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La dependencia de fondos federales, la inercia que lo llevó al pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, la privatización de servicios y la perversidad de la Junta de Control Fiscal (JCF), todo ello se entrecruza en el Departamento de Educación (DE), lo cual le lleva a enfrentar la falta de fondos, en esta ocasión para pagar los servicios de terapistas que atienden a los niños y las niñas de Educación Especial.

A mediados de mayo, el Departamento de Educación de Estados Unidos (EE UU), como parte de la política de recortes presupuestarios del presidente Trump, detuvo el desembolso de $401 millones que estaban obligados para el pago de servicios ya ofrecidos y facturados. Por su parte, la Asociación de Profesionales Proveedores de Servicios de Terapias (APPST), denunció que desde el mes de febrero el DE no les pagaba por sus servicios ya prestados, por lo que le exigieron en una manifestación frente a la Fortaleza y en otra frente a la JCF a que atendieran la falta de fondos con urgencia.

Victor Moreno, presidente de la APPST en entrevista con este medio indicó que la Asociación presta alrededor del 80% de los servicios que ofrece el DE bajo el Programa de Remedio Provisional (RP). Están organizados desde el 2015 debido al trato que recibían de parte del DE relacionado a tarifas y procesos de contratos con cláusulas de imposiciones sobre los servicios. Aclaró que los terapistas son proveedores del sector privado, contratados por los padres, pero pagados por DE ya que el servicio es uno especializado y el DE no los tiene o no es ágil en ofrecer los servicios.

Agregó que Educación ha ido regulando los servicios de lo que es el RP, por lo que han tenido que alzar su voz para que los servicios sean los que requiera el estudiante y el especialista no tenga ninguna restricción a la ahora de hacer un diagnóstico de lo que se entiende necesita el menor. Mientras los proveedores que son contratados por servicio directo del DE no tienen la libertad que tienen ellos de poder referir, atender o recomendar lo que el niño o niña amerita.

Aunque indicó que siempre hubo dificultades con pagar a los terapistas de RP, Moreno, reconoció que en años recientes se había mejorado y se lograron avances al implementar un sistema electrónico para trabajar la data y hacer el proceso de someter los contratos y la facturación uno mas ágil. Mas aun confirmó que no fue hasta que Ramos Parés fue por primera vez secretario que se le asignó presupuesto al programa que es el presupuesto que se tiene en la actualidad de $22 millones, que es lo que se había estado utilizando para este año fiscal que está finalizando. Pero el hecho es que el RP tuvo un gasto de $126 millones por lo tanto ese exceso lo sacaron de los fondos del Covid, unos $124 millones para poder completar los pagos. Con la congelación de los $401 millones de fondos federales en el mes de marzo “se crea el caos que tenemos ahora de que el DE no tiene el dinero para pagar los servicios”, denunció Moreno.

El hecho es -denunció- que el DE nunca presupuesta lo que necesita para el programa de RP por lo cual recordó que hace unas semanas hicieron una manifestación frente a la JCF para exigir que se le aprobara al DE $100 millones en presupuso para el RP. El mismo secretario, en las vistas de presupuesto, dijo que necesitaba esa partida, pero la JCF solo le aprobó unos $80 millones.

Puntualizó que aun aprobando $100 millones, todavía no es suficiente para que los niños tengan la continuidad de servicios y no se vean afectados, dado a que el costo para este año próximo debe estar alrededor de unos $140 millones. “Esa cantidad es necesaria para evitar interrupciones, estamos previniendo y haciendo el llamado de que de no presupuestar esa cantidad vamos a tener el mismo escenario el próximo año o peor”.

