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 Las políticas de Salud parecen seguir la tendencia de flexibilización en las agencias federales

 Puerto Rico enfrenta, desde finales del año pasado, una cantidad de casos de influenza que supera el promedio histórico. El Gobierno oficializó, el 27 de enero, la declaración de epidemia para alertar a la ciudadanía de los más de 3,000 casos registrados en el primer mes del año. La declaración, que responde a un umbral de aviso con estándares recientes, expone a la ciudadanía a menos campañas de cuidado y modos de prevención, explicó una fuente.

De acuerdo con la doctora en epidemiología Cruz Nazario Delgado, los criterios del Departamento de Salud “no corresponden a lo ordinario” porque ahora enfatizan informes periódicos, en lugar de observaciones, y avisos prolongados sobre el patrón de contagios, como se hacía antes. El promedio histórico, agregó, se distingue del umbral de aviso porque analiza la situación con datos que fechan desde 2018.

“Si nosotros vemos el promedio histórico, según ellos mismos lo han definido, nosotros vemos que Puerto Rico tenía más casos de lo esperado durante las primeras 12 semanas de la temporada. Pero el Departamento de Salud no dio ningún aviso porque están mirando una gráfica construida de forma diferente, y si no está por encima del umbral de aviso, no se declara”, elaboró la experta en salud pública.

En ese sentido, Nazario Delgado aseguró que hay clínicas, laboratorios y farmacias en todo el país apercibidos del aumento en casos de influenza. Enfatizó que la definición común de una epidemia –cuando surgen más casos de lo esperado– responde mejor al estado de contagios que los parámetros de Salud. Nazario, además, destacó que la agencia esperaba, antes de agosto de 2024, cuatro semanas para declarar una epidemia.

“Ahora tiene que ser por encima de seis semanas consecutivas. A mí eso me da muy mala espina. Es como si te diera fiebre y el médico te dijera que si te dura más de dos días, vengas al médico. Entonces, te da fiebre de nuevo y te dice ahora tienes que esperar seis días con fiebre alta para que vengas. Eso no compagina con lo que son medidas de prevención”, dijo.

Para la epidemióloga, estos cambios en definiciones y métricas no tienen una explicación clara por parte de Salud, a pesar de que los casos sobrepasan las cantidades registradas en temporadas anteriores. Acatando la nueva política, contó Nazario Delgado, la agencia dio inicio a la emergencia de salud pública a poco menos de dos semanas de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“Si el secretario hubiera estado mirando el promedio histórico, que es lo que nosotros esperamos en salud pública, sabría que los casos están por encima del promedio histórico desde la semana 2, que corresponde a la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2025. ¿Cuántas semanas son? Los casos estuvieron por encima de lo esperado por 17 semanas, pero estaban por debajo del umbral epidémico. Esa es la nueva forma de calcular que no han explicado”, puntualizó.

Del mismo modo, la excatedrática del Recinto de Ciencias Médicas resaltó que ocho semanas antes de oficializarse la epidemia, para el 30 de noviembre, los casos aun se mantenían por encima del promedio histórico. De haberse regido por los criterios anteriores a agosto de 2024, la epidemia debió declararse para la semana del 21 de diciembre.

El retraso en la declaración de la epidemia, añadió la experta, debilita su efectividad puesto que estas campañas estatales sirven para alertar a la ciudadanía e implementar medidas de prevención como el aislamiento, el uso de mascarillas o el lavado frecuente de manos.

“Cuando yo vi al secretario anunciar, dos o tres días antes de las Fiestas de la Calle San Sebastián, que la gente se vacunara fue como una bofetada en la cara. Porque los médicos saben que las vacunas tardan de una a dos semanas en proteger al individuo. Así que te vacunas tres días antes, te vas para las fiestas, te da influenza y ¿qué vas a decir? Que la vacuna no funcionó. No se puede hacer campaña de prevención en medio de la epidemia”, continuó.

El llamado a la vacunación por parte del secretario de Salud, Dr. Víctor Ramos Otero, se dio dos días antes de las fiestas multitudinarias, en las se reportó una asistencia de más de 1,000,000 de personas.

