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Palestinos de Jerusalén: educados para permanecer

Foto por Adrián González (@adrienone)

Moe Tahan, un palestino que nació en 1972 en Jerusalén, es el propietario del acogedor restaurante Sarwa, donde sirve sabrosos y generosos platos típicos de la región en un salón rodeado de libros y fotos históricas de Palestina en la calle Nablus, la principal vía comercial del oriente de la ciudad, la parte musulmana de la histórica urbe.

Lo está pasando especialmente mal desde el 7 de octubre de 2023 porque tras la incursión de Hamás en un kibutz aledaño a Gaza y la toma de rehenes apenas llegan turistas a Jerusalén y su principal fuente de ingresos ha desaparecido.

En 1991, con la primera intifada (ola de protestas contra la ocupación israelí), emigró a EEUU y vivió en Los Ángeles trabajando en la industria de la alimentación hasta que regresó en 2009. Allí aprendió algo de español relacionándose con puertorriqueños y otros latinoamericanos. Como típico palestino, antes de hablar sobre sí mismo y sus penurias se preocupa de los otros y critica la política migratoria del presidente Donald Trump contra los indocumentados.

“Lo que está haciendo Trump con los latinos, que son muy buenos trabajadores, está muy mal”, lamenta mientras sirve una deliciosa sopa de lentejas acompañada con pan de pita, humus, ensalada y encurtidos.

Moe, que es lo que le queda de su Mohammed original, regresó a su tierra para abrir el restaurante en el mismo local en el que sus padres tenían una próspera agencia de viajes hasta 1967, cuando la guerra árabe israelí acabó con el negocio.

“Antes de 1967 los palestinos podían viajar y viajaban por toda la región sin problemas, no había fronteras para ellos”, dice mostrando un libro que recoge la historia de aquella agencia de viajes que usaban muchos recién casados para visitar Líbano, Jordania o Siria en el viaje de bodas.

Moe disfruta de su pasaporte estadounidense y no tiene problemas para viajar, pero en Jerusalén, donde nació, vive con permiso de residencia: “en mi tierra tengo green card”, sostiene haciendo alusión al carnet para residir en EEUU como extranjero.

Explica que Jerusalén es una ciudad muy cara, “incluso para los turistas”, y que lo asfixian con impuestos. Luego el gobierno invierte los recaudos sobretodo en la parte occidental de la ciudad mientras en el Este es palpable la falta de atención en servicios públicos.

El restaurador es optimista y desea la paz, pero entretanto: “no sabemos lo que va a pasar, tenemos que vivir día a día. No sabemos qué esperar de ninguno de los dos bandos”.

“Yo lo único que quiero es la paz”, insiste.

Imad Muna es el propietario de la librería Educational Bookshop en la misma calle, ya más cerca de la Puerta de Damasco de la amurallada Jerusalén vieja. Cruzando la vía está la librería de su hermano, en la que se venden, y se discuten en la acera, libros de historia, política, sociología y periodismo en inglés y otros idiomas. A principios de este febrero su hermano y uno de sus sobrinos fueron arrestados porque a los soldados israelíes no les gustan los libros.

Expone que nació en Jerusalén, donde fue a la escuela, donde tiene sus raíces y que considera su tierra.

“Crecimos con la ocupación, la ocupación es parte de nuestras vidas, pero año tras año la discriminación ha ido de mal en peor. El espacio físico es cada vez menor y cuando tenemos un gobierno de derechas es siempre todavía peor”, denuncia Imad.

Expresa que: “no es fácil vivir así, pero resistimos porque esta es nuestra tierra, estamos acostumbrados a esperar cualquier ultraje en cualquier momento, es parte de nuestras vidas”.

Dice que todos los días enfrenta la discriminación: “ya seas hombre o mujer, ya vayas a la escuela, al trabajo o a rezar. Siempre hay algún problema, la policía siempre está ahí, esperando a molestarnos con cualquier excusa”.

En su mente siempre está “la ocupación” y por eso tiene un plan A, un plan B y un plan C por lo que pueda suceder.

“Siempre estamos pendientes de que nos puede pasar algo en cualquier momento”, subraya.

Asegura que vivir en Jerusalén es una decisión a la que no va a renunciar nunca, pero que para eso es necesario tener una  buena educación además de una adecuada situación financiera.

“Yo tengo opciones, yo he estudiado y me podría haber ido, pero esta es mi tierra, la tierra de mis ancestros. Algunos se rinden y si pueden, se van, pero yo decidí quedarme”, explica este palestino casado con un siria y padre de cuatro hijos, que son ya dos hombres y dos mujeres de entre 30 y 20 años a los que envió a estudiar a Inglaterra y Suecia para regresar después de haber sido educados en Europa.

“Seguiremos todos aquí y de aquí no nos vamos a ir, es nuestra herencia”, insiste.

