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La masacre de Ponce y la literatura.

 

En Rojo

El 21 de marzo se conmemora el terrible suceso que marcó un antes y un después en la historia de Puerto Rico, la Masacre de Ponce. Quienes se interesan por la historia saben que aquel Domingo de Ramos del 1937, la Policía Insular, militarizada, ejecutó a 19 civiles durante una fallida marcha organizada por el Partido Nacionalista. La investigación del propio estado – con Rafael Pérez Marchand a la cabeza- o instituciones independientes norteamericanas concluyeron lo mismo. Fue un acto brutal de represión. Pérez Marchand tuvo que renunciar ante los obstáculos que le impuso el propio gobierno.

Sobre la Masacre de Ponce se han escrito excelentes ensayos, investigaciones y documentos.  Algunos libros relativamente recientes son Verdadera historia de La Masacre de Ponce de Raúl Medina Vázquez, y La Masacre de Ponce de Manuel Moraza Ortiz. Que recomiendo encarecidamente.

A mí me parece, sin embargo, que la literatura nuestra ha sido tímida al recrear aquel evento. Quizás se piense que no es una obligación que la literatura haga recreaciones o reflexiones sobre la historia. Ciertamente, no es un mandato. Sin embargo, es bastante común que todas las naciones revisen las tramas históricas desde la perspectiva amplísima que da la creación.

Ya antes, en este mismo espacio de En Rojo, hemos pergeñado algunos apuntes y otros autores han publicado sesudos artículos sobre ambos temas: el hecho histórico que conmemoramos el 21 de marzo y las relaciones entre la literatura y la historia. Silvia Álvarez Curbelo y Mario Cancel son dos ejemplos de historiadores que dominan ambas áreas.

La relación entre historia y literatura es fascinantes. Ambas disciplinas cuando se centran en la narración de eventos pasados, lo hacen de maneras diferentes y con objetivos distintos. Mientras que la historia pretende analizar los hechos de manera objetiva, la literatura se enfoca en la expresión artística, estética, creativa y en la exploración de las emociones y experiencias humanas. Como hemos dicho antes, Hayden White, ha realizado importantes aportaciones al estudio de esta relación. White argumenta que la historia es una forma de narración y que, al igual que la literatura, está sujeta a la interpretación y a la subjetividad del historiador. Según él, la historia no es simplemente la presentación objetiva de hechos, sino que implica la selección y organización de información de acuerdo con una estructura narrativa. White analiza la influencia de la narrativa en la construcción de la historia. Sostiene que los historiadores utilizan diferentes estructuras narrativas, como la tragedia, la comedia o el romance, para dar forma a sus relatos. Estas estructuras no solo afectan la forma en que se presentan los hechos, sino que también influyen en la interpretación que se hace de ellos.

Con respecto a La masacre de Ponce, ¿quiénes lo han asumido como material literario? Los primeros dos ejemplos que me vienen a la mente son de la autoría de René Marqués y Ana Lydia vega. El autor de Los soles truncos escribió una pieza teatral de un acto que tituló Palm Sunday. La escribió en inglés mientras disfrutaba de una beca de la Fundación Rockefeller para estudiar arte dramático en la Universidad de Columbia. La obra permaneció inédita por años. Conozco la edición de Editorial Mágica prologada por la doctora Maribel Acosta Lugo. Sobre esta obra a dicho la profesora: Palm Sunday constituye un acto de rememorar, una demostración férrea de rebeldía contra las posturas oficialistas que manipulan y escamotean los sucesos históricos y buscan fijar la memoria de los hechos de acuerdo a fines particulares que no toman en cuenta al pueblo de Puerto Rico. Palm Sunday asigna simbólicamente responsabilidades a los causantes de la matanza; al recordar y recrear los tiempos tumultuosos de la Masacre de Ponce. Marqués no solo evita que se desvanezca un capítulo de la memoria histórica insular, la persecución de los Nacionalistas, sino que nos insta a perpetuar la lealtad que todos, desde el pueblo hasta los gobernantes, le debemos a nuestro País.

Por otro lado, Ana Lydia Vega incluye el relato Un domingo de Lillianne en su libro Falsas crónicas del sur. Desde la perspectiva de una niña -que narra de adulta- y dos fotógrafos -narración en tercera persona- asistimos a los hechos del Domingo de Ramos. Sin duda un texto bien documentado, recreando de manera imaginativa las peripecias de los fotógrafos de El Mundo y El Imparcial. “Carlos”, Carlos Torres, cuya vida y muerte son, de suyo, trágicas, está en la azotea de un edificio cercano cuando se inician los disparos.

