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Recoge velas la Junta de Control Fiscal

Foto : Archivo CLARIDAD

 

 CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Si algo confirma la acción de la Junta de Control Fiscal (JCF) de solicitar a la jueza Laura Taylor Swain que aplazara la vista de confirmación del plan de ajuste de deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es  que  los ingresos de la AEE han mermado y continuaron  mermando.

La semana pasada, el miércoles 22 de junio, sorprendió la noticia de que la JCF le solicitó a la jueza del Tribunal Federal que ve el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo la Ley PROMESA  que aplazara la vista de  confirmación del PAD del 28 de junio. Tras la petición, el viernes 23,  la JCF certificó un plan fiscal para la AEE, que según el secretario de Estado, Omar Marrero, proyecta reducciones “sustanciales” en el consumo de energía y, por ende, en los ingresos de la AEE.

En entrevista antes de la certificación del  plan fiscal de la AEE, el experto en la Ley PROMESA y representante legal del Sistema de Retiro de la UTIER, Rolando Emmanuelli Jiménez, dijo que esta era una acción que se venía anticipando desde que el abogado de la JCF  le dijo a la jueza que LUMA  (la privatizadora que se ocupa de la distribución y transmisión) había entregado las proyecciones de demanda muy tarde y que no habían podido certificar el plan fiscal de la AEE. A la luz de ese hecho  y a la altura en que se está en términos de fecha, ello se hizo evidente, y la jueza anticipó que no iba a ser viable el itinerario del caso, en el cual  había varios términos con los cuales había que cumplir.

El licenciado Emmanuelli Jiménez describió como significativa la petición de la JCF, ya que confirma los señalamientos de los expertos de la UTIER de que los ingresos de la AEE han mermado y continuarán reduciéndose, de que el plan no es viable y afectará a los más vulnerables y a la economía.

“La Junta hizo un plan a base de las proyecciones del 2022 y los expertos nuestros dijeron que eso estaba sobrestimado. La Junta  se oponía y presentó oposiciones a nuestros planteamientos, pero cuando vieron los números de  LUMA, de que las predicciones iban a ser mucho menores, entonces es que vino la crisis”.

Aunque el experto en casos de quiebra observó que el PAD no se ha retirado todavía y que el nuevo plan que la JCF  pueda presentar va a tener que ajustarse a nuevos ingresos, observó que  hay dos posibles alternativas: recortar más a los acreedores, incluyendo a los más vulnerables, como el Sistema de Retiro,  o aumentar el cargo híbrido. Pero resaltó que el problema es que la lógica y la ciencia económica dicen que cuando se aumenta más un servicio, menos la gente lo usa. “Es decir, que aumentarlo más no es viable. Pero no se puede descartar que la Junta se vaya por ahí, porque a ella no le importa”, manifestó.

En esa dirección, Emmanuelli Jiménez expresó que su preocupación es que la  JCF quiera venir con más  recorte a los más los vulnerables, como el Sistema de Retiro y otros, en lugar de recortar a los bonistas.  “Tiene que recortarle a los que jugaron a la ruleta rusa, a los que vinieron a especular, a los que compraron a 20 centavos y quieren cobrar 50, 60. Pero quiero enfatizar  que existe el riesgo de que la Junta cuadre su plan fiscal  afectándonos más”.

Una vez certificado el plan fiscal de la AEE, según la JCF, se tomará una a dos semanas en lo que manejan  las proyecciones de la demanda y los ingresos. En tanto, la jueza ha ordenado a las partes presentar un informe sobre el estatus del caso el miércoles 28 de junio.

A marchar este 28 de junio

 Por su parte, en comunicado de prensa, el Junte Multisectorial, compuesto por organizaciones y representantes de distintos sectores del país, acogió críticamente el anuncio de la JCF de enmendar el plan de ajuste y reducir más el pago propuesto a los bonistas y reafirmó el llamado a marchar el 28 de junio a las 4:00 p.m. para expresarse en contra de más aumentos a la luz y recortes a las pensiones.

