Inicio Blog Página 305

No a la Eliminación del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales

Un Llamado de las Comunidades Especiales de Puerto Rico a Defender un Instrumento creado para hacer justicia

Saludos cordiales a todos y todas:

Yo líderesa comunitaria Carmen Villanueva Castro una de las más de 130 líderes y lideresas comunitarias, que representan a más de 90 comunidades afiliados a Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV), alzo la voz en defensa de uno de los instrumentos más importantes para la justicia social en Puerto Rico: el Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales.

El Proyecto del Senado 17, aprobado recientemente sin vistas públicas, busca derogar la Ley 271-2002, eliminando este fideicomiso y transfiriendo todos sus activos a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). Paralelamente, el Proyecto de la Cámara 27 pretende modificar su estructura, pero mantiene su existencia. Ambas medidas legislativas, aunque distintas en propósito, ignoran la voz de las comunidades.  Una vez más, se deja de priorizar los asuntos que, históricamente, no han sido atendidos en las comunidades especiales y que contribuyen a aumentar su vulnerabilidad y empobrecimiento.

El Fideicomiso Perpetuo fue creado para atender las carencias de 742 comunidades designadas como especiales. Su propósito es claro: erradicar la marginación mediante la inversión en vivienda digna, infraestructura básica, desarrollo económico y espacios recreativos. Su eliminación sería un golpe devastador a los principios de autogestión y apoderamiento que promueve la Ley 1-2001 aun viva a traves de la Ley 10 del 2017.

Si bien reconocemos que han existido deficiencias administrativas en su ejecución, la solución no es eliminar el instrumento, sino fortalecer su gestión mediante una fiscalización rigurosa desde un conocimiento genuino. Esto incluye, entre otras acciones, la asignación de fondos públicos locales que, desde la creación del fideicomiso en el año 2002, nunca han sido designados formalmente. A pesar de ello, el fideicomiso ha logrado mantenerse operativo gracias únicamente a los intereses generados por la inversión inicial. La mala administración no debe ser excusa para desmantelar una herramienta de justicia comunitaria. De hecho, las responsabilidades fiduciarias y de transparencia recaen sobre una Junta de Directores compuesta por funcionarios públicos, representantes comunitarios y del interés público. Si ha habido ineficiencia, urge renovar dicha Junta, no eliminar el fideicomiso.

Durante la crisis fiscal, se extrajeron ilegalmente más de $100 millones del fideicomiso para otros fines que entendemos es una deuda del Gobierno. A pesar de este saqueo, aún existen activos que podrían reactivarse con voluntad política. La reciente Ley 23-2021, promovida por líderes y lideresas comunitarias en especial por miembros de PRODEV, y que, coincidentemente, contó con el respaldo de los presidentes actuales del Senado y la Cámara de Representantes, estableciendo un marco legal para corregir los errores cometidos en proyectos especialmente de viviendas nuevas financiados con fondos del Fideicomiso. Además, buscaba hacer justicia a las familias que quedaron esperando la construcción de sus nuevas viviendas y que se han visto obligadas a permanecer en alquiler, luego de que el gobierno demolieron sus hogares sin completar las unidades que debían representar la solución definitiva para garantizarles una vivienda digna. Si se cumple cabalmente con sus disposiciones, esta ley podría, de una vez por todas, colocar al Fideicomiso en una mejor posición, mediante un proceso transparente de rendición de cuentas.

Según la Ley Núm. 271 de 2002, según enmendada, el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales tiene una serie de poderes y facultades legales amplias que le permiten operar como un instrumento financiero robusto y flexible al servicio de las comunidades especiales de Puerto Rico.  El Fideicomiso tiene capacidad legal para operar como una entidad financiera autónoma, emitir deuda, administrar fondos públicos y privados, canalizar recursos directamente a residentes y agencias, y garantizar el desarrollo económico y social de las 742 comunidades especiales. El Fideicomiso está exento de contribuciones, patentes y otros cargos gubernamentales.  Sus proyectos están exentos de la Ley de Política Pública Ambiental cuando se realizan en áreas ya impactadas.

Con la Ley 271 el Fideicomiso Perpetuo tiene los siguientes poderes:

  1. Tener personalidad jurídica propia y sucesión perpetua.
  2. Adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles.
  3. Emitir bonos y tomar dinero prestado para financiar proyectos.
  4. Otorgar financiamiento a residentes y organizaciones mediante préstamos o donativos.
  5. Invertir fondos y recibir asistencia técnica y gerencial.
  6. Conceder asistencia económica a agencias gubernamentales para infraestructura.
  7. Establecer alianzas y firmar contratos con entidades públicas y privadas.
  8. Conceder donativos de hasta $15,000 para mejoras de vivienda en comunidades especiales.
  9. Recibir fondos del gobierno, sector privado y banca, incluyendo bajo el Community Reinvestment Act.
  10. Emitir bonos de refinanciamiento y otorgar garantías para su cumplimiento.

La eliminación significaría la pérdida de una herramienta estructural diseñada específicamente para superar la pobreza y la desigualdad histórica vivida por estas comunidades.

Además, la aprobación de la Ley 84-2021, que también contó con el respaldo del partido político que ostenta la mayoría legislativa, establece como política pública la meta de reducir en un 50% la pobreza infantil en un período de diez años. Este objetivo coincide directamente con los propósitos del Fideicomiso. Eliminarlo sería ignorar la necesidad de contar con estructuras financieras sostenibles que permitan alcanzar resultados duraderos a largo plazo.

La ODSEC, que se propone como heredera de los activos del fideicomiso bajo el PS 17, ha demostrado limitaciones administrativas, según reconocieron agencias federales en vistas congresionales. En lugar de sobrecargarla, se debe evaluar su capacidad real antes de asignarle responsabilidades que podría no cumplir y para la cual no fue creada.

Es indispensable:

1. Actualizar y fiscalizar la Junta del Fideicomiso, en lugar de eliminarla. Quienes son estos Fiduciarios (miembros de la Junta), son siete miembros, el Secretario de la Vivienda, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, un Alcalde, un Líder Comunitario residente de una comunidad especial y dos ciudadanos privados en representación del interés público. Destacamos que la Junta de Directores ha estado inoperante durante un largo período, y que muchas de las decisiones se han tomado de manera irregular. Además, el representante de las comunidades el líder comunitario no ha sido sustituido por más de tres cuatrienios, a pesar de que su término máximo, según la ley, es de cinco años.

2. Exigir rendición de cuentas sobre los fondos extraídos y establecer un proceso para su reclamación, incluyendo la recuperación de activos.

3. Alinear el Fideicomiso con los objetivos de la Ley 84-2021 y el Plan Decenal para la Erradicación de la Pobreza, publicado en diciembre de 2024.

4. Garantizar la participación directa y efectiva de las comunidades en los procesos de toma de decisiones.

Los beneficiarios del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales somos las comunidades designadas bajo la Ley 1-2001, quienes tenemos derechos legales adquiridos a recibir los beneficios establecidos en dicho instrumento. Esto incluye el derecho a participar en la planificación de proyectos, a recibir apoyo directo en el desarrollo de nuestras comunidades y, en particular, a exigir rendición de cuentas al fiduciario sobre la gestión, uso y administración de los fondos y activos del fideicomiso. Como beneficiarios legítimos, no solo tenemos derecho a los resultados, sino también a la transparencia, al cumplimiento de los propósitos originales del fideicomiso y al respeto por nuestros procesos de autogestión.

Si ha habido tanta ineficiencia en la administración del fideicomiso, surge la pregunta de por qué no se ha considerado un cambio en los miembros de la Junta de Directores. La Junta tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la correcta administración. La falta de acción al respecto evidencia una falta de voluntad para corregir los problemas y garantizar que los recursos se utilicen adecuadamente para el beneficio de las 742 comunidades especiales.

Somos testigos de que, en ocasiones, cuando el Fideicomiso fue manejado de manera adecuada, se lograron avances significativos, como la actualización correcta de los libros con sus activos y la mejora en la transparencia con las comunidades especiales. Sin embargo, la ineficiencia administrativa ha obstaculizado el progreso y ha perpetuado las injusticias que afectan a los residentes de las comunidades especiales.

La eliminación del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales sería un retroceso significativo en los esfuerzos de autogestión y empoderamiento comunitario, limitando las oportunidades de inversión y desarrollo sostenible en las 742 comunidades especiales que actualmente forman parte de este programa. Este Fideicomiso ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de estas comunidades, promoviendo su autosuficiencia y fomentando el acceso a una vivienda digna y otras infraestructuras esenciales.

El Fideicomiso Perpetuo no es un obstáculo: es una promesa incumplida que merece justicia. Su eliminación sería una claudicación del Estado ante la pobreza estructural. Hoy más que nunca, las comunidades necesitan un gobierno que fortalezca, no que borre sus instrumentos de desarrollo.

Rechazamos el Proyecto del Senado 17 y, en cuanto al Proyecto de la Cámara 27, que propone modificar la estructura del Fideicomiso pero mantener su existencia, solicitamos la celebración de vistas públicas que garanticen la participación activa de miembros de las comunidades especiales y de organizaciones comunitarias.

Advertimos, por conocimiento propio, que el P. de la C. 27 parte de una premisa errónea al asumir que el Director de la ODSEC, quien forma parte de la Junta de Directores del Fideicomiso, no ostenta funciones fiduciarias, lo cual es incorrecto conforme a la ley vigente.

Velamos por un compromiso real con nuestras comunidades y su inclusión efectiva en los procesos de toma de decisiones que les afectan, conforme lo establece la Ley 1 de 2001, aún vigente y más viva que nunca a través de las voces firmes de nuestros líderes y lideresas comunitarios.  Queremos dejar claro que la Ley 1 de 2001 no desapareció con la Ley 10 de 2017 y sigue siendo responsable de atender las 742 comunidades designadas como especiales.

Gracias, Cándida, por estar siempre atenta y por dar voz a quienes constantemente se les cierran las puertas, especialmente por parte de aquellos que temen perder los favores y auspicios de los mercaderes del poder. Tu compromiso con la verdad y con las comunidades más vulnerables es un acto de valentía y dignidad que merece ser reconocido y respaldado.

