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Alerta a las decisiones de la Junta de Libertad Bajo Palabra

 

Declaración de prensa de la familia Negrón Cintrón 

El pasado 10 de junio la Familia Negrón Cintrón convocó a la prensa del país con el propósito de denunciar los procesos y circunstancias que habían permitido que el feminicida de su hija, madre, hermana, Ivonne Negrón Cintrón, estuviera siendo considerado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) para ser devuelto a la comunidad, cuando solo han transcurrido diez años desde que la apuñalara múltiples veces, que desmembrara su cuerpo y que ocultara el cadáver a sus familiares durante varios días. Juan Ramos Álamo fue juzgado por asesinato en primer grado, aunque el Jurado lo encontró culpable en septiembre de 2014 por Asesinato en Segundo Grado, además de delitos relacionados con destrucción de evidencia y ley de armas.

A través de la prensa quisimos alertar al pueblo de Puerto Rico sobre el dolor que estaba reviviendo nuestra familia a causa del feminicidio y la reciente notificación que nos hizo la JLB de que podrían liberar a la persona que, de forma extremadamente cruel y violenta, le quitó la vida a Ivonne. Nuestra intención era que familiares y víctimas secundarias de la violencia machista estuvieran alertas porque podrían recibir una sorpresa como la que estamos enfrentando.

Denunciamos el 10 de junio que era altamente cuestionable la rehabilitación de Ramos Álamo, cuando solamente han transcurrido diez años de su encarcelamiento. Señalamos también que, de los pocos documentos que nos entregó la JLBP, surgen contradicciones que sostienen la desconfianza que tenemos en los procesos e información generada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para hacer el referido a la Junta. Precisamos que la corporación Physician Correctional, desprestigiada por su participación en los trámites que culminaron en la ilegal excarcelación del también feminicida Hermes Ávila Vázquez, tuvo a cargo adiestramientos y programas que se le proveyeron al asesino de Ivonne como parte de su rehabilitación. Destacamos la falta de recursos y de peritaje de la JLBP para evaluar la peligrosidad de los convictos que tiene ante su consideración, su nivel de rehabilitación y el impacto comunitario que puede tener su excarcelación.

Los sucesos acontecidos con posterioridad a la conferencia de prensa confirman nuestra denuncia de que la evaluación del caso del feminicida de Ivonne era cuestionable y que su excarcelación exponía la seguridad de sus familiares y de la comunidad en la cual viviría. Dos días después de nuestras expresiones públicas, un oficial sociopenal del Programa de Comunidad de la JLBP en Caguas, entrevistó a varios integrantes de nuestra familia como parte de la investigación de comunidad, que no se había llevado a cabo, a pesar de que ya había una vista pautada. Tres días más tarde se nos informó que la vista del 22 de julio había sido cancelada. La nueva fecha sería el 14 de agosto.

Mientras tanto, hicimos una solicitud formal a la Junta mediante carta entregada a la mano y también por la vía postal certificada, en la cual solicitamos el expediente social y el penal del feminicida, con el propósito de contar con más información para preparar la posición que presentaremos en la vista que se celebre eventualmente. El 7 de agosto recibimos la llamada de una funcionaria de la JLBP para notificarnos una nueva posposición de la vista debido a que el DCR no les había entregado toda la documentación necesaria. A través de una comunicación escrita se nos hizo saber que ha sido señalada para el 4 de septiembre, pero no sería de extrañar una nueva posposición.

En cuanto a la solicitud de expedientes que hicimos, una representante de la Junta nos  informó que la petición debía hacerse directamente al DCR porque, según su interpretación, “la JLBP es solamente un enlace”. Es cuestionable la contestación de la funcionaria. La Junta no es un enlace, sino la entidad que tiene la responsabilidad de evaluar y determinar si la persona convicta que está solicitando el privilegio de la libertad bajo palabra cumple los criterios para estar en la comunidad y las condiciones que le serán impuestas. Con esta afirmación se demostró, una vez más, la falta de claridad y certeza en los procedimientos del organismo administrativo.

Afortunadamente y debido a nuestra insistencia, personas mejor preparadas en la JLBP han estado atendiendo la solicitud de información y documentos que hicimos.

Nuestra familia se ha mantenido atenta a los trámites que lleva a cabo el organismo y le hemos dado seguimiento mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. También nos hemos comunicado en el DCR con las funcionarias cuyos nombres nos han sido provistos por algunas empleadas de la Junta, a pesar de que la reglamentación que regula los procesos le adjudican la responsabilidad de proveer la información a la JLBP.

Entre otras cosas, nos hemos percatado de que hay variadas versiones sobre las vistas. Pueden citar entre 20 y 30 personas confinadas para el mismo día. Algunas participan de forma remota y otras de manera presencial. También es evidente la diversidad de versiones que tienen las funcionarias de la agencia sobre el acceso a la información que pueden tener las víctimas sobre la vida carcelaria del confinado y su proceso de rehabilitación.

Estamos firmes en nuestro empeño de asegurarnos de que la solicitud de libertad bajo palabra presentada por Juan Ramos Álamo sea evaluada en profundidad y tomando en cuenta no solamente el término que haya cumplido, sino que se verifiquen los criterios de rehabilitación y reeducación, que se tomen en cuenta los niveles de peligrosidad para las víctimas secundarias y para la comunidad, que se verifique a la saciedad la información que ha ofrecido el convicto, la cual en este caso no parece haber sido transparente y, sobre todo, que la Junta no dependa exclusivamente de los informes y evaluaciones del DCR, para formarse una opinión a base de la cual va a emitir su decisión.