Como Moe, también dice ser optimista, “si perdemos la esperanza no nos queda nada”.

Dice que aunque ahora están enfrentando “el fascismo”, esto va a acelerar el final de la situación, porque “cuando gente estúpida como (Benjamin) Netanyahu o (Donald) Trump llega al poder, pronto se acaba todo”.

Admite que los próximos cuatro años con Trump en la Casa Blanca van a ser duros, pero que de cualquier forma Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel, estén demócratas o republicanos liderando el congreso o el gobierno.

“Ya Trump estuvo cuatro años y se fue y nosotros seguimos aquí. Porque nosotros seguiremos aquí pase lo que pase, esta es nuestra tierra, que seguirá siendo Palestina. Esto es Palestina y ellos lo saben, digan lo que digan”, asegura Imad sin miedo en la mirada.

Yahia Khalaf es el gerente del Hotel Addar, el único hospedaje palestino que queda en la zona, rodeado de grandes hoteles en territorio ocupado de propiedad israelí o cadenas internacionales. Él y otros dos empleados hacen el trabajo de siete personas. Los cuatro que faltan no pueden llegar porque no viven en el área y los soldados israelíes no les permiten acceder a la zona.

El Addar, fundado en 1870 por Mohammed Nuisebeh, conserva el encanto de un hospedaje árabe decimonónico de novela mientras ofrece las comonidades de un hotel moderno con pulcritud y excelentes calefacción y velocidad de internet. Es cierto que se podría reparar algún detalle, pero habría que ser muy insensible e inhumano para ponerle un pero.

Como Moe con los migrantes latinos en EEUU, sabiendo Yahia que soy español, no quiso empezar la entrevista ni acabarla sin reiterar insistentemente su agradecimiento por la solidaridad de la sociedad española con la causa palestina.

“Cuando se escriba la historia de Palestina, en ella España va a tener un lugar importante”.

Pero yo escribo para un medio puertorriqueño y allí son víctimas del mismo colonialismo que padecen ustedes, le planteo.

“Sí, sí, sí, conocemos la historia de Puerto Rico, somos como hermanos, sabemos lo que Estados Unidos ha hecho allí”, me contesta muy serio.

Yahia nació en Jerusalén y vio interrumpida su educación universitaria como consecuencia de la primera intifada, que sucedió cuando tenía 20 años.

Su hermano estuvo en prisión en dos ocasiones por tirar piedras a los soldados israelíes. La primera vez, fue detenido con 14 años y salió en libertad a los 17.

Migró a Inglaterra, pero pronto regresó para cuidar de su padre en sus últimos días. Luego volvió a Europa buscando acabar sus estudios universitarios porque “sin educación, nosotros los palestinos, no somos nada”.

Regresó a Inglaterra con poco más de cien libras en los bolsillos. Resulta que los billetes de libras que llevaba eran antiguos y estaban fuera de circulación. Finalmente consiguió que el banco le cambiara los billetes, pero a un tercio de su valor original.

Consiguió un trabajo gracias a la comunidad palestina en Inglaterra con el que se pudo financiar sus estudios universitarios. En 2005 se graduó de una maestría en Tecnología de la Información.

Ahora vive en Jerusalén con su pasaporte británico y permiso de residencia de Israel. Pero le costó 27 años de peleas burocráticas para que le reconocieran su derecho a residir en Palestina. Como había pasado muchos años fuera, le dijeron que había perdido su derecho de residencia. Tiene un hijo nacido en Madrid que ahora solo puede venir a verlo “como turista”.

Israel “me considera un británico con residencia en Jerusalén, la ciudad donde nací y nacieron mis antepasados”.

Sostiene que aquí, de lo que se trata es una cuestión existencial, “ser o no ser, y nosotros somos”.

“Tenemos derecho a vivir con dignidad. Ahora Trump dice que va a sacar a todos los palestinos de Gaza para hacer una Riviera, pero eso es imposible. Nosotros no somos idiotas. Nosotros conocemos nuestra historia. Nosotros estamos aquí para permanecer, amigo. Mientras queden mujeres palestinas para dar la vida a nuevos palestinos para sostener la bandera de la libertad, nosotros permaneceremos. Esos idiotas son los que van a desaparecer, es cuestión de tiempo”, sentencia.

“Los estadounidenses deberían preocuparse más por el estúpido de Trump, porque va a hacer más daño a su propio país que a nosotros, que estamos acostumbrados a todo. Él va a destrozar su país en pedazos”, añade. ie

 

Mala Muerte de Obed Betancourt

Tengo en mis manos el libro Mala Muerte. Crónicas de una isla salvaje, de Obed Betancout. Al escritor lo conocimos como poeta con un libro que, si mi memoria no me falla, es de 1978: Sacrificio al Sacerdote del Abismo, que tenía una portada roja con letras negras y que fue bien recibido por el crítico Joserramón Melendes.

