaginarse caballos salvajes, corriendo sueltos. Tan hermoso era, que daba ocasión a preguntar si alguno de los marinos de Colón habría vislumbrado esa isla de encanto desde su carabela.

Pero los tiempos cambian, con frecuencia rápido y sin avisar, y sucedió que el año de la compra, Trujillo, que todavía no era benefactor y padre de la patria nueva, nacionalizó de un ramalazo que todas las salinas, anotándose a su cuenta el monopolio completo de la producción de sal en el país. Plácido y Amiro (el viejo) tuvieron que cambiar de planes. Montar una salina era invitar a que el gobierno les incautara las tierras.  Por falta de otro plan, compraron unos chivos y los dejaron en la propiedad, criándose solos.  Pasaron casi treinta años.  Trujillo se había hecho dueño de todo, pero mientras más sangre corría en Quisqueya, peor le iba con el sueño. Al final, ya todos lo odiaban, y en las caras de la gente veía el rostro de Minerva la hermosa, a la que había mandado a matar a palos en la carretera de Luperón.

Mataron a Trujillo.  Doña Rosario había jurado que ella iba a asistir al funeral de sus tres enemigos: Trujillo, que le mandó a matar al marido, Balaguer, presidente en ese entonces, y a su yerno, por la osadía de casarse con su hija siendo guardia del ejército de Trujillo.  La isla seguía en su sitio, y los chivos seguían comiendo bien.  Los años de esa década trajeron prosperidad, nietos, altos y bajos en el ritmo de la vida de un país gateando hacia la democracia.  Un que otro drama familiar tomaba el centro, y la isla y sus chivos seguían olvidados.  Puerto Plata recibió su primer barco crucero. Murió Amiro.  Murió Plácido. La mayoría de sus hijos se habían ya ido a la capital o al extranjero. La isla salía a colación de cuando en cuando, de qué si habría que venderla, que quién va a hablar con los abogados.  Bajaron los precios del azúcar, y las cosas se pusieron duras. El gobierno dictaba una tasa de cambio que no tenía nada que ver con la realidad, y si salías de viaje, te parabas en casa de alguien que no se podía mencionar y entrabas con un sobre con pesos y salías con otro más chico con dólares. Muchos se fueron al extranjero, como estudiantes, como trabajadores, como mujeres de la vida, como traficantes, como peloteros o médicos. El turismo y los dominicanos en el extranjero se convirtieron en los dos sectores más importantes de la economía.  El tiempo siguió pasando y el país cambiando.  Los nietos de Plácido y Amiro empezaron a tener hijos.  En unos años había mucha corrupción en el sistema legal y mucho peligro.  Siguió subiendo el turismo, y el crimen: la casa de cambio en Puerto Plata montó buena oficina en la 27 de Febrero, y tenían dos molletos con escopeta, cada uno parado a un lado de la puerta. Comenzó otro tipo de ocupaciones de tierras,  no las tomas de tierras de campesinos con deseos de sembrar, sino la de quien construye un portón, vende la tierra en el extranjero con papeles falsificados y el dueño se viene a dar cuenta demasiado tarde.  Un nieto del señor que le vendió la tierra a los dos socios inició una demanda de daños y perjuicios contra la sucesión Pérez-Brugal.  Por haber vendido su abuelo la tierra tan barata en aquel entonces, su padre había crecido pobre, y por eso se encontraba él ahora en la pobreza. Era la época en la que los supermercados se negaban a darte cambio, y te daban la diferencia que se te debía en paletas o caramelos. Proliferaban en el país demandas de cualquier clase; salía barato alquilarse un alguacil para embargar a alguien. Murió el yerno de doña Rosario.  Había sido militar, pero también había sido buen hombre.

Una tarde se presentó una representante del tribunal, tocando a la puerta para venir a llevarse los bienes supuestamente embargados, por la querella pendiente de la Isla. No hace falta explicar que esas movidas se hacían en domingo, y cuando te presentabas el lunes a hacer declaración, ya de tus muebles nadie sabía nada.  Mi casa no era segura: tenía persianas y puertas por todas partes. Cuando le ordenaron que abriera la puerta, Mamá primero preguntó: “Y ¿por qué aquí, y no donde cualquiera de los otros ocho herederos?”   Siempre de armas tomar, fue a su cuarto y sacó una escopeta de perdigones. Le apuntó por la ventana al que tenía la mano en el manubrio:  “Al que me abra la puerta, que sepa, yo tiro primero y pregunto después”.  “Pero doña”, dijo el policía, “Así no se hacen las cosas, yo voy a donde me mandan, que esto es cosa de la ley.”  Se apareció entonces una grúa, y comenzaron a amarrar el carro de mi cuñado, que no era ni Pérez ni Brugal, para llevárselo como parte del embargo.  Tras esto llegó mi hermano bloqueando la salida de la grúa y sacó una cámara camcorder gorda, de esas de VHS,  y comenzó a filmar toda la telenovela. La mujer alguacil se ofendió,  y le dijo que apagara esa cámara. El policía entonces se quejó: “A mí no me dijeron que esto se iba a poner fuerte. Yo me voy”.

