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Habrá que leer, ya sea en agosto o cuando sea

 

Mauricio Escuela

Durante una lectura en la Casa de América en España en el año 1997, Gabriel García Márquez dio a conocer el resultado parcial de una obra de ficción que estaba concibiendo. A sus más de setenta años, el autor consagrado ya pensaba en sus memorias y en aquella novela que relataba los avatares de un anciano que quiso regalarse en su cumpleaños el amor de una adolescente de trece años (Memorias de mis putas tristes).

Por entonces no se había extendido el universo de las redes sociales e internet estaba atravesando formas de reconversión que lo transformarían en la vía por excelencia de consumo cultural, mercado y jerarquización de la vida. El escritor, formado en la vieja escuela de la mecanografía y de las coberturas periodísticas para diversos medios, no imaginaba que, en el 2023, en plena transición hacia un nuevo tecnoparadigma, las editoriales estarían contemplando publicar aquel lejano manuscrito.

Una obra llamada En agosto nos vemos narra las vicisitudes de una mujer cercana a los cincuenta años, que está casada y con hijos y que, no obstante, posee dos obsesiones: visitar la tumba de su madre y hallar entre los amantes el sabor y el recuerdo de su primer hombre. Una historia de reencuentros imposibles.

Gabriel García Márquez, a diferencia del resto de los autores del Boom latinoamericano, posee una metodología emocional para buscar el ser del continente. Si en Carpentier se halla la sabiduría cartesiana del siglo XVIII y se imbrica la razón con el mito para mostrarnos una tierra poblada por su propia lógica universal, en la narrativa del Gabo se trata de esbozar siempre —desde lo imposible— la posible sobrevida fantasmal de algún recuerdo.

El pasado es el protagonista de las obras garcíamarqueanas, en las cuales los personajes poseen siempre un ser perdido con el que intentan reencontrarse y de esta forma tomar sentido. La soledad, la mayoría de las veces, sale victoriosa y los caracteres quedan abandonados con sus conflictos u obtienen una gratificación a medias entre la desazón y la conformidad.

Ese es Gabriel García Márquez y, al parecer, la fórmula se repite en esta nueva novela que la crítica especializada y los privilegiados han comenzado a reseñar. Sin embargo, una polémica se ha desatado en torno a En agosto nos vemos y es la que está relacionada con el respeto por la voluntad autoral, que tendría que ser incluso parte del propio derecho legal de quien produce la obra.

Y es que García Márquez nunca entregó los manuscritos a la editorial porque no los consideraba a la altura de la calidad requerida. Fallecido, sus hijos se dieron a la tarea de manejar los derechos y los cobros. Sin dudas, la salida hacia las imprentas de esta obra póstuma es también una cuestión de mercado.

El escritor de este tiempo, Salman Rushdie, ha dicho que hay que tener cuidado con episodios en los cuales la voluntad es vencida por el interés. No se está ante un caso parecido al de Kafka con su albacea Max Brod, quien desobedeció la orden de quemar todo.

Gabriel García Márquez dispuso del juicio necesario en vida para relegar sus papeles póstumos al silencio. Nadie como él para ser el mejor crítico de la obra que estaba vertebrando. Según Rushdie habría que respetar a los autores, quienes tienen derecho a cuidar el tono y la calidad de su discurso literario, a preservar su prestigio.

 

Hay obras iniciáticas o incluso finales, en las cuales no se logra el aliento suficiente y los que las hacen deciden esconderlas. Claro está, cuando se trata de una firma como la de García Márquez poco importa que sea un libro menor, igual será vendido en todo el circuito del mercado y habrá enormes ganancias para los herederos.

Pero más allá de este punto de inflexión, los hijos del Gabo aluden en su defensa que también tienen un interés por promocionar En agosto nos vemos, pues creen que existen en los manuscritos valores y logros suficientes. Aunque los herederos del escritor no poseen una formación filológica rigurosa para emitir tales criterios, habría que leer la narración y esbozar un análisis profundo en torno a su propuesta estética.

