Caida al olvido desgate silente. Fotos suministradas
La antropología del cuerpo-territorio
Caribeña, puertorriqueña, latinoamericana, junqueña, de campo, “de la isla”, queer, escultora, ceramista, educadora, viviendo y creando dentro de una colonia. Estas etiquetas no son externas a mi práctica; son fuerzas que atraviesan mi manera de mirar, construir y habitar el espacio. Como escultora, ceramista y fotógrafa, pienso desde el cuerpo, la materia y el espacio. Me
interesa cómo los materiales cargan memoria; cómo el peso, la fragilidad y el equilibrio dialogancon experiencias históricas y personales. Ser mujer en el Caribe implica confrontar estructuras de poder heredadas del colonialismo y del patriarcado.
De mis soledades vengo.Ripio. Desde mis escombros. 2022 Fotos suministradasEl pensamiento circular y el circulo de la familia.2022
Siendo artista queer, cuestiono lo normativo y me inclino hacia lo híbrido, lo ambiguo, lo que existe entre categorías. Esa búsqueda se manifiesta en ensamblajes, fragmentos y superficies que conservan huellas, como si el territorio y el cuerpo compartieran la misma piel marcada. Vengo del campo, de una familia donde la mayoría de los hombres trabajan en la construcción.
Crecí entre sacos de cemento, varillas, arena, bloques, maderas, tierra. Por eso los materiales de construcción y la tierra se han convertido en los lugares desde donde me ubico y existo.
Puerto Rico no es solo el lugar donde nací y vivo; es el territorio que moldea mi mirada, mis preguntas y mis procesos. Observo sus costas, su tierra, su arquitectura vulnerable, sus objetos
cotidianos y las marcas que el tiempo deja sobre ellos y sobre mí.
Crear desde una colonia implica una conciencia constante de dependencia, precariedad, desplazamiento y resistencia. Mi práctica no evade esa realidad; la incorpora. En mi trabajo, el territorio es cuerpo y el cuerpo es territorio: ambos atravesados por historia, cotidianidad e investigación. Desde esa intersección construyo, afirmando presencia.
Mi obra funciona como un autorretrato donde la memoria se convierte en forma.
Corría el año 1982. Luis Fernando ‘Peri’ Coss reseñaba el hogar de artistas y músicos en que crecieron Zoraida, Carlos “Tato” y Coqui Santiago. Una casa donde «compartieron la experiencia de hacer dúo y tocar piano a cuatro manos por primera vez», escribe el veterano periodista. Pero Zoraida y Tato Santiago no presentarían un evento en carácter profesional hasta principios de ese 1982, meses antes de que la Policía irrumpiera en Villa Sin Miedo.
Los hermanos decidieron, luego de estar separados varios años “por su lado”, celebrar el concierto en el Teatro Sylvia Rexach. Allí, en una suerte de reencuentro personal, interpretaron piezas de la cantautora, del pianista, de autores como Rafael Hernández, Silvio Rodríguez y cualquier melodía que estuviera en boga. La cantante del dúo destacó, en entrevista con En Rojo, su emoción por compartir de nuevo entre los dos este próximo 9 de mayo, desde el Café Teatro Moneró, en Caguas.
“Decidimos volver a explorar el junte de piano y voz con todas las posibilidades que puede abrir para la expresividad, tanto del piano como de la voz, fuera de las restricciones del formato de banda”, explicó Zoraida antes de cederle la palabra a su hermano. “Claro, porque mientras más son menos participa cada uno… Aquí se deja una puerta abierta a la espontaneidad, a lo que pueda suceder impromptu. De repente sucedió esto y nos fuimos por ahí, y queda bien chévere, o no. Eso es lo que nos anima en este momento”, cuenta el pianista.
Reconocimiento a Tato y Zoraida Santiago en el 50 Festival de Apoyo a CLARIDAD
Aunque comparten la misma idea de integrar la voz, el piano y canciones de ambos, Voz y piano, Hermanos no replicará aquel concierto de 1982. Zoraida y Tato Santiago ahora incluyen una larga y reputada carrera de colaboraciones y proyectos independientes al repertorio de la noche. Canciones que no existían para el primer espectáculo, canciones tan recientes como ahora, dice Zoraida. “Adaptado al tiempo de ahora… Hay canciones de la trayectoria de Zoraida, musicalizaciones de poemas de Julia de Burgos, composiciones originales de ella, una pieza dedicada a una hermana, piezas instrumentales mía y hay dos estrenos muy chulos… Está una dedicada al violín de mi abuelo, que está dedicada a nuestro abuelo. Lo hizo ella, pero la elaboramos entre los dos”, añade el hermano.