Hay que vender la isla esa. Hay que contratar a un agente. La anécdota del embargo de la isla se contó muchas veces; y en la mente de mis sobrinitos la isla tomó dimensiones de mito.  Preguntaban que porqué teníamos una isla, y que dónde estaba, y que qué iba a pasar con la isla, y que cuántos millones iban a cobrar. En dólares, mejor vender en dólares.  “¿Y cuánto me va a tocar a mí de los millones?”, preguntaba el más chiquito de los nietos, muy atento y muy aplicado con la aritmética aprendida en el Colegio Montessori.  En la familia la venta de la isla se ha convertido en un chiste familiar, y tíos y sobrinos se ríen intercambiando planes de los viajes que iba a hacer cada uno con eso. Ninguno planea usar el dinero para comprar tierras.

Doña Rosario, ya muy anciana, estaba ya en las últimas. Una tarde pensaron que había dejado de respirar, y cuando la tocaron se alertó y preguntó: “¿Balaguer sigue vivo?”.  Cuando le dijeron que sí, replicó.  “Yo tengo que ver pasar ese cortejo.”  Y se dio la vuelta, y se echó a dormir. Murió después, pero sin alcanzar a asistir al entierro de Balaguer.

Murió Balaguer, y hoy el paisaje político sería irreconocible para los que pensábamos que todo se divide en trujillistas y anti-trujillistas. El país tiene mucha más gente y está mejor: los niños en los campos ahora van a la escuela en zapatos, y los establecimientos de carretera tienen baños limpios. La tasa del cambio de dólar no se altera mucho en estos años, pero la diáspora criolla continua su dispersión por lugares cada vez más exóticos del planeta.  Al dominicano le gusta viajar, y le gusta volver.

Hoy estoy llegando al país, a firmar poderes, “a ver si por fin se vende la isla”.  Ya no hay chivos allí, que yo sepa. Casi todos los herederos iniciales han pasado al otro lado. Una nueva generación vuelve a apuntarse en Montessori. Soy más vieja ahora que lo que eran Plácido y Amiro cuando soñaban con hacerse ricos. Todavía no hay salina. Creo que la querella de la propiedad todavía pulula ocasionalmente.

Yo me río y le digo a mi hermano que es más fácil creer en Santa Claus que en la venta de la isla.  Pero algún día tendré que ir a conocerla.

 

 

Gobierno español en pánico ante el Grito de Lares de 1868

 

Especial para En Rojo

Desde el inicio de la conquista y colonización española, Puerto Rico estuvo sometido a gobiernos militares dictatoriales. Ello se recrudeció en el siglo 19 cuando ya se había plasmado la diferenciación nacional entre puertorriqueños y españoles. Con las guerras de independencia y la liberación de toda hispano-américa colonial entre 1810 y 1830, con la excepción de Cuba y Puerto Rico (sus últimas colonias), el Gobierno se mantenía en estado de alerta permanente.

Al asumir el gobierno, el general de turno emitía un Bando de Policía y Buen Gobierno, estableciendo todo tipo de prohibiciones y tomando diversas medidas de vigilancia a toda la población, en cada pueblo y barrio. En el Bando del general Miguel de la Torre, del 2 de enero de 1824, entre otras disposiciones, militarizó a todo país. Por ejemplo, en Corozal con una población de 1,985 habitantes dispuso la organización de cuatro compañías con 14 oficiales y 335 soldados urbanos, equivalente a 17.5% de sus compueblanos. Usualmente, hubo oficiales españoles al mando, pero la mayoría de los soldados eran puertorriqueños obligados. (Véase el texto en Cayetano Coll y Toste, Editor, Boletín Histórico de Puerto Rico, Tomo II, 1915, pp. 32-43).

