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Las propuestas del Urbanista Pedro Cardona Roig

Pedro Cardona Roig. Foto: Alina Luciano

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

Tras 25 años trabajando con grupos y distintos movimientos comunitarios, tales como el Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, en Río Piedras, y con Cauce, sus incursiones en la discusión pública respecto al Mapa de Calificación en los casos de Sol y Playa, Cueva Las Golondrinas o, lo más reciente, la venta ilegal del predio conocido como el Parquecito de Condado, han provocado que Pedro Cardona Roig asuma la candidatura a representante por el Distrito 1 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El arquitecto, quien fue vicepresidente de la Junta de Planificación (JP) del 2013 al 2016, cuenta que reflexionando sobre estos asuntos comprendió que se está triunfando caso a caso; pero no se está provocando un cambio en la fuente del problema: “No estamos llegando a la raíz de lo que produce este tipo de situaciones una y otra vez. Por lo tanto, ahí es que empiezo a identificar dónde pienso que debo estar o puedo estar. Hay dos áreas que son vulnerables: el Ejecutivo y el poder Legislativo”.

Esto último, observó, tiene muchos retos. Denunció a que se ha visto en ambos poderes el impacto del inversionismo político y cómo la legislación responde al interés de unos individuos o unas empresas y se ha abandonado la defensa del interés público. “Hace muchísimos años que no tenemos líderes. Son gestores del interés privado los que gobiernan y los que lideran los cuerpos legislativos”.

El reconocido en las redes sociales como El urbanista dijo conocer todas las comunidades del Precinto 1. Pero en el caso de la campaña política comenzó en enero un proceso de conversación con las comunidades, ya que, a su juicio, una cosa es recorrer y mirar y otra cosa es conocer de manera directa qué es lo que quieren las comunidades. El programa, que es uno de puerta a puerta, sale todos los viernes y los miércoles y, en ocasiones, los jueves y sábado. “Queremos oír las quejas, preocupaciones y también las propuestas de la comunidad para atender sus distintos asuntos”.

Cardona Roig compartió que estas visitas han sido una de las mejores experiencias que ha tenido y que aun cuando pensaba que iba a recibir un insumo valioso, no sabía cuán valioso iba a ser. Trajo el ejemplo de que incluso en comunidades como Miramar y Condado, que se perciben como aventajadas, entre adultos mayores existe preocupación por el desplazamiento. Narró que le llamó la atención que adultos mayores que ya tienen un apartamento saldo y viven de una pensión que ya está reducida enfrentan unos costos de energía que se han salido de control, no pueden estar sin un plan médico y, para colmo, con la enmienda a la Ley de Condominios en el 2019, ahora el quórum de una asamblea lo constituyen los que llegan a la asamblea.

Las personas que llegan tienen el poder de tomar determinaciones que conllevan a que de pronto las personas que tienen un presupuesto limitado se encuentren sin recursos para enfrentar esa nueva carga que resulta de un grupo menor de la comunidad.

Si a eso se le suma el tema de los seguros que se le exige a los condominios, que ahora cuestan 300 % más de lo que costaban hace 10 años, todos esos factores llevan a estos adultos mayores a decir que tienen miedo y están preocupados. Esas personas se encuentran en una situación frágil y pueden tener que hacer una venta involuntaria, un desplazamiento involuntario, y no hay lugares donde puedan vivir dentro del Área Metropolitana.

El candidato del MVC reconoció que ese fue uno de los hallazgos que no esperaba encontrar, aun cuando ha trabajado directamente con muchas comunidades el asunto del desplazamiento, pero era principalmente en comunidades desventajadas. “Me he reunido con comunidades a todos los niveles y no esperaba enfrentarme en esas áreas a ese tipo de realidad”.

Al otro lado del espectro, entrando a comunidades como La Perla, Israel, Bitumul y Alto el Cabro, contó que hay comunidades a quienes en un momento dado les entregaron unos títulos de propiedad y les dijeron a las personas que eran dueñas de sus lotes; sin embargo, esos títulos no tienen ningún valor legal. Las personas no han podido inscribir la propiedad ni saben por qué.

Regresando al macro de las comunidades desventajadas, el planificador arquitecto enumeró que estas han estado perdiendo servicios fundamentales como lo eran los Head Start, los Boys and Girls, los CDT y los servicios de ama de llaves. En particular, las familias, madres con hijos en edad preescolar, le han compartido que no pueden salir a trabajar porque no tienen dónde dejar sus hijos ni tienen los recursos económicos para pagar por un cuido. Denunció que el Estado ya no está proveyendo esos recursos que existían antes. “Hay veinte mil otras cosas”.

Más allá de las comunidades del Precinto 1, apuntó, San Juan es un reflejo micro de una condición macro de la isla. El Precinto 1 se enfrenta a mayor vulnerabilidad por el cambio climático, la subida del mar y la erosión costera que va a afectar a una de las áreas más densamente poblada de Puerto Rico, Isla Verde y Condado, que es donde están la mayoría de los condominios. Considera que lo que pueda hacer como legislador en el Precinto 1 puede servir de ejemplo para el resto de la isla.

