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Abrazo comunitario contra el desplazamiento

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candida-cotto
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Foto Alina Luciano

 

CLARIDAD

ccotto@clarridadpuertorico.com

El desplazamiento de los residentes de la comunidad de Puerta de Tierra y del Viejo San Juan es  un plan concebido por el mismo Gobierno de Puerto Rico en favor de inversionistas extranjeros. Esto no se limita a San Juan, ocurre en todo Puerto Rico.

La situación del desplazamiento en la comunidad Puerta de Tierra, antesala del Viejo San Juan, el casco antiguo de la ciudad, fue abordada en el foro Abrazo Comunitario Contra el Desplazamiento, presentado este domingo 18 de diciembre en el Centro Comunal de la comunidad El Falansterio, en Puerta de Tierra. La actividad fue auspiciada por el movimiento Puerta de Tierra No Se Vende y Casa Pueblo de Adjuntas.

Previo al foro, se llevó a cabo un recorrido por la comunidad de San Agustín, conducido por los activistas comunitarios Jonathan Colón Reyes y Caroline Sánchez Feliciano, en la cual ilustraron la situación de la comunidad.  El público asistente al foro, además de los residentes de Puerta de Tierra y el VSJ, fueron los gestores y líderes de más de una treintena de proyectos comunitarios de otros pueblos de la isla.

La portavoz de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, Blanca Gandía, expuso la experiencia de esa comunidad. Resaltó que la isleta del Viejo San Juan, compuesta por Puerta de Tierra y el casco histórico, son la “joya de la corona de Puerto Rico” por su valor arquitectónico y comunitario.  Se desprende de su exposición que el desplazamiento de estas comunidades está concebido  en el cuestionado proyecto Paseo Puerta de Tierra, del  2003 al  2006, y luego reactivado en  2015. Eso, dijo, fue la chispa para encender el interés apremiante por preservar la comunidad con personalidad propia por parte de los residentes del VSJ contra el proyecto de Puerta de Tierra. Indicó que pocas ciudades en el mundo han sido restauradas con la integridad arquitectónica que el VSJ. Por desgracia, eso cambi en el 2014 con la destrucción del interior de una vivienda adquirida por una corporación bajo la Ley 22 (ahora ley 60)  para convertirla en una propiedad de alquiler a corto plazo (ACP).

El resultado de la Ley 60 y la actividad del ACP ha sido el desplazamiento de los residentes. En la actualidad  solo quedan 24 apartamentos de renta de entre $500 y $600 mensuales. La mayoría de los apartamentos son tipo Airbnb, denunció.  “Actualmente el Viejo San Juan es un lugar de transeúntes, y por la noche se convierte en una ciudad de desorden donde viven cada vez menos personas. La ley 20 debe derrocarse, su impacto negativo en cuanto al desplazamiento de la población ya pronto será irremediable”, advirtió.

La también agente de Bienes Raíces y residente por décadas en el VSJ  dio a conocer que la Asociación de Residentes ha presentado al Senado y a la Cámara de Representantes medidas para la regulación de los ACP en el VJS. Entre los lineamientos, lo más importante es reconocer que el VSJ tiene un carácter único en todo Puerto Rico. Los ACP ocupan el 15 % de todas las unidades residenciales del VSJ y ya se están mercadeando 12 town houses en la bahía de San Juan, a partir del Club Náutico y otro edificio con una gran torre frente a la bahía. Gandía denunció que  ese proyecto y el San Juan  Tower Force, que van desde el muelle 1 al muelle7, intentan apoderarse de parte de la bahía de San Juan. “Estos proyectos matarán el comercio del VSJ y la ciudad se convertirá en un pasajera”.

Trajo también a la atención el peligro que representa para todo San Juan el uso de parte de la bahía como puerto de recibo y almacenaje de gas metano. Entre los datos que presentó Gandía, habló de un informe del Registro de la Propiedad que  reveló que  la venta en el 2021 de propiedades en el VSJ en  las seis manzanas de la zona histórica fue de  93 unidades por la cifra de $61 millones.Mientras las ventas del 2022 hasta el mes de octubre fueron $31 millones, un incremento de 77 %.