Conflicto Palestina -Israel antes de 1948: Contexto histórico y fuentes para consulta

 

Annette Lavastida Fajardo

Introducción:

El “conflicto” (ocupación) entre Palestina e Israel tiene raíces anteriores a 1948, forjadas durante el Mandato Británico de Palestina (1922-1948) y aun antes bajo dominio otomano. En este texto recopilo el proceso histórico previo a la creación del Estado de Israel en 1948, examinando documentos desclasificados (británicos, estadounidenses e israelíes), estudios antropológicos sobre la sociedad palestina pre-1948, evidencia arqueológica utilizada en narrativas territoriales, y documentos históricos de las primeras organizaciones sionistas. Se presentan citas de fuentes primarias y secundarias (en español e inglés), mapas y cronologías para contextualizar los hechos clave, junto con observaciones críticas sobre la fiabilidad de dichas fuentes.

Contexto histórico hasta 1948

Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio otomano perdió sus provincias árabes y Gran Bretaña ocupó Palestina en 1917. La Declaración Balfour de ese año, emitida por el canciller británico Arthur Balfour, prometía apoyar “el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío”, ignorando los derechos políticos de la mayoría árabe palestina.

En 1922 la Liga de las Naciones formalizó el Mandato Británico de Palestina, otorgando a Gran Bretaña la administración del territorio. El mandato no fue neutral: los británicos incorporaron la Declaración Balfour en los términos del Mandato, comprometiéndose oficialmente a facilitar el proyecto sionista. Esto se tradujo en políticas que favorecieron abiertamente la inmigración judía y la colonización agrícola judía, a la vez que negaban a la mayoría árabe instituciones representativas reales. Como resume el historiador Rashid Khalidi, el mandato británico fue “un regalo extraordinario” al movimiento sionista, permitiendo la creación de una protoadministración judía paralela apoyada por Londres. Mientras tanto, a los palestinos se les negaba la autodeterminación y el autogobierno democrático en su propia tierra.

Durante las décadas de 1920 y 1930 crecieron las tensiones. La población judía aumentó por sucesivas olas migratorias (especialmente de Europa oriental) facilitadas por el Mandato, y las organizaciones sionistas adquirieron tierras (a menudo a terratenientes ausentes) desalojando a campesinos árabes.

CONTEXTO:

1. En 1920, se compraron más de 10.000 acres en Marj Ibn Amir (Valle de Jezreel), expulsando a más de 700 familias campesinas palestinas. El caso fue tan conflictivo que generó revueltas locales, pues los desalojados no solo perdían sus casas, sino su medio de subsistencia.

2. Prohibición de trabajo árabe:
El Yishuv (comunidad judía en Palestina) tenía una política explícita de “conquista del trabajo”, promovida por la Histadrut (central sindical judía), que prohibía contratar árabes en tierras o fábricas judías.
Esto no solo aisló económicamente a los palestinos, sino que llevó a reemplazar comunidades árabes enteras por colonos judíos, creando enclaves cada vez más segregados.

3. Acuerdos de exclusividad étnica:
Las tierras compradas por el JNF incluían cláusulas que prohibían su reventa o arrendamiento a no judíos. Esto reforzaba la lógica de limpieza étnica por vía legal-administrativa mucho antes de que existiera un ejército sionista formal.

4. Desalojos con protección británica o mediante presión:
Aunque los desalojos eran “legales” en términos de compra, la resistencia de los palestinos fue reprimida por las fuerzas coloniales británicas.
En muchos casos, la policía británica acompañaba a los funcionarios sionistas para forzar los desalojos, generando odio hacia ambas estructuras coloniales: la sionista y la imperial británica.

La mayoría palestina, que ni estaba ausente ni vivía en un “desierto” como alegaba la propaganda sionista, resentía la doble política colonial: ocupación británica y apoyo a la colonización judía. Ya en 1920-21 y 1929 ocurrieron disturbios y choques sangrientos entre árabes y judíos en Jerusalén, Jaffa y Hebrón. La situación desembocó en la Gran Revuelta Árabe de 1936-1939, un levantamiento nacional palestino contra el mandato británico y la inmigración judía masiva. Gran Bretaña respondió con una dura represión militar: ley marcial, detenciones y ejecuciones de rebeldes. Esta revuelta obligó a Londres a reconsiderar sus promesas. En 1937 una comisión real (Comisión Peel) propuso por primera vez partir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, e incluso recomendó la transferencia forzosa de 225.000 árabes fuera del futuro estado judío. Los líderes sionistas aceptaron tácticamente la idea de una partición parcial, viéndola como un paso inicial, mientras que los árabes palestinos y los países vecinos la rechazaron frontalmente.

En 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña emitió un Libro Blanco que limitaba la inmigración judía y prometía la independencia de Palestina en 10 años con mayoría árabe, tratando de aplacar a los árabes dado el contexto prebélico. Esta política indignó al movimiento sionista. Grupos armados judíos clandestinos como Irgún (Etzel) y Lehi (grupo Stern) tacharon a los británicos de traidores y comenzaron campañas terroristas contra las autoridades británicas (atentados con bombas, asesinatos de funcionarios) durante los años 1940-47. Tras la Shoá (Holocausto), aumentó la presión internacional para encontrar solución al problema de los refugiados judíos; los sionistas intensificaron la inmigración (legal e ILEGAL) a Palestina, provocando choques con los británicos. Agotada y económicamente debilitada tras la guerra, Gran Bretaña decidió poner fin al Mandato y pasó la cuestión de Palestina a la recién creada ONU en 1947.

La ONU propuso la Resolución 181 (Plan de Partición) en noviembre de 1947, recomendando dividir el territorio en dos estados independientes –uno árabe y otro judío– con Jerusalén internacionalizada. Los líderes sionistas aceptaron públicamente el plan (aunque los sionistas revisionistas, como Menájem Beguin del Irgún, lo rechazaron abiertamente, calificándolo de “ilegal”), mientras que los palestinos y los estados árabes lo denunciaron por injusto. Palestina tenía unos 1.3 millones de árabes y 600.000 judíos en 1947; sin embargo, el plan otorgaba al futuro estado judío más de la mitad del territorio (incluyendo zonas con población mayoritariamente árabe). Esto, sumado a que no se consultó a la población nativa palestina sobre su propio destino, hizo inviable la solución diplomática.

Tras la aprobación del plan de la ONU en noviembre de 1947, estalló la guerra civil en Palestina entre las milicias sionistas y las fuerzas árabes palestinas. En los meses previos a la retirada británica (que se fijó para el 14 de mayo de 1948), los combates se intensificaron. Las organizaciones terroristas judías –la Haganá (fuerza principal afiliada a la Agencia Judía), el Irgún y el Lehi– pasaron a la ofensiva con la implementación del Plan Dalet (Plan D) en la primavera de 1948. Este plan militar estratégico contemplaba asegurar el territorio designado al Estado judío e incluso controlar áreas adyacentes mediante la limpieza de poblados árabes considerados “hostiles”. En la práctica, durante abril-mayo de 1948 las fuerzas sionistas desalojaron ciudades de mayoría árabe (Tiberíades, Haifa, Safed, Jaffa, etc.) y decenas de aldeas mediante bombardeos, masacres selectivas y expulsiones para sembrar el pánico. Un caso infame fue la masacre de Deir Yassin (9 de abril de 1948) cometida por Irgún y Lehi, donde más de 100 civiles fueron asesinados; noticias de esta matanza precipitaron el éxodo en masa de palestinos atemorizados.

El 14 de mayo de 1948, los líderes sionistas (bajo David Ben-Gurión) declararon la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv, al vencer el Mandato. Al día siguiente, tropas de estados árabes vecinos (Egipto, Transjordania, Siria, Irak y otros) intervinieron, alegando defender a la población palestina –dando inicio formal a la primera guerra árabe-israelí (1948). Sin embargo, para entonces alrededor de 700.000 palestinos ya habían sido expulsados o habían huido de sus hogares durante la fase civil de la contienda (lo que los palestinos llaman Al-Nakba o “La Catástrofe”). Las mal equipadas fuerzas irregulares palestinas colapsaron rápidamente; los oficiales británicos mismos reportaron a Londres a inicios de 1948 que los árabes de Palestina “habían sufrido derrotas abrumadoras” y que huían “por miles”, quedando su única esperanza en la intervención de los ejércitos regulares árabes. La guerra de 1948 concluyó a inicios de 1949 con la victoria de Israel, que amplió su control al ~78% de la Palestina del Mandato (más allá de los límites de la ONU propuestos). El resto del territorio quedó bajo control de Transjordania (Cisjordania y Jerusalén Este) y de Egipto (Gaza). No se permitió regresar a la mayoría de refugiados palestinos, consolidándose así la limpieza étnica originaria del conflicto.

Cronología de eventos clave (antes de 1948):

• 1917 (2 Nov) – Declaración Balfour: el gobierno británico apoya la creación de un “hogar nacional judío” en Palestina, desoyendo a la mayoría árabe.

• 1920 – Conferencia de San Remo: Las potencias vencedoras de WWI otorgan a Gran Bretaña el Mandato sobre Palestina (efectivo desde 1922). Administración colonial británica inicia, incorporando el compromiso pro-sionista en el mandato.

• 1920-1935 – Gran Bretaña facilita inmigración judía masiva (aliyás). Crecen las tensiones y primeros disturbios violentos (Jaffa 1921; Hebrón y Jerusalén 1929). Los palestinos organizan políticamente (Primer Congreso Nacional Árabe en 1919; formación de partidos y sindicatos en 1920-30s).
• 1936-1939 – Revuelta Árabe Palestina contra el dominio británico y la colonización sionista. Gran Bretaña despliega miles de tropas, reprime severamente la rebelión (más de 5.000 árabes muertos) y colabora con milicias judías (Haganá) para sofocarla.

• 1937 – Informe Peel recomienda la partición de Palestina en dos estados y la transferencia (reubicación) de población árabe fuera del área judía propuesta. La Agencia Judía (liderazgo sionista) ve la partición parcial como base para expandirse luego, mientras los árabes rechazan entregar territorio.

• 1940-1945 – Segunda Guerra Mundial. Sionistas establecen fuerzas paramilitares: Haganá/Palmach (oficialmente defensivas, pero preparan ofensiva), Irgún y Lehi (clandestinas, realizan atentados contra británicos y árabes). En plena guerra (1941-45), dirigentes sionistas elaboran planes para un futuro estado; diarios privados revelan discusiones sobre expulsar árabes una vez la oportunidad se presente.

• 1945-1947 – Creciente violencia en Palestina: Irgún bombardea el Hotel King David (julio 1946, 91 muertos, en su mayoría funcionarios británicos). Gran Bretaña, desgastada, anuncia su retiro. La ONU (UNSCOP) propone la Resolución 181 (Partición) el 29 Nov 1947: plan de dos estados y Jerusalén internacional. Sionistas lo aceptan (aunque los radicales lo rechazan) y los árabes lo rechazan unánimemente.

