La existencia del ser humano está delimitada en las sociedades contemporáneas por una serie de “principios” o derechos. Derechos que se deben conocer, divulgar y exigir para una mejor calidad de vida que trascienda las limitaciones del tiempo. Conviene señalar que exigir esos derechos desde el presente nos permite honrar a los hombres y a las mujeres del pasado que lucharon, precisamente, para que el bienestar y la justicia social tuvieran su lugar en las sociedades del futuro que soñaron.
Expresado lo anterior, debo advertir que es cierto que las arbitrariedades de las autoridades, o del poder, en ciertas ocasiones –o las más de las veces– acechan y transgreden nuestros derechos. Derechos por los que la humanidad –todas las personas que históricamente han estado al otro lado del poder– ha tenido que esperar tanto; e incluso morir por ellos. No obstante, el conocimiento [de esos derechos] permanece como luz en el camino en este devenir del ser humano en sociedad. Y en ese devenir del ser humano, los derechos culturales tienen un rol protagónico. Conocerlos y exigirlos es necesario. Los derechos culturales se integran a la base de los derechos humanos.
En primer lugar, ¿qué se ha discutido con respecto al tema? El Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) nos ofrece los cimientos de esta discusión:
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. / Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Una conversación amplia sobre los derechos culturales en Puerto Rico, a 76 años de esta declaración como parte de los derechos humanos, es necesaria. La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization / Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha permitido que esta conversación en torno a los derechos culturales evolucione:
- 1966 –Artículo 15 del «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales»
- 1972 –La «Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural»
- 2001 –«Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural»
- 2003 –La «Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial»
- 2016 –«Los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural».
Por consiguiente, en la actualidad, ya son varios los países los que se han insertado en esta conversación. México, por ejemplo, es uno de los más activos y a partir del año 2009 los Derechos Culturales se «constitucionalizaron» en este país. Costa Rica, Perú y algunas regiones de España también se han interesado por esta discusión.
¿Cuánto se conoce en Puerto Rico sobre el tema? En el caso de Puerto Rico –una colonia de Estados Unidos– es poco lo que se conoce sobre estas conversaciones entre naciones. Es por ello por lo que debemos tener la iniciativa de insertarnos en lo ya discutido e incluso proponer ideas al respecto. Y nos incumbe tomar acción a los que trabajamos en el ámbito cultural puertorriqueño. Para ello, es menester preguntarnos: ¿Qué son los derechos culturales? ¿Cómo me atañen estos derechos?
Primero, debemos tener una idea clara respecto a lo qué es cultura. Por lo que me abocaré de inmediato a un intento de definición que surge de una meditación que aún continúa. La cultura es nuestro entorno –todo lo creado por la humanidad en épocas y escenarios determinados– y también lo que acontece en nuestro interior: conocimientos y creencias. En esa interacción del ser humano –su raciocinio y espiritualidad– con su ambiente, es que la cultura ocupa su espacio protagónico. Es en esa relación que se crea la cultura: una cultura que atañe tanto a lo colectivo como a lo individual y es nuestra manera de comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Esto nos permite interpretar nuestras vivencias y el entorno que le da acogida, además de asignarle valor a nuestras relaciones familiares y comunitarias. Sin duda, la cultura es diversa en el mundo e incluso en nuestra comunidad y es por ello por lo que reconocer esa diversidad nos permite abrazar la solidaridad, la empatía, la paz y la justicia. También es identidad. Una identidad con múltiples lenguajes que nos facilitan elementos para comprender nuestra existencia y la de otros. La cultura es todo lo anterior y más, pues, es un «todo complejo» (Edward Burnett Tylor 1871). Sí, la cultura es inmensa, al igual que su fuente de origen: el ser. Y la historicidad del ser es lo que, en efecto, ha dado paso a ese «todo complejo» que nos define como humanidad. Para el barcelonés Antonio Monegal, «la cultura es el marco ineludible de nuestra existencia» (2022).
Luego de exponer una reflexión acerca de lo qué es cultura, puntualizo que nos urge esta conversación: hablar de la cultura como ámbito esencial de toda sociedad, y de cómo los derechos culturales se relacionan con nuestro bienestar y desarrollo social. Un bienestar y un desarrollo que no depende de valoraciones cuantitativas, sino de proveernos las herramientas apropiadas para la expresión, la comunicación, el cuestionamiento, e incluso para una “potencialidad” en nuestra calidad de vida. Una calidad de vida que se ha visto trastocada en el transcurrir de los años y que mucho tiene que ver con nuestras experiencias y expectativas, entusiasmo en lo que hacemos, inquietudes ciudadanas y mucho más. Ese devenir en la potencialidad de nuestra calidad de vida tiene su puesta en escena en el ámbito cultural por todo lo hasta ahora expresado en favor de la cultura. La significación de la cultura mantiene un vínculo muy fuerte con la calidad de vida de la humanidad y es en ese vínculo donde tiene lugar el derecho. Y es menester el diálogo acerca de cómo ese derecho a la cultura es, en efecto, nuestro legado ancestral –material o inmaterial– y como legado que es, ahí está a nuestro alcance para el desarrollo de nuestras aptitudes humanas, además de nuestra sensibilidad y solidaridad.