En tanto, el fundador de la organización Taller de Arte y Cultura Casa Pueblo de Adjuntas, Alexis Massol, quien tiene una larga trayectoria de lucha comunitaria, planteó que “en un país como el nuestro,  dividido con tanta incertidumbre, que no sabe para dónde vamos ni cuál será la nueva versión, podemos juntarnos y plantear qué hacer ante un problema tan delicado, racista, en nuestro país”.

En esa dirección compartió que lo primero que se tiene que saber es la realidad, saber de qué se trata este proyecto. Explicó que el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, los crímenes ambientales, la corrupción gubernamental, las tantas leyes de desmantelamiento y las decisiones de la Junta de Control Fiscal ocurren porque, “somos un estorbo. Los puertorriqueños en Puerta de Tierra, las costas, montañas y llanos, eso no es un asunto atmosférico, eso es un plan concebido, de la metrópolis, de la colonia, del modelo que tenemos”.

Massol aconsejó a desarrollar una estrategia para enfrentarse a ese sistema, a no  improvisar. A su juicio, se debe coordinar una pedagogía de resistencia que provea  una respuesta que explique lo que está pasando,  con especialistas que puedan documentarlo.  “Se necesita sabiduría. Estamos ante un poder colonial imperial malo; no tiene sentimientos. La sabiduría nace de las experiencias adquiridas para repetir lo bueno y no cometer errores. Es un optimismo ingenuo el que cada cuatro años va a ocurrir el cambio, porque  tenemos que saber que el cambio no ocurre de arriba para abajo, sino de abajo para arriba”.

Por su parte, la profesora de Derecho y estudiosa de los procesos de tenencia de tierra y expropiaciones, licenciada Érika Fontánez Torres, en sintonía con lo expuesto por Massó advirtió que hacer desde el Derecho es no confiar en el Derecho, debido a que el Derecho no es otra cosa que el resultado directo de quien tiene el poder de gobernar y el poder económico.

“Son una misma cosa. El Derecho es el resultado de las fuerzas de  poder, de quien tiene el capital, que puede hacer a su antojo para decir que este país es uno de ley y orden. Si es así, no hay nada que hacer”. No obstante, apuntó que la sospecha y desconfianza sobre ese marco jurídico no quiere decir que no se pueda ver en el Derecho una herramienta estratégica, sino que debe ser una coordinada.

Expuso que ahora mismo no hay legislación que garantice un derecho a la vivienda, lo que se  tiene es un derecho propietario. “Aquí estamos hablando del derecho, de la dignidad, y el derecho a una vivienda, irrespectivo de que las personas sean propietarias o no”. Indicó que hay dos vías por lo que eso ocurre: por la vía pública y la vía privada. Desde la política pública denunció que se está viendo la vivienda como una mercancía que supuestamente va a traer desarrollo económico y cuestionó dónde está el dinero que supuestamente iban a traer los inversionistas de la Ley 60.

Fontánez Torres llamó a la atención que el Departamento de la Vivienda tiene la disposición en su ley orgánica de incluso enfrentar al secretario de Desarrollo Económico con  las políticas de incentivos.  Su deber es proveer vivienda, que no se limita a la compra y venta.

Por último, el profesor de Planificación e investigador del tema de los ACP, Raúl Santiago Bartolomei, expuso que en Puerto Rico siempre ha existido un problema de acceso de vivienda y un abandono por parte del Gobierno. Precisó que desde que pasó el huracán María (2017), ha habido un proceso desenfrenado en la compra de vivienda para especulación a través de inversionistas individuales y corporaciones con la ayuda de intermediarios locales con el fin de aumentar su cartera de inversión. En particular, en el VSJ muchos inversionistas de criptomonedas  invirtieron en bienes raíces.

 

 

 

Puerta de Tierra: “Esto es puertorriqueños luchando por permanecer en nuestro Puerto Rico”.

