En Puerto Rico, donde la violencia del crimen organizado y la impunidad de los corruptos son rampantes, indigna presenciar la embestida del Gobierno y de la Policía contra quienes protestan contra los males y desigualdades de este sistema injusto. Así hemos visto, como en días, semanas y meses recientes ha arreciado la violencia del Estado contra integrantes de la Alianza de Mujeres Viequenses que se resisten a ser desplazadas de su tierra, o contra los manifestantes que protestan contra la destrucción de mangles en La Parguera, o la construcción ilegal en la Cueva de las Golondrinas en Aguadilla. Una de las participantes de la protesta en Vieques, Katherine Martínez Medina, fue arrestada, puesta bajo fianza, y aplazada de forma inusual la primera vista judicial de su caso, que tenía lugar en estos días.
Contrasta esta conducta agresiva e intimidante con la paciencia infinita que ese mismo Gobierno ha tenido hacia los dueños de apartamentos del Condominio Sol y Playa de Rincón, que después de un año de ordenada la demolición de su piscina- construida ilegalmente en zona marítimo terrestre y lugar de anidaje de tinglares- se han negado a pagar lo que les corresponde para poder demoler la estructura y cumplir con la orden del Tribunal.Tuvo que un juez valiente ordenar el ingreso en prisión por desacato al Tribunal de la Presidenta de la Junta de dicho condominio, para que el país se enterara de la conducta desafiante y temeraria de estas personas que creen estar por encima de la ley.
El uso de la fuerza y la violencia por parte de los poderosos contra sus opositores es tan viejo como la historia misma de las sociedades humanas. Los grandes saltos de la historia han sido precedidos por oleadas masivas de utilización de la fuerza, la violencia, la represión, la intimidación e incluso, la guerra, como métodos de control social y de hacer prevalecer la ideología predominante en determinados momentos, especialmente cuando dicha ideología y clase dominante son o se sienten amenazadas.
En estos tiempos en que la crisis de la democracia liberal se agudiza a pasos agigantados, vemos como se cierran cada vez más los espacios de protesta y disidencia social, y tales actividades se criminalizan y se tipifican como delitos, y sus manifestantes son objeto de represión.
En Puerto Rico, la represión del Estado contra los disidentes ha sido consustancial a nuestra historia colonial bajo los dos imperios, España y Estados Unidos. Se ha dirigido principalmente contra los independentistas, consecuentes opositores históricos del sistema colonial imperante, pero se ha extendido también a quienes disienten de decisiones, leyes, reglamentos y políticas públicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad social y económica, o que no ponen freno al saqueo de nuestro patrimonio natural y edificado, o son discriminatorias y abonan a la exclusión social en nuestro País.
En este momento crítico, cuando avanzan en Puerto Rico las políticas de privatización y despojo de nuestro patrimonio a favor de poderosos intereses económicos, principalmente extranjeros, el Gobierno echa mano de sus instituciones civiles y de la Policía para perseguir, reprimir y criminalizar a quienes protestan contra el desplazamiento poblacional forzado en áreas de alto interés comercial o turístico, o contra las construcciones ilegales en terrenos protegidos como la zona marítimo terrestre, playas, manglares, humedales y reservas ecológicas, o contra quienes defienden sus derechos laborales y por un retiro digno, o luchan contra cualquier otra injusticia de las muchas que se cometen a diario en esta colonia en decadencia.
Criminalizar la protesta social y convertirla en un delito ya no es conducta exclusiva de las derechas dictatoriales y de los gobiernos abiertamente antidemocráticos. Cuando sienten amenazados su control, su permanencia en el poder y sus privilegios, las castas políticas y las élites económicas de los llamados gobiernos democráticos pueden llegar a ser tan represivas y crueles como la peor dictadura.
Tal parece que para dichas fuerzas poderosas y sus acólitos ya no valen ni el papel en que fueron escritas las cartas magnas «liberales» ni las «constituciones» que consignan la protesta social entre los derechos y las libertades ciudadanas que deben ser protegidos en cualquier sociedad que aspire a ser civilizada.