Si no hubiésemos hecho la denuncia en el caso del feminicida de Ivonne Negrón Cintrón, quién sabe cuál hubiese sido el resultado luego de la vista que, sin tener toda la información necesaria, había sido pautada originalmente para el 22 de julio. Tenemos la esperanza de que lo que estamos haciendo le sirva a otras víctimas y familias para conocer sus derechos y lograr que se haga justicia.

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Esta semana en la historia

Foto Ricardo Arduengo/Especial para CLARIDAD

 

11 de agosto de 1960
Chad se independiza
Rehusando ser un “territorio de ultramar”, el pueblo africano consigue la independencia de Francia.

12 de agosto de 1898
Detienen tropa invasora yanki

Tras invadir vía Guánica y Arroyo, las tropas yankis se encaminaron a San Juan y se encuentran con Asomante, Aibonito, a unos 1,200 metros de altura, donde las tropas españolas, se organizaron para enfrentar el avance de las tropas estadounidenses.

El día 12 de agosto las fuerzas yankis comienzan a atacar contra posiciones españolas. Concluidas las operaciones militares de ese día, las tropas invasoras no lograron dar un avance, y llegó la noticia del Armisticio.

O sea: cuando España se rindió, en Puerto Rico todavía la plaza militar NO había sido ocupada. Y conjuntamente, a pesar de España rendirse el día 12, el 13 de agosto ocurrió la Batalla de Manila, acto de contubernio entre los dos imperios para evitar que la capital de Filipinas cayera a manos de las tropas independentistas dirigidas por Aguinaldo. Y ese mismo día ocurrió la Insurrección de Ciales.

Ver: todosunidosdescolonizarpr.blogspot.com/2013/02/la-ultima-batalla-tras-la-invasion-de.html y notas de Darío W. Ortiz en «facebook.com/dariow.ortizseda».

13 de agosto de 1846
EUA invade a Los Ángeles
En su guerra expansionista, llegan tropas yankis a la ciudad mexicana de Los Ángeles. Hoy día se estima que uno de cada tres habitantes de la ciudad son inmigrantes “indocumentados”, procedentes principalmente de México.

13 de agosto de 1898
Insurrección de Ciales

La insurrección de Ciales incluyó a sobre 400 independentistas que tomaron Ciales y proclamaron la República de Puerto Rico. Los tíos de Juan Antonio Corretjer participaron de esa gesta cialeña de 1898.

La tropa insurgente, en su mayoría campesinos, no solo de Ciales sino de Villalba también, se organizaron en los barrios Toro Negro y Cialito donde marcharon a la toma del pueblo de Ciales dando gritos a la república de Puerto Rico. Cuando los insurrectos tomaron el pueblo, el joven Antonio “Toño” Lugo –de Hato Viejo– declara la Independencia y la República de Puerto Rico. Y desde la alcaldía lanza el grito de libertad que es aplaudido por el pueblo. Desde Manatí enviaron una tropa de militares españoles experimentados y derrotaron la insurrección.

Tomado de: Juan Manuel Delgado, El Levantamiento de Ciales, 1980.

13 de agosto de 1926
Nace Fidel Castro Ruz
Nació en Birán, antigua provincia cubana de Oriente.

13 de agosto de 1987
Presidente acepta que EUA negocia con drogas

Como secuela al escándalo Irán-Contra, el presidente de EUA, Ronald Reagan, aceptó que su gobierno propició un esquema ilegal de narcotráfico para su agenda derechista, en particular su lucha contra la revolución sandinista.

14 de agosto de 1900
Alianza europea invade China

La consecuencia de la invasión japonesa de 1894, la apertura forzada del mercado y la introducción de organizaciones cristianas que se negaban a -entre otras cosas- pagar impuestos, ocasionó resistencia armada en China. La llamada Alianza de las Ocho Naciones, suscrita por los gobiernos de Alemania, Austria-Hungria, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia; invadió el país para aplastar la rebelión y colocar un gobierno más afín con sus intereses. Tras ganar, la alianza le impuso a China que pagase por el costo de las tropas invasoras una indemnización equivalente a unos 12 mil millones de dólares en moneda actual.

14 de agosto de 2013
Continúan conversaciones improductivas
Bajo el auspicio yanki, se mantienen conversaciones entre Israel y Palestina. Las mismas fracasaron por no atender el problema de las invasiones de paramilitares y la falta de derechos en la zona palestina.

14 de agosto de 2021
Terremoto en Haití

Con una magnitud de 7.5 en la escala Richter, el sismo ocasionó más muertes y hambrunas y profundizó el descontrol político. En julio había sido asesinado el primer ministro Jovenel Moise y el día 16 de agosto Haití fue azotada por la depresión tropical Grace. Desde el 2010 por un terremoto previo, Haití ha sido controlado por el binomio imperialista de Francia y EUA, manteniendo un impasse en la política y permitiendo el control de varias gangas en diversas zonas del país.

Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria.com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-la-historia; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran.com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62616853, rumboalterno.net, calendarz.com/ y otros calendarios consultados por José M. Escoda.

 

Cuatro puntos sobre Venezuela

 

 

 

Especial para CLARIDAD

  1. La Revolución Bolivariana no es un proceso estático, homogéneo, como lo quieren pintar la derecha puertorriqueña y, desafortunadamente, algunos sectores del independentismo. Es muy probable, incluso, que, si los derroteros de la historia venezolana siguen el curso actual, se dirá que ese proceso llegó a su fin en el 2013.