• Dic 1947 – mayo 1948 – Guerra civil en Palestina. Las milicias judías lanzan la ofensiva Plan Dalet (marzo-abril 48) para controlar territorio más allá del plan de la ONU, “limpiando” aldeas árabes estratégicas. Éxodo masivo palestino: ~300.000 refugiados huyen antes de mayo (y otros ~400.000 durante la guerra regular posterior).

• 14 mayo 1948 – Proclamación del Estado de Israel (Ben-Gurión). 15 mayo – Fin oficial del Mandato Británico; estalla la guerra árabe-israelí de 1948 con la invasión de ejércitos árabes. Para fin de 1948, Israel vence y controla 78% de Palestina; unos 750.000 palestinos están desplazados en el exilio. El conflicto entra en una nueva fase (problema de refugiados, cuestión de Palestina pendiente en la ONU).

Fuentes: Archivos desclasificados: Reino Unido, EE.UU. e Israel:

La documentación histórica desclasificada en años recientes ha arrojado luz sobre las decisiones y planes durante el Mandato y la guerra de 1948, a menudo confirmando lo que ya señalaban los historiadores críticos. A continuación, se analizan ejemplos de archivos británicos, estadounidenses e israelíes:

• Archivos británicos: Gran Bretaña mantuvo abundantes reportes confidenciales sobre la situación en Palestina. Documentos desclasificados del National Archives británico muestran que Londres era plenamente consciente de las consecuencias de sus políticas. Por ejemplo, informes secretos de 1946-1948 advertían que la partición conduciría “inevitablemente a la guerra” y muy probablemente a la derrota militar de los árabes palestinos. Los oficiales británicos informaban a sus superiores que “milicias” judías estaban ocupando cada vez más tierras árabes incluso antes de la retirada británica. También señalaban el clima de violencia: en vísperas de 1948 grupos terroristas sionistas aumentaron sus ataques tanto contra fuerzas británicas como contra comunidades árabes, buscando acelerar la retirada británica y ampliar el territorio bajo control judío. Un despacho de inteligencia de octubre de 1946 (dos años antes de la Nakba) ya advertía que la opinión pública judía no aceptaría ningún plan de partición “a menos que la porción judía fuese tan grande que lo hiciera totalmente inaceptable para los árabes”. Esto revelaba la estrategia sionista de presionar por más territorio del inicialmente ofertado. Igualmente el gobierno británico conocía el desesperado estado de la población palestina al inicio de 1948: sus propios informes describen que los árabes, desmoralizados y mal dirigidos, huían en masa de las zonas mixtas, y reconocían que “su única esperanza” de recuperar posiciones residía en la intervención de ejércitos árabes vecinos. Estos archivos británicos, liberados décadas después, confirman que la limpieza étnica de Palestina en 1948 no fue un suceso inesperado, sino algo anticipado por observadores contemporáneos (aunque los británicos, más preocupados por repartirse automóviles oficiales en Jerusalén según un memorando humorísticamente anecdótico, optaron por no intervenir).

• Archivos estadounidenses: Aunque Estados Unidos tuvo un rol más limitado durante el Mandato, sus agencias seguían de cerca la situación. Un informe de la CIA desclasificado (28 de noviembre de 1947) titulado “Consecuencias de la partición de Palestina” pronosticó con acierto que estallarían hostilidades armadas entre judíos y árabes si la ONU aprobaba la partición. El análisis de la CIA evaluaba las fuerzas en pugna: los árabes estarían en desventaja organizativa y carecerían de coordinación, mientras los sionistas movilizarían unos 200.000 combatientes bien entrenados (incluyendo voluntarios extranjeros), con capacidad inicial de superioridad militar. Sin embargo, advertía que a largo plazo, sin refuerzos externos, el esfuerzo de guerra judío sería difícil de sostener ante una guerra de desgaste árabe. Reveladoramente, la CIA notó que “los sionistas, por su parte, están decididos a tener un Estado en Palestina o, en caso extremo, en toda Palestina e incluso Transjordania”, independientemente de lo que la ONU recomendara. Es decir, Washington sabía que los líderes sionistas contemplaban expandir el Estado judío más allá de las fronteras del plan de partición siempre que tuvieran la fuerza para lograrlo. Además, documentos del Departamento de Estado (también desclasificados) muestran divisiones internas en la política de EE.UU.: diplomáticos “arabistas” advirtieron del riesgo de apoyar un estado judío sin acuerdo árabe, mientras el presidente Truman finalmente reconoció apresuradamente a Israel en mayo de 1948, influido por consideraciones políticas domésticas. En resumen, los archivos de EE.UU. confirman que la administración estadounidense estaba informada de que la partición impondría una guerra y sacudiría la estabilidad regional (por ejemplo, poniendo en riesgo el acceso occidental al petróleo), pero priorizó la resolución de la cuestión judía post-Holocausto y la contención de la influencia soviética en Oriente Medio.

• Archivos israelíes: Israel ha sido más renuente a desclasificar material sensible de 1948, dado que esos documentos fundacionales pueden contradecir la narrativa oficial. Aun así, esfuerzos de historiadores y organizaciones han sacado a la luz archivos clave. Desde los años 1980, académicos conocidos como los “nuevos historiadores” israelíes (Benny Morris, Ilan Pappé, Avi Shlaim, etc.) accedieron a expedientes militares y gubernamentales liberados tras 30 años de secreto. Sus investigaciones documentaron, por ejemplo, directivas de la Haganá/ejército israelí para vaciar y destruir aldeas árabes durante la guerra, confirmando que muchas expulsiones no fueron casuales sino parte de un plan semi-oficial de limpieza territorial. En años más recientes, instituciones como Akevot (Centro para la Investigación del Conflicto Israelí-Palestino), junto al diario Haaretz, han recopilado testimonios y archivos personales de 1948, desenterrando evidencia de masacres hasta entonces desconocidas y del conocimiento que tenía la dirigencia israelí de esas atrocidades en tiempo real. Por ejemplo, se publicaron actas de reuniones del gabinete israelí de 1948 que “no dejan lugar a dudas: los líderes de Israel sabían en tiempo real de los eventos bañados en sangre que acompañaron la conquista de las aldeas árabes”. Un hallazgo notable fue la intervención de Shmuel Mikunis, miembro comunista del Consejo de Estado Provisional, quien logró el 14 de noviembre de 1948 introducir en actas parlamentarias una pregunta censurada a Ben-Gurión denunciando que milicianos del Irgún “aniquilaron con una ametralladora a 35 árabes que se habían rendido con bandera blanca” y tomaron civiles como rehenes, en la región de Merón. Este testimonio, ocultado por décadas, confirma masacres que habían quedado fuera del registro oficial. También se conoció que al final de la guerra el Gabinete israelí discutió internamente qué hacer con la población árabe remanente; finalmente adoptaron una política de impedir el retorno de refugiados, consolidando la limpieza étnica (como reconocen hoy incluso historiadores moderados). No obstante, muchos documentos siguen clasificados o han sido re-clasificados retroactivamente por las autoridades israelíes. Un reportaje reveló que una unidad especial del Ministerio de Defensa (MALMAB) ha retirado de archivos públicos evidencia de crímenes de guerra de 1948, en un esfuerzo deliberado por controlar la narrativa histórica. Se calcula que millones de páginas de la época fundacional permanecen bajo secreto en archivos del Estado. Esta opacidad ha sido denunciada por investigadores israelíes, pero a pesar de ello, las nuevas revelaciones que sí han visto la luz corroboran los relatos palestinos de expulsiones masivas y masacres, desmontando “la fábula sionista” de que la población árabe se fue voluntariamente o que solo se libró una guerra defensiva contra invasores externos.

En síntesis, los archivos gubernamentales desclasificados –británicos, estadounidenses e israelíes– confirman la naturaleza colonial y violenta del proceso que culminó en 1948. Gran Bretaña concibió el Mandato como un proyecto de ingeniería geopolítica en favor del sionismo, EE.UU. anticipó el choque inevitable entre ambos pueblos, e Israel ocultó (y en parte aún oculta) las huellas documentales de la limpieza étnica sobre la cual se erigió. Estas fuentes primarias, aunque requieren ser leídas críticamente, proporcionan un sustento factual invaluable a la memoria histórica palestina y al análisis objetivo del conflicto.

Vida social, económica y cultural del pueblo palestino antes de 1948:

Más de siete décadas de ocupación, guerra y propaganda a menudo han borrado la memoria de la Palestina anterior a 1948. Una narrativa sionista muy difundida presentaba a Palestina como “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra” – insinuando que el país estaba vacío o atrasado hasta la llegada de los colonos judíos. Sin embargo, abundan estudios históricos y antropológicos que documentan la rica vida social, económica y cultural de la sociedad palestina en las eras otomana tardía y del Mandato Británico.

Investigaciones modernas, apoyadas en fotos de época, diarios, censos y relatos de viajeros, demuestran que Palestina no estaba vacía ni era un desierto antes de Israel. Al contrario, al iniciarse el siglo XX, había una población mayoritariamente árabe palestina (musulmana y cristiana) establecida desde hacía siglos, con ciudades vibrantes como Jerusalén, Jaffa, Haifa, Nazaret, Gaza o Nablus, y cientos de pueblos agrícolas. La economía era predominantemente agraria, pero integrada al mercado regional: por ejemplo, las famosas naranjas de Jaffa se exportaban a Europa desde el siglo XIX. También existía una incipiente clase media urbana dedicada al comercio, artesanías e industrias como las jabonerías de Nablus o las fábricas de cigarrillos de Jenin. La sociedad palestina tenía terratenientes notables pero también un amplio campesinado, así como proletariado urbano emergente (ferrocarriles, puertos) hacia los años 1930. La vida cultural incluía periódicos en árabe (el primer diario árabe en Jerusalén se fundó en 1908), clubes literarios, escuelas y universidades (el Instituto Árabe de Jerusalén, fundado en 1918, por ejemplo).

Varias investigaciones antropológicas y sociológicas han resaltado la diversidad y la adaptabilidad de la sociedad palestina pre-Nakba. Por ejemplo, la académica Salim Tamari ha estudiado diarios personales que revelan una juventud palestina cosmopolita en los años 1930-40, especialmente en ciudades costeras como Haifa, donde coexistían comunidades árabes, judías y europeas. Un caso emblemático es el diario de Sami ‘Amr (un joven de Hebrón en 1941-45), que muestra las aspiraciones, miedos y cotidianeidad de un palestino bajo el Mandato, contradiciendo la imagen de pasividad. Asimismo, la historiadora Rosemary Sayigh documentó las tradiciones rurales palestinas y cómo la Nakba transformó a campesinos en refugiados, alterando estructuras sociales que llevaban generaciones.