Cardona calificó de urgente el que se atienda la reforma de permisos. “Eso afecta no solo al Precinto 1, sino a todo el país”. Puntualizó que la llamada Reforma de Permisos fue la que dio paso a que se pudiera hacer de forma expedita la venta o sesión ilegal que se hizo en el parque de Condado. Eso es lo que sirve de base para que se hayan autorizado una serie de proyectos de condominios en el Condado sin contar con la infraestructura necesaria y sin cumplir con la normativa que está vigente desde el 1992. Es un reglamento especial para el Condado que se convirtió en instrumento de política pública, pero que no se está respetando porque la ley de reforma de permisos crea unos huecos que permiten desviaciones al reglamento y, por lo tanto, acciones ilegales.

El ex vicepresidente de la JP explicó que el país ha desarrollado con toda una serie de mecanismos para establecer una especie de folleto publicitario, como pueden ser los Planes de Mitigación de Riesgo, que en términos reales no tienen una sola expresión de política pública que sea sólida y conducente a que estemos mejor en el futuro. “O sea, no hay una propuesta de mitigación de riesgo efectiva en el Plan de Mitigación de Riesgo de San Juan”. Al respecto, dio el ejemplo de que el área del Escambrón, el Parque Sixto Escobar y el Normandie están identificadas en el Plan de Mitigación como áreas de desalojo porque están en un área de riesgo, por lo que no puede haber desarrollo nuevo. Sin embargo, el Municipio de San Juan, aun así, suscribió un contrato de alquiler con la empresa Normandie OZLL CI de Eddie Ishay.

El candidato por MVC afirmó que todavía hay muchísimos espacios en San Juan y en el Precinto 1 amenazados por inversionistas. En un recorrido por el Viejo San Juan se puede ver que hemos perdido unos recursos súper valiosos. “No sé cómo los vamos a rescatar; están en manos de personas privadas que lo miran solo como una inversión, no tienen vínculos con el país”. Cardona Roig aclaró que no tiene problema con el libre mercado, pero sí cree que no es posible, ni razonable ni lo va a tolerar, que el puertorriqueño y los activos de Puerto Rico se comprometan y se pierdan por excusas como el libre mercado.

“Mi posición en relación con la Ley 60, es que no puede haber un código de incentivos que le aplique a los de afuera y no a los de adentro, que es lo que supone. Es que los puertorriqueños vamos a competir en desventaja con los extranjeros. No puede ser, no puede ser”.

El candidato del MVC al Precinto 1 de San Juan trajo a la atención que durante los pasados 32 años el Partido Nuevo Progresista ha controlado San Juan. El puesto lo han ocupado el representante Nuno López, Melinda Romero, Miguel Romero y, al presente, Eddie Charbonier Chinea. “Me pregunto cómo es posible que haya 32 años continuos y ese precinto esté en esa condición tan precaria, por qué razón no he escuchado a estos representantes defender el interés de las comunidades”, cuestionó.

Cardona Roig, quien dijo que desde hace 18 años no utiliza carro y que depende del transporte público o camina, comentó sobre cómo atajar el automovilismo en San Juan. Entre varias cosas, señaló que es fundamental trabajar con las aceras y los corredores peatonales porque parte de la razón por la que la gente no camina es porque es desagradable hacerlo. Además, hay que proveer que el transporte colectivo llegue a los centros productivos y educativos; es decir, que las rutas sean visualizadas desde la necesidad.

De llegar a la Legislatura, El urbanista se propone presentar legislación para que haya reconocimiento y representatividad del adulto mayor como un segmento vulnerable de la población que tiene que ser reconocido en toda legislación y en cualquier asunto que resulte en una carga económica adicional para este. El adulto mayor no tiene oportunidad de aumentar sus ingresos y se está cayendo en una situación que está provocando una adversidad para ellos, señaló.

 

El otro asunto que se propone abordar está relacionado con los condominios. Este planteó que es hora de trabajar un seguro universal para condominios, de una cubierta que pudiera aliviar a muchos residentes. “Me parce justo, porque el condominio representa unas cargas mucho más reducidas al municipio que una vivienda unifamiliar. Por ejemplo, el recogido de basura es más sencillo”. Indicó que con unas pólizas globales se pudiera estar reduciendo 1/5 parte del costo de mantenimiento. También hizo la observación de que estos seguros han perdido conexión local y que todas las compañías que han estado cotizando son de afuera.

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Supremo odia a las mujeres

 

 

El caso se llama Ramón Lugo Morillo vs Elizabeth Natera Bonilla. En el mismo, el Tribunal Supremo permite que Ramón Lugo Morillo desahucie y deje sin hogar a su compañera consensual de más de 20 años, después de un incidente violento en que la víctima, Elizabeth Natera Bonilla, temiendo por su seguridad física y emocional, llamó a la policía. Elizabeth Natera Bonilla llamó para que convencieran a Lugo Morillo de salir del hogar de ambos hasta que él se calmara. Al parecer ni querella quiso hacer.