“Yo sé que la gente conoce Casi alba, que fue la primera canción que Tato y yo hicimos de Voz y piano, que estuvo en el segundo disco de Aires bucaneros… Todas las canciones tienen los arreglos de Tato, y el arreglo es un trabajo de composición. Yo le entrego a Tato una canción bien simple con una melodía y unos acordes. Entonces él, sobre esa canción, hace unos arreglos maravillosos, que le saca mucho más de lo que siempre pienso se le puede sacar”, reflexionaba la hermana sobre la relación entre ambos. Todo cambia y todo permanece con los años, afirma Zoraida con relación a la dinámica con Tato. Cuando trabajan en conjunto con una banda, cuenta el hermano, las colaboraciones se convierten «en una cosa más estructurada», aunque la fórmula siempre es la misma:
“Coger una canción, hacerle un arreglo y tocarla”, acota el maestro de las teclas. Además, ambos opinan que el Café Teatro Moneró figura como un espacio adecuado para el formato de Voz y piano. La relación entre el público, los músicos y el espacio casi nivelado en que se miran crean un sentido más íntimo y establecen una nota pausada en la audiencia.
“Es más directo. Yo entiendo que se le presta mucha más atención a la letra, a la poesía. Eso es lo positivo de hacer este concierto en Moneró, que quizás no se presta para ser multitudinario. Pero es un espacio en que la gente busca escuchar buena música y disfrutar de la cercanía”, afirmó la voz de Prisa loca.
A preguntas de este medio, confirmaron no tener invitados especiales, aunque no se mostraron cerrados a la idea de que «aparezca alguien allí y que pueda haber sorpresas». Para Tato, la actividad se trata más– de nuevo– de un encuentro íntimo entre hermanos, dedicado a ellos mismos como profesionales que coinciden en el pentagrama. “La gente puede esperar un pianista extraordinario, una compenetración musical de dos personas que se conocen. Es más una conversación que cuando se está en una banda. Yo voy cantando y Tato va fluyendo. No quiero usar la palabra simbiosis, pero…”, vacila Zoraida. “Pero casi”, bromeó el hermano. “Eso es otra cosa que sucede cuando estás en dúo y no en banda. Nos vamos por sitios que la gente no espera, pero llegamos y suceden. Y suceden bien”, concluyó Santiago.
Los boletos para Voz y piano, Hermanos están disponibles en la página web de Ticketera. El encuentro comienza a las 7:00 p.m.
En aras de propiciar más discusiones relacionadas con los derechos reproductivos de las mujeres y las personas gestantes en los movimientos de izquierda –un tema que advierten no recibe tanta exposición– la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora auspició, el 30 de abril, un conversatorio desde el Periódico CLARIDAD. El evento, coordinado para celebrarse bajo la Carpa Roja del semanario, se mudó para la sala de redacción del periódico por la lluvia que caía durante la tarde. No obstante, decenas de personas se dieron cita para escuchar a las doctoras Alice Colón Warren y Yanira Reyes Gil discutir las políticas que actualmente atentan contra los derechos reproductivos.
Josefina Pantoja Oquendo portavoz de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora fue la conductora de la conversación. Fotos Christian Rosado Medina/Especial para CLARIDAD
“Tenemos dos expertas en el tema. No son personas que solamente escriben, sino que son activistas. Las vamos a encontrar en foros como este, escribiendo, en los programas de radio, de los medios, pero también las vamos a encontrar en las calles reivindicando los derechos que nos corresponden y que nos hemos ganado las mujeres con mucha lucha”, comentó la licenciada Josefina Pantoja Oquendo con relación al trasfondo de ambas expertas en temas de género.