En Venezuela, se dio a inicios del siglo XXI una transformación social profunda, bajo el liderato de Hugo Chávez, en el que, aprovechando la renta del petróleo, se promovió una redistribución de la riqueza nacional y un cambio radical de la política venezolana, con la redacción de una nueva constitución que incluía mecanismos de democracia participativa radical. Pero el proceso de “Socialismo del Siglo XXI” nunca trajo consigo el derrocamiento del capitalismo. Esto no solo significó que la vieja burguesía se mantuvo en su lugar – si bien políticamente debilitada –, sino que posibilitó el surgimiento de una nueva burguesía, ligada a las transformaciones económicas del nuevo gobierno y al aparato estatal.

La muerte de Chávez en el 2013 y la entrada de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela representó un giro dramático en las transformaciones progresistas que venían sucediendo en el país. Por un lado, y dado que Venezuela no diversificó su economía (se mantuvo dependiente del extractivismo petrolero), fue terriblemente golpeada al reducirse el precio del petróleo en el mercado mundial. Por otro lado, los Estados Unidos y la Unión Europea arreciaron su lucha contra la Revolución Bolivariana con mayores sanciones que las que se vivieron durante el gobierno de Chávez. Entre el 2013 y el 2019, el Producto Interno Bruto del país cayó en 70%. La emigración ha sido masiva, con algunos estimados llegando a la cifra de un 20% de la población. Un 50% de la población se encontraba en situación de pobreza en el 2023.

Pero los cambios en la economía solo son parte del giro. Maduro fue el heredero de Chávez, siguió hablando de chavismo, siguió la misma retórica de antiimperialismo; continúan existiendo y continúa Maduro liderando el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Pero Maduro no es Chávez; su política económica no profundiza la redistribución, no se acerca al socialismo, no profundiza la democracia.

En Venezuela, ante la falta de ruptura con el capitalismo, la lucha entre la vieja y la nueva burguesía se agudizó, a la vez que el nuevo gobierno cerraba espacios democráticos (eliminación del derecho a la negociación colectiva y la huelga en el 2018), prohibía partidos de izquierda (judicialización del Partido Comunista de Venezuela en el 2023, intervención en otros partidos de izquierda) e intentaba restablecer lazos con sectores en Estados Unidos.

La izquierda revolucionaria, marxista, tiene que ser crítica, aliada siempre a los sectores en lucha, no necesariamente a los gobiernos que dicen representarlos. En la actualidad, el gobierno de Maduro no puede más que describirse como un giro económicamente conservador y autoritario de los procesos políticos previos del chavismo, que en gran medida mantiene el control del aparato estatal de manera burocrática y con el apoyo de las fuerzas militares y policiales. Si bien por mucho tiempo la izquierda marxista promovió un apoyo crítico a la Revolución bolivariana, al Socialismo del siglo XXI, al gobierno de Hugo Chávez, por este representar un proyecto progresista de redistribución social y que parecía que podía encaminarse hacia una transición hacia el socialismo, gran parte de este apoyo se ha ido desvaneciendo desde el 2013. Además, como el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, todavía defendido por sectores con más lealtades que principios, esta regresión representa un lastre a la lucha socialista, en la medida en que amplios sectores, dentro y fuera de Venezuela, asocian las medidas de su gobierno con el proyecto chavista y socialista.

Ciertos apologistas del gobierno de Maduro han dicho que no se han dado las condiciones para la ruptura con el capitalismo y la transición al socialismo todavía. Por lo tanto, hay que excusarlo del giro conservador, político y económico, que ha tomado. Parecerían retomar las posiciones reformistas de la Segunda Internacional, que postulaban un cambio gradual al socialismo (que, por supuesto, nunca llegó en donde se promovía). Tan cerca de Eduardo Bernstein, tan lejos de Rosa Luxemburgo.

Otros sectores apologistas continúan exaltando los proyectos estatales que el gobierno mantiene en marcha como justificación de la continuidad entre los gobiernos de Chávez y Maduro. Un ejemplo es la Gran Misión Vivienda Venezolana, que construye millones de hogares para los sectores populares. Estos son proyectos importantes, que no quepa duda. Pero estos apologistas suenan, demasiado, a los del Partido Popular Democrático en las décadas posteriores a la creación del Estado Libre Asociado, que justificaban la represión política al nacionalismo y al socialismo y el giro hacia la industrialización por invitación con cierto mejoramiento en los niveles de vida y la extensión de los servicios públicos.

Las elecciones del 28 de julio se dan en un contexto particular para el madurismo, enfermedad conservadora del chavismo. Dados los intentos del gobierno de reestablecer vínculos con Estados Unidos y levantar las sanciones, se había visto una importante recuperación económica (que sin embargo no reestablecía el nivel de vida a los niveles previos, y que además acentuaba la pobreza y la nueva brecha entre clases) y una mejoría en la seguridad en las ciudades. Esto era de suponer que pudiera significar para Maduro el recuperar apoyo perdido de sectores populares. La derecha golpista, por otro lado, que tiene como figura emblemática en estos momentos a María Corina Machado, ha tenido un apoyo creciente, en parte por la persistente situación económica de Venezuela a pesar de la recuperación reciente.