Una compilación particularmente ilustrativa es el libro “Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba (1889-1948)”, coordinado por la periodista Teresa Aranguren y otros investigadores. Mediante fotografías de familias, escuelas, mercados, fiestas populares y líderes comunitarios, esta obra demuestra que Palestina existía como sociedad organizada y con identidad propia antes de 1948 . Las imágenes muestran, por ejemplo, a las empleadas del departamento de aduanas de Haifa en 1942 (mujeres palestinas, judías y de otras comunidades trabajando juntas en la administración) – evidencia de una sociedad plural y funcional. Aranguren subraya que “Palestina no era una sociedad hostil ni religiosamente fanática cuando llegaron los primeros colonos sionistas” a finales del siglo XIX. Había, ciertamente, tensiones sociales (como en cualquier sociedad colonizada), pero también cooperación intercomunitaria en muchos ámbitos hasta que el proyecto colonial las socavó.

Además de la diversidad religiosa (aproximadamente 10% de la población era cristiana árabe, conviviendo con la mayoría musulmana, y una pequeña pero antigua minoría judía nativa), había una robusta vida intelectual. En Jerusalén Este funcionaba desde 1918 el Club Árabe que organizaba debates políticos y culturales. En 1936, mujeres palestinas celebraron el Primer Congreso de Mujeres Árabes, movilizándose contra la amenaza de desposesión que veían venir con la Declaración Balfour. La existencia de este feminismo palestino temprano contradice estereotipos orientalistas. Igualmente, en la Huelga General de 1936 (que duró seis meses), los comités populares palestinos administraron servicios y mantuvieron la cohesión comunitaria en ausencia de las instituciones coloniales, demostrando capacidades de autogobierno a nivel local.

En el aspecto educativo, bajo el Mandato se expandió la alfabetización: de 1918 a 1947 se abrieron cientos de escuelas primarias para árabes (aunque insuficientes respecto a la población). La Universidad Árabe Estadounidense de Beirut era un polo de formación para élites palestinas, y muchos maestros palestinos se formaron en El Cairo o Londres.

Todos estos datos echan por tierra la propaganda que negaba la propia existencia del pueblo palestino. Como señala Aranguren, negar al pueblo palestino fue una premisa fundamental del sionismo, que intentó “ocultar su existencia e incluso el recuerdo de que había existido”. Sin embargo, lo que existe deja rastro: la cultura palestina dejó huellas tangibles – desde libros y periódicos hasta edificios públicos, costumbres e incluso platos gastronómicos – que confirman una continuidad histórica. Por ejemplo, antes de 1948 la ciudad vieja de Jerusalén tenía barrios árabes florecientes con comercios y colegios; en Jaffa operaba el célebre cine Al-Hamra y varias compañías teatrales árabes realizaban giras regionales. Esta vida quedó truncada en 1948, pero no por ello deja de ser parte integral de la historia de Palestina.

Hoy en día, estudios antropológicos contemporáneos, memorias (como “Palestine Before the Nakba” de Ahmad Hussein) y proyectos de historia oral (por ejemplo, el de Palestinian Nakba Archive) siguen reconstruyendo aquella vida palestina. Se recogen testimonios de ancianos que recuerdan sus aldeas antes de la destrucción – hablan de cooperativas agrícolas, de festivales anuales, de la convivencia con los vecinos judíos sefardíes de toda la vida (distintos de los recién llegados ashkenazíes europeos), etc. Estas voces confirman que antes de 1948 Palestina era un pueblo con tejido social, raíces profundas y conciencia de sí, no la tabula rasa que a veces se pinta para justificar la colonización.

En conclusión, la imagen histórica de Palestina antes de 1948, respaldada por investigaciones y evidencias fotográficas, es la de una sociedad heterogénea y en desarrollo. Reconocer esta realidad es crucial, porque desmonta el mito de que la creación de Israel ocurrió en un vacío demográfico o cultural. Por el contrario, implicó la ruptura violenta de un pueblo que ya contaba con una identidad nacional en formación, cuyos lazos con su tierra (en lo económico, social y afectivo) eran tan sólidos como los de cualquier otra comunidad asentada por generaciones. Esta comprensión contextual humaniza y da profundidad al relato, contrarrestando la desinformación que aún intenta invisibilizar al pueblo palestino.

Evidencia arqueológica y narrativas territoriales en disputa:

La arqueología y la historia antigua han sido campo de batalla ideológico en el conflicto palestino-israelí. Tanto sionistas como palestinos han recurrido al pasado para legitimar sus derechos sobre la tierra, pero los primeros –al detentar el poder– han dominado esta “trinchera” de forma mucho más efectiva. Desde el inicio, el movimiento sionista invocó la conexión bíblica judía con Eretz Israel (Tierra de Israel) para justificar el retorno. Con el tiempo, el Estado de Israel ha utilizado excavaciones, museos y hallazgos arqueológicos como herramienta para legitimar la propiedad sobre la tierra, desplazar a comunidades árabes y afianzar la colonización, en especial en Jerusalén y Cisjordania.

Un claro ejemplo es el caso de la Ciudad de David en Jerusalén: un sitio arqueológico en el barrio palestino de Silwan, gestionado por una fundación de colonos (Elad). Ahí, bajo el pretexto de buscar el palacio del rey bíblico David, se ha llevado a cabo una política de desalojos de residentes palestinos y expropiación del terreno bajo figura de “parque nacional”. A pesar de que hasta la fecha los arqueólogos no han encontrado pruebas concluyentes del palacio de David, ello no ha impedido que el área sea transformada: viviendas palestinas fueron compradas o confiscadas, el espacio público (un estacionamiento donde había un mercado local) se convirtió en una enorme zona de excavación, y se edificaron instalaciones turísticas y viviendas para colonos. Como denuncia Alon Arad, director de la ONG israelí Emek Shaveh (dedicada a combatir el uso político de la arqueología), se está utilizando la disciplina arqueológica para “demostrar la presencia primigenia de los judíos en la tierra prometida y borrar el pasado árabe” de esos lugares . En Silwan, esto significa que en las excavaciones de la Ciudad de David se ocultan o minimizan hallazgos no judíos (estratos islámicos, cruzados, otomanos, etc.) y solo se muestran al público los restos asociados con la historia judía antigua. El resultado es una narrativa museística completamente parcial: “Aquí hay una sola historia, la judía… ofrecen una manera “pura” de experimentar el sitio, olvidando por completo que ahí hay un barrio palestino”, explica Arad. Mientras los turistas caminan por túneles arqueológicos que conectan directamente la Jerusalén judía moderna con la de hace 2000 años, no ven ni escuchan la presencia árabe actual, ni se les informa que durante los últimos siglos esa zona fue mayoritariamente habitada por musulmanes y cristianos . Este uso sesgado de la arqueología sirve a fines políticos contemporáneos: crear un vínculo emocional e ininterrumpido entre el moderno Estado de Israel y el reino bíblico, para así justificar la soberanía israelí exclusiva –a la vez que se presenta a los habitantes palestinos como intrusos sin historia propia.

La instrumentalización del patrimonio arqueológico se repite en múltiples sitios: en la ocupada Cisjordania, Israel controla unos 450 yacimientos arqueológicos, frecuentemente impidiendo el acceso a investigadores palestinos y realizando excavaciones sin supervisión internacional. Algunos de estos hallazgos luego se exhiben en museos israelíes, apropiándose de la narrativa histórica del territorio. Por ejemplo, en el área de Hebrón y Belén (en Zona C bajo control israelí), sitios con ruinas cananeas o romanas se promocionan como parte de la historia nacional judía, invisibilizando otros períodos. Incluso en los Altos del Golán sirios ocupados se han excavado sin autorización sitios para enfatizar supuestas conexiones con tribus israelitas antiguas.

Por su parte, los palestinos y otros académicos críticos también disputan la narrativa histórica dominante. Organismos como el Departamento de Antigüedades Palestino (cuando existió durante el Mandato) y hoy día el Ministerio de Turismo y Antigüedades de la Autoridad Palestina, defienden el patrimonio árabe-islámico y cananeo de la tierra. Algunos discursos oficiales palestinos más nacionalistas incluso han negado cualquier presencia histórica judía significativa, argumentando que la mayoría de supuestas evidencias bíblicas son exageradas o interpretadas tendenciosamente. Esto ha llevado a controversias internacionales, como cuando en 2016 la UNESCO aprobó resoluciones reclamando la protección del patrimonio islámico en Jerusalén (empleando solo nombres árabes para la Explanada de las Mezquitas, lo que Israel criticó como negación del vínculo judío con el Monte del Templo).

En la comunidad académica, numerosos arqueólogos profesionales –incluyendo israelíes– han aportado una visión más matizada. Investigaciones modernas (p. ej. las del profesor Israel Finkelstein de la Univ. de Tel Aviv) han desmitificado elementos de la narrativa bíblica utilizada políticamente. En su influyente libro “La Biblia Desenterrada” (2001), Finkelstein y Silberman concluyen que “no hay evidencia arqueológica convincente” de episodios como la conquista de Canaán por Josué o el fastuoso reino unido de Salomón; más bien, esos relatos parecen haber sido compuestos o exagerados siglos después, con fines ideológicos . Por ejemplo, excavaciones en Jericó no muestran señales de murallas caídas en la época de la supuesta invasión israelita, y la cronología de reinos de David y Salomón sugiere reinos locales más modestos que lo narrado en la Biblia. Esto no niega la presencia ancestral judía en la región (que es un hecho histórico), pero la relativiza: deja claro que la continuidad cultural-religiosa no equivale a un título de propiedad política perpetua. Asimismo, algunos estudios apuntan a la continuidad demográfica: es decir, muchos palestinos actuales podrían descender en parte de habitantes judíos o cristianos de la antigüedad que con el tiempo se convirtieron al Islam –lo que implicaría que tienen tanto “sangre israelita” como los judíos que reivindican retornar tras 2000 años. Si bien este argumento es delicado (y no necesario para reclamar derechos actuales), socava la idea de dos pueblos totalmente ajenos entre sí en términos históricos.