Una marca que está relacionada con la actualidad creativa es la ausencia de figuras que determinen un discurso propio y original. Hay autores de peso, con obras interesantes, con una conexión con la tradición literaria y el público, pero desde décadas atrás se comenzó un proceso de cosificación de la lectura y del consumo que fue limitando el surgimiento de discursos alternativos.

El mercado estableció las pautas de lo que entiende como valioso. Así, por ejemplo, la poesía vende menos que la narrativa y el cuento menos que la novela. Si usted quiere lograr un nombre, tendrá que cumplir con esa escala de estándares o será invisibilizado.

 

Ello genera una compulsión en los autores hacia el éxito material y la venta, que de alguna forma lastra la lucha interior por alcanzar una madurez en la expresión artística. A su vez, los tiempos que corren son derivados del cuestionamiento a la noción de autor, que está emparentado con la disección de la condición humanista de la Historia hecha por el posmodernismo y el estructuralismo.

El discurso como una entidad construida socialmente sustituyó la noción de sujeto y de ente constructor del universo. No existe una verdad revelada ni una hallada, sino que se construye y destruye de manera cíclica y como parte de una lógica interna compulsiva que puede ser caótica. Precisamente el Boom Latinoamericano obedece a este influjo posmoderno.

Si el autor es una creación cultural que resulta tan ficcional como los propios personajes y no hay entonces una credibilidad certera en sus palabras, se impone el juego con el pastiche, la búsqueda de un sentido lúdico de la estética y no ya racional.

García Márquez en su novela cumbre Cien años de soledad pretendía eso precisamente, encontrarse a sí mismo como autor en los restos del pasado que permitió y que fraguó su sensibilidad como artista.

El propio Gabo, consciente de no poseer todas las verdades, prefiere que sus personajes muestren un ser caótico y en ocasiones irracional que no conduce a ninguna parte que hacia el interior de sí mismos. El arte como una caja de resonancia en la cual todo lo que se construye halla un eco hacia el interior de las subtramas y de la subjetividad de cada quien.

Pero si el Boom convierte la crisis del autor y de la novela en una oportunidad para crear y ello se traduce en un éxito de mercado, el sistema editorial de hoy no está dispuesto a trasgresiones que resulten riesgosas y sería descabellado pretender que en esas condiciones se aprovechen los presupuestos filosóficos para una hechura más acabada.

El mundo de las redes sociales por demás no solo cuestiona la noción de autoridad del sujeto, sino que tritura todo intento de discurso en la dinámica instantánea de consumo. La rapidez y la bestialidad del dispositivo de comunicación o de incomunicación establecen un ruido que fragmenta cualquier intento por vertebrar un discurso. De manera que lo que antes se veía como una construcción y una deconstrucción es solo una destrucción.

Ese es el contexto en el cual se propone la salida de la obra póstuma de un autor que no creó en tales condiciones, ni siquiera las imaginó. Habría que analizar si determinados libros son más propios de un tipo de era y de un público y ya pecan de extemporáneos cuando pasan los años y las nuevas lógicas imponen su trituradora forma de consumo.

En Cien años de soledad, el coronel Aureliano Buendía ofrece quizás la respuesta. A pocos días del armisticio que culmina la larga guerra que acontece en dicha novela, él acude a una panadería y pide que quemen todos sus manuscritos en el horno. El gesto expresa la metáfora de que existen parlamentos, palabras, marcas del lenguaje, que solo son apropiados para un contexto, para un determinado proyecto. Cuando las condiciones cesan o son adversas, el mejor recurso es el silencio. ¿Será el caso de En agosto nos vemos?

García Márquez quiso que lo amaran a través de su literatura. Su gran tema son los afectos, las cuestiones del corazón. Pero este conflicto entre el apego y el desapego el autor lo expresó a partir de su metáfora esencial que es la ficción literaria. Si el discurso, en este caso la obra en sí, caduca, el mensaje y su esencia proteica desaparecen.

Gabo poseía aún la marca de la vieja creación humana, que, a pesar de estar en crisis en sus postulados, aspiraba a un sentido transformador. Hoy el mercado lo que está valorando no es lo que dijo el autor, sino cómo esa firma puede resultar relevante en términos económicos.