La izquierda radical, golpeada, dispersa, judicializada, no ha podido articular una respuesta unitaria en el proceso electoral. Se destaca, dentro de los esfuerzos, “La Otra Campaña”, que agrupaba a personas independientemente de su postura ante las elecciones, pero expresando que su candidato eran las luchas sociales, dado que ninguna candidatura representaba los intereses de la clase trabajadora. “La Otra Campaña”, por tanto, unía a sectores críticos con el giro antidemocrático del madurismo, con la esperanza de aglutinar fuerzas para después de las elecciones.

Ante la ausencia de una izquierda organizada y unitaria, para importantes sectores de la población, apoyar la oposición de derecha fue la manera de modificar su realidad. Ha sido esta quien, por falta de otros proyectos, ha monopolizado el discurso del cambio.

  1. Cualquier afirmación sobre las elecciones del 28 de julio es tentativa hasta que no se presenten resultados confiables.

Dos elementos que caracterizaron las elecciones en Venezuela durante el siglo XXI – incluyendo las elecciones que se dieron bajo el gobierno de Nicolás Maduro hasta hace poco – fueron su confiabilidad y transparencia. Solo los intereses mezquinos ponían en tela de juicio este hecho, razón por la que el intento de autoproclamación de Juan Guaidó como presidente en el 2019 fue un fracaso tan estrepitoso, a pesar del vergonzoso reconocimiento de medio centenar de países.

Eso hace todavía más sorprendente y preocupante el retraso en las publicaciones de las actas el día de las elecciones y en los días posteriores. En gran medida, esta tardanza ha lacerado la confiabilidad del proceso electoral y del triunfo declarado de Maduro. Si bien hubo una cantidad importante de observadores internacionales, a diferencia de otras elecciones estos no han tenido un pronunciamiento homogéneo al respecto, sino que se han presentado voces que reconocen como legítimas las elecciones y otras que no pueden asegurar lo mismo.

Esperemos que en los próximos días se pueda aclarar esta situación, sorprendente en Puerto Rico y en otras partes del mundo. La cautela deberá ser el acercamiento a seguir, como lo han hecho algunos de los gobiernos más cercanos al progresismo en la América Latina (Brasil, Colombia).

  1. De ninguna manera, los sectores de izquierda y progresistas deberían ver con buenos ojos a la oposición venezolana, representada por la figura de María Corina Machado y el candidato a la presidencia por la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. Como en elecciones previas, no es la derecha moderada la que aspira al gobierno (y que tampoco debió haberse apoyado, si fuera el caso), sino la derecha revanchista y violenta de la vieja burguesía. Esta oposición representa los intereses económicos y políticos más conservadores y reaccionarios posibles: apoyan la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el sionismo, la privatización de los servicios; son la derecha de Milei en las tierras de Chávez.

Por eso mismo, tampoco podemos asumir como creíbles sus declaraciones sobre fraude electoral, con los números que afirmaban. Su libreto sobre las elecciones estaba prefabricado, como estuvo prefabricado el libreto de las elecciones del 2019. Su historial violento también es conocido, e incluso fue el método predilecto de esta derecha hasta hace poco.

Un retorno de la derecha venezolana al poder, por vías electorales, representaría un enorme retroceso para las fuerzas progresistas de América Latina y del mundo, un giro lamentable en el continente ante la polarización política, una derrota para un proyecto que en un momento resultó trascendental para la izquierda global. Una intervención extranjera deberá ser repudiada de manera categórica e incondicional, por solo ser un mecanismo directo para restituir en el poder a las viejas fuerzas de la burguesía con su acompañante influencia del gobierno estadounidense.

  1. La moral revolucionaria y el proyecto de una sociedad más justa, democrática y equitativa requiere reconocer los resultados electorales.

La crítica implacable a Maduro no implica que se haya robado las elecciones. Sobre el resultado de las elecciones no hay certeza aún. No se puede descartar un triunfo del oficialismo. Pero el afirmar que el retorno a la derecha sería un retroceso extraordinario tampoco debe llevarnos a pensar que es preferible el fraude electoral por encima del reconocimiento de los resultados.

Algunos sectores del independentismo (los menos) parecerían privilegiar el que Maduro se mantenga en el poder para evitar el retorno de la derecha, independientemente del resultado; el que haya ganado las elecciones lo ven como un elemento secundario.

Hay varios problemas con la idea de mantener a Maduro en el poder a toda costa, en el caso de que este hubiese perdido las elecciones. En primer lugar, ignora que el regreso de la derecha sería en parte posible por los propios errores del “madurismo”, errores que debieron haberse corregido y rectificado. Mantener el poder a la fuerza no haría más que postergar el posible regreso de la derecha, que sería todavía más virulenta y fascista en un próximo evento político (sea o no sea electoral).

Pero también hay un cuestionamiento sobre los principios básicos de la democracia. Si el gobierno de Maduro (y el proyecto de la Revolución bolivariana, de manera más amplia) ha optado por seleccionar los procesos electorales como el elemento fundamental para legitimar su gestión y transformación del estado, es mero oportunismo cambiar de estrategia al ser derrotado.

Y es un oportunismo del peor sentido: el que se aleja de todo por lo que se lucha. No solo no se evita el retorno de la derecha, sino que nos aísla de importantes sectores del pueblo y nos aleja del horizonte revolucionario.

Coda. La alternativa de una democracia socialista en Venezuela tendrá que reconstruirse, desde el legado del chavismo, de sus grandes momentos, de las lecciones, de sus limitaciones y de sus derrotas, y basarse en la diversificación de la economía, en la profundización de la democracia, en la autoorganización de la clase trabajadora.