En conclusión, la evidencia arqueológica en Palestina/Israel ha sido arma de doble filo. Los sionistas la han usado para subrayar la narrativa bíblica y legitimarse –por ejemplo renombrando sitios con toponimia bíblica hebrea, excavando bajo la Explanada de las Mezquitas en busca de restos del Templo de Salomón, etc.–, mientras que los palestinos han tratado de enfatizar su propia continuidad histórica (p. ej. destacando la herencia cananea o árabe pre-islámica, y la presencia musulmana desde el siglo VII). Este choque de narrativas refleja que el conflicto no solo es territorial y político, sino también simbólico e histórico. Idealmente, la arqueología “debería pertenecer a todos y no tomarse como herramienta de batalla política”, pero en la práctica ha sido frecuentemente manipulada. Afortunadamente, hay iniciativas conjuntas de académicos israelo-palestinos buscando despolitizar el patrimonio, y proyectos de turismo cultural inclusivo. Sin embargo, mientras persista la ocupación y la disparidad de poder, es difícil evitar que cada descubrimiento de una moneda, vasija o cimiento sea convertido en argumento propagandístico de uno u otro lado.

Documentos históricos de las organizaciones sionistas tempranas (Agencia Judía, Congreso Sionista, Haganá, Irgún, Lehi)

Los movimientos sionistas de la primera mitad del siglo XX dejaron numerosos documentos internos, correspondencia, diarios y actas que revelan sus estrategias de colonización, uso de la violencia organizada y planes para un futuro Estado judío. Revisar estas fuentes –ahora complementadas por desclasificaciones– permite entender las intenciones y métodos que guiaron la creación de Israel a expensas de la sociedad palestina.

• El Congreso Sionista y la Agencia Judía: El Congreso Sionista Mundial, iniciado por Theodor Herzl en 1897, estableció los objetivos del movimiento: conseguir respaldo internacional para colonizar Palestina y eventualmente fundar un Estado judío allí. Desde muy temprano hubo conciencia de que Palestina no estaba deshabitada; en 1899 Herzl llegó a escribir al gobernante otomano proponiendo comprar tierras, y otros líderes sionistas como Israel Zangwill reconocieron que “la bride (novia) está casada con otro hombre” (refiriéndose a Palestina y los árabes) – pero abogaron por “desalojar a los habitantes” de alguna forma. Con la Declaración Balfour de 1917, el sionismo obtuvo el visto bueno de una gran potencia, y durante el Mandato la Agencia Judía (órgano oficial del Yishuv, la comunidad judía de Palestina) actuó como proto-gobierno. David Ben-Gurión, jefe de la Agencia Judía, mantuvo abundante correspondencia y reuniones con las autoridades británicas y con otros sionistas. Un documento crucial es la carta que Ben-Gurión escribió a su hijo Amos el 5 de octubre de 1937, tras la propuesta de partición de la Comisión Peel. En esa carta (preservada en archivos de las FDI), Ben-Gurión le explica a su hijo que aceptar un “Estado judío en solo una parte de Palestina” no significa renunciar al resto, sino al contrario: “un estado judío en parte de la tierra no es el fin sino el comienzo… Servirá para incrementar nuestra fuerza, y cada aumento en nuestra fuerza ayuda en la posesión de la tierra en su conjunto”. Ben-Gurión veía la partición como un paso incremental para eventualmente “liberar todo el país” (es decir, toda Palestina). De hecho, en la misma carta menciona que podría necesitarse usar la fuerza para garantizar el derecho de los judíos a asentarse en zonas asignadas a los árabes, como el desierto del Néguev, porque “no podemos tolerar que vastos territorios capaces de absorber a decenas de miles de judíos deban permanecer vacíos… solo porque los árabes prefieren que el lugar permanezca ni nuestro ni suyo”. Estas palabras prefiguran claramente la política de hechos consumados que se aplicaría en 1948 y después. Cabe destacar que un párrafo polémico de esa carta –“Debemos expulsar a los árabes y ocupar su lugar…”– fue citado por el historiador Benny Morris, aunque otro historiador (Efraim Karsh) cuestionó la traducción debido a unas palabras tachadas en el manuscrito. Esta controversia sobre una sola frase no desmiente la idea central: los líderes sionistas estaban dispuestos a la transferencia de población árabe si era necesaria para lograr un Estado judío viable. De hecho, Ben-Gurión y Chaim Weizmann (primer presidente de Israel) apoyaron abiertamente, en los años 30-40, planes de “transferencia” de árabes fuera de la zona destinada al futuro Estado judío. La Agencia Judía incluso creó comités para estudiar opciones de reubicación de campesinos palestinos en países vecinos, aunque oficialmente aceptaban la partición de la ONU que dejaba 45% de palestinos dentro del nuevo Israel.

• Haganá y planificación paramilitar: La Haganá fue la fuerza de defensa judía establecida en 1920, en teoría para proteger a las colonias de ataques, pero que se convirtió en un ejército clandestino bien estructurado. Documentos del archivo Haganá (muchos publicados luego en memorias de comandantes) muestran la creciente preparación ofensiva durante la Segunda Guerra Mundial y tras ella. En 1946 se elaboró el Plan Maydal y más tarde el Plan Dalet (D) en marzo de 1948, que definía las operaciones para tomar control del territorio designado a Israel y “áreas del estado árabe esenciales para la seguridad” una vez se marcharan los británicos. Si bien el Plan D se redactó con eufemismos (hablaba de “destruir aldeas” o “limpiar áreas de fuerzas hostiles” más que de expulsar civiles), en la práctica sirvió de guía para la limpieza de poblados árabes en zonas estratégicas. Órdenes operativas desclasificadas confirman instrucciones de volar casas, expulsar o internar a varones en edad de combate, etc., especialmente si alguna localidad ofrecía resistencia. La precisión de la campaña se apoyó en los llamados “Archivos de aldeas” que la inteligencia de la Haganá había venido compilando desde los años 1940: ficheros detallados de cada localidad árabe, con datos de población, líderes, armas, producción agrícola, etc. Estos archivos (cuya existencia fue revelada por historiadores como Ilan Pappé) facilitaron identificar objetivos militares y vulnerabilidades de cada pueblo en 1948. Por ejemplo, la Operación Nachshón (abril 1948) para abrir la carretera a Jerusalén incluyó el asalto y vaciado de aldeas como Deir Yassin, Qaluniya, Beit Surik, etc., siguiendo planificaciones previas. Otra fuente, el diario de guerra de Ben-Gurión, muestra que ya en mayo de 1948, al evaluar la conquista de ciudades como Lydda y Ramla (que tenían decenas de miles de habitantes árabes), Ben-Gurión autorizó a Yigal Allon y a Yitzhak Rabin a expulsar a la población. Rabin menciona en sus memorias una orden de Ben-Gurión de “hacer salir” a los habitantes de Lydda-Ramla en julio 1948. Estas acciones no fueron improvisaciones locales, sino política militar deliberada para consolidar un Estado etno-nacional judío con la mínima población árabe posible. La prueba es que tras las conquistas, el gobierno provisional israelí resolvió no permitir el retorno de ningún refugiado, incluso aquellos que habían huido solo temporalmente de combates.

• Irgún (Etzel) y Lehi (Stern): Eran organizaciones sionistas paramilitares clandestinas, escindidas de la Haganá por su ideología más radical (sionismo revisionista de derecha). El Irgún, liderado en los 1940s por Menájem Beguín, consideraba que toda la Palestina del Mandato y también Transjordania (actual Jordania) debían ser parte del Estado judío. Documentos y manifiestos del Irgún (como panfletos de su revista Ba-Machteret y el libro de Beguín “La Rebelión”) dejan clara su postura: rechazaban la partición de 1947 (“la partición de nuestra patria es ilegal, nunca será reconocida” diría Beguín) y estaban determinados a combatir tanto a británicos como a árabes para establecer Eretz Israel “en ambas riberas del Jordán”. El Irgún empleó terrorismo contra civiles en varios casos: un documento operacional detalla el bombardeo del mercado de Jerusalén en febrero 1948 como represalia a ataques árabes. También coordinó con la Haganá en algunas operaciones claves de abril-mayo 1948, como la ya mencionada masacre de Deir Yassin (donde Lehi e Irgún perpetraron la matanza mientras la Haganá lo permitió tácitamente). Tras la creación de Israel, el Irgún se integró en el nuevo ejército, no sin tensiones (como la confrontación del Altalena, junio 1948). Por su parte, Lehi (conocido como Banda Stern) era un pequeño grupo ultrarradical que llegó al extremo de buscar alianzas temporales con potencias fascistas (intentó un acercamiento con la Italia de Mussolini e incluso con la Alemania nazi en 1940-41, proponiendo luchar juntos contra el imperio británico, oferta que fue ignorada por los nazis). Lehi fue responsable del asesinato del mediador de la ONU Folke Bernadotte en septiembre 1948 en Jerusalén, según quedó registrado en informes policiales de la época; lo consideraban prorrabe. Estos grupos justificaban la violencia extrema como necesaria para forzar la retirada británica y aterrorizar a la población árabe. Un comunicado interno de Lehi de 1943 (citado en archivos del Mandato) define sus métodos como “terror contra los invasores y traidores”. La existencia de Irgún y Lehi también aparece en archivos británicos: un informe de inteligencia describía en 1946 que la opinión pública judía del Yishuv apoyaba mayoritariamente la campaña de terrorismo del Irgún, considerándola una consecuencia natural de la política británica restrictiva. Esto contradice la versión de que los terroristas eran unos pocos aislados: en realidad tenían redes de apoyo en la población judía. Al final, muchos miembros del Irgún/Lehi se integraron a la vida política de Israel (Beguín llegó a primer ministro en 1977). Pero sus documentos fundacionales –hoy disponibles en parte en el Archivo Jabotinsky en Israel– muestran un pensamiento abiertamente colonial y exclusivista: veían a los palestinos como usurpadores o intrusos, pese a reconocer en privado su largo arraigo. Un ejemplo es el diario de Yitzhak Shamir (líder de Lehi, luego PM de Israel), donde en 1940 escribió que los árabes entendían solo el lenguaje de la fuerza y que la Biblia otorgaba toda la tierra a los judíos. Tales fuentes ayudan a explicar la mentalidad con que estas milicias ejecutaron acciones como masacres en aldeas (documentos recopilados por historiadores como Avi Shlaim narran ejecuciones de prisioneros árabes rendidos, como se denunció en la pregunta parlamentaria de Mikunis ya citada).