“En menos de un mes, la movilización ciudadana y multisectorial ha logrado llamar la atención de la Junta y de la Jueza Laura Taylor Swain y detener la aprobación de un plan de ajuste que pretendía asfixiar el bolsillo de todos los puertorriqueños a favor del bolsillo de grupos de bonistas buitres”, expresó la obispa metodista, Lizzette Gabriel Montalvo.

Los integrantes del grupo multisectorial destacaron la importancia de seguir ejerciendo presión hasta lograr un plan que sea sostenible, sin aumentos a la luz y recortes a las pensiones, debido a que la amenaza de aumentos en la factura y el recorte de pensiones continúan.

 

 

 

Habitantes de las grietas

Foto: Alina Luciano/CLARDIAD

 

 

Especial para CLARIDAD 

Las ciudades, como los cuerpos, como las vidas, no muestran todo lo que son a simple vista. Se nutren del misterio, de la sorpresa, de la diversidad de rostros, de la diversidad de vidas de la diversidad de maneras de caminar, de marcar y reclamar territorios.

Vienen a mi mente sobre todo los sin casa, los que caminan las calles de su ciudad en el trópico caliente buscando resarcir las necesidades  de su vida inclemente. Solos, con su vida y sus escasas pertenencias a cuestas o escondidas en algún lugar abandonado, en complicidad con la invisibilidad y el silencio. De día josean lugares donde comer, donde asearse, donde descansar, acaso donde no ser vistos. Su vida es un eterno donde. A partir de ese conocimiento descifran la ciudad que es solo de ellos y dibujan mapas en la mente. De esto depende su subsistencia.

Muchas veces perseguidos, habitan las mismas ciudades que los demás pero no de la misma manera. De noche penetran las grietas que deja el abandono a su paso, espacios de laberinto, indescifrables para los ajenos, lugares donde el sol sinuoso y viajero a veces no llega. Allí posan sus cuerpos cansados de deambular y escudriñar. Otros, los más atrevidos ocupan  vacíos en abierto desafío ante las miradas de los que pasan, o se protegen debajo de puentes. Es de notar cómo utilizan la madera vieja y el cartón como verdaderos arquitectos de lo precario y el reciclaje. Incorporan a sus cobertizos objetos encontrados que alguna vez formaron parte de una sala o un balcón, para identificar su lugar en el mundo, para sentirse más humanos. Después de todo una de las funciones de la vivienda es dejar una huella y apropiar nuestros espacios de vida de maneras distintas a los demás. ¿No?

Tener un albergue, la sombra de un techo o un rincón en el mundo al que poder acudir con la frecuencia que los ritmos del cuerpo lo requieran es uno de los más importantes logros para un ser humano. Desde siempre. La vivienda desempeña una variedad de funciones indispensables para el cuerpo y el alma, para vivir en privado y vivir en comunidad. Resulta reconfortante tener la certeza de que ese lugar nos corresponde, que está ahí para nosotros, que algo o alguien nos recibe detrás de la puerta, sea esta real o imaginaria. De esa certidumbre de sentirnos ubicados en el mundo depende nuestro bienestar, tanto íntimo como superficial. Para un deambulante la ciudad es un universo a ser explorado a diario, es siempre un lugar ajeno que debe ser disputado, negociado, acaso reclamado. Cada día supone un reto.

Según el conteo de personas sin hogar en Puerto Rico, para 2022 había cerca de 30,000 personas sin hogar, de diferentes edades, núcleos familiares y sexos. Su edad promedio era de 34.2 años. Al observarlos nos damos cuenta de su diversidad dentro de la precariedad. Ya la imagen del loco acompañado por su fiel perro, empujando un carrito de compras lleno de lo que para nosotros los otros parece basura pero que para ellos es su mundo, ya no se sostiene. Tampoco la idea de que son todos adictos a drogas o alcohol. Ahora los sin techo forman un grupo más heterogéneo. Hay inclusive algunos que disfrutan la vida libre, pero no sabemos cuántos son. La vida inclemente  que les ha caído encima, la vida del carente de alojo puede tocar muchas puertas, puede sucederle a muchos, incluyendo universitarios.