Editorial-Alianza de País: fuerza y nuevas ideas para levantar en alto a Puerto Rico

Juan Dalmau y Ana Irma Rivera Lassén. Foto Alina Luciano/CLARIDAD

 

 

En solo unos meses, la Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se ha ido consolidando como la opción de fuerza y nuevas ideas para enfrentar al bipartidismo inepto y corrupto de los sucesivos gobiernos de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) en las próximas elecciones generales de noviembre de 2024. El binomio político- partidista que se ha turnado el gobierno colonial de Puerto Rico durante los pasados 56 años,  hoy se enfrenta al desgaste de sus bases y maquinarias, y al rechazo del pueblo puertorriqueño a sus malos gobiernos, así como a las graves consecuencias de la crisis fiscal, económica y social que, entre ambos, han contribuido a desatar en nuestro país.

En una larga y animada entrevista con CLARIDAD, el candidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau del PIP y la candidata a Comisionada Residente, Ana Irma Rivera Lassén de MVC, compartieron sus planes para comenzar a devolverle la confianza al pueblo  en  las instituciones y el servicio público, y sus propuestas para atender la crisis, y comenzar a revertir sus estragos mediante el trabajo, el estudio, el emprendimiento y el aprovechamiento máximo de los recursos del país en beneficio de nuestra gente. Desde su oferta de gobierno limpio hasta el desarrollo de un modelo de administración pública eficiente, sensible, empático y  respetuoso de los derechos civiles y humanos, que ponga su énfasis en la prestación efectiva de los servicios esenciales a la población, el plan de gobierno de La Alianza genera esperanzas.

Por otro lado, también La Alianza propone una nueva manera de que el gobierno de Puerto Rico se relaciones con las instancias del poder metropolitano en Washington y con la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos. Convertir la Comisaría Residente en gestora de proyectos que impulsen la conversación en el Congreso sobre la descolonización de Puerto Rico y que se propongan otras iniciativas, más allá de la obtención de fondos federales, sería un modo diferente y creativo de darle visibilidad  a esa posición de obvia inferioridad política. Igualmente novedoso es el acercamiento que propone La Alianza para un rol más activo y efectivo de la diáspora puertorriqueña en el desarrollo económico y la reconstrucción del país, y en la búsqueda de soluciones a los problemas de Puerto Rico. De ahí su propuesta de convertir la Oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFFA)- actual refugio y financiador de políticas y políticos improductivos en Washington- en una oficina de enlace que le dé visibilidad e importancia a la diáspora puertorriqueña y promueva su participación en los asuntos que le afectan.

Ambos candidatos fueron enfáticos, además, en denunciar la proyectada consulta de estatus que el gobernador Pedro Pierluisi ordenó, y el PNP impulsa, para que se celebre junto a la elección general, un obvio subterfugio político con el propósito de utilizar  la “estadidad”- actualmente muerta en el Congreso y la Casa Blanca- como gancho para movilizar a los sectores fanáticos de dicha colectividad y darle ventaja electoral  a su candidata a la gobernación.

El entusiasmo y nuevas ideas de los candidatos de La Alianza contrastan con la falta de propuestas del binomio PNP- PPD, cuya única medida de recuperación económica consiste en continuar aumentando la dependencia de la población de Puerto Rico de los fondos que provienen del gobierno de Estados Unidos.

Las pasadas primarias de ambos partidos dejaron al descubierto su evidente desgaste.  Con todos los alcaldes del país pertenecientes a ambas colectividades, y con cuantiosos recursos públicos a su disposición, apenas pudieron movilizar 426,000 electores a unas primarias  cuyos resultados, en lugar de servirles de fortaleza, les dejaron profundamente divididos, y sacaron a flote su falta de liderazgo, y la desmovilización y debilidad creciente que les carcome a lo interno.

Además, como representantes del pueblo de Puerto Rico, el PNP-PPD han perdido la credibilidad ante las instancias de poder en Estados Unidos.  La aprobación de la Ley PROMESA y el nombramiento de una Junta de Control Fiscal (JCF), como medidas del Congreso y la Casa Blanca para enfrentar la crisis de la deuda pública de Puerto Rico, así como la larga historia de casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno de Puerto Rico, con dinero público federal y local,  han hecho mella en la imagen del liderato de ambos partidos. Tampoco se les respeta porque son serviles y plegados ante las instancias del poder en el Gobierno de Estados Unidos y de los partidos Republicano y Demócrata, como si estos fueran su última tabla de salvación. Así lució  la candidata del PNP, Jenniffer González, que encabezó muy sonreída la “delegación” de dicho partido a la Convención del Partido Republicano, a pesar de que los republicanos de allá eliminaron la “estadidad para Puerto Rico” de la plataforma partidista.  Idéntica óptica tendrá la Convención del Partido Demócrata, en la que ya han anunciado su participación políticos del PNP y el PPD, como el actual gobernador Pedro Pierluisi y el candidato a Comisionado Residente por el PPD, Pablo José Hernández Rivera. Pierluisi seguramente irá en busca de opciones personales, porque fue derrotado en su aspiración a la reelección por el propio PNP, y será de muy poca relevancia y utilidad para el Partido Demócrata. Por su parte Hernández Rivera,  portavoz del Estado Libre Asociado ( ELA) colonial, tampoco parece tener mucho futuro en un Partido Demócrata que quiere  lucir “avanzado” en cuanto al estatus de Puerto Rico y  deja fuera de sus propuestas cualquier opción de estatus que sea colonial y territorial como el ELA.