Han pasado muchos años y Betancourt, ya un veterano periodista, ha escrito varios libros que van desde la novela, par de poemarios, los relatos criminales y la crónica investigativa.

Este libro que reseñamos, Mala Muerte, incluye un prólogo que sirve como una aclaración de términos, estudio y etiquetado de género: periodismo literario, periodismo narrativo, nuevo periodismo, interpretativo, reportaje de no ficción y otros. Desde el “ornitorrinco” de Juan Villoro hasta las publicaciones de Rushdie, Kundera o Hemingway, el prólogo se explaya en una reflexión sobre el género de la crónica.

No pienso resumir, pero se señalan aquí -con ejemplos y con autoridades citadas sin llegar a abrumarnos- las características principales del género en cuestión.  Digamos que se cuenta una historia de la mejor manera posible, recurriéndose a una cierta densidad tropológica leve que capta la atención del lector. Por algo, se dice, la no ficción compite hoy con la novela.

Otro pilar es la investigación rigurosa. La recopilación de información a partir de diferentes fuentes que le imparten veracidad a lo escrito. Se puede pensar aquí también en lo que habría planteado ya hace unos años Hayden White sobre la historiografía: uno no puede escapar de la ficción en cuanto se lleva a cabo selección de materiales, y desecho de algunos otros. Al ser la crónica investigativa un tratamiento del pasado se propone interrogar la verdad comúnmente aceptada y es posible recuperar una otra verdad oculta.

Es esa rigurosidad la que los lectores exigimos en cualquier obra literaria. Dice Betancourt: “Una entrevista, una crónica, un relato o reportaje periodístico, sin que importe el tema, debe provocar la misma satisfaciión que una buena obra de ficción”.

Sin embargo, se plantean algunas diferencias con críticos que también han tratado el asunto de la definición de los géneros. Por ejemplo, citando a Jaramillo – Antología de crónica latinoamericana actual -“los cronistas latinoamericanos de hoy encontraron la manera de hacer arte sin necesidad de inventar nada”- Betancourt afirma que, por el contrario, hay creatividad, hay invención y novedad, y se va más allá de ir “simplemente contando en primera persona”. El cronista, nos dice, debe desarrollar una voz narrativa, contar con arte una historia, trabajar un estilo. Crear tensión dramática, un tono, colocar diálogos en su sitio, dar coherencia, y otras argucias.

Y entonces la crónica.

Mala Muerte es la narración que tiene como núcleo significativo a Eliezer Santana Báez. Éste fue sentenciado el 26 de abril de 2004 a cumplir una pena consecutiva de 119 años, tras ser hallado culpable por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.

Asistimos a su nacimiento “amarillo y con la cabeza alargada”.  La familia -las condiciones del padre-, las condiciones relacionadas con la salud del niño -“amarillo”- , el amor suficiente de la madre, nos van dando una idea de la dura realidad.

Desde ahí asistimos al desarrollo del brutal caso -y a la negligente investigación policial- que los medios bautizaron como “El caso Barbarita”: en 1997, la niña Lilliana Bárbara Cepeda Casado desapareció en la playa de El Escambrón. A la mañana siguiente fue encontrado su cuerpo en el área de los filtros de la abandonada piscina olímpica, demolida poco después.

La descripción de la escena del “crimen” se extiende a la visión panorámica de la Playa del Escambrón. Santana Báez presta varias declaraciones y son esas las que dan forma a una madeja de versiones y testimonios que Betancourt hilvana con coherencia. Se trata de una narración detectivesca sin abandonar los datos, los documentos y la cobertura noticiosa de aquellos años. Además, el relato se ve enriquecido por adicionales reflexiones sobre el género de la crónica y por alusiones literarias o filosóficas pertinentes. Esa es una crónica.

Cómo se entrelaza el Caso Barbarita con Mala Muerte es un asunto que dejo a los lectores descubrir.  Es este un buen libro de un periodista que hemos seguido en sus publicaciones de reportajes investigativos desde hace una década. Así, por ejemplo, su investigación sobre el Caso de la Viuda Negra -Aurea Vázquez Rijos- que fue condenada por mandar a matar a su esposo, el canadiense Adam Joel Anhang, culminó en el libro Las sangres que lloran, con la editorial Tinta Roja.

Mala Muerte. Crónicas de una isla salvaje, forma parte de los proyectos de un nuevo proyecto editorial, 14 Segundos, que anuncia ya relatos del propio Betancourt y de Josué Montijo.

MALENTENDIDO: terrorismo y equivocación en Miami

Por Alicia Rojas

Un hombre de 27 años fue arrestado en Miami Beach luego de disparar 17 veces contra un vehículo en el que viajaban dos turistas israelíes. Así comienza el parte noticioso. La primera reacción en los medios y en las redes es que se trata de un crimen de odio contra dos ciudadano judíos.

