Especial para CLARIDAD

La misiva de la institución, que integra cifras y proyecciones, responde a la pasada entrevista con Sylvia Solá Fernández que publicó este medio.

 El pasado 15 de mayo, el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) envió una carta en que detalla algunas gestiones hechas por la administración para las mejoras de la biblioteca José M. Lázaro, que sufre de un evidente deterioro físico. El mensaje, dirigido a CLARIDAD tras la publicación de la nota “En deterioro acelerado la biblioteca Lázaro del recinto de Río Piedras”, esbozó las prioridades infraestructurales de la institución.

De acuerdo con la información compartida, el campus riopedrense “enfrenta enormes retos operacionales vinculados directamente al recorte de $66.7 millones de su presupuesto, impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal por los pasados siete años”. No obstante, la decadencia del centro informático, que está catalogado como “edificio enfermo”, data desde antes de 2013, cuando la Junta de Control Fiscal (JCF) aún no había arribado al archipiélago.

“Ya se puso en vigor un plan de recuperación de los espacios. La meta de la administración es completar la mayor parte de estos proyectos a mediados de 2029, contando con fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para atender el impacto y daños producto de los desastres naturales recientes”, reza el comunicado. Además, la misiva destaca que, de un presupuesto total de $1,140 millones, el recinto riopedrense tiene derecho al 22.5 % de los fondos de recuperación.

Según el documento, enviado por Daniel Rodríguez León —ayudante especial de la rectora de la UPRRP, Angélica Varela Llavona— el pasado 16 de mayo se efectuó una presubasta y visita a las instalaciones para quienes interesen trabajar el proyecto. La duración de los arreglos, dice la carta, tardará 18 meses, a partir de la subasta, en completarse.

Por otro lado, un aviso de subasta, divulgado por la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes (JSMP), evidencia que el proyecto en cuestión trata de impermeabilización del techo de la biblioteca Lázaro. Las obras serán sufragadas por los rebosantes fondos del CBDG-DR, la Autoridad Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el Departamento de la Vivienda y Desarrollo de los Estados Unidos (HUD, en inglés). Sin embargo, el anuncio de la JSMP no contempla las mejoras a “los sistemas mecánicos, los controles ambientales y de temperatura de los espacios interiores del edificio” que destacan la carta de la UPRRP.

“El alcance de los trabajos incluye, pero no se limita a la remoción del material impermeabilizante existente, la reubicación de las líneas de agua helada, el reemplazo de puertas en los cuartos mecánicos y mejoras en el sistema de drenaje pluvial del techo. Además, el proyecto contempla la fabricación de un sistema de cubierta en el área del tragaluz”, lee el documento oficial de la JSMP. En 2021, los tres edificios que comprenden la biblioteca fueron impermeabilizados, en un proceso parecido.

En entrevistas por separado a Solá Fernández y a Rodríguez León, CLARIDAD corroboró que, tras el apagón del pasado 12 de mayo, no se rociaron los químicos para la eliminación de hongos, tarea necesaria después de un apagón, porque “la avería no duró más de 48 horas”.

“La Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) trabaja, también, con el cumplimiento de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 para garantizar la misma oportunidad de beneficios y servicios a las personas con diversidad funcional, tanto en la Lázaro, como en las otras bibliotecas que forman parte del Sistema de Bibliotecas del recinto”, proyecta la carta sobre la sala para personas con diversidad funcional, que lleva más de siete años pendiendo entre metales y desusos.

Los servicios en línea de la biblioteca, según el mensaje, han aumentado en consultas durante los pasados cuatro años. En el año académico 2021-2022 se registraron 566,388 consultas; en el año académico siguiente, 685,354 y 1,221,742 en el año actual. Nuevamente, las cifras coinciden con la denuncia de Solá Fernández: el estudiantado accede al material desde sus propios medios.

“A pesar de las situaciones que enfrenta la Biblioteca Lázaro relacionadas al deterioro de su planta física es importante reconocer que el Sistema de Bibliotecas de la UPR ha logrado posicionarse como uno de avanzada en términos de la disponibilidad de sus servicios en línea. Contamos con servicios de consulta a distancia mediante chat, referencia virtual, correos electrónicos y a través de las redes sociales a cerca de 200 colecciones”, concluye la respuesta del recinto de Río Piedras.

Especial para CLARIDAD

 Como un revés para la institución, la Junta de Control Fiscal trastocó, nuevamente, las arcas del primer centro docente del país.