Pero todo eso no bastó para contener e intentar tapar el descontento general del pueblo cuando estalló la revolución puertorriqueña por la independencia el 23 de septiembre de 1868, comenzando en el pueblo de Lares. La noticia del Grito de Lares y de la batalla del Pepino, pueblo de San Sebastián, en la mañana del día 24, se esparció por todo el país.

Hubo sobre 1,000 insurrectos en armas, de todas las clases sociales. Estaban dirigidos por hacendados y profesionales, con apoyo de la clase trabajadora mixta consistiendo en una mayoría de jornaleros, seguido por esclavos y artesanos. Para los jornaleros significaba acabar con del régimen de la libreta coercitiva. Mientras que para los esclavos se anhelaba la abolición de la esclavitud. Los artesanos procuraban la libertad plena de contratación y de asociación.

El Gobierno y autoridades locales inmediatamente adoptaron la medida ideológica de criminalizar a los revolucionarios. Los tildaron de “bandoleros”, “malhechores”, “perversos perturbadores”, entre otros epítetos. (Véase nuestro artículo, “El Grito de Lares y la ideología colonialista”, Claridad, 19 al 25 de septiembre de 1997, pp. 22-23).

Tanto el Gobierno central en la capital de San Juan como las autoridades municipales entraron en pánico y clamaron por medidas urgentes para evitar que la revolución se desparramara. De esto hay constancia en centenares de documentos que componen el oficial Expediente sobre la rebelión de Lares, 1868-1869 (ESRL), del que citamos aquí. Se trata de miles de fuentes primarias. Pueden acceder a toda esa documentación manuscrita y alguna impresa en el portal de internet, Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, organizado y dirigido por el historiador Joseph Harrison Flores. Compartimos con él la misión de democratizar las fuentes de información, divulgar y poner en discusión abierta y crítica el conocimiento, y esclarecer todo lo que haya que iluminar con nuevas investigaciones documentadas.

Veamos, pues, algunas pruebas del ESRL, Pieza 1. De la Alcaldía Municipal de Peñuelas, el 27 de septiembre – cuatro días después del estallido revolucionario – su apavorado alcalde Joaquín L. Dapena informó y clamó por apoyo al Gobierno, en los términos siguientes; “Como este pueblo está casi en las colindancias del insurreccionado, tiene mil y más jornaleros, sobre quinientos esclavos y no hay fuerza de tropa ninguna con que poder hacer frente en un caso dado”. Al enterarse, de Ponce le despacharon lo identificado como “la 4ta milicia”.

Un alarmado Gobierno comenzó a recibir noticias y pedidos de apoyo militar de todos los pueblos. El avispero colonial estaba revolcado. Eso es lo que sucede cuando los pueblos se disponen a cambiar las situaciones de opresión y explotación. Del Corregimiento de San Germán solicitaron al gobernador, en acta del 25 de septiembre, “autorización para que los dueños de esclavos puedan castigar con rigor a los esclavos que merezcan la falta que cometan”. El 28 de septiembre, el alcalde de San Germán notificó al gobernador “la fuga de ocho esclavos del barrio de Maricao próximo a la jurisdicción de Lares”.

El alcalde de Trujillo Bajo informó, el 29 de septiembre, que escuchó a la puerta de casa a un individuo decir: “si vienen los bandidos me uno a ellos”. Los alcaldes de Santa Isabel y de Coamo notificaron el 26 de septiembre al administrador de rentas y aduana de Guayama “que en el pueblo de Lares se amotinaron en el día 23 del corriente unos seiscientos hombres que se han diseminado”. Dieron alerta, “a fin de que el movimiento no trascienda en esa jurisdicción”.

El 5 de octubre la Junta Municipal de Juana Díaz solicitó al Gobierno “40 fusiles para defensa del pueblo”. El peligro para el mantenimiento de la dominación colonial estaba en todas partes.

De la Pieza 3 sale a relucir que, en Aguadilla, el 7 de octubre, el Corregimiento había puesto “a los dominicanos residentes en esta villa bajo la constante vigilancia de la autoridad militar”. En la zona oeste de la isla se establecieron muchos dominicanos inmigrantes, algunos de los cuales eran conocidos por sus ideas liberales. El 8 de octubre el alcalde de Gurabo remitió al gobierno en San Juan a “un negro sospechoso” de estar vinculado con los acontecimientos de Lares. Ese mismo día la alcaldía municipal de Hatillo informó del “homicidio de un estanciero [agricultor] del Barrio de Naranjito”; si aclarar las circunstancias.