Horas después el relato cambia. Se entra en el género del absurdo. Se refrasea: en la ciudad de Miami Beach, estado de Florida, un hombre enfrenta dos cargos de intento de asesinato en segundo grado por disparar 17 balazos contra un automóvil. El hombre, identificado como Mordechai Brafman, confesó a la policía que atacó el coche porque pensó que sus pasajeros eran palestinos. Sonríe en la foto. Pensó que los había matado.

Aquí viene el giro argumental: los hombres que recibieron disparos eran dos israelíes, padre e hijo, que estaban de visita en Miami. Ellos estaban seguros de que el ataque estaba motivado por cuestión de odio. Convencidos de que era algún terrorista árabe.

Hay una cita de Pedro Albizu Campos que es digna de repetir:  “el odio embrutece”. Sin duda.   Friedrich Nietzsche han explorado el odio como una manifestación de debilidad o resentimiento, es decir, el odio puede surgir de la incapacidad de afirmar la vida y la voluntad de poder.  No sé si Albizu fue lector de Nietzsche. Sin embargo, ¿este pistolero cegado por el odio no es, precisamente, un débil sujeto resentido incapaz de encontrar sentido a su vida y la estructura con algo tan obtuso como el odio?

No es que intente hacer una reflexión filosófica de la tragedia en la interpretación de análisis del atacante y sus víctimas, todos inmersos en una interpretación de la realidad signada por la ceguera ideológica. Mas, Hannah Arendt ha analizado cómo el odio puede ser una respuesta a la deshumanización y la opresión. Argumenta que el odio puede llevar a la violencia y la injusticia, destacando la importancia de la responsabilidad moral en el contexto del odio. ¿A dónde apunta la  brújula moral es esta que tienen los implicados en este suceso?

Para mí está claro que hoy no existe ningún filtro con relación a cuestiones sobre la libertad de expresión y los límites del discurso de odio, planteando preguntas sobre la responsabilidad ética y el impacto social de las palabras. Es decir, el odio alcanza categoría de libertad de expresión y es utilizado en la retórica oficial del estado. El norteamericano y el de Israel. El atentado de Brafman en Miami es un ataque terrorista. Sin embargo, blanco como es, ningún medio lo ha clasificado como tal.

En el derecho internacional, el terrorismo no tiene una definición única y universalmente aceptada, lo que ha llevado a diversas interpretaciones y enfoques en distintos contextos. En el contexto de una sociedad en la que el supremacismo blanco y la ideología anti árabe son dominantes este acto será interpretado, imagino, como un evento solitario de un desajustado mental. Pero el perpetrador  a cofesado sin problemas estar motivado por razones políticas, ideológicas y religiosas. Sus objetivos  civiles o no combatientes -simples turistas-, con la intención de causar daño, muerte o destrucción. Se buscaba. Sin duda, causar un impacto psicológico que trascienda el daño físico, afectando un grupo particular -en este caso los palestinos, que aún al deia de hoy son masacrados en su lugar de origen.

Existen tratados y resoluciones de la ONU que abordan el terrorismo, como la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, que establece medidas para combatir el terrorismo. Además, algunos documentos internacionales y nacionales pueden proporcionar definiciones más específicas, pero la falta de consenso sobre una definición única sigue siendo un desafío en el ámbito del derecho internacional. En el ámbito de los EEUU, el asunto es llamativo. Así, por ejemplo, los ataques basante comunes en los que un hombre blanco ataca a un grupo de personas por cuestiones raciales siempre termina con un análisis psicológico del atacante. Nunca se trata de un ataque terrorista.

Por supuesto, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la percepción del terrorismo, influenciando la opinión pública y la respuesta del gobierno y el sistema judicial. . La forma en que se presentan los eventos puede moldear la narrativa en torno al terrorismo, destacando ciertos aspectos y omitiendo otros, lo que afecta la comprensión del público sobre las causas y consecuencias.

La representación de grupos específicos puede llevar a la estigmatización de comunidades enteras, creando divisiones y tensiones sociales. Aún recuerdo el brutal ataque de Timothy McVeigh a un edificio federal, causando  decenas de muertes -principalmente niños- y cómo la narrativa nunca toco el asunto del “terrorismo”. En este caso particular, este incidente va a desaparecer en el maremagnum de noticias que día a día llenan las avenidas de información. Sobre este odio tan visceral contra los árabes no se volverá a hablar. El genocidio es política pública. Probablemente, como piensa el joven blanco, sionista, Brafman todo será un malentendido. Como fue un malentendido la apreciación de las víctimas, que estaban muy seguros de haber sido atacados por ser israelíes y judíos.

Son peligrosos los malentendidos. Habría que hacer un esfuerzo por entender.

