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Tuna de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras recibe dos premios en competencia internacional

En Rojo

 

La organización, que se fundó en 1961, participó del evento entre el 4 y 6 de agosto

 Con 16 estudiantes representando a la Universidad de Puerto Rico (UPR)  y cinco categorías en las que se podía ganar, los gallitos y jerezanas de la Tuna Universitaria obtuvieron dos galardones en el XI Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas, en San Luis Potosí, México. El grupo musical, que ha viajado también a Perú, España y Chile, se destacó con el Mejor Tema Libre y el Mejor Baile de Capa en la competencia.

“Puerto Rico, una vez más, hace su trabajo de enseñar su cultura a través de la música”, expresó Edithmarie Claudio Cruz, directora de la Tuna universitaria. Asimismo, confesó que, siendo el primer viaje que el grupo realiza a México, le enorgulleció la participación sobresaliente de la banda tuneril. “Como directora, mi expectativa era tener una experiencia nueva. Es un festival normalmente predominado por hombres, pero eso no nos quitó el sueño”, agregó Claudio Cruz, airada por la victoria de la asociación tuneril.

El galardón de Mejor Baile de Capa lo obsequió Adriana Rodríguez, única mujer que participó en esta categoría. Por igual, Rodríguez interpretó el tema libre “Puerto Rico y su cultura”, un ritmo que une la décima con la plena, que recibió el segundo premio de la Tuna.

En el festival, que tuvo a México de anfitrión, participaron 30 grupos de tuna. De esa cantidad, 27 contendieron por los distintos premios. “Fue nuestra primera participación en esta competencia, y éramos el único grupo puertorriqueño; Alejandra, con un dominio vocal increíble, la única mujer. Es un evento histórico para nuestra universidad y nuestro país”, aseguró la directora del grupo.

Por otro lado, Claudio Cruz destacó que, siendo un grupo de estudiantes universitarios relativamente nuevos- en el que algunos miembros, incluso, no son músicos profesionales- la satisfacción y un sentido de logro no le son ajenos a la Tuna.

 

Uno de muchos premios para la Tuna de Río Piedras

La Tuna de la UPR, fundada en 1961, ha obtenido una plétora de galardones a través de sus participaciones internacionales. En 2019, ganó tres premios en las categorías de “Pandereta”, “Bandera” y “Pasacalles”, en el Certamen de Tunas Intencionales Universitarias III, en España. Tres años después, en 2022, fungió como la Mejor tuna, Mejor solista vocal femenino, Mejor interpretación obra obligatoria: Homenaje a Vicente Fernández, Mejor ensamble de percusión, Mejor instrumentista, Mejor arreglo y ensamble coral, Mejor pasacalle, Mejor manejo de bandera, Mejor manejo de capa y Mejor manejo de pandereta, en el XXVI Concurso Departamental de Tunas de La Vega, en Cundinamarca, Colombia.

Por igual, el conjunto estudiantil está hermanado con otros grupos tuneriles, como la Tuna Universitaria de la Universidad de Antofagasta, la Tuna Piura de Perú y la Universidad de Santander, en España.

Para deleitarse con la sonoridad galardonada de la Tuna riopedrense, puede acceder al siguiente enlace: https://open.spotify.com/artist/0OxoXaqnXaSBh8F2FAEQdJ

Cuando la protesta se convierte en delito

 

En Puerto Rico, donde la violencia del crimen organizado y la impunidad de los corruptos son rampantes, indigna presenciar la embestida del Gobierno y de la Policía contra quienes protestan contra los males y desigualdades de este sistema injusto. Así hemos visto, como en días, semanas y meses recientes ha arreciado la violencia del Estado contra integrantes de la Alianza de Mujeres Viequenses que se resisten a ser desplazadas de su tierra, o contra los manifestantes que protestan contra la destrucción de mangles en La Parguera, o la construcción ilegal en la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Una de las participantes de la protesta en Vieques, Katherine Martínez Medina, fue arrestada, puesta bajo fianza, y aplazada de forma inusual la primera vista judicial de su caso, que tenía lugar en estos días.

