CLARIDAD
El Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) calificó de “dos pasos para atrás” una enmienda al proceso de declaración de estorbos públicos que elimina el Art 4.010 del Código Municipal para imponer a los municipios el pago de deudas con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de una propiedad declarada estorbo público que vaya a ser expropiada.
La medida RC 1053 fue aprobada en la última sesión legislativa y se supone que va camino a la firma del gobernador. En entrevista con este semanario, el director ejecutivo de Hábitat, Luis Gallardo Rivera, indicó que el cambio hace el proceso de declaración de estorbo público uno más complicado para los municipios y que solo beneficia a las compañías que se dedican a la compraventa de estorbos públicos, y al CRIM.
Gallardo Rivera hizo la advertencia de que el cambio desvirtúa el propósito de lo que es el proceso de declaración de estorbo público, ya que los municipios que busquen crear un programa de declaración de estorbos, con la misión de crear vivienda asequible, se verán imposibilitados de hacerlo. Agregó que en cierta medida, el CRIM le está empujando al municipio su facultad y responsabilidad de cobrar la contribución sobre la propiedad. El director ejecutivo de Hábitat, única ONG en el país que aborda el problema de las propiedades abandonadas y en mal estado a través de un enfoque intersectorial, dijo que la organización hizo un estudio que arrojó que una tercera parte de las propiedades que son declaradas estorbos públicos tienen deudas de hace años, algunas de décadas, y no se hace ninguna gestión de cobro por parte del CRIM. Otra tercera parte tiene informaciones indebidas, como el que la persona falleció hace 15 años, y nunca han sido corregidas.
“En la práctica, la medida va a impedir que los municipios declaren estorbos públicos y va a representar de un día para otro un fracaso total en las gestiones de los municipios, porque los municipios no tienen chavos, están en quiebra, y ahora se les pide que tienen que pagar una deuda que el CRIM no cobra hace décadas”. Por lo regular, las deudas con el CRIM pueden pasar de los tres mil dólares.
Aunque dijo que no le consta que el cambio esté relacionado con las denuncias de fraude con los estorbos públicos, entiende que de manera indirecta hay una relación, ya que estas compañías se podrán beneficiar con este tipo de arreglo, por aparentar ser una buena opción para el municipio que no tiene dinero. Esto es así porque la compañía costea todo el proceso, después vende la propiedad y se queda con la comisión. Así es que ellos mercadean sus servicios, le dicen al municipio tú no tienes que gastar un chavo, yo me encargo”.
Gallardo Rivera reveló que hay municipios que han determinado que se van a encargar ellos del proceso, pero, obviamente, si ahora es más costoso y complicado para el municipio, hay más probabilidad de que haya más compañías interesadas.
Un censo realizado por Hábitat reveló que en todo Puerto Rico hay más de 300 mil residencias o propiedades en desuso. “Estamos hablando de que los municipios tienen cientos y miles de estorbos, no tienen dinero para expropiar, así que van a recurrir a los privados. Ese va a ser el efecto de esto”, afirmó.
Compartió que la experiencia de Hábitat es que la política de algunos municipios, una vez una propiedad es declarada estorbo público, es simplemente vender al mejor postor y salir del estorbo. Hay otros que sí quieren atender el problema de vivienda asequible. En Hábitat solo colaboran con los comprometidos con tener vivienda asequible, al presente, cerca de 20 municipios.
La experiencia de Hábitat es que cerca de la mitad de los estorbos públicos son rehabilitables, mientras que sobre la otra mitad de las propiedades se puede hablar de posibles demoliciones, porque tienen fallas estructurales o cuesta lo mismo hacerlas de nuevo. Además, han podido comprobar que las viviendas están tanto en zonas urbanas como rurales. En el caso de que se encuentren en la zona rural, Hábitat se enfoca en si la vivienda tiene acceso a servicios públicos como agua, luz y carretera, ya que el propósito es el de una rehabilitación en sentido ecológico.
El director ejecutivo de Hábitat expuso que, en la práctica, a un municipio bien organizado un proceso de declaración de estorbo público le puede tomar seis meses. “Ahora bien, Puerto Rico tiene el proceso más lento, más burocrático y más caro. En Estados Unidos es mucho menos. Este proyecto lo complica aun más. Por ejemplo, dentro del proyecto, para iniciar un proceso de estorbo público hay que ir primero al CRIM; es que el CRIM está dictando cuál es el rótulo. Los municipios que ya tenían sus rótulos los tienen que cambiar. Un municipio se puede tomar igual de 6 a 7 meses en mandar a hacer un rótulo, y si quiere expropiar, hay que notificar al CRIM. Ahora mismo, con el proyecto se puede tomar un poco más. Sé que el legislador que impulsó la medida entiende que hay un problema de vivienda asequible, pero los que impulsaron la enmienda, en su vida, han participado en un proceso de declaración de estorbo público”, manifestó.
Gallardo Rivera relató de situaciones con compañías privadas en las que el municipio declara un estorbo público, y aparece el dueño. Y de compañías privadas que declaran el estorbo cuando ya tienen el comprador. Han sabido de casos de personas que se enteran de que su casa fue expropiada y vendida cuando llegan los nuevos dueños a tocar la puerta; de estos hay un caso en Caguas y otro en Juncos. En el caso de Juncos, la persona fue a Estados Unidos a recibir un tratamiento de cáncer y cuando regresó su casa estaba vendida. En el trabajo de Hábitat con los municipios, se agotan todos los posibles recursos para tratar de conseguir a los dueños, por lo que nunca les ha pasado esa situación.
Hábitat le cursó una carta al gobernador, Pedro Pierluisi, en la que le solicita que no firme la medida y que la devuelva a la Asamblea Legislativa para dar paso a un proceso de revisión.