 

Habla Raúl Álzaga: El juego del “gato y el ratón”

Como jugar al “gato y al ratón”, así describió Raúl Álzaga Manresa, la petición que han hecho las congresistas demócratas por Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) para que desclasifiquen toda la información relacionada a los asesinatos de los jóvenes Carlos Muñiz Varela y Santiago Mari Pesquera, en los 1979 y 1976 respectivamente.

La petición de las congresistas fue dada a conocer este 13 de febrero. Entre otros señalamientos, la carta establece que «Resolver casos como los de Carlos y Santiago es esencial para que Estados Unidos se enfrente y cierre un capítulo dañino en su historia.  Sus agencias deben apoyar activamente la recopilación de evidencia que ayude a identificar y procesar a los responsables de estos delitos. Solo este curso de acción traerá verdad y justicia a las familias de estos jóvenes cuyas vidas fueron robadas trágicamente por razones políticas.” Además, de la desclasificación se solicita que se autorice al Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) a entrevistar a los agentes federales que operaban en la isla en el momento de los asesinatos.

El joven Santiago Mari Pesquera-hijo del líder independentista licenciado Juan Mari Brás fue asesinado el 24 de marzo del 1976 a los 23 años. Muñiz Varela, hijo de padres cubanos fundó junto a Álzaga Manresa la agencia de viajes Varadero, para promover la relación de las familias cubanas en Puerto Rico con sus familiares en Cuba, fue asesinado el 28 de abril de 1979.

En entrevista con este medio, Álzaga Manresa narró que el Comité de Amigos de Muñiz Varela ha hecho varias gestiones para reclamar la desclasificación desde el 1983, 1995, hasta el 2010, siendo hasta el presente la del 2010 la más fructífera. Luego, desde hace más de año y medio han reanudado sus esfuerzos por diversas vías incluyendo las de las congresistas para solicitar la desclasificación de los documentos, dado a que ya se han ido muriendo algunos de los sospechosos. Esta petición, ya en la cuarta etapa de estas solicitudes, la cataloga como la de jugar al gato y al ratón.

“La catalogo como la de jugar al gato y al ratón entre el Comité y el FBI ya que, aunque hemos podido arañar algunas informaciones valiosas que confirman muchas cosas, no estamos satisfechos con los resultados. Sobre todo, porque nosotros tenemos una idea de lo que ellos tienen, por lo tanto, cuando pedimos información podemos comparar lo que nos dicen o nos dan versus lo que ya nosotros sabemos”. Indicó que por previas desclasificaciones, y por información que han logrado obtener por diferentes vías, es que dice que esta cuarta etapa “es el juego del gato y el ratón”, reiteró.

En el 2005, a través del Center for National Security de la Universidad de Georgetwon, se solicitó la desclasificación de información que tiene que ver con Cuba, y en estos momentos también les ayudan en otra serie de peticiones.

El compañero de Muñiz Varela no dejo pasar por alto que también los ex congresistas boricuas, Luis Gutiérrez y José Serrano hicieron manifestaciones públicas con la misma petición.

A la luz de los documentos ya entregados, Álzaga Manresa entiende que todavía queda muchísima información por descubrir. De hecho, afirmó que en esta etapa hay información que ya tenían desde el 1979, como informes escritos por el FBI de Puerto Rico. Igual que información de ese tiempo que ya tenía el DJ de Puerto Rico. Al respecto denunció que en las primeras cuatro peticiones. el DJ no hizo nada ya que estaba encubriendo los asesinatos del Cerro Maravilla (25 de julio 1978), por lo que contar con alguna atención para el caso de Muñiz Varela, hasta el año 1984 con el DJ era infructuoso.

“Hay elementos para sospechar que el DJ lo que hizo fue arrastrar los pies y que la gente se olvidara del caso en esos cuatro años del 79 al 84”, afirmó.

No obstante, reconoció que ha habido secretarios que le pusieron empeño a la investigación, como César Miranda y Roberto Sánchez Ramos, aunque sus actuaciones fueron producto de la información que les llevó el Comité. Con el recién salido Domingo Emmanuelli, dijo que la última reunión fue en abril del 2024, quien les planteó que no se tenía evidencia para acusar a nadie. Según Álzaga Manresa, el DJ no quiso presionar al FBI para que les diera información, e incluso reveló que el departamento envió una carta solicitando la desclasificación de alguna información y que el director del FBI, hoy el comisionado de la Policía, Joseph González, se negó a entregar la misma.

En todas las ocasiones en que se ha solicitado información a todos los niveles -reparó Álzaga Manresa- la primera reacción del FBI ha sido negar la información. El primer argumento es que se necesita una orden ejecutiva -en otras palabras, que se reciba una orden del Presidente- para poder divulgar esos asuntos, y otras excusas como que no pueden revelar sus fuentes o informantes.