Las opciones para estas próximas elecciones en Puerto Rico están claramente demarcadas. El PNP-PPD representan el pasado, y  nuestro pueblo ha vivido y sigue viviendo en carne propia el efecto de sus políticas y acciones fracasadas. La Alianza de País- que ha sabido saltar hasta ahora todos los obstáculos que le han puesto sus enemigos- se presenta como la opción hacia el  futuro, una nueva oportunidad desde el pueblo puertorriqueño-y para el pueblo puertorriqueño- de derrotar al bipartidismo inepto y corrupto que mantiene  a Puerto Rico de rodillas y empezar la construcción de un nuevo país.

La batalla por Venezuela

 

 

Especial para CLARIDAD

Eso que se llamaba izquierda en el siglo XX, definida unitariamente por sus posturas anticoloniales y antiimperialistas, así como anticapitalistas, ya no existe. En su seno, hay quienes abandonaron el marxismo para abrazar el liberalismo. De ahí que lo que hoy se llama izquierda es un conjunto amorfo y aguado de tendencias ideológicas perdidas entre las tinieblas del falsamente pregonado fin de la historia. Es una historia cuya dialéctica material se pretende dejar en suspenso, una historia sin luchas de clases y pueblos, sino de conciliaciones y subordinaciones al orden establecido como si fuese natural y eterno.

En eso que hoy llamamos izquierda, hay quienes francamente no les interesa ya la revolución. No creen en los cambios estructurales o antisistémicos. Es más propiamente una seudoizquierda en la que hay incluso quienes abrazan ingenuamente las narrativas imperiales de Estados Unidos y se prestan para normalizar las acciones contrarrevolucionarias de sus aliados de la derecha y ultraderecha. Por ejemplo, la intervención de ésta en la actual batalla que se libra en estos días en Venezuela es el más reciente testimonio de este desvarío ideológico.

El guión imperial

Producto de ello, hay quienes se consideran de izquierda y aún así han servido de fotutos de comunicaciones procedentes de las filas de la contrarrevolución en Venezuela, las cuales son parte del guión imperial a todas luces propagado masivamente por EEUU a través de los medios sociales, por aquello de fabricar opinión pública basada en desinformación. Los medios corporativos están también claramente confabulados en su narrativa antichavista. Dice magistralmente al respecto el profesor Aaron Ramos: “No recuerdo haber escuchado tanto barullo cuando Pinochet cometía sus barbaridades de la mano de Henry Kissinger, ni tampoco cuando Bolsonaro puso a la policía a violentar los derechos de los ciudadanos de Brasil. Tampoco hubo barullo cuando Dina Boluarte fomentaba asesinatos en Perú, ni cuando se cometían las masacres de Sacaba y Sencata en Bolivia, y luego los asesinatos cotidianos en Ecuador . . . y no paro de contar”. Y concluye: “De pronto leo a gente cuestionando las elecciones en Venezuela, país del que conocen muy poco, y solo se me ocurre pensar que se trata de un guión, confeccionado en Estados Unidos (país con una larga historia de imponer y derrocar presidentes), que ha atrapado los corazones de los colonialistas de nuestro país.”

No se trata de diferencias de opinión. Esas las ha habido y las puede haber siempre. Y se debaten, pero con verdades y hechos, y no con propaganda y desinformación. Ahora bien, lo que ha ocurrido en estos días en Puerto Rico, con la propagación a diestra y siniestra de mentiras o narrativas divorciadas de la realidad, deja mucho que desear.

Por ejemplo, del candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño PIP) y la alianza electoral con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Juan Dalmau, yo esperaba algo más que una diatriba basada en falsedades contra uno de los principales aliados de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Alegó que no habían observadores internacionales, cuando era de conocimiento público que había casi un millar de todos los continentes, incluyendo de la ONU. También imputó que no se permitieron candidatos de la oposición, cuando también era conocido que habían nueve en total. Es cierto que María Corina Machado no pudo ser candidata. Sin embargo, fue por estar inhabilitada legalmente por delitos tipificados bajo el Estado de derecho venezolano, inhabilitación que fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, la candidata a Comisionada Residente por la alianza, Ana Irma Rivera Lassen, del MVC, si bien reclamó transparencia a las autoridades electorales de Venezuela, también reconoció que históricamente el sistema electoral venezolano ha sido efectivo y avalado por entidades internacionales. Esto último lo he podido comprobar personalmente cuando el 21 de noviembre de 2021 asistí como veedor u observador a elecciones en Venezuela para gobernaciones y alcaldías. Rara dictadura esa en la que la oposición obtuvo 4 gobernaciones, mientras que el Gran Polo Patriótico, encabezado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ganó 19 de las 23 gobernaciones. El Gran Polo Patriótico también venció en 205 de las 335 alcaldías, lo que significó que la oposición se alzó con la victoria en 130 de éstas. Pude observar en ese sentido una democracia real y vibrante en la que los venezolanos podían dirimir pacífica y ordenadamente sus diferencias y conflictos por la vía electoral, sin intervenciones extranjeras. Repito, no vi esa dictadura de la que tanto cacarean los ignorantes o los enemigos de la revolución bolivariana.