Todos los datos y contexto que procederé a contarles, se hicieron disponibles al Tribunal Supremo, desafortunadamente, Rafael Martinez Torres, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Roberto Feliberti Cintrón (en adelante llamados los 4 machos del TS,) y Mildred Pabón Charneco 1 , junto con dos tribunales inferiores, negaron a Elizabeth Natera Bonilla la oportunidad de defenderse, precisamente en el juicio cuyo resultado fue permitir que la desahuciaran de su propia casa, la casa donde crió a sus hijos, hoy adultos, con Ramón Lugo Morillo, la casa en la que ambos vivían y donde ella lo ayudó a estudiar y hacerse profesional. Los 4 machos del TS y Pabón Charneco dijeron, y repitieron, que para ellos es suficiente que el nombre del maltratante, sea el único nombre en el título de propiedad. Un momento de solidaridad con una de las formas de violencia más comunes contra las mujeres, el control económico.

 

Los hechos no disputados:

  • Elizabeth Natera Bonilla, una mujer negra, está en una relación de pareja con Ramón Lugo Morillo desde hace 27 años.
  • Juntos criaron cuatro hijes, dos al día de hoy ya fallecieron, quedan dos, hoy adultos.
  • Elizabeth Natera Bonilla ya tenía una relación con Ramón Lugo Morillo, cuando él decide estudiar en la Politécnica.
  • Elizabeth todo el tiempo lo apoyó emocional y económicamente para que se hiciera un profesional. Fue con el producto del trabajo y esfuerzo de ambos qué pudieron comprar la casa en cuestión.
  • Elizabeth Natera Bonilla siempre trabajó y contribuyó al hogar de ambos.
  • Además de trabajar, Elizabeth Natera Bonilla realizaba los trabajos domésticos y de crío de los hijes hasta que llegaron a la mayoría de edad.
  • Juntos compraron un carro a nombre de Elizabeth Natera Bonilla qué luego se puso a nombre exclusivo de Ramón Lugo Murillo.
  • El mismo Ramón Lugo Murillo dijo en corte qué nunca pensó que Doña Elizabeth no tuviera derecho a vivir en su casa de más de 17 años hasta que ella, temiendo por su seguridad, llamó a la policía.

Todos los tribunales hasta el supremo, la reconocieron como precarista.

Precario 2 1. adj. De poca estabilidad o duración. inestable, inseguro, frágil, provisional, temporal, efímero2. adj. Que no posee los medios o recursos suficientes. escaso, apurado, limitado, pobre, insuficiente, carente.3. adj. Der. Que se tiene sin título, por tolerancia o por inadvertencia del dueño.

La ironía es enorme, porque sí, se puede decir que, en Puerto Rico, la condición económica de las mujeres es mayoritariamente precaria. También se puede decir que la seguridad e integridad física de las mujeres es precaria. Ahora, con esta decisión, también es claro que las posibilidades de víctimas de maltrato de ser escuchadas en las cortes, también es precaria, sobretodo si llaman a la policía temiendo por sus vidas y el maltratante decide desahuciarles de sus casas. Palo si bogas, palo si no bogas.

Elizabeth Natera Bonilla individualmente es una mujer precarista, una mujer negra bajo el control económico de su pareja, acaba de descubrir que está en la calle; ni casa, ni carro, ni nada. Elizabeth no es una excepción, hay muchas mujeres en la misma posición, por eso es que esta decisión de la corte, con entero conocimiento de lo que hacen, es tan abominable. Miles de mujeres viven, en precariedad, aun cuando por décadas les han criado hijas e hijos a sus parejas.  Miles de mujeres viven en situaciones donde su integridad física y mental es precaria. Miles de mujeres viven, aun cuando trabajan, bajo el control económico absoluto, del maltratante, que al igual que Ramón Lugo Morillo, lo tiene todo a su nombre. Miles de mujeres también sufren un limitado y precario acceso a la justicia, porque el Tribunal Supremo les prohíbe presentar prueba, añadir contexto, narrar la precariedad de sus vidas amenazadas de desacato con la excusa tonta y cobarde de que el proceso es sumario. Aclaro, que los 4 machos del TS, y Pabón Charneco, tienen el poder de devolver el proceso a las cortes inferiores y convertir el proceso en uno sumario 3 , a uno ordinario. Eso ni lo dicen ni lo escriben en su escueto pero arrogante y prepotente párrafo de negación de Certiorari, alegando no poder hacer nada. Cabe añadir que estas reglas están diseñadas para propiedades que están en el mercado de rentas, no hay prueba alguna sometida que Ramón Lugo Morillo estipule que necesita poder rentar la casa. Ramón Lugo Morillo, con su frágil y herido ego, simplemente quiere vengarse. Si ella me llama la policía, yo la puedo desahuciar. Es esta miserable venganza la que la corte apoya y valida con su decisión.