Contrasta esta conducta agresiva e intimidante con la paciencia infinita que ese mismo Gobierno ha tenido hacia los dueños de apartamentos del  Condominio Sol y Playa de Rincón, que después de un año de ordenada la demolición de su piscina- construida ilegalmente en zona marítimo terrestre y lugar de anidaje de tinglares- se han negado a pagar lo que les corresponde para poder demoler la estructura y cumplir con la orden del Tribunal.Tuvo que un juez valiente ordenar el ingreso en prisión por desacato al Tribunal de la Presidenta de la Junta de dicho condominio, para que el país se enterara de la conducta desafiante y temeraria de estas personas que creen estar por encima de la ley.

El uso de la fuerza y la violencia por parte de los poderosos contra sus opositores es tan viejo como la historia misma de las sociedades humanas. Los grandes saltos de la historia han sido precedidos por oleadas masivas de utilización de la fuerza, la violencia, la represión, la intimidación e incluso, la guerra, como métodos de control social y de hacer prevalecer la ideología predominante en determinados momentos, especialmente cuando dicha ideología y clase dominante son o se sienten amenazadas.

En estos tiempos en que la crisis de la democracia liberal se agudiza a pasos agigantados, vemos como se cierran cada vez más los espacios de protesta y disidencia social, y tales actividades se criminalizan y se tipifican como delitos, y sus manifestantes son objeto de represión.

En Puerto Rico, la represión del Estado contra los disidentes ha sido consustancial a nuestra historia colonial bajo los dos imperios, España y Estados Unidos. Se ha dirigido principalmente contra los independentistas, consecuentes opositores históricos del sistema colonial imperante, pero se ha extendido también a quienes disienten de  decisiones, leyes, reglamentos  y políticas públicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad social y económica, o que no ponen freno al saqueo  de nuestro patrimonio natural y edificado, o son discriminatorias y abonan a la exclusión social en nuestro País.

En este momento crítico, cuando avanzan en Puerto Rico las políticas de privatización y despojo de nuestro patrimonio a favor de  poderosos intereses económicos, principalmente extranjeros, el Gobierno echa mano de sus instituciones civiles y de la Policía para perseguir, reprimir y criminalizar a quienes protestan contra el desplazamiento poblacional forzado en áreas de alto interés comercial o turístico, o contra las construcciones ilegales en terrenos protegidos como la zona marítimo terrestre, playas, manglares, humedales y reservas ecológicas, o contra quienes defienden sus derechos laborales y por un retiro digno, o luchan contra cualquier otra injusticia de las muchas que se cometen a diario en esta colonia en decadencia.

Criminalizar la protesta social y convertirla en un delito ya no es conducta exclusiva de las derechas dictatoriales y de los  gobiernos abiertamente  antidemocráticos. Cuando sienten amenazados su control, su permanencia en el poder y sus privilegios, las castas políticas y las élites económicas de los llamados gobiernos democráticos pueden llegar a ser tan represivas y crueles como la peor dictadura.

Tal parece que para dichas fuerzas poderosas y sus acólitos ya no valen ni el papel en que fueron escritas las cartas magnas «liberales» ni las «constituciones» que consignan la protesta social entre los derechos y las libertades ciudadanas que deben ser protegidos en cualquier sociedad que aspire a ser civilizada.

 

 

Nuevo año escolar, condiciones iguales o peores

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), renuncias, secretaria pendiente de vistas de confirmación, escuelas con hongos, filtraciones en los techos, escuelas sin pintar, en fin, escuelas no aptas para recibir estudiantes. Nada nuevo en este inicio del año escolar 2023-2024 del Departamento de Educación. (DE).

“Nos encontramos con las mismas situaciones de años anteriores obviamente agravados porque si las situaciones no se atienden por años pues cada año que pasa las situaciones van a ser peores en muchísimas escuelas; escuelas sin pintar en el interior y exterior, escuelas con comején, escuelas con hongos, con filtraciones en el techo, escuelas a las que no se han reparado las columnas cortas. Escuelas, que se fueron de vacaciones en junio, donde los contratistas les dijeron que iban a trabajar en el verano y llegaron a las escuelas y encontraron las cosas en el medio como las dejaron, sus salones sin pintar, hay muchas escuelas que se fueron pensando que iban a encontrarla rehabilitada y esa no fue la realidad”, declaró la presidenta de la Federación de Maestros (FMPR) Mercedes Martínez Padilla, a CLARIDAD, respecto a que se han encontrado con los mismos problemas de siempre en este nuevo año escolar.