Una lucha de clases con matices raciales

Desde que Hugo Chávez se alzó inicialmente con la victoria electoral y asumió la presidencia en 1999, logrando refundar constitucionalmente a Venezuela como república bolivariana comprometida con una ruptura con su pasado capitalista dependiente y su alineamiento estratégico con Estados Unidos, los procesos electorales allí adquirieron un carácter altamente conflictivo. La lucha política electoral pasó a ser una lucha de clases cada vez más abierta. Además del carácter clasista, la oposición a Chávez, como también a Nicolás Maduro, ha tenido ribetes claramente racistas. A partir de ello, la derecha y la ultraderecha entendieron que tenían que desconocer los resultados electorales, conscientes de que se había constituido una nueva mayoría integrada por las fuerzas populares que hasta entonces habían sido excluidas y marginadas de la gobernanza en el país por la oligarquía venezolana.

Confrontados con la realidad cada vez más evidente de que Chávez y posteriormente Maduro buscaban potenciar una verdadera revolución, en la forma de un Socialismo del Siglo XXI o un socialismo bolivariano, es decir, con particularidades venezolanas, incluyendo como eje una nueva estructura comunal del poder, la derecha y la ultraderecha se negaron a ver en las elecciones unos procesos democráticos expresivos de la voluntad colectiva pues ésta era claramente contraria a sus intereses de clase. En la alternativa, para recuperar el poder y sus privilegios de clase, se propusieron desplazar la disputa política de las urnas a las calles, incluyendo la apelación a una intervención de Estados Unidos para sacar al chavismo del gobierno e reimponer en su lugar a las elites oligárquicas. De ahí la guerra híbrida decretada contra Venezuela desde Barack Obama, apertrechada de centenares de sanciones y medidas coercitivas unilaterales con el propósito de desestabilizar el país, poner a su economía a chillar, precarizar en extremo las condiciones de vida de la población, provocar una emigración masiva, para tratar de convencerla de que debía deshacerse del gobierno chavista si quería volver nuevamente a la normalidad.

Así las cosas, en abril de 2002 la oposición de derecha y ultraderecha protagonizaron un golpe de estado que fue frustrado finalmente por una masiva movilización popular y la intervención de las Fuerzas Armadas que en su mayoría se mantenían aún fieles al orden constitucional. En agosto de 2004 intentaron sacar nuevamente a Chávez pero esta vez por medio de un referendo revocatorio provisto por la Constitución, aunque al negarse mayoritariamente el pueblo a revocar el mandato presidencial de Chávez, la oposición se negó a aceptar el resultado. Luego de la muerte repentina y sorpresiva de Chávez en el 2013 y la designación de Maduro como su sucesor, la oposición buscó desestabilizar políticamente el país con el desarrollo de las notorias guarimbas y su violencia criminal destructiva en las calles para propiciar un nuevo golpe de estado. El gobierno bolivariano respondió convocando a nuevas elecciones presidenciales en el 2018, a las que la mayor parte de la oposición decidió boicotear.

En enero de 2019, la oposición desconoció la victoria de Maduro y en su lugar designó en una plaza pública a Juan Guaidó como “presidente encargado” o “presidente interino”, farsa que no tuvo efecto alguno al interior de Venezuela y sólo en Estados Unidos y la Unión Europea donde fue reconocido a pesar de no haber sido electo democráticamente. Quedó así comprobado que la derecha y la ultraderecha, apuntaladas por Washington y Bruselas, de democrática no tenían un pelo, ya que pretendían reimponerse a partir de hechos de fuerza y no en hechos validados constitucional y legalmente en su país. Ello incluyó el llamado que hizo la contrarrevolucionaria María Corina Machado a favor de la intervención militar extranjera en Venezuela.

La apuesta de la ultraderecha nunca fue electoral

De ahí que no debió sorprenderle a nadie que el opositor Edmundo González, un oscuro exembajador  entre el 1979 al 1985, vinculado durante ese periodo a la CIA y a los escuadrones de la muerte en El Salvador, quien sirvió como una especie de alter ego a la candidatura que no pudo ser de Machado, se negase a aceptar los resultados electorales a favor de Maduro y alegase fraude. Ya desde junio tanto Machado como él habían estado cantando fraude y fueron los únicos de la oposición que se negaron a suscribir un acuerdo en que todos los partidos se comprometían a reconocer los resultados.

También formaba parte del libreto de la ultraderecha impedir la operación normal del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la noche de las elecciones por medio de un ataque informático masivo del que fue víctima, el cual provocó el retraso en la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de los resultados. Y si bien esa noche, el CNE pudo declarar vencedor a Maduro con el 80 por ciento de las actas, es con su segundo comunicado de los resultados, emitido el 2 de agosto, que se provee un cuadro más completo habiendo procesado ya el 96.87 por ciento de las actas, y de las cuales se confirma la victoria de Maduro con el 51.95 por ciento de los sufragios, mientras que González arribó en segundo lugar con el 43.18 por ciento de los votos.