• Planes de Estado y colonización económica: Otra vertiente documental son los planes económicos y demográficos de las instituciones sionistas. El Fondo Nacional Judío (JNF) y la Histadrut (sindicato general judío) generaron informes sobre cómo adquirir la mayor cantidad de tierra posible y fomentar la inmigración judía masiva, pero manteniendo una fuerza de trabajo mayoritariamente judía (política de “conquista del trabajo”). Un ejemplo: correspondencia de Yosef Weitz, director del Departamento de Tierras del JNF, que en 1940 anotó en su diario la célebre frase: “Debe quedar claro que no hay lugar en este país para ambos pueblos… La única solución es un Israel sin árabes, y para lograrlo debemos transferir a los árabes a países vecinos… no debe quedar ni un solo pueblo ni una sola tribu [árabe]”. Este diario de Weitz (publicado parcialmente décadas después) es evidencia directa de la intención planificada de limpieza étnica mucho antes de 1948. Weitz incluso desarrolló en 1941 un borrador de implementación: proponía trabajar en un plan secreto de transferencia supervisado por una comisión conjunta anglo-estadounidense. Si bien formalmente tal plan no fue adoptado públicamente, en 1948 Weitz fue quien integró el Comité de Transferencia israelí encargado de “recolocar” a los refugiados palestinos expulsados – asegurándose de que no volvieran. Por otro lado, los archivos del Jewish Agency Executive registran discusiones sobre cómo estructurar el futuro gobierno, la educación, la absorción de inmigrantes y la defensa. Estos documentos revelan, por ejemplo, que ya en 1944-45 la Agencia Judía tenía listos los ministerios sombra para un Estado eventual (finanzas, exterior, etc.) y cabildeaba a Washington y Moscú para obtener reconocimientos. Es decir, el proyecto estatal sionista estuvo muy planificado (a diferencia del movimiento nacional palestino, que careció de apoyo internacional y fue descabezado por los británicos durante la revuelta del 36-39).

En suma, los documentos de las organizaciones sionistas tempranas muestran con sorprendente franqueza que la creación de Israel implicó colonización deliberada, uso sistemático de la violencia y planificación estatal estratégica. Lejos de ser una improvisación nacida de la urgencia de sobrevivir tras el Holocausto (como suele narrarse), la empresa sionista ya tenía para 1948 hojas de ruta definidas: crear un estado con mayoría judía, aunque para ello hubiera que expulsar a la mayoría de la población autóctona. Esto no significa que todos los sionistas concibieran con gusto la expulsión violenta (hubo debates éticos internos, algunos líderes minoritarios propusieron confederación con árabes). Pero los hechos de 1948 coincidieron notablemente con lo que los elementos más duros habían preconizado en privado. La evidencia documental aporta claridad: la Nakba no fue un “accidente desafortunado de la guerra” sino la culminación de políticas y actitudes incubadas durante décadas en el movimiento sionista, combinadas con la oportunidad histórica brindada por la salida británica y la debilidad árabe. Para los palestinos, estos documentos sionistas tempranos han servido para respaldar sus reclamos en foros internacionales, demostrando que su desplazamiento fue fruto de un proyecto colonial intencionado, no una guerra convencional entre iguales.

Observaciones críticas sobre la fiabilidad de las fuentes

A la hora de manejar esta variedad de fuentes –archivos oficiales, testimonios, estudios académicos, evidencias arqueológicas, etc.– es imprescindible una lectura crítica, entendiendo el contexto y posibles sesgos de cada una:

• Fuentes de archivos gubernamentales: Si bien los documentos desclasificados británicos, estadounidenses e israelíes proveen información de primera mano, también reflejan la perspectiva o agenda de quien los produjo. Los informes británicos, por ejemplo, suelen llevar el sesgo colonial (subestimando a los actores locales, preocupándose más por intereses imperiales). No obstante, al ser comunicados internos y secretos en su momento, tienden a ser más sinceros sobre hechos incómodos (como reconocer la ocupación de tierras por colonos o la inevitabilidad de la guerra). En contraste, las fuentes israelíes oficiales de 1948 están fragmentadas: muchas se publicaron primero a través de los nuevos historiadores en los 80, y luego ha habido incluso retrocesos, con autoridades israelíes retirando algunos documentos de libre acceso. Esto obliga a depender también de citas indirectas (por ejemplo, lo que un historiador transcribió de un archivo hoy cerrado). La fiabilidad aquí es alta en términos de autenticidad (se basan en archivos reales), pero hay que considerar que podemos estar viendo solo la parte del archivo que convino divulgar. Por ejemplo, Benny Morris citó la carta de Ben-Gurión con una frase sobre expulsar árabes, pero luego otro investigador dijo que en el original había tachones que podrían cambiar la interpretación. Este caso ilustra que incluso un documento genuino puede prestarse a interpretaciones divergentes si no está completo o claro. En general, contrastar múltiples archivos de distintas procedencias (británicos vs. israelíes vs. árabes) ayuda a obtener una imagen más equilibrada.

• Estudios antropológicos y testimonios palestinos: Muchas de las fuentes sobre la vida palestina pre-1948 (fotos, memorias, historia oral) han sido recopiladas con el afán de rescatar un legado negado. Si bien son valiosas para “dar voz” a los palestinos, es cierto que a veces pueden incurrir en un tono nostálgico o idealizado. Un libro como “Contra el olvido” claramente busca contrarrestar la narrativa sionista, enfatizando los aspectos positivos de aquella sociedad . Eso no la invalida, pero el lector crítico notará que quizás minimiza los conflictos internos que también existían (p. ej., las diferencias de clase entre notables y campesinos, o las tensiones entre facciones políticas palestinas). Afortunadamente, muchas de estas obras incluyen prólogos de académicos (en el caso citado, del arabista Pedro Martínez Montávez) que contextualizan las limitaciones. Por otro lado, la historia oral de refugiados puede estar afectada por el paso del tiempo y la memoria selectiva – sin embargo, cuando cientos de testimonios de diferentes lugares coinciden en patrones (masacre seguida de huida, etc.), su fiabilidad global es difícil de refutar. Cruzan el umbral de la memoria personal para convertirse en evidencia colectiva.

• Evidencia arqueológica: Como vimos, la arqueología en esta región está atravesada por la política. No es que los hallazgos en sí mientan –una inscripción en una piedra es lo que es–, pero la interpretación y la divulgación pueden ser tendenciosas. Por ejemplo, un equipo israelí excava una sinagoga del siglo IV en Galilea: científicamente aporta al conocimiento, pero luego puede usarse en medios para afirmar “evidencia de antigua presencia judía aquí, ergo es tierra judía”. Mientras, un hallazgo de cerámica árabe del siglo VIII en el mismo sitio puede ser pasado por alto. Emek Shaveh denuncia precisamente esas “malas prácticas” de presentar una historia parcial . Por tanto, a la hora de usar la arqueología como fuente, hay que acudir a publicaciones académicas neutrales siempre que sea posible, en lugar de folletos turísticos o reportes oficiales. La revisión por pares en revistas de arqueología bíblica ha sacado a la luz muchos debates (por ejemplo, la existencia o no de reino unificado de David). En general, la comunidad científica hoy acepta que la narración bíblica no puede tomarse al pie de la letra –lo cual resta apoyo al argumento histórico absoluto de cierta visión sionista–, pero a su vez confirma la relación milenaria del pueblo judío con la región –lo cual rebate la negación total que a veces se oye desde sectores palestinos. En definitiva, la fiabilidad de la evidencia arqueológica depende de cómo se filtre la información: por eso es crucial la labor de organizaciones como Emek Shaveh que piden despolitizar este campo.

• Documentos de organizaciones sionistas: Aquí nos adentramos en textos ideológicos (diarios personales, actas de partidos, panfletos propagandísticos). Son fiables para entender la mentalidad y objetivos declarados, pero obviamente cada documento tiene la parcialidad de su autor. Por ejemplo, la carta de Ben-Gurión a su hijo es muy reveladora al ser privada y franca, pero una carta pública de Ben-Gurión en 1937 jamás habría admitido algo como “esto es solo el comienzo” – al contrario, en público aseguraban buscar coexistencia. Así que las fuentes privadas sionistas son un contrapunto indispensable a la retórica oficial moderada que exhibían ante el mundo. No obstante, hay que tener cuidado con las traducciones y citas fuera de contexto: en debates actuales de redes, a veces se citan frases duras (como las de Weitz o Herzl) sin ubicar el año o la situación en que se dijeron. Nosotros hemos procurado citar con referencias precisas (fecha, autor) para que el lector pueda verificar. También es importante reconocer que no todos los dirigentes sionistas pensaban monolíticamente; había divergencias tácticas. Por eso, usar selectivamente solo los documentos más extremistas podría inducir a creer que todo el movimiento planeaba la expulsión masiva desde el día uno, cuando en realidad algunos quizás creían posible que una parte de la población árabe se quedara bajo un estado judío (como efectivamente ocurrió con el 20% que permaneció). En resumen, la fiabilidad de estos documentos es alta en cuanto a reflejar planes e ideas, pero el analista debe situarlos en el mosaico más amplio de decisiones y hechos.

• Fiabilidad general y combinación de fuentes: Ninguna fuente por sí sola puede dar toda la verdad, pero en conjunto se triangulan evidencias. Por ejemplo, tenemos la frase de Weitz 1940 sobre expulsar árabes, luego testimonios palestinos de expulsiones en 1948, luego archivos militares confirmando órdenes de expulsión. Cada una podría ser disputada individualmente, pero juntas se corroboran mutuamente. Asimismo, la cronología de eventos verificada en archivos británicos coincide con memorias palestinas de la Nakba (ambos relatan vacíos de aldeas en abril-mayo 48). Un punto crucial es el acceso: muchas fuentes clave (especialmente israelíes) no están abiertas al público general. Dependemos de lo publicado por historiadores. Hay que estar alerta a posibles omisiones deliberadas: se sabe que Israel no desclasifica documentos sobre masacres específicas (como Safsaf, Saliha, etc.) por temor a repercusiones legales o diplomáticas. Así, la ausencia de un documento en el archivo no equivale a que no ocurriera un hecho; puede ser que esté oculto. La investigación histórica responsable toma esto en cuenta y recurre a testimonios y registros alternativos para llenar vacíos.

Por último, es menester destacar la importancia de las fuentes en ambos idiomas (inglés y árabe, incluso hebreo). Durante años, gran parte de la historiografía dominante ignoró fuentes palestinas en árabe –por ejemplo, los periódicos palestinos de los años 20-30– lo que sesgó el relato hacia el lado sionista. Hoy se reconoce que para un cuadro completo hay que incorporar también la documentación árabe-palestina: peticiones al Mandato, manifiestos del Alto Comité Árabe, actas de congresos palestinos, etc. Estas fuentes muestran, por ejemplo, que los palestinos tenían conciencia nacional y propusieron alternativas (como un solo estado binacional o árabe con garantías para judíos) que fueron desestimadas.