“…La alegación de que existe una comunidad de bienes entre dos personas no derrota una acción de desahucio instada por el único dueño de una propiedad. Mucho menos crea un conflicto de título entre ambos. A lo sumo, la comunera 4  tiene derecho a probar la existencia de la comunidad en otro pleito y a ser resarcida por su aportación5 ., si prevalece. Eso no se dilucida en una acción de desahucio, por lo que cualquier pregunta al respecto es impertinente a lo que el Tribunal tiene ante sí. 6 El desahucio se reclama mediante el procedimiento sumario estatuido. En todo caso, los derechos de la comunera 7 . se deben atender en un pleito separado que no es este. Cualesquiera otros argumentos o teorías son ajenas al Derecho 8 .. (enfasís míos)

No dicen los 4 jueces machos del TS, ni Pabón Charneco, al derecho de quien se refieren en la última oración, el derecho del maltratante? ; ¿del que más poder económico tiene? Ciertamente no hablan del derecho de Elizabeth a recibir justicia en el más alto foro judicial de Puerto Rico.

los 4 machos del TS, y Pabón Charneco lo saben bien, los procesos de desahucio en Puerto Rico, son sumarios para que nunca, ni ellos, ni Pabón Charneco, tengan que escuchar esas historias de comuneras, de precaristas. Porque no se trata de justicia, se trata de desahuciar. En eso los 4 machos del Tribunal Supremo, y Pabón Charneco, están claros, su labor es solo garantizar desahucios a la clase económica a la que sirven. Ni política pública, ni la preocupación por el mensaje que envían, ni la falta de consistencia con el reciente anuncio de la Corte Suprema en la que con bombas y platillos alegan cooperar con Justicia y con la policía para mejorar el trato en las cortes a las mujeres víctima de maltrato físico y/o económico en Puerto Rico. Una cosa son sus comunicados de prensa y otra es lo que continúan haciendo en las mismas cortes día tras día, socavando esos mismos acuerdos que con bombos y platillos leemos y escuchamos en los miedos noticiosos, tan huecos, como hueco deben tener el espacio en su consciencia donde debiera haber un compromiso con la Justicia y con el pueblo de Puerto Rico.

 

Otros hechos también innegables en este caso abominable, donde Elizabeth Natera Bonilla fue silenciada:

 

A la defensa de Elizabeth se le prohibió hacer preguntas sobre la comunidad de bienes.

A la defensa de Elizabeth se le prohibió hacer preguntas sobre su trabajo todos los años que vivieron juntos y sus aportaciones económicas.

A la defensa de Elizabeth no le permitieron hacer preguntas sobre el apoyo económico que ella proveió mientras Ramón Lugo Morillo estudiaba ingeniería.

No le permitieron a Elizabeth la precarista, la comunera, la desahuciada, tan siquiera defenderse, borraron sus últimos 27 años de vida.

La Justicia no es ciega, en este caso, los 4 machos del TS y Pabón Charneco, le pusieron la venda.

Además de silenciarla en el Tribunal Supremo, los 4 machos del TS, y Pabón Charneco, también se aseguraron de dejarla sola, sin aliados:

  • La organización Ínter-mujeres Puerto Rico compareció mediante solicitud de intervención en carácter de Amicus Curiae.
  • [n]o reconocer el trabajo de cuidados que realiza una de las personas integrante de la pareja, sea matrimonial o de hecho, por años atenta contra el derecho fundamental a la igualdad. No reconocer […] su trabajo en el hogar, el cuidado de la prole, la preparación de alimentos o las contribuciones a los gastos cotidianos familiares, coloca a una parte en situación de desventaja, desigualdad y permite un enriquecimiento injusto de quien pudo lograr sus metas profesionales o adquirir propiedades gracias a que la otra parte de la pareja mantenía todo a flote en el hogar. 9
  • La organización Ayuda Legal Puerto Rico que precisamente atiende comunidades marginadas, discriminadas o empobrecidas las cuales entre muchos otros problemas sociales también pudieran perder sus hogares compareció mediante solicitud de intervención en carácter de Amicus Curiae, con un expertise que la corte no quiso apreciar.
  • [n]o admitir el proceso ordinario es el equivalente de silenciar, Vía judicial, la voz de una mujer que alega que por más de 27 años aportó su tiempo y sus recursos materiales para construir un hogar para quien fuera su pareja y el padre de sus cuatro hijos. 10

Nunca expidió el Tribunal un certiorari que permitiera participar a estas organizaciones y sumar su vasta experiencia con comunidades precarias, con mujeres viviendo en precariedad económica y/o en situaciones de violencia de pareja al expediente del caso. Por el contrario, eligieron prescindir de ese expertise que pusiblemente les hubiera mostrado lo equivocado de su decisión.

El proceso de desahucio, en Puerto Rico, está hecho para desahuciar. No está preparado para que los jueces, que pronto estarán ganando 153,000 dólares anuales, tengan que perder tiempo entendiendo porque es precaria la vida de una mujer a la que llaman con desprecio “comunera.” Pensaría alguien que todavía creyera que los tribunales tienen que ver con Justicia, que les pagamos $153,000 a estos 4 machos y a Pabón Charneco puedan al menos verificar que el proceso de desahucio es justo, que no están sancionando violencia machista.

¿No es la labor mínima de la corte, auscultar que un proceso de desahucio en el que muchas veces toda una familia es tirada como basura a la calle, sea al menos un proceso justo? Buscando entender más sobre estos procesos encontré esta explicación:

         ” Tal vez en otro momento fue así. Por cerca de cinco décadas, Puerto Rico tuvo una medida, la Ley de alquileres razonables que, en esencia, controlaba el precio del alquiler de viviendas y establecía un requisito de ‘justa causa’ para que una persona pudiera ser desalojada de una residencia. La Ley se aprobó en el 1946, como reacción a una “emergencia” en torno a la disponibilidad de viviendas en Puerto Rico. Sin embargo, luego de una intensa campaña de cabildeo en su contra, la medida fue derogada en el 1995.