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Foto Alina Luciano

 

 

CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

¡Puerta de Tierra no se vende!, afirmaron los residentes de  Puerta de Tierra en su lucha contra el desplazamiento de su comunidad.

En la actividad denominada Abrazo Comunitario, los líderes de la comunidad antesala del Viejo San Juan, Caroline Sánchez Feliciano, presidenta del Consejo de Residentes del complejo público Residencial Parque San Agustín II, y Jonathan Colón Reyes ofrecieron un recorrido por la calle principal de la comunidad para narrar y describir la situación actual del barrio.

En la calle San Agustín,  a partir del Residencial San Agustín II hacia la salida de San Juan, a esas primeras dos cuadras los vecinos que quedan en Puerta de Tierra le llaman la Zona Cero, ya que con el acaparamiento de propiedades de inversionistas de la ley 20 y 22, ahora Ley 60, no vive nadie.  Ya en marzo de este año, los líderes comunitarios dieron a conocer que una investigación realizada por el licenciado Adrián González Costa, asesor de la senadora María de Lourdes Santiago, reveló que inversionistas de la Ley 60 habían comprado hasta esa fecha 30 edificios en esta comunidad, incluidos la Escuela Brumbaugh  y el edificio que albergó el periódico El Vocero.

Los líderes comunitarios denunciaron que mediante esa ley se está sacando a las poblaciones más vulnerables del barrio, el cual también ha sido abandonado por el Gobierno.

Un libreto ya conocido

El primer residencial desalojado de Puerta de Tierra fue Las Acacias. Luego, la ofensiva continuó con  el desalojo y destrucción del entonces Residencial Puerta de Tierra, en el 2019. El Departamento de la Vivienda desalojó a los residentes bajo la excusa de que era una renovación y que una vez restaurado regresarían a sus viviendas. Ya es sabido que eso no ocurrió y que lo que el Gobierno hizo fue construir un nuevo complejo de vivienda bajo el llamado concepto de ingresos mixtos. De originalmente 484 unidades de vivienda pública, en el ahora ‘Bayshore Villa’ supuestamente se destinaron 85 unidades para vivienda pública.  El hecho concreto ha sido que solo 8 familias han podido regresar al nuevo complejo.

Todo indica que el Departamento de la Vivienda quiere volver a utilizar la misma estrategia con el resto de los residenciales que ubican en Puerta de Tierra. Sánchez Feliciano contó que para el mes de octubre del pasado año los residentes de mayor edad de Parque San Agustín II comenzaron a recibir cartas del Departamento de la Vivienda en  las que les indicaban que sus unidades iban a ser remodeladas, por lo que tendrían que desalojarlas. Eso de inmediato  levantó bandera entre los más jóvenes de la comunidad. Luego de emplazar públicamente al secretario de la Vivienda, William Rodríguez, llegaron al acuerdo de que  no se iba a desalojar por completo el residencial, sino edificios de dos en dos. Ya ha pasado un año y no ha habido ninguna otra acción de parte del DV.

Sánchez Feliciano contó a CLARIDAD que, como Consejo de Residente de Parque San Agustín,  recientemente se reunieron con la funcionaria Gladys Román del DV, procurando que el plan de arreglos continúe o “el plan de mejoras, como han querido vendernos. No estamos en contra de las mejoras. Ya ha pasado un año desde que todo esto comenzó y al momento de hoy no hay subasta, no hay nada. Entonces, ¿cómo vas a seguir queriendo mover de las otras unidades que no hay subasta?”.  El acuerdo con la comunidad fue que esta no estuviese totalmente vacía. Lo que vemos es que es un mecanismo que han usado durante décadas, y piensan que les va a funcionar ahora. Ya hemos visto eso desde que tenemos uso de razón”.

Además de Parque San Agustín II, los otros complejos de vivienda pública que quedan en la comunidad son San Agustín I, San Antonio y Puerta de Tierra II.  “Si vemos, entendemos que han empezado levemente con San Antonio, porque antes de empezar en Parque San Agustín  allí estaban ocurriendo cosas. Hay siete unidades de impedidos de donde sacaron a las personas hace seis años diciendo que había unos fondos para arreglarlas y que tan pronto se arreglaran volverían. Ya han pasado los seis años y todavía están en total abandono”.