La doctora Colón Warren, investigadora de la Universidad de Puerto Rico y experta en los derechos reproductivos en el Caribe y América Latina, resaltó que la desigualdad de género y el control del cuerpo de las mujeres y personas gestantes están vinculados con las estructuras de poder que jerarquizan distintas poblaciones. En el siglo XIX, mencionó de ejemplo, las Leyes Comstock prohibieron el intercambio de información relacionada con anticonceptivos.
“Estas leyes también respondían al descenso en la natalidad en las mujeres blancas, las cuales eran consideradas las madres deseables para la continuidad de una nación que se definía, por los sectores dominantes, como de esa raza. Los regímenes fascistas, por su parte, glorificaban a las mujeres como reproductoras de la nación, de su fuerza militar y laboral. De manera que la reproducción aparecía impuesta como designio del Estado”, elaboró Colón Warren.
La doctora en psicología reparó en las experimentaciones de métodos anticonceptivos que tanto el gobierno local como federal impulsaron en Puerto Rico. Recordó los discursos que afirmaban un exceso poblacional como causa de la pobreza en el país, argumentando sin fundamento que reducir la natalidad de los pobres era igual a reducir la pobreza.
Parte de las participantes en la actividad.
“Entre 1930 y 1970, en nuestro país se permitió la experimentación con métodos anticonceptivos entre nuestras mujeres empobrecidas, sin información adecuada en cuanto a los riesgos a su salud. Se promovió la esterilización femenina, que alcanzó más de una tercera parte de las mujeres en edad reproductiva a finales de ese período. Incluso, se asumió una política de mirar para el otro lado en caso de la práctica del aborto, que estaba prohibido para entonces”, prosiguió Colón Warren.
Estas políticas de control sobre los cuerpos gestantes provocó, en Puerto Rico, diversas formas de oposición. Por un lado, sectores católicos e independentistas argüían que el discurso anticonceptivo no atajaba la raíz estructural de la pobreza; por otro, se planteaba como una forma de exterminar la nación puertorriqueña. No obstante, Colón Warren trajo otra visión más amplia y compleja de los derechos reproductivos.
“Para las mujeres, regular su fecundidad ha sido una condición para ejercer la agencia y la autonomía sobre sus vidas dentro de las condiciones que han restringido sus decisiones reproductivas. En Puerto Rico, como en otros lugares, (las mujeres) han recurrido a métodos contraceptivos caseros en la medida en que lo han tenido accesible y lo han considerado necesario. Esto, aún antes de que hubiera métodos modernos”, dijo la también socióloga.
Colón Warren abundó en que la segunda oleada feminista fue responsable de reconocer la “regulación de la fecundidad” como esencial para autonomía corporal, moral y personal de las mujeres. En Puerto Rico, el derecho al aborto se reconoció junto al caso federal Roe v. Wade, de 1973, y fue ratificado el año siguiente. Actualmente, el derecho local a terminar un embarazo descansa en la decisión de Pueblo v. Duarte.
“Para comprender la reducción de fecundidad, tendríamos que referirnos no solo a la decisión de las mujeres en busca de regular su capacidad reproductiva, sino a las condiciones en que han ejercido esa opción. No se trata solo de que las mujeres decidan si parir o no y cuándo hacerlo, sino de garantizar los espacios más amplios para tomar esa decisión, además de las condiciones más adecuadas para criar. Se necesita poseer información adecuada sobre la sexualidad en la reproducción”, aseguró la doctora en psicología.
El reciente auge de los gobiernos de derecha ha revivido la idea de la mujer con un rol reproductor y maternal, cuenta Colón Warren. En el cuatrienio del 2020, existieron múltiples intentos en la Legislatura para restringir o ampliar los derechos reproductivos, Desde 2024, advirtió la abogada, algunas se han implementado.
“En el cuatrienio pasado, se presentaron más de una docena de proyectos que tenían la intención, directa o indirecta, de limitar el derecho al aborto, pero ninguno de ellos fue aprobado por el trabajo que nosotras hicimos para impedir que eso se lograra. (Los esfuerzos de) ese cuatrienio estaban liderados por las legisladoras del Proyecto Dignidad”, reaccionó Reyes Gil con relación a las medidas antiaborto sometidas en pasados años.