Irrespectivamente de las razones una cosa es cierta, vivir la vida errante, sin tener un techo al cual llamar vivienda y sin nadie que te reciba está en nada, debe ser muy difícil. Aunque no nos demos cuenta.

 

 

 

Sigue el proceso de desmantelar la UPR

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

“Se supone que la función primordial de una universidad sea educar a los jóvenes de su país. En esa línea, a los proponentes del proyecto  no les ha importado el hecho de querer  invertir  tantos millones en estudiantes del extranjero y olvidarse del problema que tenemos con el reclutamiento de nuestra juventud”.

La   Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), por medio de su presidenta, profesora María del Mar Rosa Rodríguez, se expresó contundentemente en contra del proyecto PS 1068 que propone otorgar la cantidad de $5,000,000 a la entidad privada UPR Foundation, una corporación sin fines de lucro incorporada en 2017 para reclutar a estudiantes extranjeros para que vengan a estudiar a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La presidenta de la APPU indicó que ya en la UPR  se formó un cuerpo de coordinadores que está colaborando en el esfuerzo de atraer estudiantes internacionales; pero, como todas las otras estructuras de la UPR,  están pillaos de presupuesto. Se supone que este grupo se reporte a la vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles,  Mayra Chárriez, y que haya un enlace con la Administración Central, que es Javier Carrión Guzmán. “Ya hay una estructura dentro de la UPR para reclutar estudiantes  extranjeros, ¿por qué hacer este proyecto y este chanchullo para darle $5 millones a UPRF. No se supone que reciban fondos públicos y recauden fondos, pero con fondos públicos. ¿En dónde se supone que está la filantropía?”, cuestionó la profesora.

Esta denunció que dicha fundación se organizó en 2015 y se incorporó en 2017, pero no se sabe qué logros ha tenido como para asignarle ahora $5 millones. Ya en el 2015 y en el 2017 fue “traída por los pelos” a la UPR, supuestamente, para atender las becas a estudiantes y ahora para reclutamiento.

“Leímos minuciosamente este proyecto del Senado y advertimos peligros. Por ejemplo, desconocemos si esos $5 millones están contenidos dentro del presupuesto adjudicado a la UPR, lo que constituiría otra reducción presupuestaria”. La presidenta de la APPU alertó de que otro peligro es que la medida requiere que no haya duplicidad de servicios, por lo que desconocen  si esto representará despidos o cierres de oficinas de admisiones y reclutamiento.

Como se expresa en el proyecto y según denunció la APPU, la razón principal para el reclutamiento de estudiantes extranjeros es “el descenso en población”, pero se ignora el alza en la matrícula y la crisis económica que atraviesa el país y su impacto sobre las estudiantes.

“Este proyecto acelera el desmantelamiento de la institución y evade el problema de reclutamiento de estudiantes desde su raíz como resultado de los recortes presupuestarios, el alza constante y desmedida en la matrícula y la crisis fiscal de Puerto Rico”, indicó el doctor Jorge Lefevre Tavárez, vicepresidente de la APPU. “No podemos olvidar que, por órdenes de la JCF, la UPR dejó de recibir el 9.6 % del promedio de los recaudos de los últimos dos años que por ley le corresponden del erario, por lo que dejó de recibir sobre $500 millones anuales. La restitución de esa fórmula permitiría fortalecer la UPR y sus esfuerzos de reclutamiento y admisión de estudiantes dentro y fuera de Puerto Rico”, argumentó Lefevre.

La UPR no  fue a  mi casita a buscarme

El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, Delvin Caraballo, señaló que atraer estudiantes internacionales o estudiantes hispanohablantes de Estados Unidos no es malo, pero en la medida en que no se atiende de manera  efectiva a los estudiantes residentes y los que ya forman parte de la comunidad universitaria, sí lo es. “Asignar un presupuesto para traer estudiantes de afuera cuando el presupuesto para mantener la institución y los estudiantes que ya tenemos es insuficiente a mí me suena a una contradicción de la más alta gama”.