Desde entonces, la política pública en materia de desahucios ha tenido como objetivo principal acelerar su procedimiento en el tribunal lo más posible. Sin detenerse a reflexionar en torno a las consecuencias de lanzar a personas a la calle, y a instancias de la industria de la construcción y de entidades que agrupan a arrendadores/as, las medidas imprimen su aval a aligerar estos procedimientos con el fin de promover el mercado de arrendamiento residencial e incentivar que más dueños/as arrienden sus propiedades. Así surge de las exposiciones de motivos de las leyes que han enmendado el procedimiento de desahucio durante la última década.11“

Esta última cita la añado porque no quiero que se ignore que los procesos de desahucios son infames e injustos de por sí. Son injustos contra mujeres y hombres, y contra sus niñes y familias, sean de sangre u extendidas. Los tribunales de desahucio han claudicado al poder económico de manera que los casos de desahucio, son casi pro-forma, si acaso, esos procesos existen para acelerar la tirada a la calle a diario, de decenas de niñas y niños junto a sus padres y madres, sin el menor asomo de justicia ante los abusos constantes de titulares (la mayoría bancos e instituciones económicas, donde los CEO y Presidentes ganan lo mismo o más que los $153,000 que le pagaremos a estos jueces. Esos $153,000 hacen imposible e innecesario que se conozcan las historias de niñas y niños, madres y padres, envejecientes, y demás miembros de nuestra sociedad, comuneros y precaristas, a quienes hemos abandonado a un sistema judicial cada vez más corporativo y lacayo de las instituciones económicas, un sello de goma. En un país donde la pobreza es la norma, también es la norma enriquecer jueces que terminan teniendo cero en común con las poblaciones llevadas a las cortes, a ser enjuiciadas a diario, no en balde, no les quieren ni escuchar cuando llegan a sus salas.

Quiero destacar, que las formas de nombrar a Elizabeth Natera Bonilla, “comunera,” ”precarista,” nos recuerdan aquella otra infame decisión en que el Tribunal Supremo (casi igual al de ahora), contrario a años de práctica legal, decidió quitarle las protecciones de la ley 54 a un sector específico de mujeres, las “adulterinas”. Hay un patrón, en esta decisión de los 4 machos del TS, y Pabón Charneco, de castigar mujeres que no están casadas formalmente con sus parejas consensuales. Castigarles y negarles reconocimiento si no están en relaciones “tradicionales o institucionales”. En un país donde las creencias religiosas supuran en muchas de estas decisiones, al parecer 4 machos del TS, y Pabón Charneco prefieren las mujeres casadas e institucionalizadas, para que la corte se digne a escucharlas, su condición humana no es suficiente, tienen que estar casadas y con un hombre.

Este tipo de negación de justicia, en un país donde ya se ha reconocido que el control económico de los hombres sobre sus parejas es también violencia de pareja es inaceptable.  En un país con tan alta incidencia de violencia doméstica, tanto violencia física como económica, es abominable e imperdonable que 4 machos del TS y Pabón Charneco, acaban de enviar un mensaje claro a los maltratantes; “si te llama la policía, déjala en la calle, nosotros nos encargamos de silenciarla y dejarla sola, te ayudamos a desahuciar a la comunera esa, perpetuaremos su vida precarista.” Maldita la arrogancia y desconexión de los jueces.

 

La Junta de Control nunca ha podido cuadrar el presupuesto de la AEE

 

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La Junta con la AEE: “Tanto nadar para morir en la orilla”.

El requerimiento de información de la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para  preparar el Plan Fiscal para el 2025 deja entrever su temor por el peso que tiene la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston sobre el proceso de quiebra de la corporación pública.

En la carta dirigida al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, con fecha del 2 de agosto, la JCF hace explícito que las complejidades derivadas de la decisión del Tribunal han retrasado la salida de la AEE del Título III. En ella plantea que la decisión está sujeta a una moción de reconsideración presentada por la Junta y que, ya sea que se conceda o se deniegue la moción de reconsideración, la audiencia de confirmación tendrá que reabrirse para permitir que el Tribunal y las partes interesadas aborden las enmiendas al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que se requieren para el resultado final. Reconoce además que algunos acreedores pedirán al Tribunal que se desestime el caso del Título III de la AEE y que, si bien la Junta cree que eso causaría un caos innecesario, “es un riesgo que debemos reconocer y tener en cuenta en nuestra planificación”.

En entrevista, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal del Sistema de Retiro de la UTIER (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), resaltó que lo revelador de la carta es el catálogo que expone la JCF de las grandes deficiencias que tienen LUMA y Genera en la administración del servicio eléctrico. Este señaló que la Junta trata de echarle flores a LUMA y Genera sobre los generadores, los cuales fueron instalados por FEMA y el Cuerpo de Ingenieros (USCI, siglas en inglés), pero esos generadores son una medida temporera que es contrario a la política  pública de movernos a la energía renovable, “por lo que eso no es ningún logro, eso es temporero”.