 En las pasadas semanas, la Junta de Control Fiscal (JCF) determinó que, para el año académico 2024-2025, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) contará con $102 millones menos de la aportación del Gobierno central, un recorte que le haría caer en una posible inoperancia, de acuerdo con la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del recinto de Río Piedras, Fabiola del Valle Marrero.

En entrevista con CLARIDAD, la representante estudiantil explicó que la UPR necesita $480 millones anuales para operar de forma mínima, $20 millones por debajo del presupuesto que le asigna la Ley 53 de 2021, mejor conocida como la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico.

“¿Qué pasa? Nos asignan $500 millones. Uno pensaría que está bien. Está dentro de lo que necesita la universidad; pero de esos $500 millones, 59 son [para] resoluciones conjuntas que no se pueden usar para operar”, elaboró Del Valle Marrero.

Esta partida del fondo, según evidencian los presupuestos de pasados años, se separa para distintas becas, cumplimientos de órdenes ejecutivas, salarios, gastos de funcionamiento y servicios, entre otras inversiones que conforman el total de $59 millones. Por ejemplo, el gasto de resoluciones conjuntas separó, en el año académico 2021-2022,  $855,000 para el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico (PRATP, en inglés), un servicio que facilita la accesibilidad, adquisición e implementación de soluciones de asistencia tecnológica para personas con discapacidad de todas las edades.

Con esta reducción, el presupuesto de la UPR quedaría por debajo de los $480 millones mínimamente requeridos para su operación, en $441 millones.

“Hay que subsanar esa cantidad, así que en el 2022, la primera vez que entraba en vigor la ley, la universidad pidió $40 millones adicionales para poder subsanar. Se le dieron, pero iba atado a que la universidad cumpliera con unos requisitos que ponía la Junta de Control Fiscal”, aseguró la presidenta del CGE.

El ente federal, agregó Del Valle, impuso los mismos requisitos al año siguiente, cuando la UPR solicitó $102 millones adicionales para mejoras a los recintos; pero con la nueva condición de que, para subsanar las resoluciones conjuntas, la institución debe usar esa misma partida de fondos. Un recorte para las mejoras, denunció la representante estudiantil.

“Para este año, la carta que envió el presidente de la Junta de Gobierno (JG)  [Ricardo Dalmau] lo que dice, básicamente, son las proyecciones que hay para lo que le van a asignar a la universidad, que son los $500 millones ‘flat’. No hay ninguna suma aparte de los $40 millones que se necesitan”, mencionó Del Valle respecto al presupuesto del año académico siguiente.

El pasado 13 de mayo, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara de 2002, que precisamente trata esta disparidad de fondos. En la pieza, que pretende enmendar la Ley 53 de 2021, se aclara que los $500 millones asignados a la UPR son exclusivamente para usos operacionales.

“Aparte de eso, se busca que se asignen $102 millones anuales para mejoras de los recintos. Básicamente, que la universidad pueda obtener $602 millones en su presupuesto […] esto es para que podamos, recurrentemente, tener el dinero que nos hace falta, y no ocurre esta situación todos los años”, aseveró Del Valle.

Comunidad universitaria responsabiliza a la Junta de Gobierno

 A pesar de los aprietos financieros que en gran parte la UPR enfrenta por las condiciones de la JCF, tanto la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) como la Junta de Retiro de la UPR coincidieron en que la Junta de Gobierno del sistema universitario ha respondido “tardíamente” a la situación.

“En vez de repudiar los recortes y luchar por que se le devuelva la asignación constitucional que en ley nos pertenece, se conforma con mendigar migajas a la Junta de Control Fiscal, esa que secuestró el futuro de la Universidad y del país. Esta actitud no solo es indigna, sino también peligrosa y criminal”, opinó el presidente de la HEEND, Carlos de León.

Además, el presidente de la HEEND aseguró que Ricardo Dalmau, presidente de la JG, “entregó su obligación de proteger y defender nuestra institución” por reaccionar tarde a las amenazas detrás de los recortes, que abundan en el bolsillo de la UPR desde la llegada de la JCF. “El comunicado de la Junta de Gobierno mendigando granos de sal resulta ser una defensa tímida, cobarde y tardía” reza el comunicado.

También, la colectividad reclamó “un Plan Fiscal ajustado a las necesidades universitarias; que acabe la atrición en los puestos no docentes; que garantice un Plan de Clasificación y Retribución que le haga justicia salarial a la clase obrera universitaria; que proteja el Plan Médico Único; que deje de atacar a nuestro Sistema de Retiro, el cual está mucho mejor en nuestras manos que cuando estaba en la de ellos” y la aprobación del Convenio Colectivo 2024-2027.