En tanto en el marco de este nuevo año escolar, la secretaria de la gobernación Noelia García, confirmó a varios medios de comunicación que el FBI realiza una investigación relacionada con la otorgación de contratos para la reparación de estructuras de la agencia, como escuelas y de varios programas que reciben fondos federales. Hace apenas un mes, a la renuncia del secretario Eliezer Ramos Parés, también se reveló que el DE de una asignación de $1,320, 626 del programa de Ayuda de Emergencia Para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, siglas en ingles) solo había utilizado unos $694,377,391, por lo que estaba en riesgo de perder el resto del dinero, pues su asignación vence este 30 de septiembre.

Tras la renuncia de Ramos Parés, (a petición del gobernador Pedro Pierluisi), éste nombró a Ángel Toledo López, como secretario. El gobernador tuvo que retirar el nombramiento Toledo López ante la postura del Senado de que el nominado no sería confirmado. Días después el gobernador Pierluisi nombró secretaria a la directora de la Región de Bayamón del DE, Yanira Raíces Vega. La nueva Secretaria entonces designó, es decir devolvió, a su puesto de sub secretario de Asuntos Académicos y Programáticos a Toledo López. Luego, en los primeros días de agosto se dieron otras dos renuncias en la alta gerencia del DE, la del sub secretario de Administración, Jesús González Cruz y la secretaria Auxiliar de Asuntos Federales, Naitzabes Martínez González.

Entre tanto la Comisión de Nombramientos del Senado, confirmó a CLARIDAD que todavía no se ha pautado nada sobre las vistas de confirmación de la nominada. Así comienza una vez más el nuevo año escolar del sistema público.

Martínez Padilla señaló, sobre las renuncias y salidas de funcionarios a un mes de iniciar el semestre, que siempre van a tener efectos sobre el sistema y eso parte de lo que la FMPR ha señalado de la necesidad de una verdadera descentralización del DE. Dio a conocer que la Federación junto a otros grupos multisectoriales constituidos en el Comité de Trabajadores por la descentralización del DE estaba iniciando un recogido de firmas de maestros y en comunidades para exigir una verdadera descentralización del DE con propuestas de autonomía escolar, el que los ejecutivos del DE incluyendo al secretario y superintendencias sean nombrados por sus méritos, que haya consulta por regiones de los candidatos. Además de que la Legislatura trabaje en la derogación de la actual ley 85, la “mal llamada reforma educativa” para trabajar una verdadera reforma. “Esta propuesta va a ser nuestro norte este semestre”.

Mientras sobre la nueva designada, y su postura sobre las escuelas chárter, la presidenta de la FMPR reconoció que Raíces Vega es una persona con la que se puede dialogar igual que con Ramos Parés. No obstante, hizo la salvedad de que obviamente responde a la política publica de la agencia de que todavía no hay las escuelas chárter que permite la ley, o sea que favorece que haya mas. “Nosotros entendemos que debe ser el rol de cualquier secretario defender la educación pública y fortalecer las escuelas públicas y no desviar los fondos para favorecer escuelas privadas”. Sobre ese mismo asunto ante la postura del alcalde Miguel Romero de que favorece las escuelas chárter para San Juan, Martínez Padilla, confirmó que el municipio de San Juan es el único que tiene escuelas chárter y atribuyó al interés por estas escuelas a los fondos que recibe el Municipio de parte del DE y federales.

En cuanto a que una vez más el DE es objeto de investigación por presuntos actos de corrupción dijo que realmente no les sorprende. “No es la primera, ni la última vez que hacen investigación sobre el DE lamentablemente lo que sí es seguro es que mientras las escuelas están en condiciones paupérrimas, infrahumanas, sin garantizar condiciones de trabajo y estudio hay gente que se está lucrando, que está robando, hay contratos que se están otorgando y no se está cumpliendo con los mismos, eso es robo del erario público y no debe sorprender a nadie que estén investigando, lamentable no debería ser la norma”.