Igualmente, la profesora sostuvo que el Partido Nuevo Progresista ha “tomado la batuta” conservadora en un esfuerzo por atraer los votos de este sector electoral. Han buscado restringir el aborto, dijo Reyes Gil, además de impulsar intereses fundamentados en criterios religiosos. Estas medidas han tenido mayor éxito en este cuatrienio.
“Crean todo un andamiaje en el que es obvio que lo próximo es la prohibición del aborto.La primera ley fue la 126 de 2025, que exige el consentimiento parental para los abortos de menores de 15 años y establece unos protocolos bien estrictos para las clínicas que requieren los referidos de cualquier caso a los Departamentos de Justicia y Familia, aún cuando tenga el consentimiento”, detalló. En muchos casos, estos referidos mandatorios inhiben a muchos padres de dar su consentimiento, explicó la abogada.
Al final del cuatrienio pasado, los legisladores aprobaron la Ley 183 de 2025, estatuto que enmienda tres artículos del Códigos Civil para concederle capacidad y personalidad jurídica al no nacido, «desde el momento imaginario de la concepción». Este último concepto, verbigracia, genera confusiones en pleitos judiciales.
Otras leyes aprobadas en la pasada sesión legislativa incluyen: la Ley 166 de 2025, que clasifica como asesinato en primer grado la muerte de un «concebido no nacido» como resultado de agredir a una mujer embarazada –que pudiera criminalizar a la propia madre; la Ley 18 de 2026, que define como persona, en el delito de asesinato, al feto en cualquiera de sus etapas de gestación.
“Colocan a las mujeres y a las personas en edad reproductiva en una especie de suspensión de derechos durante el término del embarazo y sujetas a una situación de vigilancia extrema, limitando las posibilidades de tomar decisiones y poniendo en riesgo los accesos a salud”, expuso Reyes Gil. Ambas ponentes continuaron la conversación enfatizando que los discursos antiaborto no consideran las condiciones económicas en que viven las mujeres y personas gestantes. Enmarcan a estos cuerpos como responsables de reproducir según las necesidades del capitalismo y los roles de género.
“Hacia donde tenemos que mirar es a esas estructuras de desigualdad y exclusión que dificultan el bienestar y la vida digna para la mayoría de la población. Consideramos que, bajo políticas que promovieran esa calidad de vida, sería posible establecer el crecimiento económico deseado y propiciar los procesos demográficos requeridos sin imponer políticas poblacionales”, dijo Colón Warren.
Al final del conversatorio, las participantes discutieron considerar otras consignas posibles en futuras manifestaciones, así como continuar ampliando la noción general de la justicia reproductiva.
Como un proyecto que no hace falta, que no va a salvar ninguna vida ni propiedad, que no va a resolver ningún problema de inundaciones y cuyo diseño tiene 40 años, fueron algunos de los señalamientos del planificador Félix Aponte respecto a la insistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI, siglas en ingles), en canalizar el río Piedras. En días recientes, el USCI confirmó que concedió un contrato a la empresa Ferrovial Constructor PR, LLC, subsidiaria del grupo Ferrovial, S. A., para la fase 3 del proyecto, por el costo de $1,078 billones. Según el USCI, la fase 3 cubre mejoras al canal del río Piedras, comenzando en el puente José de Diego, cruzando el puente de la Avenida Roosevelt y finalizando cerca del Parque Luis Muñoz Marín.
El veterano profesor de planificación, quien se mantiene en contacto con las comunidades amenazadas de expropiación por la canalización, defendió que las comunidades le reclamen al Cuerpo de Ingenieros que no se puede hacer el proyecto usando las premisas de hace 40 años, dado a que eso, técnicamente, es incorrecto. En esa dirección compartió con CLARIDAD el tracto histórico de dónde surgió la idea de la canalización.
El proyecto comenzó su fase de diseño para el 1972. Cuando en el 1971 se comenzó la construcción de la PR 22, el Expreso de Diego, al estar la carretera montada sobre un relleno, el relleno represó las aguas de inundación del río. La construcción de la PR 22 supuso rellenar el humedal y el manglar, por lo que la carretera, en la práctica, es perpendicular a la descarga del río. El efecto de unas lluvias en el año 72, estando en construcción la PR 2, provocó que los vecinos de Puerto Nuevo norte tuvieran inundaciones del doble de una inundación anterior sufrida en el 71 y de cualquier otra previa. “Con razón, responsabilizaron a la Autoridad de Carreteras de que los daños de la inundación estaban relacionados con la PR 22. Todos los dealers también sufrieron daños”.