El otro tema que la JCF plantea es que supuestamente hay más de un billón de dólares para la poda y desganche de vegetación, y hace unas semanas el jefe de FEMA en Puerto Rico desmintió que LUMA haya pedido $1.2 billones  para esa tarea. “Ese billón de dólares no se sabe de dónde la JCF se los está sacando. Para mí fue claro que FEMA lo desmintió, así que esos dos logros hay que cogerlos con pinzas”.

Otro asunto que se expone en la carta es que  LUMA lleva tres años en Puerto Rico y Genera va para el segundo año y no han podido gastar los fondos federales, lo cual pone en riesgo si se va a poder completar la reconstrucción de la red. Emmanuelli Jiménez denunció que ya todo el mundo había estipulado que esos fondos no dan para la reconstrucción. Esto refleja la  preocupación de la JCF de que con la ineficiencia que hay no se pueda reconstruir la red con el nivel necesario “porque la ineficiencia, la inflación, por cómo están trabajando separadamente las tres entidades, el gasto es demasiado. Hay unos problemas en la inversión de esos dineros”.

A eso le sigue el que la JCF tampoco tiene idea de la demanda futura, lo que es indispensable para saber cuánto dinero sobra para pagar a los bonistas. Emmanuelli Jiménez, subrayó que esto va a ser una controversia bien seria en el proceso.

“La situación está tan seria desde la perspectiva de la Junta, que le advierte a los entes que deben tomar en cuenta la posible desestimación de la quiebra y que de no tener unos números sólidos confiables, podría crear una incertidumbre que conduzca a la desestimación de la quiebra porque el caso del PAD se tiene que ver el año que viene y si cuadra o no cuadra (se refiere al plan fiscal),  que no va a cuadrar, eso va a determinar si se confirma o no se confirma el PAD”.

De hecho, desde que la JCF asumió el control de las finanzas de Puerto Rico y, por ende, de la AEE, nunca ha podido cuadrar ninguno de los presupuestos de la AEE.

El licenciado Emmanuelli Jiménez apuntó que cuando se lee el tono de la carta y los datos que presenta el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, ello demuestra  que la descoordinación de “este monstruo de tres cabezas” en que se ha convertido a la AEE está teniendo  un peso terrible para su administración. “Esta descoordinación es hechura de la Junta, que fue quien dividió a la AEE; le está rebotando ahora. No dejó pasar por alto que el director ejecutivo de la AEE hizo expresiones de que eso, los datos para confeccionar el plan, le tocan a LUMA y Genera. Aunque la carta tiene que ir dirigida a la AEE, esta no puede hacer nada porque quien único tiene la facultad para supervisar y dar instrucciones a ambas empresas privadas se supone que es la Autoridad de Alianzas Público Privadas.

Esta división de la AEE en tres entes provoca que cuando se va a dividir el presupuesto, el cual sale del pago de las tarifas, se desvista un santo para vestir a otro. Eso crea la situación de que las compañías estén peleando por gastar los dineros.

Y por si no fuese suficiente, la misiva de la JCF evidencia también la amenaza de aumentos en la tarifa mas allá de lo que ya dice el Plan de Ajuste de Deuda. A juicio de Emmanuelli Jiménez, detrás de la exposición, la  Junta lo que les está diciendo a la AEE, a LUMA y a Genera es que se pongan  de acuerdo para saber cuánto más hay que subir la tarifa para poder cubrir todos sus gastos operacionales. Este aumento, que sería antes del proceso del PAD, podría entrar en vigor el próximo año. Luego vendría un segundo aumento para el PAD.

Mientras la AEE, LUMA y Genera se ponen de acuerdo para someter a la Junta toda la información detallada para la confección del plan fiscal, para lo cual tienen hasta el 16 de septiembre a las 11:59 p. m, la jueza Taylor Swain extendió hasta el 31 de octubre el plazo para que la Junta y los bonistas negocien un nuevo PAD.

El representante legal de la UTIER dio a conocer que se supone que la Junta y los bonistas se están reuniendo, aunque no se sabe dónde y ni siquiera se les ha invitado. Las reuniones han sido solo de los bonistas con los de la JCF. A  menos que las negociaciones terminen de manera abrupta, ya que las diferencias son abismales,  el caso se volvería a presentar ante el Tribunal el próximo año, indicó.

Emmanuelli Jiménez considera que si hay un acuerdo entre la JCF y los bonistas, será malo para el país, dado a que un acuerdo lo que implica es más dinero para los bonistas. Esto a su vez contradice lo que la Junta ha planteado en el Tribunal de que no hay más dinero para pagar la deuda. La JCF ha propuesto el pago de $2.5 mil millones, los bonistas exigen la totalidad del pago de $8.5 mil millones.

De  otra parte, el peligro de que se desestime la quiebra también está sobre el panorama y la carta de la JCF lo advierte. De no confirmarse el PAD, los bonistas tendrían derecho a solicitar un síndico. Esa es una situación que podría complicar el panorama, advirtió. Si la jueza  entiende que los bonistas tienen razón y que se les agotó la paciencia, entonces los bonistas tendrían que ir al Tribunal de San Juan a pedir que se nombre un síndico. De eso suceder,  “LUMA y Genera cogen los bártulos y se van; eso está en sus contratos. Entonces el síndico y la autoridad que se decida, por ley, van a tener que contratar a la plantilla necesaria para operar. Tiene que haber transición, pero con un síndico. “Tanto nadar para morir en la orilla, digo yo”, concluyó.