Hay que ver en el interés editorial por los libros póstumos e inéditos de grandes autores una recurrencia a un elemento seguro para obtener ganancias en un mundo en el cual el surgimiento de escritores con una obra poderosa es cada vez más difícil.

En España, un grupo de hombres tuvo que crear un personaje ficticio llamado Carmen Mola para burlar los prejuicios de los jurados. Cuando se supo finalmente acerca de la tomadura de pelo, todo quedó como una travesura de un proyecto colectivo en una era en la cual se confía poco en la voz auténtica del creador individual e incluso se le bloquea.

Carmen era, para la crítica, un mito, el de la mujer desconocida que se impone en un universo competitivo y de hostilidades. El relato sobre el autor también era parte del empaque que idearon los tomadores de pelo. Pero más allá de un ejemplo que evidencia hasta dónde llega la crisis de la noción de autor —atravesada por mediaciones extraliterarias que van desde el mercado hasta los prejuicios— hay que analizar que es este y no otro el contexto en el que va a nacer la obra tardía de García Márquez.

Las lógicas envejecen y pueden tornarse ilógicas e incomprensibles. También existe un miedo a la incoherencia que proviene de la edad avanzada y cercana al Alzheimer en la cual el escritor colombiano escribió En agosto nos vemos. De alguna forma, un sector sensacionalista de la crítica y del propio circuito de ventas, explotan ese morbo de colocar en crisis a uno de los paradigmas, mostrando su vulnerabilidad. Todo en el presente se transforma en mercancía, más aún si se nos empaca en ese halo de voyeur que alela la percepción de no pocos consumidores.

Mario Vargas Llosa, quien ha llegado a ver este momento de la Humanidad, si bien sus afectos han mutado, también anuncia su última novela: Les dedico mi silencio, en la cual analiza una vez más las cuestiones que más recurrentes son en su obra, a saber, la política del continente, el poder y sus manejos y la crisis de la utopía social.

Desde su punto de vista neoliberal, el peruano se da cuenta de que su voz está también desfasada y aunque aclara que sigue y seguirá escribiendo, el tiempo que le toma crear una novela —cuadro años— puede ser significativo a su edad de 87 años. O sea, está consciente de que la rapidez de este instante, la destrucción de contenidos propia de la dinámica del presente, no va con la velocidad en la cual él se mueve.

Hay una muestra más de la noción de la crisis del sujeto o autor en este gesto de Vargas Llosa. Solo que él declara en vida su voluntad de silencio, elige quedarse con la espada o con la pluma quietas y no ir a una batalla a la cual ya no pertenece. ¿Habría que poner en contexto este otro ejemplo para llegar a un punto de determinismo en torno a la salida de la obra póstuma de García Márquez?

Si el peruano en vida renuncia a su podio como autor de ficción, al colombiano lo sacan de su sueño eterno y lo lanzan al mercado. Cuestiones que pudieran de alguna forma ser parte del debate en torno a la cultura, pero que quedan en la vera de los medios y de la farándula.

En ambos autores siempre hubo una tensión de significantes que se mantiene hasta en las obras tardías. Gabo nos habla, en su título, de vernos en agosto, mes de verano en el hemisferio, de reencuentros, de recuperar ilusiones y de revivir recuerdos. Vargas Llosa alude al silencio, a la parquedad, y declara que ese es su legado. Si uno nos promete la conversación y la continuidad, otro nos dice que ya no le queda nada por contar.

A los lectores nos enamora la promesa de vernos en agosto o en cualquier mes del año, cuando tengamos de vuelta a un García Márquez que quizás no entienda este mundo, pero que sigue siendo una voz autoral fuerte. He ahí el valor que sigue poseyendo cualquier gesto editorial: el del acercamiento propio del público con la obra y las resonancias y significantes que de esa dinámica ancestral se derivan. Habrá que leer, ya sea en agosto o cuando sea.