Sugirió que esto también puede ser otra forma de facilitar el desalojo, ya que estos apartamentos quedan en los primeros pisos,  por lo que en un futuro puede haber un daño estructural generalizado. Eso podría ser utilizado como excusa para todo el desalojo, “porque ya vemos que así empezaron”.

El otro complejo de vivienda que hay en Puerta de Tierra, y que fue el primer residencial público construido en el país, es El Falansterio. La líder comunitaria compartió con CLARIDAD los motivos para concluir allí el recorrido. Luego de ser vivienda pública, El Falansterio fue por un tiempo una cooperativa que también se deshizo y que ahora es un complejo privado de 232 unidades.  Muchas de las personas dueñas han fallecido, y hay problemas de herencia, por lo que hay algunos apartamentos  abandonados. Ya han comenzado a llegar intermediarios de los inversionistas queriendo comprar.

“Estamos orientando a las personas a crear conciencia en la comunidad de que si van a vender que sea a nativos de Puerta de Tierra”.Describió que el problema en todo Puerta de Tierra es que los dueños nativos se vieron obligados a vender porque no recibían ningún tipo de ayuda de parte del Gobierno para arreglar sus edificios. “Pero sin embargo, el Gobierno fue el mismo que llevaba a los interesados a comprar por la ley 22”.

Comentó que hay  personas que han vendido y ahora están arrepentidas porque no pueden volver a comprar en el área porque el dinero no les da. Dio el ejemplo de que en uno de los recientes alquileres de Airbnb  que vio,  una noche cuesta  $646. También explicó que en esa área no vive gente.

“Estamos tratando de rescatar lo que nos queda y hacer un frente. Puerta de Tierra es un barrio que hace muchas décadas pasadas estuvo dormido por los partidos políticos que nos han traído a esta debacle. Hay jóvenes hoy que estamos educando correctamente a nuestros abuelos y madres. Tenemos unos derechos, y no porque sea fulano de tal le tienes que rendir pleitesía. Aquí todos somos puertorriqueños. Esto es puertorriqueños luchando por permanecer en nuestro Puerto Rico”.

 

 

 

 

Editorial: Un Plan de Ajuste de Deuda (PAD-AEE) nebuloso y una justicia que no llega 

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Un manto de «misterio», medias verdades e incertidumbre cubre al Plan de Ajuste de Deuda de la AEE (PAD-AEE), que fue finalmente entregado al Tribunal de Quiebras de la Ley PROMESA por la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 13 de diciembre, casi dos semanas después del plazo original que les había dado la Jueza Laura Taylor Swain, quien preside los procesos judiciales relativos a la quiebra fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.

Ya en CLARIDAD habíamos anticipado que los dos aplazamientos solicitados por la JCF al tribunal para la entrega del mismo apuntaban a una » insurrección» de los bonistas y acreedores a los términos de la negociación presentados por la JCF. Anticipamos también que el acuerdo con una de las partes, los prestamistas de combustible, que fue anunciado el 1 de diciembre por el presidente de la JCF, David Skeel, era un mal augurio porque sólo contempla una reducción de un 16% de la deuda. Advertimos que la adopción de dicho acuerdo resultaría en la imposición de un cargo doble, llamado híbrido, que aumentaría de forma considerable la factura eléctrica para cientos de miles de los abonados residenciales, industriales y comerciales del sistema eléctrico de Puerto Rico. Igualmente dijimos entonces que, lejos de beneficiar a Puerto Rico, el acuerdo con los prestamistas de combustible sentaría un mal precedente que dejaría sin garras a la JCF para negociar un.acuerdo justo para Puerto Rico con el resto de las clases de bonistas.