Al igual que la APPU y otros sectores universitarios, Caraballo reclamó que lo que hay que hacer es asignar un  mayor presupuesto a la UPR. El estudiante cuestionó: “Cuando  traigamos a esos estudiantes, ¿qué residencias les vamos a ofrecer si en Río Piedras tenemos las dos residencias cerradas? ¿Qué servicios y qué calidad les vamos a ofrecer si estamos congelando las plazas no docentes, que son las que mantienen la parte operacional de la institución diaria y no estamos haciendo un reclutamiento docente al nivel que tenemos que hacerlo para el desarrollo de nuevas propuestas, para tener mayores sesiones de clases? Es todo un componente bien amplio que en esencia no creo que tengamos. Tenemos que movernos a expandir el ofrecimiento de la UPR por el potencial que tiene para servir al país y para servir a ciudades hermanas, principalmente del Caribe y Latinoamérica. Pero, otra vez, atendiéndolo a través de un presupuesto a una corporación sin atender el problema real presupuestario que tiene nuestra institución es la contradicción de la mayor gama que podemos tener en estos últimos días”.

El portavoz estudiantil ante la Junta de Gobierno reflexionó sobre la medida. “En mi caso soy primera generación universitaria, la Universidad no fue a mi casita, ni invirtió 5 millones en buscarme”.

Por su parte, el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y profesor del recinto de Río Piedras, Rafael Bernabe,  dijo a CLARIDAD que le parece que la medida es parte de una actitud de menosprecio y de desconfianza de que la UPR pueda hacer las cosas bien y montar una campaña adecuada para atraer estudiantes, por lo que habría que crear un organismo aparte para eso. Expresó preocupación por que ante la reducción brutal del  presupuesto de la UPR a la mitad, la lógica de la medida es ver cómo se consigue el presupuesto. El presupuesto de la UPR llegó a ser más de $900 millones, según la fórmula que por ley se aplicaba antes de la imposición de la Junta de Control Fiscal. El presupuesto actual de la UPR debería ser de más de mil millones y lo que asignó la Cámara de Representantes fue $560 millones y $620 millones el Senado.  En ambos casos este presupuesto es uno inadecuado, indicó.

“Me  opongo  a que hagan campaña para traer estudiantes extranjeros, pero no como sustituto para lo que debe ser la gestión del Estado para que la Universidad funcione adecuadamente.  Me da la impresión de que es una actitud de no le vamos a dar dinero a la Universidad, pero vamos a ver cómo vamos a conseguir fondos  de esta otra manera”.

Bernabe aclaró que no hay problema con atraer estudiantes extranjeros, ya que eso es parte del enriquecimiento cultural y académico de una universidad y es una tarea que muy bien puede hacer la UPR. Pero sí cuestionó las facilidades que en estos momentos pueda ofrecer la UPR a estudiantes extranjeros y criticó el que se pretenda copiar para la UPR el modelo de DMO de Turismo.

 

 

 

41 resoluciones y cincuenta años en el Comité de Descolonización (parte 2)

 

Especial para CLARIDAD

 

El 22 de junio de 2023 se llevó a cabo un nueva audiencia sobre el tema de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU (conocido como ¨C-24¨ aunque actualmente tiene 29 miembros). Como ha sucedido desde el año 2000, el Comité adoptó una nueva decisión sobre el caso de Puerto Rico. Uso la palabra decisión porque es la que formalmente utiliza el C-24: Decisión del Comité Especial de fecha 20 de junio de 2022 relativa a Puerto Rico.

