Especial para CLARIDAD

 El mes de marzo es hermoso para las feministas porque juntamos cabezas, corazones, voluntades, energías, voces y cuerpos para, el día 8, recordar, conmemorar y manifestar respeto a las antecesoras que abrieron brecha para importantes derechos que hoy nos cobijan. También para renovar el compromiso de seguir ampliando ese camino para las mujeres que estamos y las generaciones que vendrán. A la par que hermoso, es un mes de trabajo intenso para dar a conocer la multiplicidad de espacios en los que todavía no hay equidad de género. Nos golpea en la cara un día sí y el otro también el discrimen y la desigualdad, especialmente en su más burda manifestación que es la violencia machista. Afortunadamente, cada vez más personas la nombran con todas sus letras y se unen a su repudio. Con satisfacción puedo afirmar que parte de la intensidad de la labor que realizamos en el tercer mes del año se debe al interés de los medios de comunicación en torno a la situación de las mujeres y en cubrir las actividades de las organizaciones. Abundan las solicitudes para que éstas y sus lideresas participen en charlas, paneles de discusión, conferencias y otras actividades educativas.

Por supuesto, se concentran esfuerzos para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decretado en el 1917 por la Internacional Socialista, pero que adquirió carácter internacional en el 1975 con la proclamación del 8 de marzo por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En nuestra Patria el Frente Femenino del Parrido Independentista Puertorriqueño y la organización feminista Mujer Intégrate Ahora (MIA), una de cuyas lideresas es la actual senadora, Ana Irma Rivera Lassén, lo conmemoraron por primera vez. Por esta razón la actividad que llevó a cabo la Coalición 8 de Marzo, les fue dedicada. La fecha se oficializó en Puerto Rico con la aprobación de la Ley 102 del 8 de junio de 1976. Ha sido gratificante que este año fueron varias las convocatorias para recordar la importante fecha: el lazo humano en los predios de El Morro para reiterar el rechazo a la violencia machista; la marcha organizada por la Coalición 8 de Marzo frente a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) para concentrarse en el área de la Comisión Estatal de Elecciones y el llamado de la Colectiva Feminista en Construcción para ocupar el Expreso Las Américas desde la sede del Estadio Hiram Bithorn, en la Ave. Roosevelt. Los tres fueron eventos concurridos y, además, las manifestaciones de las organizaciones feministas fueron militantes, coloridas, vibrantes y plenas de activismo. Complace saber que prevaleció la armonía, tanto en la participación presencial como a través de las redes sociales.  También hubo manifestaciones en Mayagüez y Ponce, así como en Vieques y en otros municipios.

Usualmente se pasa balance sobre los logros, lo no alcanzado y las metas por cumplir a finales del año natural, pero la conmemoración del 8 de marzo que, prácticamente se ha extendido a los 31 días del mes, también nos brinda un espacio para pasar revista. Puedo afirmar que este 8 de marzo, además de celebrar una vez más el cumpleaños de mi querida sobrina nieta, también sentí alegría por el activismo que hubo en las calles, acompañamiento por la indignación colectiva ante los feminicidios y otras manifestaciones de la violencia de género con las que inició el año, así como esperanza ante el incremento de gente joven que participó en las múltiples actividades celebradas alrededor de la fecha.

Sin embargo, antes de que termine marzo, debemos revisar también el violeta de nuestros reclamos de equidad, justicia y trato digno, para señalar los retos que aún enfrentamos para hacerlos realidad. Continúa siendo una emergencia la violencia de género, prioritariamente aquella que ocurre en una relación o ex relación íntima. No hay duda de que el número de feminicidios en el recién comenzado 2024 nos provoca gran sentido de impotencia. Compite fuertemente en la lista de prioridades la búsqueda de soluciones para la pobreza que afecta en mayor medida a las mujeres y se exacerba cuando se trata de jefas de familia, con crías menores de edad y sin la presencia del padre en el hogar.  La falta de vivienda apropiada, digna y accesible está directamente relacionada a la violencia de género porque la carencia de un techo se convierte en un disuasivo para terminar con la relación abusiva.