Cambios que siguen un patrón federal

 La Dra. Nazario Delgado señaló que estas determinaciones imitan las tendencias políticas de los Estados Unidos (EE. UU.), donde el Gobierno federal y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) declaran epidemia de influenza a las seis semanas. Describió las decisiones del Departamento de Salud local como “colonizadas”, y recordó que inclusive los estados federados tienen potestad de fijar sus parámetros de salud pública.

“No hay por qué seguir los patrones de un departamento que está siendo dirigido por personas que no tienen ningún conocimiento en salud pública. Tenemos un Departamento de Salud en los Estados Unidos dirigido por un desquiciado, este señor Kennedy, que dice disparates. Nosotros deberíamos estar mirando los datos de Puerto Rico. Aquí hay un caudal de información maravilloso”, criticó Nazario Delgado.

En esa línea, la doctora criticó que se “tomen prestados” modelos que no aplican a la demografía puertorriqueña, y contó de exestudiantes suyos que tiene que regirse por las métricas que establecen los CDC y el Departamento de Salud federal. A principios de este año, por ejemplo, estas agencias federales modificaron el requisito anual de la vacuna de influenza.

“Evidentemente, con estos cambios nuevos, los CDC están totalmente desacreditados. Conozco colegas de la Universidad de John Hopkins que ya no quieren leer los informes de los CDC. Pensar que esa era la institución de salud pública que todos los que estudiamos epidemiología mirábamos como el norte… A partir de la era de Donald Trump, eso no es así”, opinó.

Para decretar el fin de la epidemia, Nazario Delgado dijo que no hay unos pasos fijos establecidos por Salud. A su juicio, el término de la situación depende de cuánto dure y cómo se mitigue y, sobre todo, de la participación activa de la ciudadanía en métodos de prevención. Que se hagan pruebas de diagnóstico, que se laven las manos con agua y jabón y que mantengan distancia.

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ccotto@claridadpuertorico.com

Establecer que la zona marítimo-terrestre (ZMT) se suscriba al área entre marea alta y marea baja, es 180˚ opuesto a lo que en realidad se debe hacer.  Eliminar de la definición de la  ZMT el área que está sujeta al impacto de las marejadas y los temporales cuando el mar penetra más sobre la costa implica daños mayores a la  propiedad y posiblemente vidas, más allá de la pérdida del entorno natural, señaló el geomorfológo José Molinelli Freytes.

La Cámara de Representantes, en su tercer día de la primera sesión de este año, aprobó otro proyecto por descargue, en esta ocasión, el PC 25, el cual en efecto disminuye lo que se define como ZMT.

En entrevista con CLARIDAD sobre el impacto de la medida, Molinelli Freytes apuntó que en el presente, en realidad lo que se debe hacer  es extender la ZMT más tierra adentro, porque cada vez las condiciones del cambio climático impactan de manera más dramática, por lo que  hay que mover la línea reglamentaria más tierra adentro en vez de eliminarla. Reducir la definición de lo que es la ZMT significa  que se van aprobar permisos a partir de la premisa de que se cumplió con el reglamento en zonas donde toda la inversión que se haga en ellas se va a perder. Los ciudadanos que compren esas casas  las van a perder cuando venga una marejada.

Agregó que eso debilita aun más la confiabilidad de la gente de comprar una propiedad porque se construye una propiedad, se  vende, y la gente que compró va a tener que enfrentar las pérdidas. Quien construye es una corporación y luego que el proyecto se vende, la corporación se diluye y la gente no tiene a quién reclamar, lo que va en contra de lo que debe ser el desarrollo sostenible.

En esa dirección, expuso que las condiciones del cambio climático del alza en el nivel del mar lo que indican es que se debe ser mucho más riguroso para proteger vida y propiedad. El planteamiento de los que se oponen a esas medidas funestas para los ciudadanos y para todos los propietarios que vayan a estar ahí o quieran comprar es para defender sus intereses al señalarles que van a perder la inversión.

Molinelli denunció que lo que el Gobierno les está diciendo es ‘voy a dejar que tú pierdas la inversión, que pierdas el dinero, porque lo que importa es la ganancia a corto plazo de los que invirtieron’, y después no hay a quién reclamar.

Describió que el efecto del cambio climático de aumento en el nivel del mar también provoca que penetren más las marejadas y los tsunamis, se salinicen los acuíferos y se pierdan las propiedades. “Lo  que hay que hacer es salir de las costas y lo que estamos haciendo es poniéndonos más vulnerables”. Eso con el agravante de que en EE. UU. se quiere eliminar las ayudas de FEMA, lo que  por consiguiente, hace que conseguir seguros para edificaciones pegadas a la costa en la orilla del mar sea más caro.