Por su parte, la Junta de Retiro de la UPR recalcó cómo, por años, distintas organizaciones universitarias han consultado con peritos y advertido sobre los diversos recortes y su efecto en la comunidad universitaria.

«Estas personas tienen una obligación de ley que están queriendo rehuir y su comportamiento es reincidente en menoscabar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, al igual que lo hacen con la Universidad. Precisamente por eso, desde el inicio de este año, han recibido decisiones de magistrados federales y estatales que cuestionan el proceder de la administración universitaria, las cuales han sido también guiadas por AFAAF como ente de gobierno”,  acusó el cuerpo creado en 1973.

Las expresiones de la Junta de Retiro se amparan en la Ley de Asignación a la Universidad de Puerto Rico, que garantiza un presupuesto estable para el sistema universitario. “Todo su proceder [de la Junta de Gobierno] ha sido en detrimento de la institución y ha propiciado esta quiebra silente de la universidad de la cual ellos son responsables”.

Ambas colectividades instaron a la comunidad universitaria a que reclame su derecho a un presupuesto digno, que no responda a las exigencias de la Junta de Control Fiscal que, desde 2016, desaliña las finanzas de la institución.

ccotto@claridadpuertorico.com

Las declaraciones del ejecutivo de la empresa Genera, Wess Eden, y su encargado de operaciones en Puerto Rico, Brannen Mc Elmuray, de que la transición energética de Puerto Rico a energía no será 100 % a energía renovable, sino a gas natural y un complemento de energía renovable, no sorprenden: confirman las advertencias que hicieron activistas y expertos en el tema de la energía respecto al contrato de privatización de la generación de energía.

La afirmación de los ejecutivos de Genera, cuya matriz es la empresa procesadora de gas metano News Fortres Energy (NFE), fueron hechas en una presentación al mercado de inversiones sobre su negocio en Puerto Rico y divulgadas  en un artículo del colega periodista Oscar Serrano, del medio Noticel.

Ante las declaraciones de los oficiales de Genera/NFE, hay que recordar que grupos comunitarios, ambientales y vecinos de las zonas de San Juan, Cataño y Guaynabo antes habían denunciado sobre las pretensiones de NFE de que se le permita aumentar la capacidad de transportar gas metano a su puerto ilegal en la Bahía de San Juan.

“El Gobierno de Puerto Rico, todos los que firmaron ese contrato, sabían exactamente lo que estaban haciendo desde antes de firmarlo. Nadie puede señalar a Genera por decir la verdad. El Gobierno de Pedro Pierluisi hace lo que Genera/ News Fortress dice”, censuró con énfasis el exrepresentante del interés público en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Agustín Irizarry. Este recordó que desde el inicio se señaló que no tenía sentido dar el contrato para administrar la generación a una sola empresa —siempre se habló de que hubiese más de una empresa para que a su vez hubiese algún tipo de competencia entre ellas—; además, a una sola empresa que tiene cero experiencia administrando plantas eléctricas”.

El profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, explicó que el supuesto socio que traería Genera para administrar las plantas eléctricas dejó de serlo casi una semana antes de que se firmara el contrato porque no lo sabía. Aun así, el Gobierno firmó el  contrato y se quedó con una empresa, cuyo dueño, NFE, se dedica a vender gas metano. A nadie le debe sorprender que Genera le compre gas a NFE, su matriz. Incluso, el contrato no especifica cómo entra NFE en la compra de combustible. Es decir, que NFE gana más con la venta del gas metano que lo que gana con las generadoras.

Sobre las propiedades del uso de gas metano hizo la comparación de que este es menos sucio que el petróleo al quemarlo porque no tiene particulado. Si se compara con el carbón, no hay cenizas; si se compara con la quema de petróleo, hay menos metales pesados. Pero en términos  de CO₂ y otros contaminantes que emiten los gases de invernadero, es igual de sucio que el petróleo.

El experto en temas de energía señaló que la compra del gas deja mucho dinero. Citó una investigación del medio británico The Guardian, de hace aproximadamente un año, que decía que las ganancias de las petroleras en el mundo, después de sacar todos los gastos, exceden los 3 mil millones de millones (trillones), y que concluye que eso es suficiente dinero para comprar cualquier gobernante y cualquier tipo de gobierno. “El Guardian tiene razón: la cantidad de dinero que maneja y ganan las empresas de combustible en el planeta exceden por mucho los presupuestos de muchas naciones, así que no es sorprendente que estas empresas como News Fortress manden en el Congreso de Estados Unidos”.