Sobre las declaraciones del gobierno, tanto de la gobernadora como del secretario del DE, de que han encontrado partidas -unos $43 millones- para pagarles, el portavoz de los proveedores del RP apuntó que la realidad es que la cantidad de dinero que han encontrado y logrado pagar es mínima con relación a la cantidad de dinero que se factura al mes, lo que incrementa las cuentas del DE mucho más de lo que están abonando. Compartió que el secretario les aceptó que la burocracia del gobierno no ha permitido que ese dinero llegue al DE por lo que continuan semanas sin cobrar.

Moreno desmintió declaraciones del secretario de que se habían pagado unos $20 millones de facturas de proveedores que no habían recibido pagos desde febrero. Aclaró que en marzo la JCF aprobó unos $13 millones pero este dinero fue solo para pagar a los T1, estos son los asistentes de los maestros de Educación Especial en los salones de clase, no son proveedores de servicios de RP.

¿Qué es el Remedio Provisional?

En entrevista por separado, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Estudiantes de Educación Especial expuso que el Remedio Provisional, es resultado del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez. Se supone que cada año el DE debe presupuestar todo lo que son los gastos en servicios relacionados a terapias, evaluaciones, compras de equipo de asistencia tecnológica y demás servicios profesionales que se contratan para poder servir a los estudiantes a través del Remedio Provisional.

El presupuesto del RP se tiene que revisar constantemente. “Ya el DE se supone que tenga una idea con cada estudiante que está registrado dentro del programa individualizado cuáles son los servicios relacionados que va a necesitar y si se van a pagar por remedio provisional, ya se tienen unas tarifas establecidas, y se sabe cuanto el DE tiene que presupuestar”. No obstante, aun cuando dijo que todos los años ven como el DE no hace un presupuesto de manera adecuada, a partir de que la JCF asumió el control de las finanzas también saben que aunque el DE ha planteado la necesidad de que se tenga disponible al menos entre $100 o $150 millones, la JCF solo le ha concedido entre $20 y $ 22 millones.

“La responsable es la Junta, Educación presupuesta la cantidad real, necesaria pero la Junta solo le ha aprobado en los últimos presupuestos entre $20 y $22 millones, así que constantemente tienen que acudir a la JCF al ente fiscal que colocó el tribunal cuando colocó en sindicatura al DE y a AFAC y OGP para canalizar cada dos y tres meses el nuevo presupuesto porque nunca le asignan lo que realmente el DE necesita”, manifestó.

La única ocasión en que por parte de los padres y madres, reveló Warren, en que han tenido la oportunidad de presentar la necesidad del presupuesto ante la JCF fue con la ex directora Natalie Jaresko. Censuró que el argumento que les comunicó la JCF fue que ciertamente observaban que era un presupuesto reducido para atender todas las partidas, no solo del remedio provisional sino todas las partidas del DE, en general era la agencia la que decide cómo reparte el presupuesto, y así se pasan la papa caliente.

Señaló que, fue el ex gobernador Pedro Rosselló, quien eliminó a los terapeutas del DE y privatizó los servicios relacionados con Educación Especial como terapias y transportación; desde ese entonces denunció “es que se está sufriendo esta situación y los menores en lugar de tener mas servicios tienen menos”.

Mientras por parte de las y los proveedores, Moreno compartió un ejemplo de la situación por la que están pasando, como la de una proveedora que es madre de dos niños con autismo y le llamó llorando diciéndole que no tenía ni para comprar leche y le envió foto de su cuenta de banco con menos de dos dólares.

Al presente, luego de una reunión el pasado 12 de junio, con el secretario de la gobernación Francisco Domenech, el gobierno se comprometió a pagar la deuda de los proveedores este 20 de junio, ante lo que Moreno dejó ver sus reservas.

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La secretaria del Departamento de Justicia, licenciada Lourdes Gómez Torres, está haciendo una interpretación equivocada de las normas del derecho vigente respecto al aborto, al declarar que aplicará el Código Penal, los artículos 98, 99 y 100, si se hace un aborto sin recomendación médica, sin excepciones. Dando así la impresión de que todo aborto es ilegal en Puerto Rico; indicó la profesora de Derecho, doctora Yanira Reyes, en entrevista con Claridad.