“Ese es un  proyecto que no se va a ver en ninguna otra parte del mundo. Yo te garantizo que ningún país, ni aun en Estados Unidos, ni en Europa ni en ningún país que tenga costa va a proponer un disparate que es autodestructivo, que atenta contra el desarrollo económico y el progreso, contra el turismo. En ningún lugar del mundo  puede haber un gobierno más incompetente con relación a sus recursos naturales como el de Puerto Rico, no lo hay, es la autodestrucción”.

En consulta por separado, el miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), profesor  Rafael Méndez  Tejeda, se limitó a indicar que por petición de la Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Cámara, el Comité sometió un informe en donde se identifican todos los recursos naturales que deben protegerse en la ZMT. El informe fue sometido tan temprano como en marzo del 2023.

De entrada, el informe indica que son varios los recursos que deben protegerse en la franja de la ZMT a lo largo de los aproximados 1,187 kilómetros de línea de costa de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebras y las islas no municipios o islotes.

El informe identifica y describe los 19 componentes que se ubican en la franja de la ZMT que deben protegerse. Lo primero que identifica son las playas, otras identificadas son las dunas, las rocas de playas, costas rocosas, acantilados, formaciones kársticas, manglares, praderas de yerbas marinas,  arrecifes de coral, salitrales, ciénagas de agua salada,  bahías bioluminiscenses, lagunas costeras, desembocaduras de ríos y caños., entre ellos.

Mientras, en declaraciones a la prensa, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) capítulo de Puerto Rico, también expresó su oposición por la aprobación del proyecto. La abogada de política pública de  ACLU, licenciada Lolimar Rodríguez Escudero, indicó que en junio del 2025 se presentó ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara  un memorial explicativo esbozando las razones por las cuales no favorecía su aprobación.

“La zona marítimo-terrestre es un bien de dominio público y un recurso natural protegido por la Constitución de Puerto Rico. Aunque la ley contempla concesiones limitadas de uso privado, esas controversias deben evaluarse caso por caso, no mediante una redefinición que privilegie el ‘dominio particular’ por encima de la protección ambiental y del acceso colectivo. El proyecto debilita la protección de la costa, facilita reclamos privados sobre terrenos que antes quedaban claramente bajo dominio público y no toma en cuenta el cambio climático ni el aumento del nivel del mar. Puerto Rico necesita fortalecer sus bienes costeros con base científica y visión de largo plazo, no reducir su protección para beneficiar intereses privados».

El proyecto que se supone pase ahora al Senado, dispone que el Departamento de Recursos Naturales y la Oficina de Gerencia de Permisos, tienen 180 días luego de aprobado para adaptar sus reglamentos y disposiciones a la nueva definición de ZMT.

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 La ceremonia dio lugar en el Ateneo Puertorriqueño

El Instituto de Literatura Puertorriqueña (ILP) otorgó, la noche del 29 de enero, el Premio de Periodismo Bolívar Pagán al escritor Rafael Acevedo Rodríguez por sus diversas publicaciones en el Periódico CLARIDAD. Desde el Ateneo Puertorriqueño, la institución reunió a otros galardonados para resaltar sus contribuciones a la literatura del país.

La actividad contó con la participación de los presidentes del Instituto Tapia y el Ateneo Puertorriqueño, Roberto Ramos Perea y Marco Rigau, respectivamente. Estos indicaron que los premios se deciden en un proceso que dura un año y un mes para estudiar la mayor cantidad de publicaciones posibles, de manera que los trabajos reconocidos corresponden al 2024.

“El Instituto de Literatura Puertorriqueña es una de las instituciones culturales más antiguas que existen en Puerto Rico… Dentro de algunos años va a cumplir 100 años. Se fundó por ley en el 1935, a mediados de la década del 1930, por legislación del legislador socialista Bolívar Pagán, del Partido Socialista de Puerto Rico”, explicó, por su parte, Ramón Luis Acevedo Marrero, presidente del ILP.