Han sido de especial atención este marzo la publicación de investigaciones sobre la desigualdad salarial en empleos y puestos de trabajo iguales o comparables, problema por el cual también luchaban nuestras antecesoras de principios del siglo pasado. Mejoras se han logrado, pero continúa la discriminación, a pesar de que hay legislación para atender el problema. Lamentablemente, como en muchos temas relacionados con las mujeres y con la comunidad LGBTTQ+, ha faltado voluntad para fiscalizar su implantación. Gran parte de la responsabilidad recae sobre el Departamento del Trabajo y la OPM.

Los derechos relacionados con nuestra salud sexual y reproductiva siguen bajo asedio debido a los fundamentalismos que han alcanzado voz y voto en la Legislatura a través del Proyecto Dignidad. Se les unen en un perfil más bajo, pero cómplice y oportunista, integrantes de los partidos de mayoría. Las feministas, organizaciones defensoras de los derechos humanos, profesionales de la ciencia médica y la salud pública les hemos contenido con la vigilancia y militancia constante, pero nos hace conscientes de cuán importantes son las próximas elecciones respecto a la imperiosa necesidad de escoger partidos y candidaturas que respondan a las necesidades reales del Pueblo, del cual somos parte mayoritaria. Aunque pretendan invisibilizar el quehacer de las mujeres, la realidad es que cargamos sobre nuestros hombros grandes responsabilidades que mueven a la sociedad.

Como independentista y haciendo referencia al mes de marzo, no puedo dejar de mencionar dos importantes acontecimientos que forman parte de la memoria colectiva y que nos recuerdan la necesidad de continuar luchando por la descolonización de nuestra Patria: el ataque al Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo de 1954 por Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero y la Masacre de Ponce el 21 de marzo de 1937, la cual dejó un saldo de 21 personas asesinadas y más de 100 heridas, a manos de las autoridades gubernamentales.

Parecería que no hay conexión entre unos y otros temas que no sea la coincidencia del mes de marzo, pero todo forma parte de la reivindicación de los más fundamentales derechos humanos.

Especial para CLARIDAD

Cuando estas líneas sean publicadas dos eventos estarán sucediendo. Debe haber llegado a su final las vistas que se llevan a cabo en el tribunal federal localizado en Hato Rey para aprobar por parte de esa institución imperial la propuesta, la cuarta propuesta, que presenta el otro instrumento imperial conocido como Junta de Control Fiscal. Se trata del mecanismo establecido por el Congreso de los EEUU para gobernar en la colonia llamada Puerto Rico. Se trata del cinismo conocido como PROMESA que garantiza a los bonistas e inversionistas el pago de su inversión en la colonia.

Esta inversión llamada deuda para que el colonizado sienta alguna obligación moral por los actos de los imperialistas y sus socios capitalistas no es legal. El principio que debe prevalecer es que ese negocio de la deuda se hizo entre socios capitalistas donde el pueblo puertorriqueño no participó, por tanto corresponde a EEUU asumir la responsabilidad total de ese mal negocio llamado deuda.

Sin embargo, los más de cien años de coloniaje van creando en la mente colonizada de muchos la creencia de sentirse iguales al opresor y actuar incluso en su nombre. Claro, existen intereses económicos comunes y oportunidades de hacer otros negocios alrededor de la deuda. El pleito legal y los patrones de gobernanza que se ha dirigido y timoneado entre la Junta, el tribunal federal y los bonistas ha producido millones de dólares en ganancias a bufetes de abogados, asesores, consultores, burócratas de todo tipo y sobre todo a las empresas que han venido a comprar e invertir en los espacios públicos que pasan de “deuda” a un nuevo negocio privado y rentable. Así vemos el rendimiento favorable de vender o alquilar carreteras, sistemas de peaje, el transporte marítimo, la generación y distribución de la energía, la venta de edificios, residencias y terrenos, programas de educación y la salud, entre otros.