En conclusión, la fiabilidad de las fuentes utilizadas en esta investigación es alta, siempre y cuando se consideren en conjunto y críticamente. Las citas presentadas se han mantenido textuales para que el lector juzgue por sí mismo. Al cruzar archivos desclasificados, estudios académicos y testimonios de diversa procedencia, emerge un panorama histórico sólido sobre el periodo pre-1948, corrigiendo narrativas simplistas. Aún hay áreas grises y documentos cerrados, pero el cuerpo de evidencia disponible ya es más que suficiente para entender la realidad histórica: una de colonización facilitada por potencias, resistencia nativa abortada, planificaciones estatales con intenciones demográficas claras, y un legado humano devastador (la Nakba) cuyas consecuencias perviven hasta hoy.

Conclusión

La historia anterior a 1948 del conflicto palestino-israelí revela un proceso complejo y profundamente desigual. A través de archivos oficiales, vimos cómo las potencias coloniales (Reino Unido, y en menor medida EE.UU.) jugaron un papel determinante –promoviendo el proyecto sionista e impidiendo la autodeterminación de los palestinos– y cómo las autoridades israelíes de entonces establecieron las bases (militares y políticas) de un Estado excluyente. Mediante estudios antropológicos e históricos constatamos que el pueblo palestino poseía una sociedad activa y diversa, desmintiendo mitos de terra nullius. La arqueología resultó ser campo de disputa narrativa: unos la utilizaron para afirmar derechos bíblicos, otros para señalar continuidades árabes, reflejando que en Tierra Santa hasta las piedras hablan bajo intereses contemporáneos. Y los documentos tempranos del movimiento sionista nos permitieron asomarnos a las estrategias –a veces crudas– con que se persiguió la implantación de un Estado judío, incluyendo mecanismos de colonización económica, paramilitarismo y limpieza étnica.

Todo este análisis, sustentado en fuentes de calidad, nos ayuda a entender que la Nakba de 1948 no fue un episodio aislado ni inevitable por odios ancestrales, sino la culminación de dinámicas históricas concretas: colonialismo, nacionalismos en competencia, decisiones geopolíticas en despachos lejanos, y planes nacionales ejecutados sobre el terreno. Reconocer estos hechos con rigor histórico es esencial para un diálogo honesto. Significa admitir que hubo una injusticia fundacional –la expulsión de un pueblo y la negación de su patria– sin la cual el conflicto actual no puede resolverse.

Finalmente, respecto a las fuentes, hemos aprendido que cada relato (británico, israelí, palestino) trae sus sesgos, pero cruzándolos podemos acercarnos a la verdad. La documentación desclasificada sigue arrojando luz y seguramente lo hará más en el futuro, a pesar de intentos de censura. La historia, como los estratos de una excavación en Jerusalén, se va revelando capa a capa. En esa búsqueda, es crucial mantener la mirada crítica y la empatía humana, pues detrás de cada número de archivo y cada fotografía granulada hay vidas reales y un legado que merece ser contado con justicia y precisión.

Fuentes citadas: Las citas numeradas provienen de documentos históricos, artículos periodísticos y obras académicas (tanto en español como en inglés), accesibles en línea. Se han priorizado fuentes con respaldo documental y se dejará de referencia para su consulta en el primer comentario. Espero que esta compilación contribuya a un entendimiento más informado de las raíces del conflicto y de sus consecuencias para el pueblo palestino desde antes de 1948 hasta el presente.

 

El reto de un cine documental necesario

Adocpr en el Festival de CLARIDAD

 

En Rojo

El trabajo de un documentalista implica, en el contexto actual que atraviesa el país, una tarea de resistencia cultural y política. También, conlleva darle voz a comunidades marginadas en una colonia gobernada por estructuras censoras. Las producciones del cine documental son, en palabras de la documentalista Inés Mongil, como <<un llamado al reconocimiento de nuestra historia, a la reafirmación de la identidad nacional>>. Un llamado que, desde la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR), reúne a más de 70 cineastas, profesores, estudiantes y otros profesionales del cine documental.

En entrevista con CLARIDAD, Mongil– tesorera de la AdocPR– destacó que el cine documental es uno de los únicos sectores en Puerto Rico que expresa su oposición a las políticas públicas del Estado a través de producciones que nutren “la expresión pública”. Junto al presidente de la organización, Juan Carlos García, ambos resaltaron la importancia de este medio expresivo y algunas de las actividades que realiza la AdocPR.

“El cine documental es el resguardo y la memoria que puede expresarse visualmente. A través del cine, se pueden contar muchas historias que, de otra manera, no podrían ser contadas o rescatadas para la memoria. El cine documental y los documentalistas estamos dejando un legado de historia cultural y política para que, en el futuro, otras generaciones tengan dónde mirar y cómo se vivió este período”, expresó García.

Pero para producir cine en el país, agregó Mongil, el asunto es cuesta arriba. A juicio de la artista, tanto el cine documental como el cine de ficción enfrentan complicaciones por no ser un cine subvencionado por el Estado. De hecho, Mongil recordó que, en 2014, la Corporación de Cine de Puerto Rico fue transferida al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Mercantilizada la creación de cine, las inversiones del Estado se limitan a “producciones rentables”.

“El cine puertorriqueño no es rentable, ¿pero qué pasa? No están midiendo unos intangibles como beneficios sociales o el fortalecimiento de la identidad nacional. Esas cosas no tienen peso ante los ojos del Estado. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica y en el mundo donde el gobierno no subvenciona su cine”, advirtió Mongil sobre los riesgos que esta realidad impone a los cineastas. Además, enfatizó que esta falta de apoyo puede crecer por cambios como la posible desaparición del Fondo de las Humanidades Puerto Rico.

De ahí, el valor que cobran las producciones artísticas que presentan los cineastas y AdocPR: representan piezas de un país cuya cultura pervive entre la creciente desidia. Por ejemplo, la organización ha emprendido, en los últimos meses, el Cine en ruta por el país, donde diversas voces del cine local exponen sus historias. Una de ellas, The Tax Paradise, de Ana María García, explora la inseguridad de la vivienda en comunidades afectadas por las Leyes 20, 22 y 60 de incentivos contributivos. La gira comenzó en abril, en el Teatro Municipal de Ciales, continuó en espacios como el Festival de CLARIDAD y acabará el próximo 4 de junio, en El Hangar, Santurce.

“Hay un gran número de personas y de creadores dedicándose al cine, de distintas generaciones. Personas que comenzaron hace 40 años hasta personas que están comenzando desde un año, dos años. Gente interesada en hacer cine de Puerto Rico… Creo que se van a quedar aquí, no van para ningún sitio. Vamos a seguir insistiendo en que se haga un cine de aquí”, añadió García.

“Que nosotros hayamos podido presentar seis películas en el Festival de CLARIDAD y convocar la matrícula para compartir allí, en el jangueo de Adoc en CLARIDAD, fue bien importante. Abre la puerta para que el año que viene hagamos algo mucho mejor, porque nuestro cine tiene su público natural en CLARIDAD”, agregó el presidente de la AdocPR.

AdocPR: Intermediario del cine puertorriqueño

En ese sentido, el presidente de la AdocPR contrastó el cine local que se producía en la década de 1990 con el cine que se produce actualmente. Para García, las nuevas tecnologías permiten abaratar significativamente los costos de producción, de modo que ahora que la creación de cine es más accesible. No obstante, salvó el portavoz, la tarea del cineasta aún requiere de “muchos recursos” para sostener a un artista.

 Además, García destacó la existencia de la AdocPR como parte de los crecimientos del cine documental en Puerto Rico. Fundada en 2011 por iniciativa de la cineasta Ana María García, la AdocPR se comprometió con trabajar el cine documental como una forma elemental de exhibición en el país. Desde luego, la comunidad cineasta creció con colaboraciones de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de Santiago de los Baños, en Cuba, y de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“De ahí, surge Adoc con el objetivo de dar a conocer el cine documental, producir cine puertorriqueño, apoyar a nuestros cineastas en ese proceso e ir consolidando una estructura organizativa que nos permitiera tener una voz en el espacio público… La gente reconoce en Adoc una estructura que puede ser en un momento dado fuente de apoyo para cineastas y documentalistas”, compartió el presidente de la organización. Asimismo, García detalló los tres enfoques que asume la AdocPR en sus tareas organizativas: política pública, educación de cine y exhibición de cine.

Por su parte, Mongil calificó el vínculo entre las producciones del cine local con el cine de la diáspora como “fluido”. Además de Cine en ruta, la AdocPR realizó Cinema on the road en lugares como Nueva York, Filadelfia y Boston, donde se dan diálogos enriquecedores entre comunidades del archipiélago y los Estados Unidos (EE UU). Recientemente, Mongil regresó de una presentación en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois.

“Se dan diálogos entre las producciones. Se inicia una conversación sobre cómo lo que ven en la pantalla se ve reflejado en sus vidas… Nuestra diáspora es, para muchos, no una barrera sino algo fluido, que se mezcla. Porque viajamos a Nueva York, nuestros compañeros vienen aquí y hay un influjo, un movimiento fluido que va mucho más allá de decir ‘la diáspora y Puerto Rico’. Estamos todos descubriéndonos”, acotó Mongil.

Para la tesorera de la colectividad, la AdocPR funge como una suerte de intermediario entre las presentaciones dadas en el archipiélago y las del continente estadounidense. Inclusive, García resaltó que el cine creado en Puerto Rico se produce para consumo de personas que viven en la diáspora porque, más allá de compartir una identidad, sufren muchas de las problemáticas que expresan estos documentales.

Menos apoyo para el cine en el futuro: una razón para hacerlo más

 Tanto García como Mongil coincidieron en que las futuras producciones de cine local se verán sujetas a mayores condiciones de austeridad, particularmente por los recortes propuestos por el presidente de los EE UU, Donald Trump. Por ejemplo, el posible cierre de la National Endowment for the Arts y la National Endowment for the Humanities representan una postura contrariada con la cultura.

“Estos recortes tienen que ver con una mentalidad de que el cine, la cultura y el conocimiento no tienen un valor en sí mismo si no pueden traducirse en una ganancia económica o utilitaria. Eso significa un cambio grande en la historia de fundaciones como la National Endowment for the Arts o National Endowment for the Humanities, que nunca habían sufrido un cambio de financiamiento o posición que peligrara su existencia”, aseguró García.