Todavía faltan maestros

En entrevista por separado la presidenta de UNETE, Liza Fournier Córdoba, señaló sobre las condiciones de los planteles que había que reconocer que este año hay mas escuelas quizás habilitadas o en buenas condiciones que en años anteriores. “Pero para mí como líder sindical y como maestra activa en la sala de clases no puede haber unas pocas”. Se refirió a que la secretaria del DE dijo que un 70% de las escuelas habían sido rehabilitadas, a lo que Fournier cuestionó el sentido de habilitadas, se refiere a que se le pasó un trimmer, o se recogieron los escombros, este tipo de tarea.

La presidenta de UNETE describió un panorama similar al descrito por la presidenta de la FMPR de que hay escuelas a las cuales se les indicó que sus salones serían pintados y ahora al regreso se ha encontrado que no. En el caso de las escuelas donde no se hicieron los trabajos se ha informado que se harán durante el año escolar.

En cuanto al nombramiento de maestros Fournier Córdoba, citó que según la secretaria Raíces Vega faltaban 180 maestros por reclutar. “Yo creo que faltan más y hemos tenido problemas este año con muchos maestros que eran extensión o eran transitorios y les dieron una evaluación no aceptable para el DE. Observó que se supone que un maestro, si en su primera evaluación no sale satisfactorio se le busque un mentor, un facilitador esto porque muchas veces son personas que no estudiaron pedagogía, tienen un bachillerato. Abogó que entre esas personas puede haber quienes tengan la vocación de maestros, pero el DE tiene que darle las herramientas, cosa que no siempre ocurre debido a que cada escuela es una finca aparte, cada director quiere cosas diferentes y “entonces a veces no hay pena ni piedad y esas personas si tiene una evaluación que no es satisfactoria no la vuelven a nombrar. Hay muchos maestros que no nombraron este año y ahora hay que estar peleándole la evaluación. Entendemos que tienen que darle la oportunidad”.

La presidenta de UNETE señaló que ha habido una merma de estudiantes este año en muchas escuelas lo que puede reducir los equipos de trabajo de docentes. No obstante, indicó que la reducción de estudiantes es una oportunidad ideal para dar una atención individualizada a los estudiantes, en particular a los de educación especial.

La sindical UNETE también forma parte del Comité de Trabajadores por la descentralización del DE.

Por su parte la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) con su Local Sindical, en conferencia de prensa, a días de comenzar el semestre se expresó en sentido similar de la necesidad de que en el DE se implemente un plan articulado y estratégico para una transformación educativa real con el magisterio y las comunidades escolares como protagonistas. “El país entero está cansado de la falta de un plan articulado y estratégico y eso lo vemos en cada inicio escolar. Mientras esa sea la orden del día, seguiremos teniendo los mismos resultados”, destacó Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR,

Bonilla Sánchez dio a conocer que, de acuerdo con resultados obtenidos tras visitas realizadas por el equipo de coordinadores de la AMPR a unas 588 escuelas alrededor de la isla, hoy persisten problemas de planta física, recogido de escombros, sellado de techos, columnas cortas y pintura de las estructuras. Además, en un 46.4% de estas escuelas la facultad escolar no está completa. Una muestra de este panorama es la escuela Berwind Intermedia que está ubicada en la escuela Ángel Ramos de Río Piedras, en donde la organización magisterial llevó a cabo su conferencia de prensa.

Para este año que inicia la AMPR detalló que el DE debe atender con premura el establecimiento de una escala salarial para el magisterio, la culminación de la negociación colectiva, así como la puesta en marcha con agilidad de la revisión de los casos pendientes de la Carrera Magisterial y el proceso de evaluación de casos nuevos.

Aun cuando las diversas organizaciones sindicales coinciden en la necesidad de que en el DE haya una transformación, descentralización de recursos y que el magisterio y las comunidades escolares sean los protagonistas, se desprende de las declaraciones de que los grupos sindicales que van por vías distintas. En el caso de la AMPR según informaron se ha insertado en el Comité Ejecutivo del Proyecto IDEAR, que busca lograr cambios en las operaciones administrativas del DE.