Son apenas dos ejemplos.

La poesía, más proclive a la exaltación de la emoción, ha utilizado los recursos históricos del período nacionalista, es decir, el de activación política de Albizu Campos y todo el entramado simbólico que conllevó la transformación de aquel partido en un productor de :sentido nacional”, de manera más amplia. Julia de Burgos, Francisco Matos Paoli, Juan Antonio Corretjer, son paradigmas al respecto.

¿Por qué la narrativa no ha utilizado este período -en general- como material para crear ficción? Ese es tema de otra reflexión.

 

 

Era de la inteligencia artificial en la educación

 

Especial para En Rojo

La celebración del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial (AI) en la Educación Superior en el teatro de la Universidad de Puerto Rico recientemente ha puesto en escena el desafío que tenemos los puertorriqueños y las diásporas que habitan nuestro archipiélago  (dominicanos, cubanos, chinos, árabes, mexicanos, principalmente, y sus fusiones), con respecto a equipararnos con otros países en la competitividad laboral y educativa.  Fue un gran logro haber firmado  un tratado con la representante de la UNESCO, la doctora Yuma Inzolia, sobre la utilización e  integración de la AI con el fin de asegurar que su uso impida la brecha tecnológica o digital.  Las políticas de esta organización de las Naciones Unidas apoyan el desarrollo sostenible con el que esta tiene que cumplir.

La inteligencia artificial más conocida es la de los programados de informática que imitan los procesos de la mente humana, pero existe una gama de artefactos en el campo de la salud, así como asistentes virtuales y el Chat GPT, importante para los procesos pedagógicos, entre otros.  El  reto con el que se enfrenta la implantación de la AI es el del respeto a la privacidad, la seguridad del dato, y los sesgos discriminatorios contra ciertas poblaciones, además de la resistencia a la regulación.

 Varios  de los elementos destacados por esta conferencia fueron que su uso debe ser ético y que debe de estar en consonancia con  el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana, el medio ambiente, la inclusión de la pluralidad humana, inclusive una de las poblaciones más relegadas del mundo, la indígena. Por lo tanto, la UPR necesita desarrollar con urgencia planes educativos sobre este tema que lleguen a todos los sectores sociales, lo que incluye a barriadas y caseríos, lugares en los que predomina la criminalidad y la falta de educación, el desconocimiento de las artes gráficas y cinematógraficas necesarios para generar páginas para la Red y colocarnos en la autopista de información con nuestra identidad caribeña, nuestro zargazo…

Hay que recordar que la inteligencia artificial está atada al Internet y que deben conocerse sus recursos, particularmente para unir al Caribe y a América Latina. No podemos graduar analfabetas digitales ni profundizar la brecha digital. Se necesita potenciar la infraestructura tecnológica de los once recintos de nuestra  universidad pública y de todo el país, lo que redundará en un mejor desarrollo de nuestras empresas, tanto públicas como privadas.  Hay que celebrar con alegría esta iniciativa de la Universidad de Puerto Rico y su acuerdo con la UNESCO.

Ester articulo fue publicado originalmente en la versión impresa de En Rojo, del mes de febrero.

Organizaciones y comunidades protestan contra la USACE

Tomada de Marea Ecologista. Foto por Carlos Berríos Polanco

 

 CLARIDAD

Parte de los reclamos incluye la antigüedad de ciertos proyectos infraestructurales.

 El pasado jueves, 18 de marzo, más de 15 colectividades ambientales y comunitarias de diversos puntos del país manifestaron, frente a las oficinas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, en inglés), su rechazo a una plétora de medidas que el ente federal pretende implementar en el archipiélago.

“No se nos quiere escuchar. Se nos niega el derecho a decidir sobre aquellas acciones que impactarán directamente nuestras vidas. Se pretende imponer modelos anticuados que no responden a nuestro contexto isleño y a prácticas en armonía con la naturaleza”, expresó Olga Vega Pérez, de la organización Amigos de la Reserva Natural Caño Madre Vieja.

Además, Vega Pérez, residente en la Comunidad Espinar I de Aguada, explicó cómo la USACE recicló estos proyectos de un listado que fecha a la década de 1990. Sin actualizar los planes, el organismo busca colocar dos nuevos diques alrededor de la comunidad que, según la lideresa, implicarán expropiaciones y cambios graves al ecosistema local.