 

Reproducido de www.lajiribilla.cu

 

Puerto Rico y la reforma contributiva

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Para el economista Heriberto Otero Martínez es muy probable que la Junta de Control Fiscal (JCF) acuda otra vez al tribunal, como hizo con la llamada Reforma Laboral, para impedir que se aplique la reciente Reforma Contributiva aprobada por la Legislatura que espera por la firma del gobernador.

El pasado 16 de noviembre, la JCF dirigió una carta  al gobernador, Pedro Pierluisi, y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos en la que advierte que se reserva todos sus derechos, incluidos aquellos bajo las Secciones 104(k), 108(a)(2) y 204 de PROMESA, para tomar las acciones que considere necesarias, entre ellas, la búsqueda de remedios para prevenir y/o contrarrestar la promulgación, implementación del proyecto de Reforma Contributiva, PC 1839. La  JCF objeta que el proyecto de reforma causaría la pérdida este año de aproximadamente $750 millones y de casi $3 mil millones en los próximos cinco años. En la carta se invita a los presidentes de la Legislatura y al gobernador a reunirse con la JCF supuestamente para “trabajar juntos” un presupuesto que financie de manera adecuada los servicios y un plan integral de reforma contributiva.

En reacción a la carta de la JCF, el gobernador Pierluisi, en declaraciones a la prensa alegó que tiene 30 días para firmar la medida y que está dispuesto a enmendar el Plan Fiscal.

Para el economista y actual director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico (LCPR), quien en un inicio trabajó en el proyecto de reforma contributiva, con el simple hecho de que la Junta diga que algo es contra el plan fiscal, imposibilita enmendar el plan.

Martínez Otero fue enfático en plantear que como único el país se puede enfrentar a la Junta en temas particulares “es cuando vamos en consenso, unidos como país. Ejemplo, una medida de $200 millones para apoyar a familias trabajadoras”.  Aun cuando dijo que la realidad es que la reforma contributiva aprobada es costosa y no presenta alternativas al recorte presupuestario ni hace  recortes en la Ley 60, desde el punto de vista de política pública, el proyecto excedió lo que realmente debió haber sido una reforma contributiva o unos ajustes contributivos.

Como economista, destacó que la reforma contributiva debió concentrarse en tres aspectos fundamentales. Primero, en los temas de  cumplimientos y simplificación en el proceso de radicación de planillas. “Esa parte está bien hecha y se tiene que aprobar para evitar burocracia y trámites duplicados. El segundo debió ser una reducción en las tasas contributivas a familias trabajadoras, que tiene el efecto de aumentar lo que se conoce como el ingreso personal disponible, permitiendo a las familias llegar a fin de mes, cosa que con la inflación que estamos viviendo no todas lo están logrando. Y tercero, una reducción en tasas contributivas para las pequeñas empresas.

Con estos tres aspectos, destacó, sí se hubiera tenido un proyecto de reforma contributiva con justicia social, donde todas la sociedad  tendría un beneficio en términos de lo que es la simplificación del modelo contributivo, y las familias trabajadoras y pequeños negocios estarían recibiendo reducciones sustanciales en las tasas contributivas. Este proyecto hubiese costado entre $200 a $250 millones.

¿Qué pasó?, cuestionó Martínez Otero. Que el proyecto que de entrada que envió el gobernador tenía la rebaja a las familias trabajadoras, pero también metía el tema de la reducción a las grandes empresas.  Tanto el Ejecutivo como el Legislativo querían también introducir  rebajas contributivas para las grandes empresas y las grandes fortunas y le añadieron entonces bajar las ganancias de capital. Esto  creó un proyecto gigantesco que puede costar entre $500 a $700 millones, lo que lo hace improbable. La reforma debió concentrarse en bajar la carga contributiva sobre las pequeñas empresas y familias trabajadoras, lo que salía mucho más barato, explicó.

Martínez Otero hizo la salvedad de que estaba convencido de que si la reforma solo hubiese sido para  reducir la carga contributiva a las familias trabajadoras, la JCF se habría opuesto también. “Pero tendríamos un consenso de país y un número mucho menor para entonces poder decirle a la Junta que como país, con toda la fuerza parlamentaria y el ejecutivo, vamos a defender a las clases trabajadoras. Hay unos intereses tan fuertes protegidos, que cuando se vino a ver, le pusieron fácil a la Junta un proyecto que no va a tener futuro”, aventuró a afirmar.