“No estamos totalmente de acuerdo en todo lo que se está planteando en las mesas de trabajo del Comité Ejecutivo, pero estamos ahí para defender la escuela pública gratuita, velar que se reconozca la autonomía escolar y promover que las escuelas administren sus presupuestos. Nuestra participación busca garantizar que no se debilite a la escuela pública; por el contrario, que de este proceso la escuela pública salga fortalecida. Es hora de que veamos una transformación total que nos conduzcan a lograr una educación pública accesible, de calidad y pertinente a las realidades actuales de nuestras comunidades escolares”, afirmó el vicepresidente de la AMPR.

Mientras los otros grupos magisteriales y organizaciones de la sociedad civil, se junta en el Comité de Trabajadores por la descentralización del DE.

 

 

 

 

 

 

Paraguay: asume Santiago Peña, un neoliberal bajo la tutela del Partido Colorado

 

Por Gustavo Veiga

El exministro de Hacienda de Horacio Cartes a partir de este martes gobernará por cinco años desde el Palacio López de Asunción. Deberá lidiar con las internas de su partido.

Santiago Peña, el nuevo presidente del Paraguay, tiene raíces argentinas. Su mamá Ana María Palacios nació en Buenos Aires y es sobrina nieta del primer diputado socialista de América, Alfredo Palacios. El exministro de Hacienda de Horacio Cartes que a partir de este martes gobernará por cinco años desde el Palacio López de Asunción, es un economista de 44 años que completó su formación en Estados Unidos, pasó por el FMI y regresó al país para desarrollar su carrera política. Primero como militante del principal partido de la oposición, el Liberal Radical Auténtico (PLRA), y después ya como funcionario del aparato del Estado bajo la hegemonía del Coloradismo.

Convocado por el discutido Cartes a integrar esa fuerza que el 11 de septiembre próximo cumplirá 135 años, tuvo un ascenso meteórico. Según sus detractores se debe a la docilidad para trabajar junto al ex mandatario, un multimillonario a quien el gobierno de EE.UU definió como “significativamente corrupto”. Peña suele evitar referirse a ese padrinazgo polémico.

Escorpiano, nació el 16 de noviembre de 1978, dos años después de que sus padres se mudaran a la capital paraguaya. Sus dos hermanos mayores, como su madre, son argentinos. Él se graduó en la Universidad Católica de Asunción, dio clases en la misma casa de estudios y en 2001 se mudó a los Estados Unidos. En una entrevista reciente que le realizó Marcelo Tinelli en su casa, declaró que forjó su carácter en el deporte. Jugó al rugby e integró la selección de su país. Acostumbrado a la rigurosa disciplina en ese juego de contacto, dijo que no le gusta confrontar ni responder los agravios. Su madre en un reportaje que le hizo el diario La Nación recordó que era “estudioso y buenísimo”.

Ya como presidente electo, se preguntó sobre el Paraguay que gobernará: “¿Cómo puede ser que un país que genera alimentos para 80 millones de personas en el mundo tenga 500 mil que están por debajo de la línea de pobreza? Desde ahora debería apuntar a la solución de ese tipo de problemas estructurales, aunque es un economista liberal que pregona el ajuste a tono con las políticas clásicas del FMI, su antiguo empleador.

Uno de los senadores más influyentes del Partido Colorado, Basilio Bachi Núñez, le marcó la cancha en declaraciones recientes sobre lo que Peña tendría que hacer con el Estado: “Este gobierno – por el de Mario Abdo Benítez que se va – metió 70 mil funcionarios, vamos a sacar 30 mil, y en vez de tener planilleros vamos a llevar eso a los niños”. Aludía a las raciones de almuerzo escolar que se perderán con la baja de un convenio de financiamiento que provenía de la Unión Europea.