“Ellos llegaron un día, abrieron un espacio allí (en el litoral), metieron máquinas y, después de que nosotros nos paramos allí a esperar que nos dijeran qué estaban haciendo, nos dijeron que eran estudios nuevos. Fue en ese momento cuando nosotros nos pusimos ‘fuertes’ y alegamos (de nuevo) qué estaban haciendo; ellos pretendían, después de 32 años, romper a construir diques sin nada (de planificación actualizada)”, denunció Vega Pérez, en alusión a la ausencia de declaraciones de impacto ambiental (DIA) y estudios que consuenen con la política de Joe Biden respecto al medio ambiente.

Por otro lado, el director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática (ELAC), Francisco Cintrón Moscoso, explicó que este tipo de proyecto “desarrollista”, que incluye prácticas como la fragmentación de las partes de un plan, no se limita al Cuerpo de Ingenieros. De hecho, Cintrón Moscoso reseñó una carta, firmada por 18 integrantes del Congreso de los Estados Unidos, que exige la revisión de todas las planificaciones que planteen alguna alteración al medio ambiente, incluidas aquellas iniciadas por autoridades locales.

“Tiene que haber un detente, tiene que haber una planificación concertada, discutida, con participación amplia y que realmente responda a las necesidades que tenemos. El cambio climático, todos los años estamos viendo el impacto que tiene, y no hay un plan de mitigación y adaptación para ello”, comentó Cintrón Moscoso, quien convocó la protesta situada en la avenida Chardón, Hato Rey.

Por igual, Yvette Núñez Sepúlveda, de la Coalición Restauración Ecosistemas Santurcinos, reiteró la necesidad de cumplir con todas certificaciones y procesos ambientales, y explicó cómo la falta de estos procesos relega la comunidad a ideas que “no responden a las necesidades de la comunidad”.

Para Cynthia Manfred, de la organización Guarda Río, este tipo de segmentación en la planificación es usual para fines contractuales. Sin embargo, Manfred —vecina de Jardines Metropolitanos, contiguo al río Piedras— afirma que este estilo de división no es “entendible” en un sistema hidrológico como el río porque “lo que pasa en la puntita de arriba afecta la puntita de abajo”.

“Tiene que hacer un análisis integral; eso es una de las cosas que le hemos pedido a USACE y que está en las cartas (al Congreso)”, agregó Manfred.

La carta, enviada en julio del año pasado, denuncia las prácticas “anticuadas” que emplearía USACE en lugares como el río Piedras, el río Niguas (Salinas), el Río Grande de Loíza y el río Guanajibo (Mayagüez). Por igual, la carta urge la necesidad de integrar al liderato comunitario local en las discusiones que respecten a sus comunidades. Entre las firmas, el documento cuenta con el endoso de Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez, Roberto Menéndez y otras figuras de la capital estadounidense.

Asimismo, la protesta contó con el respaldo y la participación de varias figuras del Movimiento Victoria Ciudadana, como Pedro Cardona Roig, Manuel Natal, Myrna Conty y Mariana Nogales Molinelli

Lagunas en los procesos de planificación

Además del riesgo inmediato y físico que representan estas construcciones, las 19 organizaciones presentes revelaron la falta de acceso a información similar a mapas, estudios y decisiones que justifiquen las propuestas ingenieriles. También, las colectividades protestaron en contra del salto entre procesos requeridos, como la sustitución de los DIA por estudios “menos rigurosos”.

Estas trabas se suman, de acuerdo con los manifestantes, a la fragmentación de los proyectos, la obsolescencia de sus estudios y la falta de fondos suficientes “para completar los proyectos que pretende iniciar prontamente”. Entre las organizaciones presentes, estuvieron: El Puente, Guarda Río, Red Comunitaria del Agua, Comunidad Barrio Espinar en Aguada, Amigxs del MAR, Asociación de Residentes del Viejo San Juan, Escambrón Unidos, CRES PR, Surfrider Foundation, Amigos Reserva Natural, Caño Madre Vieja, Rescate Camino El Faro en Rincón, Arrecifes Pro-Ciudad, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Amigos del Río Guaynabo, Coalición Anti-Incineración, Por las Aguas, Campamento Pelícano y Defendiendo la Cueva del Indio 681.

“La mayoría de estos proyectos benefician a un sector y afectan a otro. Se supone que el Cuerpo de Ingenieros no puede desarrollar ningún proyecto que beneficie a unas comunidades e inunde a otras, como es el caso de nosotros, que inundaría completamente el barrio”, ejemplificó, por su parte, Vega Pérez.

Editorial-Engaño y politiquería tras el caos energético en Puerto Rico

Fotos Alina Luciano CLARIDAD.