El economista cooperativista señaló que ha habido una resistencia de parte del Ejecutivo en reconocer que gran parte de los excesos de recaudos que tiene el Gobierno, es decir Hacienda, tienen que ver con el estímulo de los fondos federales, los cuales han creado una burbuja y le están inyectando liquidez. “El Gobierno quiere mantener el discurso de que eso se debe a la buena ejecución de Hacienda”.

Aun cuando Martínez Otero dio crédito a que en términos de tecnología y ejecución Hacienda ha mejorado mucho,  todavía queda mucho dinero para la construcción, que es el sector de la economía que más eslabones tiene con los otros sectores. Y todavía queda el tema de la transición energética y la reconstrucción, por lo que quedan un par de años en donde se va a ver actividad económica financiada por los fondos federales ya asignados. La propia JCF y la Junta de Planificación, ambos dicen que vamos a estar creciendo cerca del 1 % en los próximos años, lo que podría tener un impacto significativo en términos de ingresos.

En fin, el economista recalcó que la reforma contributiva que se necesita en Puerto Rico es un impuesto sobre la acumulación de propiedades, sobre las grandes fortunas y poco a poco bajar las contribuciones a las familias trabajadoras, que son las que llevan el peso contributivo. Denunció que la lógica de coger un proyecto con buenas ideas y meter las ideas incómodas para que se aprueben es lo que ha malogrado esta legislación y otras.

 

 

 

 

Rechazan rescate a carbonera AES

 

Líderes de la Secretaría de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y líderes comunitarios de Salinas, Guayama y Peñuelas exigieron que se detenga el propuesto rescate económico a la carbonera AES Puerto Rico, que conlleva aumentar el costo de la luz a miles de familias en el país. El grupo de residentes de estos pueblos llevó a cabo una manifestación el lunes, 27 de noviembre, frente al Negociado de Energía, donde se celebraba una vista sobre la petición de AES.

El Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, criticó la acción del Gobierno de salvar a AES de su crisis financiera.

“Es inconcebible que se quiera rescatar a una empresa privada, aumentando el costo de la luz empeorando la situación económica de las familias en Puerto Rico. Ya AES cobra casi un millón de dólares diarios de fondos públicos, y como no supieron manejar sus finanzas, ahora pretenden salir a flote buscando que el Gobierno exprima aún más el bolsillo de las personas. En este momento, no tenemos un gobierno que proteja a la gente; Pedro Pierluisi sigue siendo el cabildero de AES”, expresó  Alvarado Guzmán.

El asesor ambiental del PIP participó de la vista pública que realizó el Negociado de Energía para evaluar las enmiendas propuestas al contrato de AES que viabilizarían el rescate a la empresa.

“El Negociado circuló un documento donde se tacharon varias cláusulas ocultando la información a la gente, entre estas, la cantidad de dinero adicional que se le pretende dar a AES. Eso es una falta de respeto al pueblo. Exigimos que se desclasificara ese documento y se diera un término suficiente para poder evaluar la información”, explicó Alvarado Guzmán.

Por su parte, la salubrista Bethsaida Bosa Matos, una de las líderes de la comunidad de Peñuelas que logró detener el depósito de cenizas tóxicas en su pueblo, catalogó como una tragedia mantener funcionando la contaminante planta de carbón.

“Mientras la carbonera de AES siga funcionando, seguirán perdiéndose vidas debido a su contaminación. La planta envenena diariamente el aire con diversos tóxicos que van directamente a los pulmones de las personas que viven cerca. Además, AES contaminó el acuífero en Guayama, esparció millones de toneladas de cenizas tóxicas en terrenos y sobre otros acuíferos de varios pueblos. El Gobierno ha permitido crear una crisis salubrista que no está atendiendo. Y eso, que el peor daño de AES aún no lo hemos detectado”, manifestó Bethsaida Bosa.

Los activistas denunciaron además que, como parte del rescate económico, el Gobierno se apresta a otorgar otro contrato millonario a AES a través de un proyecto de placas solares en suelos agrícolas, áreas ecológicas y sobre el acuífero en el área sur.