Todos los años tengo que aclararle a queridos(as) compañeros (as) que el título que va a tener la resolución es haciendo referencia a la decisión aprobada el año anterior. Confuso, pero es así porque lo que hace el C-24 es oir peticionarios sobre la ¨decisión¨ tomada el año anterior y no es en si una ¨resoluciòn¨. ¿Por qué? Porque en el caso de Puerto Rico el C-24 NUNCA ha cumplido con la encomienda que se le asignó en la resolución adoptada en 1972 razón por la cua el tema de Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte del temario del C-24. Suena familiar, no.

¿Qué encomienda se le dio al C-24 en 1972? Instruyó a su Grupo de Trabajo a someterle (al C-24) temprano en el 1973 un informe relacionado especificando el procedimiento que ha de seguir el Comité Especial para la implementación de la Resolución de la Asamblea General 1514(XV) con respecto al caso de Puerto Rico.[i]

Desde  qué comence a familiarizarme con este tema en 1980 nunca he conocido de la existencia de un Grupo de Trabajo del C-24 que esté encargado de presentar este informe. Lo que si se presenta todos los años es un Informe del Relator que pone al día la situación de Puerto Rico en cuanto a su situación demográfica, económica, social y política. En ese Informe del Relator no se hacen recomendaciones de como aplicar la Resolución 1514(XV) al caso de Puerto Rico.

Hay un problema de pérdida de memoria histórica en el C-24 y aunque personalmente se los he traido a su atención no ha habido un interés por cumplir con dicha encomienda. ¿Qué importancia tiene esa encomienda?

Para que se entienda de qué se trata la encomienda se precisa aclarar un tema que crea confusión y controversia dentro del movimiento independentista y es el tema de si Puerto Rico debe volver a la lista de Territorios No Autónomos (NSGT por sus siglas en inglés).

La Resolución 1514(XV) dice en su texto que aplica a tres tipos de territorios: 1. Los territorios en Fideicomiso (los cuales hoy en día no hay ninguno): 2. los Territorios No Autónomos que comprende hoy en día 17 territorios: 3. todos aquellos territorios que aun no han alcanzado su independencia. Esta última categoría fue añadida a la resolución a instancia de Cuba como portavoz de la delegación de Puerto Rico compuesta por Juan Mari Brás, Vicente Géigel Polanco y Gabriel Vicente Maura. Mari Brás le confiere la autoría a Vicente Géigel Polanco.

Por lo tanto, hay tres listas de territorios a los que aplica la Resolución 1514(XV) y por tal razón es que el capítulo del informe del C-24 bajo el cual se incluye el tema de Puerto Rico se titula ¨Territorios a los Cuales Aplica la Declaración.¨ Como la decisión sobre si aplica la declaración o no a un territorio es un asunto de la competencia de la Asamblea General de la ONU, en tanto en cuanto la Asamblea General no se pronuncie al respecto seguimos en una especie de limbo procesal en la ONU en la cual se escuchan peticionarios, se toman decisiones, se refiere a la Asamblea General pero no pasa a la Cuarta Comisión sobre Asuntos de Política Especial, donde si se discute todo los años los Territorios No Autónomos que están en la lista. De hecho, hay opiniones del consejero legal del Secretario General de los años 80 discutiendo precisamente que Puerto Rico no puede ser tema de la Cuarta Comisión por cuanto la Asamblea General no se ha expresado al respecto y referido el tema a la comisión.

Pasemos entoces a discutir ¿cómo hacemos para que se discuta el tema de la Asamblea General? Como comencé a explicar en la Parte I (La Hoja de Ruta Hacia La Asamblea General), hay unas rutas disponibles, algunas que no se han explorado como la de la expresión de países miembros cuando sube el Informe del Comité Especial que contiene el capítulo que incluye a Puerto Rico, o la que si hemos tratado, la via procesal usual de presentar el tema ante la mesa de trabajo de la Asamblea General que prepara la agenda y prevalecer mediante votación de la mayoría para inscribir el tema en la agenda. Juan Mari Brás también planteaba la posibilidad de que la Asamblea General le pida una opinión consultiva a la Corte Internacioal de Justicia (CIJ).