 

La «política pública» energética oficial del gobierno de Puerto Rico postula que para el año 2050, el 100 porciento de la energía que se genere y distribuya en nuestro pais procederá de fuentes renovables, como el sol y el viento, entre otras.  Una política pública sabia y también el único camino hacia la estabilidad, sostenibilidad y eventual independencia energética y desarrollo económico para Puerto Rico. Sin embargo, el país está muy lejos de alcanzar la meta. Al 2023 solo se habia logrado el 4 por ciento de cumplimiento, y tanto el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, como la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), Jennifer Granholm admiten los retos enormes que se presentan en el camino hacia el logro de 100 por ciento renovables drntro de 26 años.

Pierluisi dice que para avanzar, las decisiones en adelante deberán ser «prudentes y estratégicas». La secretaria del DOE afirma que es inminente tomar » decisiones difíciles». Ninguno de los dos explica en qué consistirían esas decisiones «prudentes» o «difíciles», según sea el caso. Tampoco aclaran a quién o quiénes les corresponde tomarlas. Pero en una colonia como Puerto Rico, y viniendo el dinero desde la sede del poder en Washington, es obvio quien terminará » agarrando el sartén por el mango».

En este momento, en Puerto Rico impera el caos en el sector de la energía. Las piezas del rompe cabezas no cuadran, y tal parece que mientras la » política pública» dice una cosa, las decisiones que se toman van en dirección contraria. Salvo declaraciones » para las gradas», nadie en el gobierno de Puerto Rico ni de Estados Unidos, parece tener entre sus prioridades el futuro energético y económico de Puerto Rico.

Aquí manda la Junta de Control Fiscal que está concentrada en lograr que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) empiece a pagar su deuda y beneficiar- o por lo menos aplacar- a los acreedores de Estados Unidos, aquellos  grandes conglomerados financieros que aportan cuantiosas sumas a los PAC de los políticos de allá.

Este año hay campañas y elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí, Pierluisi está concentrado en su campaña primarista frente a la Comisionada Residente, que parece tenerlo nervioso, y en continuar ampliando sus contactos políticos y empresariales en Estados Unidos, por si acaso las cosas no le salen como él espera.La secretaria Granholm está concentrada en seguir presionando para que se cumplan los objetivos y compromisos de la administración Biden con sus aliados y donantes del sector energético, y con adelantar la campaña para la reelección del actual Presidente de Estados Unidos.

En medio de esas corrientes cruzadas están el pueblo puertorriqueño y los abonados residenciales y comerciales de la AEE. Presos de una deuda impagable que le impondrá dos cargos adicionales a la tarifa eléctrica por los próximos 40 años. Asfixiados por las cenizas tóxicas de la carbonera AES y el vergonzoso rescate financiero que este gobierno recomendó y la Junta de Control Fiscal aprobó para dicha empresa privada, el cual representará $185 millones que pagarán los consumidores de energía hasta el año 2027. Víctimas del servicio ineficiente de LUMA Energy, Genera PR y New Fortress Energy, que saben generar y distribuir ganancias para sus accionistas, y salarios y bonos fabulosos para sus altos oficiales, mientras nuestro pueblo sigue a merced de la inestabilidad e incertidumbre de decenas de generadores temporeros que no le ofrecen tranquilidad ni energía sostenible a nadie. Entre ellos, se recriminan y se pasan la «papa caliente» de la responsabilidad por sus continuos errores y desastroso desempeño. Los contratos y operaciones de esas cuatro empresas privadas- que reciben abundante respaldo gubernamental- son ejemplo flagrante del fracaso e injusticia del modelo económico neoliberal.

Por diseño, a nuestro pueblo le toca ahora vivir y pagar durante décadas, por la ruina de la AEE y de nuestro sistema eléctrico, mientras los individuos e intereses políticos y empresariales- de Puerto Rico y Estados Unidos- culpables y cómplices de dicha ruina han salido ilesos y boyantes del caos que han provocado. Algunos de ellos y ellas se presentan como candidatos a puestos políticos por el PNP-PPD en las elecciones de noviembre próximo. Una excelente oportunidad para que los votantes les hagan pagar al menos un mínimo precio  por sus  engaños y politiquería.

 

Decisiones difíciles para el gobierno y el pueblo

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Lo que nos preocupa es que la presentación de la secretaria enfatizó que es posible llegar al 100 %  de energía renovable, pero que hay que tomar decisiones difíciles. ¿Quién las va a tomar, el Gobierno federal?”, cuestionó el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, respecto al Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico (PR 100) presentado por la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, siglas en inglés).