A la luz de lo publicado en los distintos medios de prensa sobre el PAD-AEE entregado al Tribunal, los vaticinios de CLARIDAD son certeros. El proceso de negociación está virtualmente paralizado, los bonistas no aceptan los términos propuestos por la JCF, y cada uno hala para su lado exigiendo un acuerdo que les reconozca la mayor tajada posible de sus acreencias.Como una jauría, sin escrúpulos ni respeto, se lanzan sobre el pueblo de Puerto Rico, que será quien termine pagando la deuda, si es viable y posible pagarla una vez le hayan impuesto todos los aumentos de tarifa que requieren los acuerdos leoninos que exigen los bonistas. Hasta ahora, los llamados » escenarios» que se han barajado en las ofertas y contra ofertas de esta negociación apuntan a aumentos tan dramáticos en la factura que estarían fuera del alcance y las posibilidades de la inmensa mayoría de los abonados obligados a pagarla. La aparente intención de los bonistas de saltarse la negociacion con JCF e ir directamente al Tribunal, en sus propios términos, para reclamar el pago de lo prestado supondría el estrangulamiento de lo que queda de la economía de Puerto Rico, sobre todo del maltratado sector de los pequeños y medianos comerciantes. Además, dejaría indefensos a cientos de miles de abonados residenciales, que no cualifican para subsidios, pero cuyos ingresos no son suficientes para pagar cargos adicionales en la factura eléctrica, sin sacrificar otras partidas esenciales del presupuesto familiar, como alimentos, medicinas y transporte, entre otros.

Ante todo esto, el gobernador Pierluisi anda de «media tour» en su habitual tono triunfalista y de desprecio a las preocupaciones e interrogantes de amplios sectores del país sobre el PAD-AEE. Pide calma y paciencia a un pueblo que ya no aguanta más azotes ni sobresaltos. Por su parte, la JCF se limitó a cumplir con la orden del Tribunal de una manera bastante atropellada y obviamente sin contar con un acuerdo consensuado que pudiera ser explicado y defendido. Ha trascendido que, ante la negativa de los bonistas de AEE de aceptar sus propuestas, la JCF presentó al Tribunal una propuesta propia y al margen de las otras partes. En otras palabras, la JCF falló en lograr un acuerdo y le pasó » la papa caliente» al Tribunal para que sea la jueza quien imponga su autoridad y dictamen.

Y en todo esto,  ¿quién defiende el interés del pueblo de Puerto Rico? El gobierno de Pierluisi y el PNP no es porque no tiene la autoridad ni  el interés de enfrentarse a los «mogules». La JCF tampoco, porque su autoridad está en entredicho y sus miembros están divididos en cómo resolver este impasse.

Ante esta situación, como ante todas las que han amenazado nuestra supervivencia, el pueblo puertorriqueño sólo se tiene a sí mismo. De la fuerza, organización y movilización de nuestro pueblo, que se verá masivamente afectado por el PAD-AEE, dependerá que se destapen los chanchullos y trapos sucios tras esta fallida negociación y se logre una solución con justicia para un pueblo puertorriqueño que así lo reclama y merece.

 

Los federales piden cuentas

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candida-cotto
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CLARIDAD

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CLARIDAD consultó a dos economistas respecto a la reunión para un “diálogo” económico de funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Para uno, el  presidente Biden se reunió  con las personas equivocadas. Para el otro, la reunión fue una petición de cuentas al Gobierno sobre el uso de los fondos federales.

En la reunión a puerta cerrada, celebrada en la primera semana de diciembre en la Casa Blanca, participaron el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Don Graves; la directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, Julie Chávez Rodríguez; la asesora de Política Nacional, Susan Rice, y el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese. También, la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm; la subsecretaria del Departamento del Trabajo, Julie Su; el secretario del Departamento de Agricultura Federal, Thomas Vilsack y la subsecretaria del Departamento del Tesoro, Wally Adeyemo, entre otros oficiales del Gobierno federal.

Por parte del gobierno de Puerto Rico participaron el gobernador Pedro Pierluisi, el secretario del DDEC, Manuel Cidre; el secretario del Departamento de Agricultura, el del Departamento de la Vivienda y el del Departamento de Recursos Naturales, entre otros.