La Dra. Olga Álvarez, constitucionalista venezolana y experta en la normativa y los procesos del sistema electoral, ha querido salirle al paso a la guerra psicológica y de desinformación que ha estado liderando González y Machado, la cual delata sus verdaderos propósitos de negar los resultados objetivos de las elecciones del 28 de julio pasado, así como todo el marco jurídico que rige sobre los procesos electorales. Señala la doctora Álvarez:
“1. El proceso electoral venezolano está 100% automatizado.
2. El software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores.
3. El Voto, el Escrutinio y la Totalización son electrónicos.
4. La impresión que hace la máquina de votación al elector y en el momento del Escrutinio, son comprobantes para efectos de la auditoria ciudadana. La auditoria ciudadana se hizo sobre el 54% del total de mesas electorales.
5. La Totalización es automatizada, electrónica, y sobre esa totalización se adjudica y proclama al candidato con mayoría de votos.  La Totalización se hace dentro de las 48-72 horas posteriores al evento.
6. El CNE tiene 30 días para publicar en Gaceta Electoral los resultados.
7. EL CNE siempre ha publicado los resultados totalizados y disgregados por mesa antes de los 30 días que tiene para la publicidad definitiva en Gaceta Electoral.
8. El CNE ha denunciado que se bloqueó su página de forma maliciosa, mediante hackeo, así como denunció incluso un ataque masivo al sistema para intentar impedir y ralentizar la totalización de resultados.
9. La totalización, adjudicación y proclamación ya fue realizada  por el CNE.
10. El CNE no está obligado a publicar copias de Actas de Escrutinio porque son sólo comprobantes. Lo que se publicará es el escrutinio automatizado.
11. Las Actas de Escrutinio emitidas, comprobante del escrutinio realizado automáticamente y las otras Actas de Verificación ciudadana, instalación y constitución de mesas, quedan en resguardo del CNE y es material electoral probatorio que conforman el expediente administrativo que se entrega en caso de haber impugnaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
11. Deduzco como es lógico, que cuando se active su página con la seguridad correspondiente para no ser hackeada, publicará la Totalización de resultados y los disgregados.
12. Repito es Falso que se haya vencido algún lapso de publicación de resultados totales o disgregados.
13. En cualquier momento del proceso quien considere que hay vicios o fraude puede recurrir al TSJ.
14. Para impugnar Actas de Escrutinio, debe solicitarse la certificación del Acta que se pretende impugnar al Consejo Nacional Electoral para que tenga legalidad ante el TSJ.”

¿Y las actas dónde están?

 Por otra parte, el Gran Polo Patriótico ya presentó ante la Sala Electoral del TSJ las actas que tanto se han estado reclamando por unos y otros, tanto dentro como fuera del país. Lo hizo en el contexto de una solicitud de amparo radicada por dicho partido ante la Sala Electoral para que ésta se erija en juez final sobre las controversias suscitadas en torno a los resultados electorales. Busca así deslegitimar las alegaciones de fraude hechas por Machado y González, así como buscar sacar cualquier controversia de las calles para reencausarla hacia las instituciones del Estado de derecho y los procesos constitucionales. Es bueno aclarar que las actas fueron entregadas en la noche del 28 de julio a todos los partidos que participaron en la contienda electoral pasada. Quien, sin embargo, se ha negado a presentar sus copias de las actas fue la Mesa de Unidad Democrática y González y Machado.

Al respecto, dice el politólogo argentino Atilio Boron que si Machado y González están tan convencidos de que ganaron, “¿por qué no presentaron las actas ante la Justicia?” Boron, quien fue veedor en el proceso electoral del 28 de julio denuncia que en la página web de esa fuerza política encabezada por Machado y González sólo aparecen unas 9,400 actas de las 30,024 que constituyen el censo electoral, y muchas de éstas falsas por toda una serie de irregularidades y omisiones que contienen, según denunciado con lujo de detalles el 2 de agosto en conferencia de prensa por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Son esas mismas actas fatulas las que pretende usar el Secretario de Estado yanqui, Anthony Blinken, para justificar su reconocimiento de González como presidente electo de Venezuela y regalarnos así otra farsa: un Guaidó 2.0. Otro golpe más que Washington asesta al derecho internacional. A Estados Unidos se le han unido hasta ahora en el reconocimiento de González Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Entretanto a Maduro lo han reconocido como presidente reelecto de Venezuela ya más de 40 países, entre ellos Cuba, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Grenada, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Dominica, China, Rusia, Serbia, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Siria, Libia, Kuwait, Nigeria, Angola, Indonesia, Myanmar, Vietnam y Corea del Norte.

Concluye Boron: “En suma: se trata de una burda fabricación de datos que de ninguna manera puede sustentar la supuesta victoria de González. Sería bueno que también los periodistas, académicos y políticos que se la pasan vociferando para que ‘muestren las actas’ tomen nota de esta situación. Lo que hay es un ‘golpe blando en desarrollo’ patrocinado por Washington y divulgado sincronizadamente por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, controlados férreamente por la derecha. El objetivo de esta maniobra es provocar una crisis política y social en Venezuela, fomentar disturbios, violencia y generar un caos que propicie una eventual intervención de tropas mercenarias contratadas por el Pentágono para lograr el ansiado cambio de régimen que permita que la mayor reserva mundial de petróleo -que casualmente se encuentra en Venezuela-  pase a manos de Estados Unidos. Ese es el plan, a no engañarse. El resto es utilería.”

La batalla en las calles

Pero es que también Machado y a González están perdiendo la batalla en las calles. Su más reciente concentración en el barrio de clase alta de Las Mercedes, fue un fracaso, lo que impidió que pudiese usar dicho acto para “juramentar” a González. Por otra parte, las más recientes marchas en apoyo a Maduro fueron caracterizadas como “la madre de las manifestaciones” por su masividad.

En fin, el show mediático ya se le está acabando a los golpistas. Así también se le va terminando a todos aquellos que, desde la derecha a la llamada izquierda, les ha estado alentando, por convencimiento o ignorancia, de mala o de buena fe.

Se va imponiendo finalmente un balance de fuerzas a favor del pueblo identificado con la profundización continuada de la revolución bolivariana.