Aponte, quien fue miembro de la Junta de Planificación, continuó narrando que en respuesta a los reclamos ciudadanos, el Departamento de Obras Públicas le encomendó un estudio hidráulico al ingeniero consultor Flavio Acarón. El análisis de Acarón se concentró en el problema de las inundaciones, mirando la protección especial al sector Bechara, por lo que se decide canalizar el río, alterando parcialmente la parte norte que colinda con la PR 22 y la parte norte de Puerto Nuevo. Lo que se quería proteger, apuntó, era a Nemesio Canales, Plaza las Américas y Puerto Nuevo Norte.
El proyecto de canalización se comenzó a diseñar por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el 72 al 73. En esa coyuntura ocurre la crisis del embargo petrolero —algo similar a lo que sucede al presente— y el Gobierno de Puerto Rico, en ese momento, la administración de Hernández Colón, se quedó sin dinero y no se pudo completar el proyecto.
Entra el PNP y el USCI
Con el entonces cambio de administración, la llegada a la gobernación de Romero Barceló y su mirada ideológica, le pide al Cuerpo de Ingenieros que se haga cargo de la obra de control de inundaciones. El USCI hizo un análisis de reconocimiento y para 1984 planteó que ya tenían un concepto de proyecto. “Pero en cada paso administrativo, va tomando años un estudio de viabilidad. El proyecto incluía la canalización del río con el segmento norte y la quebrada Margarita, que viene drenando desde el centro de San Patricio, que también inundaba a Bechara. Ese fue fundamentalmente el proyecto que se aprobó inicios”, afirmó. Ya con diseño y dinero, el proyecto fue firmado en el 94 por el entonces secretario del DRNA, Pedro Gelabert. “En teoría, ahí es que comienza la parte operacional de construcción”.
En esa primera etapa, el Gobierno de Puerto Rico aportaba el 35 % del costo del proyecto. De acuerdo con el entrevistado, el costo estimado de ese primer segmento de proteger Bechara, la zona portuaria y a la quebrada Margarita fue de aproximadamente mil millones. Al presente esa cifra sería mayor. Entonces, el USCI generó el concepto de una canalización de aguas arriba hasta Río Piedras Heights. En esa época del año 94 el concepto del proyecto era el de un canal de hormigón con una cuneta de hormigón pasando por el Jardín Botánico y aguas arriba hasta Cupey.
A juicio de Aponte, quien laboró en el DRNA desde el 1979 hasta el 93, al ver el desarrollo del proyecto desde su planificación, nunca se había planteado que el proyecto suponía expropiaciones de comunidades. En la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el análisis de costo beneficio se hizo como proyecto general para la década del 80, con las premisas de esa década. Estas no incluían cambio climático ni calentamiento del planeta. En términos poblacionales, la Junta de Planificación había proyectado que la población de Puerto Rico podría alcanzar los cerca de 6 millones para el año 2000 y que la población del Área Metro de San Juan sería de unos 800 mil, por lo habría una gran actividad económica.
“El análisis del Cuerpo de Ingenieros era sobre esa premisa demográfica, y económica y, para nada hablar de los cambios en la tecnología, en el mar”, puntualizó el planificador.
“Sobre mi cadáver”
Aponte contó que, en 1996, el entonces presidente de la UPR, doctor Norman Maldonado, le expresó su preocupación por la canalización del río, la entonces propuesta de la Ruta 66 y la construcción del tren urbano porque todas coincidían con el Jardín Botánico. Cuando el presidente se enteró de que iban a expropiar terrenos del Jardín Botánico, expresó enfáticamente: “Sobre mi cadáver”.