En esa dirección, Irizarry denunció que desde hace tiempo en el Congreso están planificando convertir a Puerto Rico en un punto de venta de gas metano para otras islas del Caribe. Ello responde a la   discusión política en EE. UU. de que el gas no se le puede vender a los enemigos, “solo a los amigos”; en este caso, a Puerto Rico y a los otros vecinos del Caribe.

Mientras, en entrevista por separado, el asesor legal de las comunidades y organizaciones que han presentado resistencia al puerto de gas de NFE, Pedro Sadeé Lloréns, apuntó que las declaraciones de los ejecutivos de NFE demuestran la arrogancia de esta empresa, pero también la metodología de trabajo que ha tenido desde el principio. Repasó que, primero, NFE se encargó de controlar una parte de los muelles con un contrato a largo plazo; luego, logró un contrato para suplir gas a las unidades 5 y 6 de la AEE en Palo Seco; más adelante, amplió la venta de gas para los llamados generadores temporeros que son transportables, y ahora, logró venderles esos generadores al Gobierno de Puerto Rico, entiéndase, a la AEE.

Al principio, lo de los generadores fue un contrato de alquiler por parte de FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Luego, FEMA dijo que no iba a continuar con el alquiler y la compra de combustible; entonces, NFE cabildeó y convenció a FEMA para que pusiera el 90 % del dinero para venderlos a la AEE. LA AEE puso el otro 10 %.

“Todo esto tiene implicaciones de seguridad para la gente alrededor de la bahía. La entrada de más gas significa más riesgo y contaminación para la gente de los alrededores”, destacó el experto en Derecho Ambiental. Todavía está pendiente que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) determine si autoriza o no un contrato entre NFE y Genera de casi 5 años por  más de $5 billones, mediante el cual NFE se compromete a suplir el gas a Genera, en representación de la  AEE. Hasta el presente, no se ha podido identificar en el expediente del NEPR que se haya solicitado esa autorización. El contrato responde a los planes de News Fortress de querer impulsar el uso del gas metano en Puerto Rico.

A juicio de Sadeé, las declaraciones de NFE están en contradicción con la política pública, sobre todo, del proceso del Plan Integrado de Recursos (PIR) anterior que está vigente. Advirtió que hasta que el  Gobierno no se decida a impulsar unas medidas más enérgicas para que más techos y otros lugares puedan contar con la energía renovable, estas personas con esa gran influencia económica  y política van adelantando sus planes.

“No es sorprendente que la motivación de News Fortress es venderle al país gas natural y convertir las plantas existentes a gas natural y proponer más plantas de gas natural a las cuales ellos podrían suplir. Ellos están haciendo lo que es su interés, y en un acuerdo que el Gobierno está permitiendo y lo ha facilitado”, declaró por su parte Cathy Kunkel, experta en temas de energía del Instituto para el Análisis Financiero y Económico de la Energía (IEEFA, siglas en inglés).

Al igual que otros entrevistados, Kunkel señaló que la expresión literal de NFE, y la forma pública de decirlo, de que el futuro de Puerto Rico es el gas natural suplementado con la energía solar no debería sorprender en el sentido de que poner a una compañía privada de gas natural a suplir la energía del país constituyó un conflicto de interés bastante obvio y grande. Kunkel observó, además, que en vista de la baja en población, lo que representa un problema para pagar la deuda de la AEE, le parece que lo  necesario para la estabilidad financiera, que no existe, es movernos a la energía renovable y no estar tan sujetos a las variaciones de los precios de combustible. Advirtió que el precio del gas es igual de volátil que el del petróleo, ya que es también un mercado internacional de combustible sujeto a muchas variaciones y conflictos internacionales.

“Estamos en la misma vulnerabilidad que continuar usando el petróleo, y en términos ambientales, igual. Ya ha habido bastante modelaje que prueba que Puerto Rico puede moverse a la energía renovable que ya existe, así que este tipo de inversión masiva en el gas natural no es lo mejor en términos del cambio climático y contaminación”.

Kunkel trajo a la atención que a finales de junio se supone que la empresa LUMA presente el PIR ante el NEPR, y no duda de que Genera esté colaborando en su preparación. “Allí se va a ver reflejado estos planes de Genera para convertir al país a gas natural; eso va ser un proceso bien importante ante el Negociado”.

Se alinea el gobernador con Genera

 Cuestionado por la prensa, el gobernador abiertamente se alineó con las expresiones de los ejecutivos de Genera/NFE al manifestar que promover un futuro energético dependiente del gas natural o gas metano, como planteó la empresa New Fortress Energy,  “no necesariamente” contradice la política pública de su administración para que en el 2050 la isla use en un 100 % energía renovable.