Cada negocio de una entidad clasificada como deuda por la Junta de Control Fiscal implica estudios, auditorias, asesoramiento legal, búsqueda de financiamiento, hipotecas, pagos por servicios de financiamiento y más. ¿Quién paga? Usted y yo. Los contribuyentes y consumidores residentes en el país. Y lo pagamos varias veces, una vez al año al rendir la planilla de contribuciones sobre ingresos, o tal vez mensualmente cuando le retienen del salario la contribución; la pagamos diariamente cuando compramos un articulo y nos imponen el IVU (también deuda llamada COFINA, así clasificada por la Junta); la pagaremos mensualmente por 30 o 40 años en las facturas de energía, agua y otras utilidades que contienen impuestos encubiertos.

El otro evento que anuncie al principio de este artículo es la realización de una marcha de pensionados del gobierno que busca lograr apoyo a un reclamo sencillo. Que se les otorgue en su pensión un ajuste anual por la inflación equivalente al porcentaje que determine el sistema de seguro social federal en sus pensiones. Este reclamo surge porque desde la década de 1990 el gobierno dejo de cumplir sus responsabilidades con el sistema de retiro del gobierno. Retiraron fondos para asuntos ajenos al sistema de retiro, no realizaron los ajustes necesarios y responsables para la salud financiera de los sistemas, se dedicaron a excluir a los trabajadores del sistema y fueron privatizando el mismo lo cual sucedió para el año 2000.

Las consecuencias de estos actos del gobierno no produjeron arrestos a sus gestores, pero si tuvo graves efectos sobre los beneficios y pensiones a los trabajadores públicos. Perdieron beneficios directos como  son la oportunidad de financiar su residencia, perdieron las pensiones por incapacidad, perdieron beneficios de aportación al plan médico, bonos de navidad y ajustes por inflación. También se redujo la pensión futura para empleados que fluctuó desde un 75% a un 40%. Se añadieron años adicionales a la edad de retiro y a su disfrute.

Todas estas medidas concluyeron en un plan de deuda controlado por la Junta de Control Fiscal dirigido a eliminar el concepto de sistemas de retiro y pensiones en el gobierno. Eliminaron el sistema del gobierno, el sistema de maestros y policías, el sistema de la judicatura y pretenden destruir el sistema de la AEE y de la Universidad de Puerto Rico. La destrucción de estos sistemas beneficia de los seguros y la banca privada que promueven programas de inversión que les dejan amplias ganancias a las empresas privadas, asesoras de la Junta y pertenecientes a los bonistas-inversionistas.

La gravedad de todo esto es que se suman actores a favor de la deuda y el coloniaje que uno supone debería estar al lado del pueblo. Nos referimos entre otros a los sindicatos norteamericanos que apoyaron la ley PROMESA y han cabildeado para incluir sus representantes en la Junta o asegurar asientos en los acuerdos impuestos, como es el caso de los pensionados. Otros actores vinculados son el Partido Demócrata y sus frentes que operan como organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales. Estos reciben fondos del gobierno para ofrecer servicios que fueron eliminados o limitados presupuestariamente en las agencias de gobierno. Al final, son parte del proceso político del coloniaje impuesto desde 1898 hasta el presente.

Lo grave del resultado es que las estructuras de gobierno creadas en el siglo pasado y los esfuerzos del pueblo por adelantar causas de justicia social, mayor educación, lograr empleos y vidas dignas se ven amenazadas y lamentablemente se hacen realidad para muchos emigrando hacia el norte. Para los que resistimos y nos quedamos nos ofrecen pagar la factura de la deuda ilegal y la precariedad como futuro.

Se hace imperioso entrelazar luchas y lanzar puentes entre quienes hemos identificado al gobierno imperial de EEUU y al complejo sistema capitalista como los responsables de nuestra realidad. Solo así  nuestra resistencia sea efectiva, sumará nuevas fuerzas de aquí y de allá para rescatar la esperanza de que otra sociedad y otro mundo es posible.