El asunto es que para cualquier ruta que se tome se necesita del apoyo de países miembros que presenten la solicitud ya sea de que la Asamblea General discuta el tema o lo eleve a la CIJ. En el pasado Cuba pidió la inscripción del tema en dos ocasiones: 1971 y 1982. En ambas ocasiones no se logró prevalecer en las votaciones no tanto por los votos en contra sino por los abstenidos.

Lo que me lleva entonces a contestar la pregunta de por qué no se ha llevado el tema a la Asamblea General. Sencillo, porque nos falta: 1. Un país miembro dispuesto a asumir la tarea; 2. Un movimiento descolonizador organizado para ir con una sola voz a solicitar que se discuta el tema; 3. Hombres y mujeres disponibles y dispuestos a asumir la tarea dedicándole todo el tiempo necesario y 4. Dinero para ejecutar el trabajo.

Les puedo compartir la experiencia del 1982 sobre la cual les puede abundar el compañero Rafael Anglada López. En aquel momento teníamos una oficina al cruzar la calle en el UN Church Center, donde la División de Mujeres Metodistas nos alquilaban una pequeña oficina por $300.00 mensuales. En esa oficina teníamos un escritorio y una maquinilla imitación de la Selectric de IBM. Teníamos acceso a una fotocopiadora por una cantidad módica por copia (.10). Yo dirigía  a tiempo completo la oficina que se llamaba Oficina de Información Internacional Para la Independencia de Puerto Rico (OIIIPR). Contábamos con el apoyo de la Seccional del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP), entonces dirigida por la compañera Digna Sánchez quien a su vez puso a su disposición el Puerto Rican Center for Research que tenía estatus 501(C)(3) que facilitaba conseguir fondos de fundaciones progresistas como Funding Exchange y otras. Teníamos al inolvidable Profesor J. A. González González como corresponsal de CLARIDAD ante la ONU que conocía todo lo que sucedía y acontecía en ese recinto y de que pata cojeaba cada personaje.

Teníamos además un extraordinario grupo de apoyo en el Comité de Apoyo a la OIIIPR que dirigía el Reverendo Alfonso Román y se componía de una docena de compañeros y compañeras que ayudaban en todas las tareas desde las intelectuales y políticas hasta las mundanas de montar recepciones. Asimismo en Puerto Rico bajo la dirección de la Profesora Piri Fernández de Lewis teníamos el Comité Puerto Rico en la ONU (COPRONU) fundado en 1980 y que estaba a su vez compuesto por el PSP, el Partido Nacionalista, el Partido Comunista y personalidades del movimiento independentista como el Dr. José Milton Soltero, Noel Colón Martínez, Pinchi Méndez, Oscar Collazo, Eneida Vázquez, Awilda Palau, Dr. Héctor Alonso, Paquita Pesquera y otros que me perdonarán si no los mencioné.

Hubo también en un momento dado por poco tiempo un Comité Internacioal de Apoyo a la Independencia de Puerto Rico presidido por el entrañable amigo venezolano Dr. José Herrera Oropeza. Desafortunadamente con su temprana muerte murió también el comité. Este comité había sido el fruto recogido de las dos exitosas conferencias internacionales en apoyo a la independencia de Puerto Rico celebradas en  La Habana en 1975 y en México en 1979. Las conferencias a su vez contaron con el auspicio y apoyo del Consejo Mundial de la Paz.

Para el trabajo de cabildeo para conseguir votos Cuba, bajo la dirección de su Embajador Permanente Plenipotenciario Raúl Roa, desplegó todo su aparato diplomático, y de Puerto Rico logramos movilizar a Nueva York decenas de compañeros y compañeras por más de un año para visitar delegaciones.

Con todos estos recursos disponibles, no fue posible lograr los votos necesarios para inscribir el tema. Les cuento esta historia para que las generaciones actuales que se preguntan por qué no se ha discutido el tema de Puerto Rico en la Asamblea General, que cambien la pregunta ¿cuándo vamos a conseguir los recursos para que se discuta el tema en la Asamblea General de la ONU? Cuando existan condiciones como las que acabo de describir estoy segura que aparecerá el país o los países que nos apoyen.