El 7 de octubre de 1868, la alcaldía municipal de Aguada envió al Gobierno una detallada “Relación de vecinos de confianza para armarlos”. Incluye comerciantes, hacendados y otros propietarios. Ello significa que había otros habitantes, especialmente trabajadores, de quienes desconfiaban. Los esclavistas, por supuesto, estaban atemorizados.

Eso se pone de manifiesto en la notificación del Corregimiento de Ponce al gobernador, del 12 de octubre, de la disposición dada a los “dueños y administradores de las haciendas del territorio para que sostengan una exquisita vigilancia sobre sus respetivas esclavitudes, a cuyo logro deben tener los cuarteles con toda solides”. Cuarteles se refiere a las casuchas donde encerraban a los esclavos. Esta advertencia se hizo por conocimiento que tenían de la Hacienda Esperanza, en el barrio de las Vayas, que “pertenece al concurso de don José Lucas Aranzamendi”, y cuyo cuartel estaba “en completo deterioro y sin dinero para reparar”.

Según el Acta de la Junta Municipal de Arroyo, del 5 de octubre de 1868, allí organizaron un pelotón de Voluntarios compuesto por “los mayores contribuyentes”. Estos eran leales a España, y su objetivo era “defender el orden, el gobierno constituido y el trono de nuestra excelsa reina doña Isabel 2da”. De lo que no estaban enterados, obviamente, es que el día 19 de septiembre de 1868 se produjo una revolución en España que derrocó a la monarquía absolutista Borbón, y la reina tuvo que huir a Francia.

El 13 de octubre, el alcalde de Utuado informó al gobernador que el coronel de las Columnas de Operaciones “confidencialmente” se enteró “del intento de robo de la caja municipal que encierra unos 10,000 escudos”. Señaló que días antes los “cabecillas Rojas y hermanos Ramírez” y “don Federico Valencia” estuvieron en ese pueblo “cuando se preparaba el alzamiento”. Además, indicó que “dos espías fueron atrapados y entregados al Tribunal. El oficial manifestó “que seguía las confidencias que había recibido en Ciales”, y que “allí como en los otros pueblos inmediatos esperaban el alzamiento de este para secundarlos”.

Por otra parte, en la Pieza 5 del ESRL se registra la noticia de la alcaldía de Hatillo, del 3 de noviembre de 1868, de estar averiguando sobre “la persona que anoche a las 10 diera la voz de fuego”, en el caserío del Pajuil. En noviembre, dos meses después del Grito de Lares hubo noticias de que, entre los esclavos de haciendas en Guayama, especialmente en la hacienda del francés Luis Boirie, se esparcían rumores “de próxima libertad”. El gobernador instruyó al corregidor de Guayama a vigilar a otro francés, Julio Gustal: “Si levanta la menor sospecha de que trata de seducir a los esclavos…sea entregado a los tribunales”.

Ante los temores de agitación general, el 19 de noviembre el Gobierno expidió una orden a los comandantes militares de todos los departamentos de la isla en que “autoriza a organizar secciones de Voluntarios en los pueblos de los mismos, en personas de confianza”.

El 23 de diciembre, tres meses después del estallido en Lares, el alcalde de Adjuntas notificó que el alcalde de Utuado le informó lo que sigue: “Tengo noticias de que en el barrio de Ángeles de esta jurisdicción se nota algún malestar y excitación, por lo que es de temerse que pueda alterarse el orden”. Solicitó establecer vigilancia en los barrios limítrofes y que los comisarios de barrios fueran “instruidos a organizar patrullas”. Cuatro días después, el alcalde de Utuado informó que en el Barrio Ángeles se mantendría un destacamento de un oficial y 22 hombres “hasta pasado el día de Reyes”. Con eso nos metemos en el 1869. Mientras tanto, el número presos amontonados en cárceles de Arecibo y Aguadilla pasó de 600 y seguía aumentando cada día.

Esto es solo una muestra de la mina de muchísima información que aún permanece inédita. Evidentemente, la magnitud del Grito de Lares está por investigarse mucho más a fondo. El Gobierno español tuvo suerte de enterarse del movimiento algunos días antes del 23 de septiembre, lo que le permitió tomar medidas de represión rápida. Los patriotas revolucionarios resolvieron iniciar la revolución aún en circunstancias muy adversas.  De haberlo logrado con el elemento sorpresa a su favor, en varios pueblos a la vez, y en distintos puntos de Puerto Rico, la historia sería otra.

El autor es historiador.