En Salinas, estas instalaciones tienen el rechazo de organizaciones y comunidades por el impacto que tendrá en la seguridad de los cientos de hogares cercanos en momentos de lluvias fuertes o huracanes.

Por último, Javier Biaggi Caballero, reconocido líder ambiental, dijo que el pueblo no debe pagar por la disposición de las cenizas tóxicas.

“Hay que insistir en que nosotros no debemos pagar la disposición de las cenizas, que es lo que busca AES, porque el contrato que se acordó inicialmente fue que las cenizas se exportarían, y durante años se ahorraron ese costo, al depositar millones de toneladas aquí en Puerto Rico, con el aval del Gobierno, sin resarcir los daños que han causado. En lugar de darle este regalo de Navidad millonario a AES, se debería llevar a los tribunales a esta empresa criminal para estimar los daños ambientales y a la salud, y que paguen. La planta de carbón no debe seguir funcionando un día más, pues el costo para el pueblo es muy alto”, explicó Javier Biaggi.

El PIP ha propuesto en su programa de gobierno, una vez asuma la dirección de este, comenzar el proceso de cierre de la planta de carbón, establecer legalmente la responsabilidad de la corporación AES en la contaminación del ambiente y el deterioro de la salud y no suscribir ningún contrato adicional con dicha empresa.

 

 

Editorial-New Fortress Energy debe responder a reclamos de comunidades vecinas 

Fotos del buque IS INEOS Independence en el puerto de New Fortress Energy en la zona portuaria de San Juan, Puerto Rico el 3 de marzo del 2022.

 

Nuevamente, los portavoces de  comunidades de San Juan, Cataño, Guaynabo y otras áreas aledañas al terminal de gas natural licuado de New Fortress Energy (NFE) en la Bahía de San Juan, han vuelto a reclamar de NFE y del gobierno de Puerto Rico un plan que mitigue los daños ambientales y de salud que padecen, y medidas de seguridad que minimicen riesgos de accidentes fatales, como incendios y explosiones que involucren a las embarcaciones de dicha empresa que almacenan y  acarrean el volátil e inflamable combustible en las inmediaciones del terminal.

También denunciaron que las agencias del gobierno concernidas y la Asamblea Legislativa no están cumpliendo con su responsabilidad de impulsar e implantar las medidas acordadas previamente con el liderato de dichas comunidades,  y que van  dirigidas a proteger la salud y a prevenir accidentes que comprometan la seguridad de los residentes en esas áreas.

Desde sus inicios en el año 2019, la operación de ese terminal de gas natural licuado en la Bahía de San Juan por la empresa New Fortress Energy (NFE) ha estado envuelta en una nébula espesa.  Dos años antes, el Huracán María había hecho trizas nuestro sistema eléctrico, y NFE, ya con operaciones en Jamaica, vio en Puerto Rico la oportunidad de continuar su expansión en El Caribe.

Sin embargo, su inicio en la Isla no ha sido auspicioso. Primero, retó y perdió ante un tribunal el pleito donde cuestionó la  jurisdicción de la Comisión Reglamentadora de Energía de Estados Unidos (FERC, por sus siglas en inglés) sobre sus operaciones en Puerto Rico. FERC revalidó judicialmente su potestad para reglamentar a NFE.

La empresa parece ignorar también los reclamos  de las comunidades circundantes y los argumentos razonados de grupos ambientales que han advertido no sólo del efecto negativo de las emanaciones  en la salud de la gente, sino del riesgo fatal que representaría una explosión provocada por un combustible altamente volátil e inflamable como el gas licuado.

NFE tampoco parece haberse enterado del final infeliz del proyecto de gasoducto del gobierno de Luis Fortuño y el PNP (2008-2012), que proponía llevar gas natural subterráneamente a través de Puerto Rico hacia las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Dicho  proyecto cayó abatido  ante la embestida de una organizada, combativa y masiva oposición del pueblo puertorriqueño. Por lo tanto, no es posible descifrar si la actitud disciplicente de NFE se debe a que descansa en la defensa y protección del gobierno de Puerto Rico, o si su impunidad emana de los  políticos en Washington y San Juan a los que ha contribuido para sus campañas.