El flamante presidente es un producto genuino del poder de cooptación del Partido Colorado. Había militado 21 años en el PLRA – casi la mitad de su vida – y cuando integraba el gabinete de Cartes (2013-2018) decidió cambiar de vereda y se sumó al oficialismo. La Asociación Nacional Republicana, el nombre oficial de la fuerza gobernante, lleva casi 70 años sin interrupciones en el poder. Su colosal maquinaria electoral, que contaba con 2.616.424 afiliados a diciembre de 2022, le permitió colocar en la presidencia al joven Peña.

Jorge Coronel Prosman, historiador paraguayo y con una especialización en Economía Social por la UNICAMP de Brasil, le dice a PáginaI12 que “el Partido Colorado en sí, es el oficialismo y la oposición al mismo tiempo”. Autor de libros como Itaipú y la lucha de los trabajadores y El último de los tranviarios o cómo el stronismo destruyó al sindicato del sector eléctrico, Coronel Prosman cuenta que Peña deberá lidiar con tres problemas: “la dualidad del poder entre él y Cartes, algo que se repite en Paraguay como ya había sucedido con el presidente Wasmosy y Lino Oviedo; el conflicto creciente de los movimientos sociales con los terratenientes más la preocupación que hay con las amenazas de despidos de funcionarios estatales y, en tercer lugar, la disputa interna en el propio partido Colorado”.

Cartes, el padrino

El nuevo presidente tiene una complicación adicional en su agenda de gobierno. La situación de su padrino político. A Cartes lo acusó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un documento del 26 de enero pasado. Señaló que incurrió “en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay”.

Conservador en lo político, nacionalista, pero también pro-mercado como cualquier neoliberal que se precie de tal, Peña acaba de anunciar que Paraguay volverá a abrir su embajada en Jerusalén. Durante un acto en Asunción se mostró con los representantes de la fundación Aliados de Israel (IAF), una organización que hace lobby buscando apoyo parlamentario en Estados Unidos y muchos países de América Latina.

Hincha del club Olimpia como Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, asistió la semana pasada al partido en que su club eliminó de la Copa Libertadores al último campeón, Flamengo. Con la llegada de Peña al gobierno, se interrumpió la segunda ola de fuerzas progresistas en la región que, con matices, se transformó en la tendencia más visible desde los triunfos de Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil. A éste último lo visitó en Brasilia a fines de julio, calificó al encuentro como “excelente” y agregó: “hablamos sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, además de un tema estratégico como Itaipú. Queremos trabajar juntos en estos años que tenemos por delante”.

Con la Argentina tiene temas semejantes a tratar, desde Yaciretá hasta la Hidrovía. Después del resultado electoral en las PASO, hoy es imposible prever quién será su interlocutor.

gveiga@pagina12.com.ar

 

Demandan a instituciones gubernamentales por daño ambiental y agrícola

En la foto, los portavoces de las organizaciones demandantes (sentados de izquierda a derecha) Cristina Miranda Palacios, Liga de Ciudades de PR, INC.; Federico Cintrón Moscoso, de El Puente de Williamsburg, INC.; Víctor Alvarado Guzmán, de Comité Diálogo Ambiental, INC; Adriana González, de Sierra Club PR; Alfredo Vivoni, Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, INC.; Marissa Reyes, de Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica INC. y el doctor David Sotomayor, catedrático de suelos del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Les acompañan los licenciados (de pie de izquierda a derecha) Gabriel Meléndez Cardona, Ruth Santiago, Lorena I. Vélez Miranda, Ninoshka G. Picart Pérez y Omar Saadé Yordán. Foto suministrada

 

Falta de transparencia, conflictos de intereses, daños ambientales y potenciales inundaciones, es el marco que representan los 18 proyectos de energía renovable aprobados por el Negociado de Energía (NE), denunciaron seis organizaciones relacionadas a la actividad agrícola y protección del ambiente.

En conferencia de prensa las organizaciones informaron que demandaron al gobierno por la aprobación de los 18 proyectos a construirse en terrenos de alto valor agrícola y ecológicamente sensitivos, en violación a las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT) y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.

En el ‘Mandamus’ presentado este lunes 14 de agosto -el mismo día de la conferencia de prensa- las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al NE, a la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), al Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DDEC), y al Estado Libre Asociado (ELA), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos. Argumentaron que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.