Las expresiones de la secretaria de Justicia sobre el aborto, que fueron hechas en entrevista con el periódico Primera Hora, contrastan con la postura y declaraciones ante la Legislatura del ex secretario de Justicia, licenciado Domingo Emmanuelli, de que el derecho al aborto está protegido en Puerto Rico por la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La profesora Reyes, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), apuntó sobre lo expresado por la secretaria de Justicia que había que aclarar que el CP no ha cambiado esos artículos, 98, 99 y 100 están ahí desde el 1930. Los tres artículos lo que establecen es que el aborto, en Puerto Rico es un delito si se hace en contra de la voluntad de la madre, es decir si es un aborto forzado, o un aborto que se hace fuera de un procedimiento médico. Esos artículos establecen que será una excepción al delito de aborto cuando este se realiza para proteger la salud o la vida de la madre.

Y en el 1980, el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), en el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza, interpretó dichos artículos y estableció que el término salud incluía salud física y salud mental y que eso era un asunto que se iba a decidir en la relación entre médico y paciente.

“Por lo tanto un médico puede determinar que en cualquier momento de gestación, a la mujer le conviene por razones de salud, física o mental, realizarse una terminación de embarazo. Eso no ha cambiado”, afirmó, Reyes, experta en Derecho reproductivo y miembro del movimiento Aborto Libre Puerto Rico.

“Lo que sí ha cambiado es que hay una agenda por parte de sectores fundamentalistas en Puerto Rico liderados por la senadora Joan Rodríguez Veve que quiere impulsar una interpretación después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso normativo de Roe vs Wade”.

Reyes puntualizó que el TS de EE UU lo que determinó fue que bajo la constitución de EE U U no había un derecho fundamental al aborto porque no hay un derecho fundamental a la privacidad de manera expresa en la constitución de Estados Unidos, por lo que se iba a dejar en manos de los estados y territorios tomar la decisión de cómo manejar el aborto de acuerdo con sus leyes y constituciones.

Por el contrario -expuso- en Puerto Rico la constitución sí incluye el derecho a la intimidad de manera expresa, de que además es un derecho de la mayor jerarquía, incluido el derecho a la dignidad humana que incluye el que las personas tengan la autoridad sobre sus cuerpos, decisiones médicas y sobre su reproducción, por lo tanto en Puerto Rico, contrario a lo que pasa a nivel federal en EE UU, el derecho a tomar decisiones reproductivas está protegido por la constitución.

“Eso fue lo que lo que determinó en su opinión el anterior secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli y nada del ordenamiento jurídico ha cambiado después de su salida. Esto es una agenda conservadora de parte de Rodríguez Veve y los sectores fundamentalistas del país que están tratando de impulsar esa visión”, denunció.

Lo único que ha cambiado es que el aborto está más reglamentado por el Departamento de Salud, que reglamenta las clínicas de aborto y hubo unas enmiendas en noviembre que también hablan sobre los abortos que se realizan a las menores de edad, pero mas allá de eso, todo sigue igual, reiteró.

Un aspecto que señaló sobre el aborto en Puerto Rico, es que, contrario a lo que pasa en otros países, aquí todos los abortos se realizan en clínicas médicas por médicos profesionales de la salud, de hecho solo hay cuatro clínicas que los ofrecen en la isla.

“No estamos hablando de una cosa que se hace en Walmart. No estamos hablando de cosas que se hacen en chinchorros, estamos hablando de un procedimiento médico, regulado, que se rige por las mejores prácticas de la medicina y que en Puerto Rico no hay ni un solo caso de muerte o riesgo a la salud por aborto. Esto [se refiere a las declaraciones de la secretaria de Justicia] no tiene otra razón de ser que no sea intimidar, crear confusión y que de esa forma las mujeres piensen que no pueden acceder a un aborto”.