Según Álzaga, esa es una de las cosas que se le está pidiendo al FBI y la CIA porque ya se tiene información de que había unos cuatro informantes en los grupos terrorista que operaban en Puerto Rico. Incluso reveló que el FBI en Puerto Rico llegó a hacer un informe, el cual se repartió a otras agencias federales, lo que ocasionó “una bronca grande”, porque el FBI en EE UU entendió que estaban poniendo en riesgo a los informantes. Incluso se llegó a sancionar al personal que hizo el informe. “Ese documento lo tiene el Comité y de ahí es que sabemos que existían esos informantes. Además, en otros documentos aparece la cantidad de informantes con que contaba el FBI”.

Dice que lo que ha hecho el FBI en San Juan con esos grupos terroristas de derecha, sobre todo cubanos, ha sido controlarlos, no procesarlos ni acusarlos. Sin embargo, eso mismos terroristas también han actuado en territorio americano, como fue el caso del asesinato del embajador chileno Orlando Letelier y otros.

Más allá de la identificación de los responsables de los asesinatos de Muñiz Varela y Mari Pesquera, comentó que de los documentos que se han logrado obtener se sabe que el FBI tenía tan temprano como a finales de enero de 1975, tres nombres de sospechosos de los responsables del atentado en Mayagüez. Se refiere al atentado del 11 de enero de 1975 contra un acto público del Partido Socialista Puertorriqueño en donde murieron dos personas y cerca de diez heridos. Ni el FBI ni el DJ hicieron nada por investigar este acto.

Sobre la petición de las congresistas, Álzaga Manresa puso en contexto que se están dando una serie de situaciones interesantes en los últimos meses que pueden contribuir a crear una opinión favorable sobre este tema. Señaló el hecho de que la familia de Malcolm X radicó una demanda el pasado mes de noviembre contra el FBI y a la Policía de Nueva York, ya que plantean sus dudas sobre la participación de ambas agencias en permitir el asesinato, encubrir la investigación y acusar a personas que no fueron los asesinos. Consideró que el curso y el resultado de dicha demanda van a ser importantes. En caso de que triunfe, considera que puede ser una vía para los casos de Muñiz Varela y Mari Pesquera de cara al futuro, ante una posible negativa de  la presente  petición.

Otro hecho relevante es la orden del presidente Trump este mes de enero para que la CIA desclasifique los documentos relacionados al asesinato del presidente Kennedy (noviembre de 1965). “Ese es otro asunto importante, independiente de que no estamos seguros de qué van a desclasificar, cuántos documentos destruyeron o cuántos todavía guardan el secreto, de todas maneras es positivo porque si se suma a la demanda de Malcolm X y a las gestiones de los congresistas de Texas y California  donde hablan de la CIA y el FBI  de perseguir  personas en Puerto Rico  hasta los años 50 y ahora se están dando toda una serie de hechos que me gustaría pensar contribuyen a crear una opinión favorable sobre ese tema”.

A la luz de lo anterior Álzaga Manresa, considera que se está en una etapa superior con mayores posibilidades sobre todo el caso de Mari Pesquera, dijo tiene una ventaja sobre el de Muñiz Varela, porque este ya está próximo a cumplir 50 años de su asesinato, y se supone que una situación que se esté investigando y pasan más de 50 años, la selectividad ya no existe. En el caso de Muñiz Varela, habría que esperar hasta el 2029. “Esperamos que no tengamos que llegar a esa fecha, esa sería la peor opción”. Señaló que existe un nudo, referente al DJ porque si en realidad quisiera profundizar en su investigación tiene que tener acceso a la información que tiene el FBI y que se le permita entrevistar a los agentes del FBI en Puerto Rico, para ese periodo.

Por su parte Mari Mari Narváez, hermana de Mari Pesquera, en declaraciones escritas expresó que a 49 años del asesinato de su hermano todavía hay innumerables preguntas que siguen sin respuesta. “La violencia de ese crimen persiste, reforzada por la impunidad que ha protegido a los responsables. ¿Por qué, en noviembre de 1975, el FBI sabía de un complot para asesinar a Juan Mari Brás, y solo cuatro meses después, su hijo fue ejecutado? ¿Qué conexión existe entre estas dos conspiraciones y qué papel desempeñaron el FBI y la CIA en ellas? ¿Por qué, después de casi 50 años, todavía no se han publicado documentos clasificados? ¿Por qué los autores intelectuales detrás de este crimen nunca han sido llevados ante la justicia?. Nuestro padre a menudo hablaba de la represión implacable y brutal que enfrentaba a manos del gobierno de los Estados Unidos y sus representantes en Puerto Rico. Pero la gente de Puerto Rico merece saber la verdad. Merecen reconocer el inmenso daño que el colonialismo ha infligido, y continúa infligiendo. El asesinato de nuestro hermano Chagui, y el encubrimiento de medio siglo que siguió, son una prueba innegable”.

En tanto, el mismo día que se dio a conocer la carta de las congresistas Velázquez y Ocasio, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con la misma petición.