A raíz de esas propuestas, el presidente le solicitó a Aponte que analizara el impacto acumulado de los tres proyectos. Para ello, preparó un foro al cual asistieron profesionales de las ciencias relacionadas, el secretario de Obras Públicas para que presentara el concepto del Tren Urbano, el director de carreteras para que defendiera su proyecto de la Ruta 66 y al DRNA y al USCI para que presentaran el concepto de canalización. Incluso se invitó a las candidatas a la alcaldía de San Juan de ese momento. El foro evidenció que cada proyecto había preparado su DIA sin analizarcómo se afectaban unos a los otros ni cuáles serían sus impactos sociales y ambientales.
Esto dio paso a que la Autoridad de Carreteras retirara el proyecto original de la Ruta 66 y que Obras Públicas modificara el Tren Urbano. Lo que quedó pendiente fue la canalización del río. Incluso se planteó que no se podía alterar la zona del Jardín Botánico y se suponía que el USCI iba a buscar alternativas de modificar el diseño para que la canalización no fuera de hormigón y tuviese un tratamiento más natural. De hecho, la Universidad de Puerto Rico ofreció asesoramiento sobre esos temas, destacó Aponte.
Pero lo que ocurrió luego fue que el USCI se quedó sin dinero. Así las cosas, el proyecto estuvo detenido. Entre el 2008 al 2015, Aponte acompañó a la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a una reunión con el Cuerpo de Ingenieros, en la cual se entendió que no había dinero para continuar la obra y, además, que Recursos Naturales no favorecía ese tipo de obra. Según revelóel planificador, el Cuerpo de Ingenieros sostuvo que, de todas maneras, el proyecto se iba a quedar en la parte norte de la PR 22.
Y llegó el huracán
No fue hasta que azotó el huracán María, en el 2017, que se volvió a retomar el asunto de la canalización, cuando el Congreso de EE. UU. aprobó una asignación de cerca de $7, 000 millones para proyectos de control de inundaciones en Puerto Rico. A pesar del transcurso del tiempo y de los cambios ambientales, el Cuerpo de Ingenieros no ha hecho ninguna nueva versión del proyecto de canalización, denunció el planificador. “Intervenir con el río aguas arriba, desde la Roosevelt hacia la cuenca arriba, es otro proyecto que requiere una DIA nueva que examine los impactos sociales y ambientales”.
Aponte indicó que es incorrecto decir que el proyecto vaya a salvar vida y propiedad, porque en la práctica nunca ha habido una muerte asociada al río por inundación. Los daños a la propiedad que pudiera ocasionar el río en el sector Bechara y en Plaza las Américas ya están superados, aseguró. Sin embargo, el problema recurrente de las comunidades que circundan el río —Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos, Las Américas, University Gardens y Villa Nevares— es que el agua que cae no tiene capacidad para drenar hacia la quebrada. “El problema es el sistema fluvial de las calles. Ese es el problema que afecta y seguirá afectando a las comunidades, porque el proyecto no interviene con el sistema fluvial porque eso le toca al municipio, y ahí no hay dinero”, señaló.
Para concluir, expuso que a pesar de toda la intervención en Bechara y la transformación de la quebrada Margarita, que costó como $500 millones, todavía San Patricio y la Roosevelt se inundan. Y ya estando la obra, si se hace el canal, como dice el Cuerpo de Ingenieros, Villa Nevares y Reparto Metropolitano se inundarán porque no hay drenaje, advirtió.
Raul Alzaga Manresa. Foto reproducida de su pagina de FB
CLARIDAD
Tras reunirse por la 48.a vez con la fiscalía del Departamento de Justicia desde el 2006, sin contar todas las veces anteriores que se hizo con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la investigación del asesinato de Carlos Muñiz Varela no ha arrojado nueva información relacionada con el caso.
En entrevista con CLARIDAD, el coordinador de Comité de Amigos y familiares de Carlos Muñiz, Raúl Álzaga Manresa, indicó que la fiscal asignada al caso, Yarelis Sánchez, estuvo encargada de la investigación durante la pasada administración y que, en esta ronda, se desconocen las gestiones de la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. Con acceso a cajas con información relevante, a evidencia y una oficina llena de fichas similares, la abogada informó, en mayo de 2025, que no había información suficiente para radicar acusaciones.