Cualquiera que sea la razón, la percibida impunidad de NFE ha levantado la sospecha de mucha gente en Puerto Rico. Se preguntan qué gran poder está detrás de su operación de transporte de gas licuado, sobre todo, desde que se conoció en 2021 que había iniciado operaciones sin contar con el reglamentario permiso de uso de la FERC.

En resumen, ni los tropiezos iniciales, ni la oposición pública, ni la supuesta autoridad de FERC, han querido o podido ponerle orden a la actividad de NFE en Puerto Rico. Por el contrario, la empresa ha cobrado cada vez más fuerza. No sólo controla la Bahía de San Juan con sus cargueros y barcazas de gas natural, sino que también ahora controla la generación de electricidad en nuestro país, a través de su subsidiaria, Genera PR, «escogida» por el actual el gobierno de Pedro Pierluisi y el PNP para el contrato con que se privatizó la generación eléctrica que antes hacía la AEE. A nadie entre los círculos de poder parece llamarle la atención el hecho de que una sola compañía de combustible fósil (gas natural) como NFE cada vez tenga un pedazo más grande del pastel energético en Puerto Rico, lo cual contradice la política pública de mover  al país al uso de fuentes energéticas renovables, limpias, abundantes y asequibles.

Son muchas las preguntas que se quedan en el tintero. Por lo pronto, lo primero tiene que ser prevenir para no tener que lamentar. El gobierno de Puerto Rico y NFE tienen la responsabilidad de atender con seriedad  y celeridad las preocupaciones y reclamos de las comunidades amenazadas por una operación de acarreo de combustible contaminante y peligrosa, que representa un riesgo demasiado alto para la salud y la seguridad de miles de familias puertorriqueñas.

 

New Fortress Energy sigue sin tener certificación para funcionar

Conferencia de prensa de las comunidades de Cataño, Guaynabo y Vega Baja.

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Desde el 2019, organizaciones ambientales, representantes de dominaciones religiosas y de  organizaciones comunitarias que abarcan residentes de los municipios de Guaynabo, San Juan, Cataño y Toa Baja vienen denunciado la operación de la planta de gas New Fortress Energy (NFE) en el puerto de San Juan, sin todavía haber cumplido con todos los asuntos procesales para su operación y sin que ninguna agencia del Gobierno de Puerto Rico haya tenido alguna participación en el proceso.

En conferencia de prensa el lunes, el grupo,  encabezado por el reverendo Carlos Negrón Sánchez, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Puerto Nuevo, confirmó que en todo el proceso de investigación y gestiones de las organizaciones, la realidad es que no  han visto ninguna participación de alguna agencia del Gobierno de Puerto Rico.

Las organizaciones, que cuentan con la participación de la reverenda Diana Ceballos González,  ministra de la Iglesia Evangélica Luterana y la hermana dominica de la Santa Cruz, Liza Avilés Ríos, narraron que la poca atención que han recibido fue una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en el 2020, en la cual el personal de NFE nunca contestó las preguntas de la Comisión. A pesar de hacer manifestaciones frente al Capitolio en el 2020 y el 2021, hasta el presente no han sabido nada de lo que ha sucedido con la resolución RC 170. Incluso, en un momento, se hizo un acercamiento con la Oficina de Manejo de Emergencia del Municipio de Guaynabo, y allí  no tenían conocimiento de qué hace NFE ni sobre qué hacer en caso de que surja una emergencia.

En la conferencia  llevada a cabo en el litoral de Cataño, el grupo reiteró sus preocupaciones ante los riesgos que enfrentan las comunidades por las operaciones de NFE. Estos dieron a conocer  sobre el envío de una carta a la Comisión Federal para la Regulación de Energía (FERC, siglas en inglés) en la que le solicitan la celebración de una asamblea pública en Puerto Rico con las comunidades y vecinos afectados por dicho terminal.