 

 

 

 

 

[i] A/AC.109/419 30 de agosto de 2019

Exhortan a fiscalizar el uso de tecnología para las elecciones

CLARIDAD

ccotto@claridapuertorico.com

Aunque considera que la tecnología puede ser buena para el proceso electoral, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, plantea   que su uso requiere buenos procesos de fiscalización.

“Me parece que el proyecto del escrutinio electrónico que comenzó en el 2016 ha sido positivo; pero siempre en todo ese proceso había fiscalización, estaban todos los partidos integrados”, dijo a CLARIDAD en entrevista  respecto a la incorporación de más tecnología en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)  para que los votantes  puedan hacer sus transacciones electorales y para que el día de las elecciones se use un registro electrónico.

Al aludir a la necesidad de fiscalización de las próximas elecciones generales, el comisionado electoral del PIP denunció que no toda la información es compartida con todos los comisionados electorales. Respecto al Código Electoral del 2020, sobre todo en lo que tiene que ver con información económica, es el presidente de la CEE quien en muchas ocasiones la mantiene y no necesariamente la comparte con los comisionados. “Por lo menos no conmigo, y me consta que tampoco con Victoria Ciudadana, ni con Proyecto Dignidad  ni el PPD. No sé si con el PNP”.

Aponte Berríos reconoció que uno de los asuntos que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, continuamente ha mencionado públicamente es el de las listas electrónicas. “Yo soy de los que cree que puede ser positiva, con procesos de fiscalización, y creo que en primer término debe mantenerse el papel, por si acaso. Una vez se  pruebe y si queda bien, uno podría dejar de imprimir, porque es cierto se gasta mucho dinero en papel, se requiere mucho tiempo, y quizás con este sistema de las listas no va a haber que dedicar semanas a imprimir en la CEE”. No obstante, insiste en que hay que mantener las listas de electores en esta primera ocasión.

La  información que ha recibido es que se van a mandar a pedir cerca de 9,000 de computadoras portátiles (tabletas) que van a servir como listas electorales y aun cuando ha habido  discusiones de cómo va a ser esa tableta y los requisitos, reparó en que  no se atrevía a decir si era cien por ciento seguro que eso se fuera a dar. Su postura es que las primarias a celebrarse en  julio del 2024 deben servir de pruebas.

Aun cuando reconoció que el uso de más tecnología no requiere de más trabajadores, Aponte Berríos   considera que el actual presidente de la CEE  ha llevado a ejecución el  plan de austeridad impuesto por la JCF, que incluye el cierre de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP).  En la actualidad, quedan 21 JIP y se supone que en algún momento solo queden  12. Eso implica la pérdida de empleados de todos los partidos. Aponte Berríos denunció que la determinación luego de las pasadas  elecciones de que solo hubiese dos partidos representados en la CEE responde a las medidas impuestas por la JCF. “Pero, por otro lado, uno se entera luego de que quizás haya un contrato para alguien; pero al día de hoy, en términos de la JIP, se va uno de cada partido y no han sido sustituidos”.

Otro asunto que ha estado en discusión pública y que el gobernador Pedro Pierluisi defiende es el voto por correo y la ampliación de la edad para este  voto.  Al respecto,  Aponte Berríos apuntó que la discusión en la CEE se enfoca más en si se debe regresar a lo que dice la Ley Electoral, de que ese voto es para las personas que tiene 80 años o más. En las pasadas elecciones, por motivos de la pandemia, fue que se  bajó a la edad 60 años. Comentó que con el cambio en la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), ese partido  ha dicho públicamente que respalda que sea a los 80 años. “Yo veo que ya un derecho que se le dio a las personas de 60 años es un poco difícil revertirlo. Pero es parte de la discusión que ha estado en la palestra, y no hay una decisión final”.