Acevedo Marrero también informó que el propósito de Pagán —que además fue abogado y periodista— era estimular el desarrollo de la cultura puertorriqueña y cultivarla, premiando las mejores obras que se publicaban anualmente. Enfatizando su vigencia por ley, el doctor en Estudios Hispánicos recordó que el ILP es aun más antiguo que el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

“El Instituto tiene la función de estimular el conocimiento y la producción literaria en general, para lo cual, además de los premios, tenemos un pequeño proyecto editorial de rescate de obras de literatura, historia, del pasado, que son difíciles de conseguir, pero que son muy valiosas. Para eso tenemos un presupuesto muy limitado, pero entre los proyectos que hicimos cuando había presupuesto de vacas gordas está la edición facsimilar de la revista La Azucena, de Alejandro Tapia”, agregó Acevedo Marrero.

Poco antes de la ceremonia, Acevedo Rodríguez saludaba a colegas y amistades desde el vestíbulo del Ateneo. Sujetaba, en las manos, su propia edición de La Azucena. Afirmó a varias personas que se trataba de un verdadero <<filete>> literario, y que valía los $20 que le costó. Por eso, al enterarse del agasajo junto al premio, obsequió su copia a la persona más próxima que le quedaba– que resulta ser el autor de esta nota.

“Por ley, la junta que escoge los premios y dirige el Instituto está compuesta por representantes de distintas organizaciones. Por ejemplo, la Academia Puertorriqueña de la Lengua, que representa el doctor José Luis Vega; también la Academia Puertorriqueña de la Historia, que representa el doctor Jorge Rodríguez Beruth; la doctora Vivian Auffant, que representa el Ateneo Puertorriqueño, y este servidor, que representa a la Universidad de Puerto Rico (UPR)”, elaboró Acevedo Marrero.

Por otro lado, el presidente del ILP reveló que la ceremonia también incluye, por ley, $20,000 en premios. No obstante, explicó, el fondo para los accésits se eliminó bajo la administración de Luis Fortuño. Antes del reconocimiento, la junta recibe aproximadamente 80 participaciones que se dividen en dos categorías: libros de creación y libros de investigación.

“No premiamos por género, premiamos por esas dos grandes divisiones. Por supuesto, también tenemos el premio que era muy importante para Bolívar Pagán, que era el Premio de Periodismo”, dijo. Acevedo Rodríguez recibió este último por la actualidad, pertinencia, variedad temática y manejo personal de sus artículos.

“Con un tono conversacional y un lenguaje llano y comunicante, como corresponde a un buen periodista, opina sobre diversos temas y reseña acontecimientos de carácter histórico, político y cultural, estableciendo vínculos entre estas y otras aristas con la intención de entender, cuestionar y valorar este mundo boricua en que vivimos, y que en realidad se extiende mucho

más allá en el tiempo y en el espacio”, describió Acevedo Marrero sobre los trabajos del autor de Muere Riggs.

El ILP reconoció, entre otros escritos: reseñas de libros como la nueva edición crítica de Redentores o Archivo rural; entrevistas a personajes como Frank Ferrer o Rafael Pabón; reflexiones sobre acontecimientos históricos como la masacre de Ponce o el ataque de los nacionalistas al Congreso; impresiones sobre arte y hasta críticas teatrales. También se destacaron algunos de sus ensayos breves sobre las limitaciones de la democracia liberal o los desenfoques de la izquierda internacional.

“Muchas gracias al Instituto de Literatura, que me sorprende que haya cometido este desliz. Me alegro mucho personalmente de que los representantes del Gobierno no estén aquí. El Premio Bolívar Pagán me emociona sobre todo porque, en la pequeña pero excelente biblioteca de mi viejo, uno de los primeros libros que leí era La historia de los Partidos Políticos Puertorriqueños, de Bolívar Pagán

En segundo lugar, Eugenio García Cuevas fue loado por sus coberturas con una “prosa rigurosa” y una profundización de temas sociales. De igual forma fueron premiados: Jorge Crespo Armaiz, Gerardo Alberto Hernández y María de los Angeles Castro, en la categoría de investigación, y Teófilo Torres, Mairym Cruz Bernal y María Samparelli, en la de creación.

Cada uno de los trabajos fue laudado por algún integrante de la junta, quienes exponían las razones detrás de la premiación. Al concluir el evento, los galardonados fueron fotografiados y prosiguieron a una breve tertulia con refrigerios.