Puerto Rico no puede pagar y la Junta malgastando

“Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Es cuestionable el argumento de la  Junta de Control fiscal (JCF), de que le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico el pago de $70 mil millones de dólares de deuda y que  ahora solo le resta pagar un poco más de la mitad cuando el gasto en pagos a consultores, asesores y abogados que ha contratado  la Junta y el gobierno  suman más de $2,000 millones. Esa cantidad  es seis veces mayor  al estimado original de  $370 millones que hizo el Congreso de Estados Unidos  2016, al calcular el costo que tendría la ley PROMESA para Puerto Rico.

Para el director de Investigación de  Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaria Ots, ese argumento de la Junta es cuestionable y muy dudoso porque  no se puede ahorra de algo que no se puede pagar. En un recién presentado informe  a la prensa del país,  EA trajo a la luz  que hasta el presente la Junta ha  gastado -y los puertorriqueños hemos pagado-:  $308,111,005 para aquellos consultores  y representación legal contratados fuera del proceso de Título III, $11,329,555 para el Oficial Examinador y $1,702,517,144 para aquellos consultores contratados dentro de los procesos de Título III en el tribunal federal (Tribunal de EE UU en Puerto Rico)  para un total de $2,021,957,705.

EA llamó la atención a que la Junta no ha rendido cuentas al pueblo de Puerto Rico ni al Congreso de los Estados Unidos sobre la totalidad de los gastos de PROMESA, al no incluir en sus informes el 84.8% del total de desembolsos que se ha hecho con cargo al bolsillo de los puertorriqueños. El señalamiento de falta de transparencia y descontrol de la Junta respecto a los gastos -declaró EA- toma una   mayor relevancia debido a que  ésta solicitó  aumentar de $50 mil a $100 mil la partida que retienen mensualmente los representantes legales de la Junta.

En entrevista con este medio, Santamaria Ots, coincidió en que la cifra de gastos es mucho dinero para Puerto Rico. Aunque señaló que los procesos de quiebra son caros, reparó que, al final,  lo importante es que no hay unas  proyecciones de la Junta de cuánto más se debería gastar.  Apuntó que el Congreso estimó que en un periodo de 10 años el proceso de quiebra costaría $370 millones. “Eso ya de por si es una cantidad fuerte para Puerto Rico  con los desafíos que tiene. Ahora vemos que todavía no ha acabado la década y ya se ha gastado más de cinco veces  lo que se estimó y no hay aún una proyección clara de cuánto más se va a gastar”.

El economista indicó que cuando se compara con deudas similares, el exceso de gastos de la JCF puede tener algo de exageración. Por ejemplo la ciudad de Detroit, aunque es un municipio y no una jurisdicción o estado, tenía una deuda de $6 mil millones y la reestructuración de la deuda llegó a los $200 millones en costos. Aquí la deuda era de $70 mil millones, y a ocho años, los costos sobrepasan los $2mil millones y sigue aumentando.

Al ejemplo de Detroit trajo otros ejemplos, como la quiebra de la firma de inversiones Lehman Brothers en el 2007, que tenía una deuda casi diez veces más grande que la de Puerto Rico,  una deuda de $600 mil millones  y el proceso no llegó a los $1mil millones en costo. Es decir, costó la mitad de lo que hasta ahora ha costado la quiebra de Puerto Rico. Recordó que todavía estamos en el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y no hay plazo aún para su conclusión. “Cuando se compara a otras reestructuraciones del sector privado, la de Puerto Rico debe estar entre las dos o tres más caras de la historia. Eso, para un país como Puerto Rico  es inexplicablemente oneroso”, expresó Santamaria Ots.

Sobre el proceso de la AEE no dejó pasar por alto que este se encuentra  atrasado, por lo que la juez Swain emitió  una orden para que la JCF  entregue un calendario para la presentación del plan de ajuste (PAD)  antes del 28 de febrero de 2025. La AEE que es la principal de las corporaciones públicas en la reestructuración, tiene una deuda total estimada en aproximadamente $12 mil millones en el proceso del Tribunal de Título III, lo cual ha representado un desembolso de dinero público para consultores y abogados de sobre $438 millones. Entre 2023 y principios de 2024, dichos desembolsos aumentaron de $181 millones a $438 millones, un incremento del 142.3%.

Un aspecto que destaca el informe de EA es el hecho de que la JCF  no justifica ni explica sus gastos, ni las razones para pagar tanto. El director de Investigación de EA expuso que la Junta solo   transparenta un 15% de sus gastos de consultoría, y la mayoría de los gastos- el 75%- tienen que ver con gastos del tribunal. “Es un punto  importante porque entendemos que transparencia a medias no es transparencia. La Junta dice que esos datos se pueden encontrar en los documentos del tribunal, pero son documentos muy técnicos”. Se supone que las facturas son examinadas por un Oficial examinador.