Por esta precarización, sostuvieron ambos, la tarea de AdocPR cobra mayor importancia para robustecer a la comunidad documentalista en el país y la comunidad internacional. Desde pódcasts, encuentros internacionales y más exhibiciones, la organización continúa difundiendo el cine local. El 16 de junio, presentarán en Nueva Jersey 10 películas locales a través de una colectividad del estado, y actualmente trabajan con distintos jóvenes de entre 13 y 18 años para producir documentales.

“El resultado de los trabajos es bonito y alentador, y en el caso de los jóvenes significa la posibilidad de dejar de ver el cine como algo lejano e inaccesible y de verla como una posibilidad de vida y forma de expresión”, concluyó García.

 

 

 

 

La gobernadora dijo YHLQMDLG

 

 

CLARIDAD

Luego de que la gobernadora Jenniffer González fuera forzada a retirar sus designaciones para puestos importantes de su gabinete (y de otros no tan importantes) algunos han querido fijar la culpa en los propios nominados. “Le han fallado a la gobernadora” o “no le dijeron la verdad” son las frases que se escuchan. Sería lógico esperar esa particular asignación de culpa de parte de otros dirigentes del partido de gobierno, sobre todo de los senadores que rechazaron los nombramientos, pero hasta personas de la oposición, como el exgobernador Acevedo Vilá, han repetido la frase.

Que los nominados hubieran tratado de esconder sus insuficiencias o sus traqueteos se entiende, pero en todos los casos se trata de asuntos de conocimiento general o que tan solo arañando la superficie se descubría. Empecemos por el puesto más importante, la secretaría de Justicia, que no solo lo es porque puede ascender al cargo de gobernador, como ocurrió en 2019, sino porque en teoría es “el abogado del pueblo”, el puesto desde donde se combate la criminalidad y se hace cumplir la política pública. La secretaría de Estado es importante solo por la probabilidad sucesora, pero, distinto a Justicia, en el curso ordinario del gobierno es una figura con responsabilidades limitadas.

Los cuestionamientos éticos que dificultaron el nombramiento de la Lcda. Janet Parra al Departamento de Justicia son de conocimiento público desde que surgieron en 2022. En junio de ese año fue descalificada para intervenir en un procedimiento criminal a solicitud del mismo Departamento que ahora pretende dirigir. Los serios cuestionamientos éticos los levantó el fiscal del caso y fueron acogidos por el Tribunal. La ahora gobernadora y su entorno debieron conocer esos hechos.

A pesar de ese historial público, González no solo nominó a Parra para dirigir el departamento que hace dos años promovió su descalificación, sino que previo a esa designación, la incluyó en el equipo de su confianza que estuvo a cargo del proceso de transición luego de las elecciones. Es también de conocimiento público que Parra utilizó esa posición privilegiada en el equipo a cargo de la transición para desatar su venganza contra el secretario de Justicia saliente, Domingo Emanuelli, provocando un tenso intercambio durante una de las vistas. El récord ético previo y su comportamiento posterior serían suficiente para concluir que no podía asumir el cargo de Secretaria de Justicia, pero tal vez porque González también estaba en busca de venganza de todos modos la nominó para el cargo.

El caso de Verónica Ferraiuoli, designada como Secretaria de Estado a pesar de ser una evasora contributiva consuetudinaria, es parecido. El hecho de la evasión no era de conocimiento público porque de ordinario nunca lo es, pero es un asunto elemental, rutinario, para cualquier designación al gobierno. Pero, aún más que Parra, Ferraiuoli es del círculo íntimo de González y dentro de ese grupo los cuestionamientos éticos importan poco. Por eso la nombró a Estado a pesar de que su esposo Francisco Domenech, un conocido cabildero, ya controla el gabinete como secretario de la Gobernación dándole un poder inusual a una familia. Obviamente a González esas cosas le importan poco.

Los párrafos anteriores explican el curso de acción de la gobernadora, pero hay algo más importante. Si conocía de estos asuntos, ¿por qué González insistió en los nombramientos enfrentándose al liderato de su propio partido? Esta pregunta se contesta con una palabra: impunidad. O tal vez la frase que mejor explica el comportamiento de la gobernadora fue la que utilizó Bad Bunny para uno de sus discos: YHLQMDLG, “yo hago lo que me dé la gana”.

En varias ocasiones he escrito del cómo el PNP se las ha arreglado para controlar todas las instituciones que se supone luchen contra la corrupción o que, al menos, vigilen el comportamiento ético en el gobierno: OFEI, Ética Gubernamental, Contralor, etc. Aun en las ocasiones en que no ganan las elecciones, manipulando términos y nombramientos se las arreglan para mantener bajo su mandato a quienes se supone los investiguen. En este cuatrienio el control es todavía mayor porque, además de esas instituciones, controlan las tres ramas del gobierno. A pesar de que casi el 60 por ciento de los puertorriqueños no votó por ellos, coparon Ejecutivo y Legislatura y de inmediato llenaron las dos vacantes que había en el Tribunal Supremo, ampliando el control que ya tenían allí.

Ese control es lo que produce el sentimiento de impunidad. Pueden hacer lo que les da la gana y de ordinario lo hacen. En el caso de González, además de sentirse impune, siempre ha actuado a la cañona, ufanándose de su poder y burlándose de quienes se atrevan a cuestionarlo. Estaba segura de que, con estos nombramientos se saldría con la suya. De hecho, la designación de Ferraiuoli fue confirmada por la Cámara de Representantes sin ningún cuestionamiento de parte de la mayoría del PNP que le pasó el rolo a lo que dijo la minoría. En el Senado fue distinto, pero no porque la mayoría del PNP sea un depósito de virtudes, sino por las agendas personales de Thomas Rivera Schatz.  Sólo gracias a esa agenda el “yo hago lo que me dé la gana” no prosperó, pero lo estaremos viendo en acción durante el resto del cuatrienio.

Proyectos del Senado restringirían la labor de organizaciones que protegen la vida

 

CLARIDAD

Así quedó evidenciado durante unas “vistas públicas ciudadanas” en contra de medidas que restringen el acceso a la información pública

Tres organizaciones defensoras de los derechos humanos y animales advirtieron, este lunes, que dos proyectos del Senado tendrían el efecto de restringir la labor social que realizan en pro de la salud y la vida de la niñez y juventud, las mujeres, las comunidades racialmente marginadas y los animales, porque dificultan la recopilación y el análisis de los datos públicos.

Este es el caso con los proyectos del Senado 331 y 63 —de la autoría del senador Juan Oscar Morales y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, respectivamente— los cuales prohíben o dificultan el acceso a información pública.  El proyecto del Senado 331 busca establecer la confidencialidad de la base de datos de mortalidad y de los certificados expedidos por el Registro Demográfico, mientras que el proyecto del Senado 63 impone requisitos adicionales a las solicitudes de información y duplica el plazo que tiene el gobierno para responder.  El Senado no ha abierto ninguna de estas medidas a vistas públicas.

“La propuesta de restringir el acceso a la información pública amenaza con desmantelar este proceso de verificación y análisis riguroso”, advirtió la directora del Observatorio de Equidad de Género, Stephanie Figueroa, sobre su capacidad para monitorear los feminicidios en Puerto Rico. El Observatorio asumió esta labor por el vacío que había dejado el Estado. Figueroa añadió que su capacidad “se vería comprometida, dejando a la sociedad sin herramientas efectivas para exigir cuentas a un Estado que, en muchos casos, ha demostrado insuficiencia en la protección de las mujeres, niñas y personas trans”.

Similarmente, representantes de Vínculo Animal y Kilómetro 0 depusieron en unas vistas públicas ciudadanas convocadas por el Programa de Transparencia del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

“Para proteger la vida de las comunidades racialmente marginadas se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, expuso el director de Investigación de Kilómetro 0, Luis Avilés.

El acceso a los datos de defunciones provistos por el Registro Demográfico ha permitido que Kilómetro 0 encuentre que los vecindarios racializados experimenten el doble de una tasa de mortalidad por uso de fuerza policial que los correspondientes vecindarios blancos; que los jóvenes de entre 15 a 20 años son el grupo poblacional con mayor mortalidad como consecuencia de la acción policial; y que, desde hace al menos 15 años, la primera causa de muerte de menores de edad en Puerto Rico son las armas de fuego. Ninguno de estos datos los ha divulgado el Estado en sus informes oficiales.

“Para proteger la vida de la niñez y la juventud del país se hace indispensable que la comunidad científica tenga acceso a los datos sobre las defunciones en Puerto Rico”, insistió Avilés.

Por su parte, la directora ejecutiva de Vínculo Animal, Sahir Pujols, compartió que retrasar la entrega de información puede poner en peligro la vida de los animales, que enfrentan maltrato o están en riesgo. Vínculo Animal ha entablado demandas de acceso a la información contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Municipio de Naranjito y otras entidades, lo que les ha permitido evidenciar incumplimientos con la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales. Mediante estas gestiones, “se logró tratar a más de 500 animales que vivían bajo el maltrato institucional en el Zoológico de Puerto Rico y el Centro de Confinamiento en Cambalache, para que en su última etapa de vida vivieran dignamente”, argumentó Pujols.

Describió esa labor de participación ciudadana como “una forma de abrirle los ojos a los municipios para que vean esas responsabilidades que tienen”.

Denuncian «burocracias innecesarias»

En representación del Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico, Amy Orta Rivera, destacó que “el acceso a la información pública es de todas las personas, sin importar su nivel de escolaridad, sus recursos económicos o el lugar donde vivan”. Ese derecho, dijo la directora de abogacía, “no puede estar condicionado a burocracias innecesarias, requisitos técnicos complejos o a la voluntad discrecional del aparato gubernamental”.  La organización provee asesoramiento, representación legal y educación a líderes de comunidades afectadas por catástrofes naturales y el cambio climático, con el propósito de que puedan abogar por una recuperación justa de los desastres.

Orta Rivera relató cómo el Departamento de Agricultura ha demorado siete meses en entregar una información que ella solicitó en octubre de 2024, y aún le debe un documento.

Durante el primero de dos días de vistas ciudadanas, depuso, además, el licenciado Carlos Chévere, comisionado de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del CAAPR, quien indicó que el proyecto del Senado 63 fortalece la facultad discrecional y arbitraria de las agencias para negarse a dar información; introduce formalismos o burocracia innecesaria; y establece sanciones poco efectivas.