ASPPRO premia a 27 periodistas en su gala anual

De izq. a derecha : José Rivera Santana(Tato), Rosario del Pilar Meléndez(Charo), Cándida Cotto y Nydia Bauzá Presidenta de la ASPPRO. Foto: Alina Luciano/CLARIDAD

 

La organización profesional celebró su Trigésima Gala Anual en el Popular Center, en Hato Rey.

CLARIDAD

Luego de una semana de conversatorios, talleres y encuentros entre distintos expertos, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) cerró, el pasado 3 de agosto la Semana de la Prensa 2024 con su XXX Gala Anual del Premio Nacional del Periodismo, en la que premió a 27 de sus integrantes.

“La Asppro procura reconocer el periodismo que da voz a los que no la tienen. El periodismo que fiscaliza, que denuncia y que busca la verdad para contribuir a un mejor Puerto Rico. Ese periodismo es el que ejemplificó nuestro colega César Andreu Iglesias”, compartió Nydia Bauzá Santiago, presidenta de la colectividad. Del mismo modo, detalló los distintos cambios y retos que enfrenta la profesión.

La Asppro galardonó a los siguientes periodistas por sus trabajos en distintas categorías. Aquí la lista oficial de premios:

I.Prensa escrita

A.Premio para “Noticia del momento”
Primer premio: Yaritza M. Rivera Clemente de El Nuevo Día por «Jurado emite veredicto de culpabilidad contra la exrepresentante María Milagros ‘Tata’ Charbonier»
Mención de honor: Víctor Ramos Rosado de El Nuevo Día por «Muchas gracias, Gary, tu plena es libre: pleneros homenajean al director de Plena Libre en su hogar»

B. Entrevista
Primer premio: Yaritza M. Rivera Clemente de El Nuevo Día por ‘“Los policías acribillaron a mi hijo’: madre de menor de 16 años se aferra a la esperanza de la justicia»

C. Reportaje especial
Primer premio: Carlos Edil Berríos Polanco de 9 millones por «Cómo los puertorriqueños diseñan su recuperación justa colectivamente»
Mención de honor: Omar Marrero Rivera de Noticel con «A 50 años del concierto más icónico de la Fania All Stars en Puerto Rico»

D.Crónica
Primer premio: Benjamín Torres Gotay de El Nuevo Día con «Una clase como ninguna otra»
Mención de honor: Sara del Valle de El Nuevo Día con  «Regresan a las canchas del fútbol»

E. Reportaje Investigativo
Primer premio: Laura M. Quintero del Centro de Periodismo Investigativo con «Bajo juramento la politiquería que carcome el Departamento de Educación»
Mención de honor: Jeniffer Wiscovitch del Centro de Periodismo Investigativo con «Gobierno de Puerto Rico permitió acumulación de deudas a dueños HIMA por más de 50 años»

​II.  Radio/Pódcast

A. Noticia del momento
Primer Premio: Gelmary Rivera de WKAQ 580 con «Jurado encuentra culpable al boxeador Félix Verdejo por el feminicidio de Keishla Rivera«

B.Entrevista
Primer Premio: Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio con «Edwin Mundo abre la puerta a que la diáspora vote en noviembre»

C.Reportaje especial
Primer Premio: José M. Encarnación Martínez y Norenid Feliciano Martínez del pódcast “De Cerca” del CPI con ‘La banda que rescató una escuela’

D.Reportaje investigativo
Primer Premio: Bárbara J. Figueroa Rosa de Primera Hora con «La historia de Robertito»
Mención de Honor: Laura Quintero de TODAS y el CPI con «Vivir en una calle sin nombre»

III. Multimedia

 A. Noticia del momento
Primer Premio: Equipo Metro de Metro Puerto Rico con “Destino 2024: Primarias

B.Entrevista
Primer premio: Efraín Montalbán y Joanisabel González de El Nuevo Día con “Nunca sentí que merecía la silla de Hacienda”

C.Reportaje especial
Primer premio: Efraín Montalbán de El Nuevo Día con “Alza histórica en el número de adolescentes trabajando en Puerto Rico”

D.Crónica
Primer premio: Víctor Ramos Rosado de El Nuevo Día con “El rostro humano del fentanilo”

E.Reportaje Investigativo
Primer premio: Omaya Sosa Pascual, Jeniffer Wiscovitch Padilla, Andrew Ba Tran, Arelis R. Hernández y Dylan Moriarty del CPI y The Washington Post con “Más personas mueren en Puerto Rico mientras el sistema de salud se desmorona”

IV.Televisión

 A. Noticia del momento
Primer premio: Luis Guardiola de Telenoticias, Telemundo Puerto Rico, con «Emboscan a policía»

B.Entrevista
Primer premio: Melissa Correa Velázquez de Las Noticias de Teleonce con «Más Allá de la Placa»

C.Crónica
Primer premio: Arnaldo Rojas de Las Noticias de Teleonce con «Vocación y sacrificio»

D.Reportaje Especial
Primer premio: Dianerys Calderón del Equipo  T – Telenoticias, Telemundo Puerto Rico con  «Serie: Trampas mentales»
Mención de Honor: Wilmarie Mena Santiago de Las Noticias de Teleonce con «Mona ¿Isla del peligro?»