Para su informe, EA  usó como base  los informes anuales y mensuales de la Junta, lo publicado por el tribunal federal y los gastos reportados por el Oficial Examinador de los casos Título III pendientes ante la corte de quiebra. Estos datos fueron utilizados en un primer estudio de 2023, “Sus asesores, tus chavos: falta de acceso a los datos que han informado la reestructuración de Puerto Rico”. El presente estudio, “El costo de los consultores de la Junta: una cuenta que  paga el pueblo y no cesa”, es una actualización de los datos a diciembre   de 2024.  El estudio  identificó que en ese nuevo periodo, el gasto en consultores continuó y se elevó en más de $520 millones, un aumento en gastos de consultoría de un 34.77%, para un total acumulado pagado a consultores hasta el primer trimestre de 2024 de $2,021,957,705.

A nuestra pregunta de cuál ha sido la reacción pública al informe, Santamaría Ots dijo que  ha  habido mucha  sorpresa ya que nadie tenía en el radar que el gasto iba a ser tan grande.  “Ha  sido un ejercicio muy válido. No hay justificación para que la Junta no sea más transparente en el informe de sus gastos. Lo que señalamos no es por señalar. La gobernadora, que ya lleva varias semanas en el cargo, creo que está experimentado por primera vez lo que es el uso y costumbre de la JCF”.

Se refirió a lo sucedido con el plan fiscal de la AEE, que la Junta lo certificó sin discutirlo con el gobierno de Puerto Rico.  “Esa  es la práctica de la Junta. Nosotros, el pueblo, pagamos la factura pero las instituciones del gobierno no tienen acceso  a los números que sustentan las decisiones y acciones de la Junta”, denunció Santamaria Ots.

El economista llamó la atención a los gastos en pagos que tiene el pueblo de Puerto Rico. “El gobierno no solo toma decisiones a base de sus empleados públicos.  También contrata asesores,  y están los gastos de la Junta. Hay tres niveles de  gastos: lo que informan los oficiales públicos,  los que informan los asesores de los oficiales públicos  y lo que informan los asesores de la Junta. Esto es injusto para el pueblo de Puerto Rico y demasiado oneroso”, recalcó.

Santamaria Ots confirmó que el caso de la deuda de Puerto Rico va a ser uno que en el futuro muchas jurisdicciones en apuro van a estudiar, por sus muchas dimensiones y la complejidad de la reestructuración, pero también por el gasto astronómico del proceso. Van  a aprender de los errores de  una jurisdicción con falta de recursos. “Uno no puede ahorrar de algo que nunca puede pagar”.

Espacios Abierto el informe de gastos de los cinco principales pleitos que hay en la corte. En el mismo  se identifican pagos a consultores, asesores financieros, mediadores y abogados, distribuidos de la siguiente manera:

  • $1,120,342,804 del pleito del Gobierno de Puerto Rico
  • $ 438,803,487 de la AEE
  • $ 62,816,103 de COFINA
  • $ 51,165,166 de la Autoridad de Carreteras
  • $ 39,758,739 del Sistema de Retiro del ELA
  • $ 960,400 en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos.

Además, se han desembolsado $308,111,005 a consultores contratados fuera del proceso de Título III, los cuales son detallados parcialmente por la Junta de Supervisión Fiscal y pagados de su presupuesto anual.

Los gastos en consultores del pleito del Gobierno Central aumentaron de $870,449,697 a $1,109,013,249, reflejando un incremento del 27.41%. La AEE tuvo el mayor aumento relativo, de $181,100,752 a $438,803,487, lo que representa un incremento del 142.30%.

El caso de la Autoridad de Carreteras también vio un aumento, de $41,004,842 a $51,165,166, para un 24.78% más. El del Sistema de Retiro pasó de $36,658,795 a $39,758,739, aumentando en 8.46%. Mientras que COFINA y Edificios Públicos presentan variaciones mínimas ya que los pleitos han culminado.

A continuación las  firmas que reportaron los mayores aumentos en el periodo de 14 meses fueron (*):

CONSULTORES GASTO TOTAL AUMENTO DESDE 06/2023 A 12/2024 CAMBIO PORCENTUAL
*Proskauer Rose LLP $355,826,874 $131.32 millones 58.50%
McKinsey & Company $307,318,840 $29.9 millones 10.81%
*Ankura Consulting Group, LLC $180,947,374 $137.59 millones 317.38%
*Ernst & Young LLP $179,445,657 $45.62 millones 34.09%
*CITI Group Global Markets Inc. $126,565,344 $46.50 millones 58.08%
O’Melveny & Myers $115,828,094 $22.72 millones 24.40%
*PJT Partners LP $115,000,000 $57.50 millones 100%
Paul Hastings LLP $86,841,542 $12.37 millones 16.62%
Deloitte $55,497,713 – –
Alvarez & Marsal North America, LLC $35,727,382 $37.94 millones 0.11%