Especial para Claridad
A pesar de que Puerto Rico se encuentra en una de las zonas más afectadas del planeta por el cambio climático, nuestra subordinación política nos coloca en una nueva encrucijada de vulnerabilidad. El gobierno de Estados Unidos, que se impone sobre nuestra isla-nación, reincide en un negacionismo retrógrado al retirarse, por segunda ocasión, del consenso global alcanzado con el Acuerdo de París (2015). Y aunque los procesos internacionales a veces luzcan estériles y resulten frustrantes por su lentitud y burocracia, la crisis global exige soluciones locales con un enfoque transgeneracional e internacional.
Ante el vacío dejado por uno de los países que más contribuye a la huella de carbono planetaria, los gobiernos de México y Brasil asumieron un rol distinto al convocar a los 33 ministros de ambiente y recursos naturales de América Latina y el Caribe. De ellos, 22 países participaron en la Reunión Ministerial para la Implementación de la Acción Climática Regional, celebrada el pasado 25 y 26 de agosto en Ciudad de México, donde se alcanzaron acuerdos impensables de cara a la COP30 que tendrá lugar en noviembre en Belém, Brasil. Aunque esos acuerdos no están exentos de contradicciones y limitaciones para enfrentar la economía de los combustibles fósiles, representan un paso que reafirma la necesidad de que los esfuerzos contra el calentamiento global, para ser justos, duraderos y efectivos, cuenten con “la participación plena de las comunidades locales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y en especial de las mujeres y las juventudes”.
Este posicionamiento incorporó voces de la sociedad civil como la Red Indígena Bribri de Costa Rica, el Colectivo Madreselva de Guatemala, el Congreso General de la Juventud Guna de Panamá, la organización Derecho Ambiental y Recursos Naturales de Perú, Geledés – Instituto de la Mujer Negra de Brasil, el Proceso de Comunidades Negras de Colombia, además de varias organizaciones mexicanas, latinoamericanas y Casa Pueblo de Puerto Rico. El reclamo es claro: una transición justa que coloque a la gente y sus comunidades en el centro, reconociendo a quienes han sido y continúan siendo los custodios históricos de la naturaleza con saberes y prácticas ancestrales, cuya ética ambiental supera por mucho al capitalismo extractivista —incluso en su versión “verde”.
Por nuestra condición colonial, estamos a expensas de lo que Estados Unidos dicte como política pública en torno al medioambiente y al cambio climático. Peor aún, la administración de Donald Trump inició el desmantelamiento de las agencias con injerencia en este tema. Puerto Rico no solo carece de poder para definir su propio rumbo, sino que padece de forma desproporcionada las consecuencias nefastas de esa política pública anticiencia, antihumanitaria y antiplanetaria.
Sin embargo, la invitación de Alicia Bárcena, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de México, y de André Corrêa do Lago, presidente designado de la COP30 de Brasil, para participar en la reunión regional demostró que ese panorama puede transformarse. Casa Pueblo tuvo la oportunidad de compartir su experiencia en la construcción de una transición energética justa desde la base comunitaria en Adjuntas, al tiempo que recogió valiosos aprendizajes de las y los líderes con quienes intercambiamos.
Durante la ceremonia de apertura en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, concluyó su intervención subrayando la urgencia de acciones concretas. Desde la tarima, pudo ver la bandera puertorriqueña entre un centenar de personas —ministros y representantes comunitarios— y no dudó en hacer un gesto repetido e inequívoco para que me acercara. No fue un llamado personal, sino un reconocimiento de que, entre todas las banderas oficiales allí presentes, faltaba la del pueblo puertorriqueño, atrapado en su condición colonial.
Al acercarme, tuve el privilegio de agradecerle su gesto de reconocimiento. Y en lugar de entregarle la bandera patria, llevé la encomienda adjunteña de obsequiarle y explicar a todos el símbolo de la bandera de la insurrección energética comunitaria de Adjuntas. Diseñada con la contribución de la artista Verónica Aponte, esta bandera acompaña la lucha por una transición energética justa desde la autogestión, frente a un poder colonial que impone la gasificación de Puerto Rico y del Caribe. La nuestra, en cambio, representa la Marcha del Sol como un acto de liberación.
Desde ese reconocimiento a Puerto Rico como un pueblo colonizado, consideramos fundamental impulsar que otros de la sociedad civil puertorriqueña puedan representarnos en los foros internacionales que se avecinan, como ocurrió en Ciudad de México. Con toda la responsabilidad, el rigor y el honor que ello implica, podemos afirmar que este archipiélago caribeño cuenta con el capital humano necesario para asumir esa tarea.