D.Reportaje investigativo
Primer premio: Ivette Sosa de Telenoticias, Telemundo Puerto Rico con «Violador en serie: ¿a la Calle?»

V.Premios especiales
Joven periodista del año Premio Laura Rivera Meléndez: Adriana Díaz de El Nuevo Día

Adrián Rodriguez Alicea, Alida Millán Ferrer, Madeline Ramírez Rivera, Carmen Ortiz Abreu, Candida Cotto, CLaudia Sevilla Cotto, Norma Pacheco y Rafael Ramírez Rivera.
Foto Alina Luciano.

Por último, la compañera y veterana periodista de CLARIDAD, Cándida Cotto Hernández, recibió el premio a la excelencia periodística Maritza Díaz Alcaide. Candi, como le apodan sus allegados, tiene una larga trayectoria y compromiso con el periodismo.

Enhorabuena a todos y todas los galardonados(as), en especial a nuestra compañera Cándida Cotto.

 

 

 

Juegos Olímpicos y cuestiones de género

 

Por Gabriela Fernández

 Los Juegos Olímpicos de París han estado especialmente marcados por las cuestiones de género. Esta podría ser la respuesta lógica de una sociedad acechada por el conservadurismo rancio de una derecha neoliberal que va tomando fuerza y para la cual el Estado no debe opinar o regular sobre las libertades sexuales y reproductivas. También podría ser la estrategia de marketing de unos anfitriones que desde el inicio dejaron las intenciones claras.

En cualquier caso, que algunas diversidades  causen más polémica que otras sí está estrechamente relacionado con esa corriente conservadora; una corriente que arrastra a todo «camarón que se duerme» a la piscina olímpica de la intolerancia por las diversidades más inocuas –y le dan a las realmente dañinas el mismo destino del Mar Muerto.

Un escándalo especialmente memorable fue la  victoria de la argelina Imane Khelif sobre la italiana Angela Carini. Una regla de las Olimpiadas es que se gana o se pierde, así que la situación no habría sido un escándalo de no ser por la boxeadora que llevó la peor parte y se quejó dramáticamente de la fuerza de su contrincante.

Pero no fue esto la noticia. El sensacionalismo se centró en si las personas trans deben competir, obviando por completo el detalle  de que la argelina ni siquiera es trans: es una mujer cis con un desorden hormonal que le hace producir más testosterona que la que se considera «normal» para una mujer.

Esta condición le da ciertamente una ventaja ante las deportistas que no la padecen, pero no la suficiente como para no haber perdido un tercio de sus competiciones. Su marca –aunque es muy buena– ni de lejos alcanza al insuperable nadador norteamericano  Michael Phelps, que ostenta récord de mayor número de condecoraciones en el deporte.

Phelps también padece de una condición médica que le facilita bastante el éxito y nunca fue puesto en duda su talento. Si le cuestionamos a Phelps su ventaja física, en honor a la justicia, tendríamos que señalar también otra serie de ventajas que influyen en su éxito. Las condiciones de Phelps –hombre blanco del «primer mundo»– para entrenar y prepararse no son las de la mayoría de los jugadores que compiten contra él en igualdad de reglas y ante las mismas exigencias, como si hubiesen tenido acceso a similares oportunidades de superación.

¿Qué herramientas tienen los países, a los que el desarrollo ha arrollado, para enfrentarse a los beneficiarios de su desastre?

La diversidad que decidieron mostrar los anfitriones merece espacios, merece respeto y merece visibilidad, pero ya que estamos en disposición de recordar la guillotina a los sistemas opresores hubiese sido interesante mostrar los entrenamientos en distintas zonas geográficas, para hablar con propiedad de diversidad y de justicia.

¿Cómo se prepararon las colonias que saquean para poder pagar ese espectáculo «rococarísimo» y contaminante?

¿Cómo hacen las mujeres con inquietudes deportivas en Arabia Saudita?

¿Cómo se preparó Haití en medio de la anarquía y la violencia?

¿Cómo se han preparado nuestros atletas durante más de 60 años de bloqueo?

¿Cómo se prepararon los palestinos, mientras los misiles mataban a su gente, para competir contra sus verdugos? ¿Cómo se prepararon los culpables?

No hay ni habrá una competición justa mientras no exista un mundo justo. Hacer una competencia paralela para mujeres y hombres que no se adhieran a los estándares de la «normalidad» no va a impedir que lo normal sea que nuestros atletas entreguen sus medallas a cambio de las oportunidades que nos roban.

La mejor apología de la justicia sería recordar que, a la hora de cortar cabezas, solo somos siervos contra monarcas; y esa nunca la veremos en la Francia capitalista. No obstante, hubiese sido interesante –al menos como mea culpa por convertirse en aquello que pretendían destruir– que hubiesen tomado alguna minúscula parte de los miles millones de euros gastados en las Olimpiadas como «inversión» para repartir pasteles a sus protectorados hambrientos, al mejor estilo de María Antonieta.

Reproducido de www.cubadebate.cu