Las demandantes son; la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., el Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático), Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc. Además, cuentan con el apoyo legal de Earthjustice y el Resiliency Law Center.

Falta de transparencia gubernamental

Las organizaciones denunciaron que el NE llevó a cabo un proceso separado y confidencial para implantar el Plan Integrado de Recursos, (PIR), sin divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.

El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las otras agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el PUT y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.

Mientras, David Sotomayor, catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, advirtió el que; “La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”.

Añadió que en 70 años (1935 al 2002), se documentó la pérdida de alrededor de un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas por diversos factores, principalmente el desparrame urbano, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la UPR.

“Esas son tierras que no recuperaremos y se torna imprescindibles en una Isla como la nuestra que depende casi exclusivamente de la importación de productos para podernos alimentar que no se pierdan más tierras porque se atenta contra la seguridad alimentaria particularmente en momentos de crisis por el cambio climático y por aspectos internacionales del mercado”, sostuvo Sotomayor.

Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc. (Enlace Latino de Cambio Climático) afirmó los dos servicios que más se ven afectados con las emergencias climáticas son el acceso a la energía y alimentos saludables. “Cerca del 95% del combustible fósil que utilizamos y sobre el 80% de los alimentos que consumimos vienen del extranjero. Por eso, cuando hablamos de adaptación climática, insistimos en aumentar nuestra capacidad de producir, localmente, energía renovable y alimentos. Pero estas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra, como estamos viendo en estos proyectos de energía industrial. Es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.

En la demanda se argumenta que la guía para la creación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que contempla la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. Las organizaciones plantearon que las normas tienen que ser consideradas y aplicadas por todas las agencias, incluyendo el Negociado y el DDEC al identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable. Igualmente, deben aplicarse conforme a la política pública ambiental de rango constitucional.

La miembro de la Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc. Marissa Reyes, reparó en que favorecen la energía renovable, pero no en detrimento de terrenos de alto valor ecológico y reservas agrícolas de los mayores lugares productivos. “Pese a la letra clara de la Ley 17-2019 (Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”) y de la Ley 57-2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico), el Negociado ha incumplido con su deber ministerial porque evalúa y aprueba los proyectos industriales (de energía) del Requerimiento de Propuestas del PIR sin identificar previamente los lugares aptos, sin requerir asistencia del DDEC y sin requerirle que someta sus conclusiones identificando los lugares aptos conforme a la Ley 17-2019. De igual manera, el DDEC incumple con su deber ministerial al no asistir ni someter sus conclusiones al Negociado identificando los lugares aptos, conforme a la Ley 17-2019 y la Ley 57-2014.”, añade la demanda.

Conflicto de interés

Además del entorno de falta de transparencia del Negociado y las agencias en la aprobación de estos proyectos, los activistas expresaron que les preocupa el alegado conflicto de interés del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró con respecto a los cuatro proyectos industriales de energía propuestos por Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la carbonera Applied Energy Services Puerto Rico (AES).

Afirmaron que en medios de comunicación se ha reseñado una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio notariada por el licenciado Cristian A Santiago Montalvo el 17 de julio de 2023 en Guayama. La publicación Sintesis Noticiosa detalla que aparentemente el funcionario intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para que se vendiera la finca a una empresa en la que el funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente. En una querella radicada el 22 de noviembre de 2022 ante la Oficina de Ética Gubernamental, el agrónomo Carlos A. Flores Collazo, ex secretario de Agricultura detalla que en esos terrenos se ha propuesto construir un proyecto de energía renovable de la AES con el endoso del DA.

Daños ambientales y potenciales inundaciones

La licenciada Ruth Santiago señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades. Dijo que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio Hidrológico Hidráulico (HH) que concluye que el proyecto industrial de AES entre Salinas y Guayama tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.

“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.

Como parte de sus esfuerzos las organizaciones comenzaron una campaña digital de recogido de firmas para presentar comentarios sobre los proyectos industriales de energía ante la Junta de Control Fiscal e hicieron una exhortación al público a evaluar los comentarios y endosarlos.

Para más información puede ver el reportaje: https://claridadpuertorico.com/aprueban-proyectos-de-energia-renovables-en-tierras-agricolas/