La observación es uno de los aspectos que eleva a la atención el CNE, luego de un análisis de los hallazgos de PR 100, el cual afirma que Puerto Rico puede alcanzar el 100 % de su energía renovable para el 2050 sin utilizar terrenos agrícolas. En entrevista, Marxuach  señaló que el estudio presenta tres escenarios y que es al Gobierno de Puerto Rico al que le toca escoger cuál de los tres escenarios prefiere, si no escoge ninguno o si desarrolla uno nuevo. “Eso es a lo que yo veo que no se le ha dado seguimiento, por eso es que hacemos este análisis”.

Marxuach planteó que si bien es factible alcanzar para 2050 el objetivo de generación en Puerto Rico con fuentes de energía 100 % renovable sin utilizar tierras agrícolas a gran escala, sin embargo, el costo económico de la transición es bastante significativo, independientemente del escenario.

Explicó que a menor uso de terrenos agrícolas, la energía para el consumidor resulta más cara debido a que habría que tener más instalaciones pequeñas, lo que requiere más interconexiones con el sistema y más infraestructura para conectarse a él. Es decir, más cables de distribución y transmisión versus fincas solares grandes.

Agregó que, de  hecho, ya para el año que viene, el país está  tarde para cumplir con el 90%.  “Hay que tomar unas decisiones de si se escoge proteger las tierras agrícolas. Perfecto, ahora tenemos que saber que eso va a tener un costo adicional en la factura. Por otro lado, si se utiliza terrenos agrícolas, se sacrifican. Ahora, ¿quién toma esa decisión,  basado en qué criterios? Eso es lo que nos preocupa y está todo como tapado, con poca transparencia”.

Respecto a si el PR 100 estimó cuánta producción se va a necesitar, considerando que habrá menos población, indicó que la demanda puede variar por dos factores. El primer factor es que el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requiere que se implementen medidas de eficiencia energética para reducir el consumo, debido a que hay mucho consumo que es ineficiente. Según el análisis  que hizo el DOE, se van a lograr unos supuestos ahorros generados por eficiencia energética, y el objetivo de PR 100 es aumentar la eficiencia energética por 30 %  al 2050. Marxuach observa que el DOE dice en un lenguaje muy diplomático que esa meta es ambiciosa y que no cree que se logre. La estimación del DOE es que la reducción podría ser de tan solo un 18 %, aun utilizando enseres más eficientes.

El otro factor es que hay que sumarle la electricidad adicional que utilizarían los vehículos eléctricos que ya están entrando al mercado y que de aquí al 2050 se espera que dominen. De acuerdo con Marxuach, entre esos dos factores pudiera haber un escenario donde la demanda en el 2050 sea más alta, aun con menos población. El DOE alerta de que se debe tomar en consideración ese análisis cuando se esté planificando para no quedarse corto en caso de que eso sucediera.

Dado al nivel de incertidumbre de cuál modelo escoger y cuánto será la demanda, la recomendación del CNE es el que el DOE, la Junta de Control Fiscal, Genera, LUMA, la AEE y el Negociado de Energía  se reúnan y busquen un acuerdo. Según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66 % y un 83 % entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. Marxuach hizo la observación de que un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves en la economía de Puerto Rico a corto plazo y que ello no es viable desde el punto de vista económico. De imponerse ese aumento, sería necesario mitigar sus efectos negativos mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas, advirtió.

A la interrogante de si cree que ya es tarde para que todos esos entes se reúnan y busquen un acuerdo, el director de Política Pública del CNE considera que todavía se está a tiempo, debido a que tribunal todavía  no ha decidido qué se va a hacer con los bonistas. “Lo que me preocupa es que se utilice un escenario para determinar la estipulación de la restructuración financiera de la AEE y se utilice otro escenario para la planificación operacional de la AEE. Entonces hay un desfase entre lo que se dice que se puede pagar a los bonistas y lo que en verdad se puede usar de energía renovable. Se deben sentar en la mesa y ponerse de acuerdo”.

Marxuach recalcó que para que haya concordancia se debe insistir es que si se utiliza un escenario para pagar a los bonistas, se debería utilizar el mismo escenario para planificar el sistema. “Pero no hemos visto esa concordancia con lo que está pasando con la deuda y, por otro carril, lo que está haciendo el Negociado con LUMA y la AEE en términos de planificar la transición”.

El director de política pública del Centro para la Nueva Economía considera imperativo que en Puerto Rico todas las partes — agricultores, grupos ambientalistas, el Gobierno y los representantes de consumidores— lleguen a acuerdos. “El objetivo es que empiece este diálogo; no es crear controversia por crear controversia ni molestar a nadie. Al contrario, son decisiones difíciles que hay que tomar y que nadie les quiere meter mano. Hay que sentarse en una mesa y decidir cuál es el escenario y cómo se implementa”.