Aponte trajo a la atención que no obstante el marco que envuelve toda esta discusión, todavía está pendiente  si va a haber o no enmiendas a la ley electoral, pero que eso quizás se verá cuando acabe la presente sesión legislativa. Las expresiones que ha escuchado por parte del  PPD son de que no  necesariamente la medida se atenderá ahora y que se esperará a la próxima sesión. Le parece que las propuestas del PPD están más enfocadas en el voto adelantado y no necesariamente en otros asuntos medulares para los otros partidos, como es la representatividad en la CEE.

El proyecto PS 909, de enmiendas al Código Electoral del 2020, se encuentra en Comité de Conferencias luego de que el representante Conny Varela se sentara con cada uno de los comisionados electorales y acogiera varias enmiendas. Tras las enmiendas que hizo Varela en la última vista en el Senado, en la que estuvieron presentes los comisionados, se sorprendieron al ver que en el Senado  regresaron al lenguaje original. “Se eliminaron todas las enmiendas que había presentado Conny, por eso es que esto es como un Frankenstein. En el caso del PPD y en el caso del PNP está claro que quieren mantener el código actual o llegar a un acuerdo con el PPD”.

Lento el proceso de inscripción

 Aponte Berríos censuró que la CEE haya sido muy parca con el asunto de la inscripción de nuevos electores. Comparó que en el cuatrienio anterior de enero del 2017 al 31 de mayo del 2019, con todo  y el paso del huracán hubo 55,401 nuevos inscritos. En este  cuatrienio de enero del 2021 al 31 de mayo del 2023, solo se han inscrito 33 ,964. Dijo que el PIP ha insistido por medio de las redes sociales en que los jóvenes acudan a las JIP a inscribirse y le ha pedido a la CEE que se retome a partir de agosto las visitas a las universidades y escuelas. “Veremos a ver qué ocurre”.

Además, en las redes sociales han publicado  información para que los jóvenes que están estudiando fuera de Puerto Rico y vienen en el verano acudan a la JIP si no están inscritos para que luego soliciten en el voto ausente. Señaló que en las pasadas elecciones, el voto ausente fue mínimo en comparación con el voto adelantado total, que fue cerca de 200 mil personas; el voto ausente fue 6 mil. Reparó  en que algunas personas confunden el voto ausente con el voto adelantado.  Defendió que la persona que está inscrito en Puerto Rico y está activo, que tiene su domicilio en la isla y que por una u otra razón se encuentra fuera, tiene derecho al voto.

Otro voto que está bajo discusión es el voto a domicilio, este es el voto adelantado. La oficina que se encarga del voto adelantado, JAVA, estaba trabajando reglamentos para meterle más garra a ese proceso. Se supone que en este proceso participe un funcionario de cada partido; pero en las pasadas elecciones hubo denuncias de que esto no fue así. Esto es parte también de la discusión en el CE 2020 debido a que la vieja ley electoral era  mucho más fiscalizadora al requerir un certificado médico a las personas que  solicitaban el voto a domicilio.

En tanto, las máquinas del escrutinio electrónico están físicamente  en el edificio de operaciones electorales donde antes se llevaban a cabo los procesos de escrutinio. El comisionado electoral del PIP dijo que le consta que cada ciertos meses la compañía Dominion pone al día las máquinas y se atienden las baterías. No obstante, sobre el estado de las 6,072 máquinas de escrutinio, el presidente de la CEE, Rosado Colomer, en declaraciones al Nuevo Día, advirtió que las máquinas podrían averiarse si la JCF no aprueba $267, 072 que solicitó para reparar el sistema de refrigeración para mantener el equipo en condiciones adecuadas.

Así las cosas, entrando a un año prelectoral, Aponte Berríos observó que todavía está pendiente en la Legislatura las enmiendas al Código,  la asignación del presupuesto para las primarias y los proyectos pendientes. Reiteró su denuncia  de que el actual código le ha dado mucho poder al presidente de la Comisión, por lo que este no suele discutir el presupuesto con los comisionados.