“(En 2025) nos sorprendió que, al final, nos dijera que el caso estaba cerrado administrativamente y que no iba haber ningún fiscal asignado al caso. Esa última investigación no incluyó al FBI, a no ser por unas cartas que ellos les escribieron al FBI pidiendo unas cosas que el FBI, obviamente, les negó. Inclusive el jefe de la Policía (Joseph González) se las negó cuando era agente del FBI en San Juan”, aseguró Álzaga Manresa a este semanario.
Para Álzaga Manresa, la justificación de información insuficiente es “una muletilla usual” de parte de Justicia. Desde esa penúltima reunión, el caso quedó “administrativamente cerrado”, pero otras investigaciones surgieron al margen de Justicia. Las solicitudes de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez al FBI para desclasificar los documentos relacionados con el asesinato de Muñiz Varela fueron clave porque arrojaron 47 documentos nuevos.Eso fue un documento importante que tenían y lo hicimos público a través de José Delgado, en El Nuevo Día, sin compartirlo con Justicia porque ya Justicia nos había planchado desde mayo de 2025”,
Entre la información ya revelada, se destaca una comunicación del 10 de julio del 1979 que detalla cómo el antiguo jefe del grupo sospechoso del asesinato, Reynol Rodríguez González, dejó tres armas en la custodia de Julio Labatut. La nueva comunicación revela un intercambio en que se fijaron los detalles y solicita una «calibre 45» para asesinar a Muñiz Varela.
“Ahora, cuando se desclasifica el de Osvaldo Bencomo Robaina y compara con el de Labatut, algunos nombres que aparecían tachados se ven y viceversa… Ese es un segundo documento importante que se ha compartido. Allí se establece que la persona que se acercó a la Labatut para pedir esa calibre 45 era Bencomo, porque en el documento de Bencomo aparece el nombre, pero no aparece la información de Labatut”, continuó sobre la información que presionó a una nueva reunión con Justicia.
Actualmente, Álzaga Manresa y el Comité de Amigos y Familiares de Carlos Muñiz Varela descartan reunirse nuevamente con el FBI, puesto que están seguros de que la agencia federal tiene más información de la que comparte. “Ellos conocen todas las peticiones que les hemos hecho”, agregó. El colaborador de la organización para cubanos en el exilio espera que esta última reunión dé paso a nuevas exigencias a nivel local.
“Fue una reunión muy cordial. Yo tengo muy buena relación con esa fiscal, a nivel de comunicación. Fue una buena reunión sin apostar mucho a grandes resultados. Esta reunión nos va a permitir exigir más que acaben de desclasificar todo el expediente. Porque sabemos que hay entrevistas con Alejo Maldonado, con Ramón Graterole. Hay un montón de información que, si tú la lees, te das cuenta de todo el encubrimiento y el plan”, aseveró Álzaga Manresa.
Con relación al ritmo de las investigaciones locales, el portavoz del Comité arguyó que mucho fiscales se escudan con argumentos de que la agencia carece en muchas instancias del profesionalismo o la capacidad para emprender estos trabajos. “Esta argumentaciones se prestan para el encubrimiento o no esclarecimiento del asesinato”.
Por otro lado, el hijo del fenecido organizador de Viajes Varadero, Carlos Muñiz Pérez, remitió, en enero, una carta a Justicia con las posturas conocidas de la secretaria Gómez, los legisladores independentistas, Adrián González Costa y María de Lourdes Santiago, y del propio presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
“Lo que pasaba cada vez que había una investigación (era que) los papeles no aparecían. Cuando Sarimar Andreu fue la fiscal anterior, la evidencia no aparecía por ningún lado y las evidencias más importantes aparecieron en dos cajas tiradas en un pasillo de un piso del Departamento de Justicia. También ha habido otros fiscales que decían no encontrar nada de información. Claro, nosotros entendemos que era con toda la intención de no encontrarla”, explicó.
Álzaga Manresa entiende que la investigación puede tomar tanto tiempo como hasta ahora, así como que pueden surgir sorpresas similares a estas nuevas desclasificaciones que han renovado la discusión del caso. Del mismo modo, intuye que la renuencia del FBI a publicar estos documentos podría comprometer a la agencia.
Eso fue un documento importante que tenían y lo hicimos público a través de José Delgado, en El Nuevo Día, sin compartirlo con Justicia porque ya Justicia nos había planchado desde mayo de 2025”,