¿Cómo trasladar esta reflexión a la realidad de la sociedad [colonial] puertorriqueña? En otros foros propios de la escritura ya he subrayado que el derecho a la cultura toma en cuenta, en primera instancia, a los habitantes del país –de todas las edades– para que todos se sumen a la divulgación de la memoria colectiva, a la apreciación de las artes, al disfrute de las diversas expresiones culturales; y al diálogo y la discusión en torno a la preservación y conservación del patrimonio. La instituciones educativas, culturales y turísticas de Puerto Rico deben unirse y crear agendas “correlativas”, además de proyectos “curriculares” para todo el país. Agendas “abiertas” y dinámicas que no se queden en tinta y papel. La comunicación entre estas instituciones –públicas o privadas– debe ser clara y constante. Estas instituciones deben repensar una y otra vez su rol en el colectivo al que pertenecen. El derecho a la cultura en Puerto Rico requiere de alianzas.
Hasta este momento, he intentado proponer que la conversación sobre los derechos culturales es necesaria. Y es necesaria por la correlación [natural] de la cultura con la humanidad. Esta conexión o relación recíproca ha redundado a través de los años en la creatividad o inspiración humana tanto en el ámbito artístico como científico. Hablar sobre derechos culturales es historiar siglos de ingenio humano.
Ahora bien, así como en Puerto Rico no se dialoga respecto a los derechos culturales, es decir, no se ha tomado en cuenta la perspectiva del derecho al momento de apreciar o analizar nuestro acervo cultural, de manera paralela las autoridades nos han trastocado esos derechos. Esa falta de diálogo no nos ha permitido percibir con claridad la agresión tan consistente por parte de grupos elitistas capitalistas o de círculos de poder en Puerto Rico.
Como ya se conoce, nuestro patrimonio cultural se ha visto amenazado por el gobierno colonial. No tenemos acceso a lugares históricos que deberían estar abiertos al pueblo. Lugares diversos en todo el archipiélago puertorriqueño que son un reflejo de nuestra diversidad cultural y, por lo tanto, debemos protegerlos para el acceso, precisamente, a esa diversidad que nos caracteriza y que nos permite sensibilizarnos aún más. Somos testigos del abandono de teatros y museos: espacios [aún] vivos que son potencialmente idóneos para la circulación del conocimiento y la solidaridad cultural. ¿Y qué podemos decir del cierre de escuelas públicas y del abandono de estructuras o edificios que han sido catalogados como «estorbo público»? Este «estorbo público» ha sido otro negocio más.
Por otro lado, ¿y la venta del antiguo Seminario Conciliar de San Juan? Esta venta debe catalogarse como un crimen y tanto el gobierno como la Iglesia deben responder por esta acción. El Seminario Conciliar de San Ildefonso le pertenece al Pueblo. Este lugar histórico ha sido espacio de evolución intelectual, símbolo de nuestra identidad puertorriqueña y de lucha por una educación accesible en Puerto Rico y, por lo tanto, debe permanecer abierto como parte de nuestros derechos culturales. El periodista, político, maestro, científico e historiador José Julián de Acosta y Calbo, en sus Notas de 1866, ya resaltaba la significación de este edificio y promovió desde entonces su preservación y conservación gracias a su texto –la escritura histórica como elemento esencial del patrimonio, además de que es igualmente patrimonio–. Acosta pertenece a una generación historiográfica de puertorriqueños que nos legaron una escritura de la historia crítica y una identidad cultural que precisamente cuestionaba las imposiciones de un poder arbitrario. ¿Cómo es posible que haya prosperado esta venta funesta? El Seminario Conciliar es patrimonio cultural de Puerto Rico y su venta ha sido una agresión a la dignidad humana de los habitantes de Puerto Rico.
Sin duda, nuestra memoria colectiva se encuentra amenazada; nuestros derechos culturales están en juego. El que no se hable de los derechos culturales en Puerto Rico no quiere decir que no existan. Debemos cuestionar las prácticas irresponsables, irrespetuosas, violentas y criminales por parte de las autoridades con relación a nuestro patrimonio construido. El patrimonio construido puertorriqueño continúa en venta.
Reitero que nos urge promover esta conversación y reflexionar acerca de los derechos culturales como uno de los elementos principales para el ejercicio y la constancia de los derechos humanos en nuestras comunidades. Los derechos humanos de las personas no están completos si no se toma en cuenta el rol de la cultura en el devenir de cada sociedad. Son diversas las personas y las organizaciones que trabajan por el derecho a la cultura en Puerto Rico. Organizaciones, artistas, historiadores y abogados que han unido voluntades para hacerle frente a la ignorancia y a la violencia continua de los gobiernos de turno liderados por el bipartidismo “PNPPD”; y a un poder estadounidense que lo único que ve es “basura” en la diversidad cultural más allá de sus fronteras. Organizaciones y portavoces de la cultura puertorriqueña de los que muy pronto conocerán su plan de trabajo colectivo para la defensa de los derechos culturales de todos los habitantes de Puerto Rico.