Los portavoces denunciaron que todavía NFE tiene asuntos procesales ante FERC con los cuales no ha cumplido, como lo son una declaración de impacto ambiental, un plan de desalojo en caso de emergencia y la certificación de FERC para su funcionamiento. Precisaron que en el expediente de la solicitud de permiso de NFE ante FERC, los Mapas de Zonas de Peligro indican la extensión con los daños potenciales a residentes, bienes históricos, escuelas, negocios y a todas las demás actividades en los alrededores de la Bahía de San Juan.

“Nos parece que las zonas de peligro están subestimadas puesto que se calculan desde la premisa de eventos con tanqueros individuales de gas natural licuado, ignorando situaciones catastróficas en que se tomen en cuenta incidentes con los otros tanqueros que con frecuencia se encuentran cercanos a los de gas natural licuado de New Fortress, como los de la compañía de gasolina PUMA”,  denunció el grupo.

En particular, las organizaciones destacaron que un acuerdo entre Genera Puerto Rico y NFE para incrementar la generación de energía con gas en la Bahía de San Juan y la Central Palo Seco en Cataño con generadores transportables y la construcción de un gasoducto de 230 pies en el terminal de NFE en la Bahía de San Juan para suplir el gas a los generadores transportables de San Juan es indicio de que el uso del gas no es una medida transitoria como alegan el Gobierno de Puerto Rico, Genera y el mismo NFE.

“El consenso es que no haya gas. Supuestamente, eso es una medida transitoria; pero las acciones que estamos viendo no tienen nada de transitorias. ¿Por qué cambiar toda la infraestructura de las plantas? La intención no es transitoria, el esfuerzo es contrario al Plan de Recursos Integrados, que propone la transición a energía renovable. Nosotros estamos apoyando esa gestión de que haya esa transición mediante proyectos como Queremos  Sol, que ha hecho una propuesta responsable. Así que nosotros nos estamos oponiendo. No estamos viendo una transición”, expresó el reverendo Negrón Sánchez.

Una verdadera infamia

 En tanto, el asesor experto en Derecho Ambiental, licenciado Pedro Sadeé Lloréns, resaltó  la importancia de que luego de estudiar el expediente, la ley aplicable y los reglamentos,  “lo que está  pasando aquí es una verdadera infamia. Es el único lugar donde se construyó y opera un terminal de gas como este. En todo los Estados Unidos, en todas sus jurisdicciones, no hay ningún otro lugar  donde se esté violando la ley abiertamente”.

Este puntualizó que no se trata de una violación técnica, sino de no haber pasado por el escrutinio de los especialistas de esa agencia federal, que incluye el análisis de seguridad, de contaminación ambiental y de otros elementos.

Además trajo a la atención la relación entre el proyecto del dragado de la Bahía de San Juan y la operación de NFE. Al presente, el modo de operar de NFE consiste en tener un barco tanquero que está en el mar, que sirve de almacén. Ese barco gasifica el producto y constantemente otro tanquero viaja para abastecerse. Son 124 viajes, que se convierten en 148, si se cuenta la ida y la vuelta. Esa manera es riesgosa y fue rechazada por estudios anteriores; pero es la que han optado. Primero NFE había informado que el tanquero que entra con el gas licuado es un barco de 25 metros cúbicos, pero el que está entrando es un tanquero más grande, de 30 metros cúbicos. A la semana llega más de un tanquero, por lo que se necesita un puerto más profundo, explicó.

“La forma y manera en que está operando NF enfatiza la razón por la que decimos que lo que está pasando aquí es una infamia. No es que solamente no hay ningún otro terminal de gas sin permiso. Es que todos los otros trámites conllevan una evaluación de riesgo, la creación de un plan de emergencia, de evacuación, y aquí están exponiendo a la gente a estos peligros porque están en operación sin cumplir con esos trámites, incluida la reunión pública”, recalcó.

Por su parte, la hermana Avilés Ríos sentenció: “Si se sigue apostando por el gas, no importa dónde se ponga, siempre va a haber riesgo. Y es muy fácil hablar de que otros sufran el riesgo y es muy difícil ver la realidad de sufrir ese riesgo”.