CLARIDAD
“Lo que nos preocupa es que la presentación de la secretaria enfatizó que es posible llegar al 100 % de energía renovable, pero que hay que tomar decisiones difíciles. ¿Quién las va a tomar, el Gobierno federal?”, cuestionó el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, respecto al Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico (PR 100) presentado por la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, siglas en inglés).
La observación es uno de los aspectos que eleva a la atención el CNE, luego de un análisis de los hallazgos de PR 100, el cual afirma que Puerto Rico puede alcanzar el 100 % de su energía renovable para el 2050 sin utilizar terrenos agrícolas. En entrevista, Marxuach señaló que el estudio presenta tres escenarios y que es al Gobierno de Puerto Rico al que le toca escoger cuál de los tres escenarios prefiere, si no escoge ninguno o si desarrolla uno nuevo. “Eso es a lo que yo veo que no se le ha dado seguimiento, por eso es que hacemos este análisis”.
Marxuach planteó que si bien es factible alcanzar para 2050 el objetivo de generación en Puerto Rico con fuentes de energía 100 % renovable sin utilizar tierras agrícolas a gran escala, sin embargo, el costo económico de la transición es bastante significativo, independientemente del escenario.
Explicó que a menor uso de terrenos agrícolas, la energía para el consumidor resulta más cara debido a que habría que tener más instalaciones pequeñas, lo que requiere más interconexiones con el sistema y más infraestructura para conectarse a él. Es decir, más cables de distribución y transmisión versus fincas solares grandes.
Agregó que, de hecho, ya para el año que viene, el país está tarde para cumplir con el 90%. “Hay que tomar unas decisiones de si se escoge proteger las tierras agrícolas. Perfecto, ahora tenemos que saber que eso va a tener un costo adicional en la factura. Por otro lado, si se utiliza terrenos agrícolas, se sacrifican. Ahora, ¿quién toma esa decisión, basado en qué criterios? Eso es lo que nos preocupa y está todo como tapado, con poca transparencia”.
Respecto a si el PR 100 estimó cuánta producción se va a necesitar, considerando que habrá menos población, indicó que la demanda puede variar por dos factores. El primer factor es que el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) requiere que se implementen medidas de eficiencia energética para reducir el consumo, debido a que hay mucho consumo que es ineficiente. Según el análisis que hizo el DOE, se van a lograr unos supuestos ahorros generados por eficiencia energética, y el objetivo de PR 100 es aumentar la eficiencia energética por 30 % al 2050. Marxuach observa que el DOE dice en un lenguaje muy diplomático que esa meta es ambiciosa y que no cree que se logre. La estimación del DOE es que la reducción podría ser de tan solo un 18 %, aun utilizando enseres más eficientes.
El otro factor es que hay que sumarle la electricidad adicional que utilizarían los vehículos eléctricos que ya están entrando al mercado y que de aquí al 2050 se espera que dominen. De acuerdo con Marxuach, entre esos dos factores pudiera haber un escenario donde la demanda en el 2050 sea más alta, aun con menos población. El DOE alerta de que se debe tomar en consideración ese análisis cuando se esté planificando para no quedarse corto en caso de que eso sucediera.
Dado al nivel de incertidumbre de cuál modelo escoger y cuánto será la demanda, la recomendación del CNE es el que el DOE, la Junta de Control Fiscal, Genera, LUMA, la AEE y el Negociado de Energía se reúnan y busquen un acuerdo. Según el DOE, la tarifa promedio al consumidor aumentaría entre un 66 % y un 83 % entre 2020 y 2025, dependiendo del escenario que se aplique. Marxuach hizo la observación de que un aumento de tarifas de esta magnitud tendría efectos adversos graves en la economía de Puerto Rico a corto plazo y que ello no es viable desde el punto de vista económico. De imponerse ese aumento, sería necesario mitigar sus efectos negativos mediante subsidios, una extensión del plazo para lograr la transición o mediante otras políticas públicas, advirtió.
A la interrogante de si cree que ya es tarde para que todos esos entes se reúnan y busquen un acuerdo, el director de Política Pública del CNE considera que todavía se está a tiempo, debido a que tribunal todavía no ha decidido qué se va a hacer con los bonistas. “Lo que me preocupa es que se utilice un escenario para determinar la estipulación de la restructuración financiera de la AEE y se utilice otro escenario para la planificación operacional de la AEE. Entonces hay un desfase entre lo que se dice que se puede pagar a los bonistas y lo que en verdad se puede usar de energía renovable. Se deben sentar en la mesa y ponerse de acuerdo”.
Marxuach recalcó que para que haya concordancia se debe insistir es que si se utiliza un escenario para pagar a los bonistas, se debería utilizar el mismo escenario para planificar el sistema. “Pero no hemos visto esa concordancia con lo que está pasando con la deuda y, por otro carril, lo que está haciendo el Negociado con LUMA y la AEE en términos de planificar la transición”.
El director de política pública del Centro para la Nueva Economía considera imperativo que en Puerto Rico todas las partes — agricultores, grupos ambientalistas, el Gobierno y los representantes de consumidores— lleguen a acuerdos. “El objetivo es que empiece este diálogo; no es crear controversia por crear controversia ni molestar a nadie. Al contrario, son decisiones difíciles que hay que tomar y que nadie les quiere meter mano. Hay que sentarse en una mesa y decidir cuál es el escenario y cómo se implementa”.