Haciendo alusión a expresiones del presidente Biden, de que  Estados Unidos  quería una economía diversificada, energías solares y crecimiento económico, la economista Martha Quiñones Domínguez concluyó que estos se reunieron con las personas equivocadas. Aun cuando reconoció que el gobernador es la persona electa y quien escoge su equipo, argumentó que en la colonia estos funcionarios lo que representan es “la corrupción-colonial y lo peor a la narco-colonia de exenciones, atraer empresas externas y la corrupción, no de crecimiento diversificado. Para ellos, empresas de aquí es contrario a su ideal. Para ellos la dependencia de empresas extranjeras es la solución”.

La economista resaltó que por el contrario en Puerto Rico sí existe gente que desea la economía diversificada y fuentes alternas de energía y para lo cual se tienen varias propuestas, pero el mismo gobierno de EE. UU. no las escucha. Un tercer aspecto que trajo a la atención es que en las colonias no se dan las condiciones para tener economía diversificada, con energía solar y crecimiento económico, porque es la metrópoli la que impone la agenda económica. La Junta de Control Fiscal (JCF) es su nueva forma de administrar la colonia. “La dependencia de fondos federales y fondos de inversión externos son la forma en que esta administración y la JCF creen que crece la economía”, expresó.

Esta explicó que los planes de la JCF están en función de gastar esos fondos federales y no en lograr crecimiento con empresas. Describió que la creación de leyes como la Ley 22 es una nueva forma de enclave para  individuos, los cuales  no generan producción, pero reciben exenciones contributivas. A su juicio es “lo más perverso del neoliberalismo”. Agregó que persiste la dependencia de mercancías, las inversiones, las leyes de cabotaje, el comercio interestatal y la corrupción entre muchos enredos coloniales.

“¿Por qué no escuchan al puertorriqueño que tiene planes de cambiar la economía y la sociedad? Porque no son los administradores coloniales cuya agenda no es el bien del país”.

Quiñones Domínguez, reparó en que para cambiar la economía hay que comenzar por abordar  los poderes soberanos, ya que no se puede prosperar con injerencia externa decidiendo lo que debemos hacer. “Se negocia entre iguales, no con uno que controla el poder, lo que ustedes hacen con los administradores corruptos-coloniales”.

Para el economista Heriberto Martínez Otero la reunión a  puertas cerradas en Washington más que una cuestión de hablar de un modelo de desarrollo económico fue para ver cómo va el uso de los fondos federales asignados y las diversas fechas de vencimiento.

“Es un asunto de credibilidad sobre el uso de los fondos asignados y que todavía no se han utilizado por el Gobierno”.  A su juicio el Gobierno federal quiere saber qué está pasando con el dinero, cuál es el plan de gastos, y quiere sentarse a ver que por lo menos haya un plan coherente con la asignación de fondos federales.

 

 

 

 

 

Sin reglamentación los alquileres a corto plazo

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CLARIDAD

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La actividad de alquiler a corto plazo (ACP) en Puerto Rico está afectando la asequibilidad de vivienda al reducir la oferta tanto de alquiler a largo plazo como para venta de viviendas. Así quedó demostrado en el estudio El impacto de los alquileres a corto plazo en Puerto Rico: 20140-2020. Se comprueba además el aumento de estas propiedades tras el paso del huracán María, el desplazamiento de comunidades y una total ausencia de reglamentación.

El estudio del  Centro para una Nueva Economía (CNE) fue  realizado por Raúl Santiago Bartolomei,  catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR, recinto de Rio Piedras; Deepak Lamba Nieves, director de investigación del CNE; los asistentes de investigación Enrique Figueroa Grillasca, de la Universidad de Boston, e Ysatis A. Santiago Venegas, de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR-RP.

Según la investigación, entre el 2014 y 2020, hubo en la isla más de 30, 000 viviendas registradas como ACP.  De estas, casi 25,000 (82 %) se registraron en la plataforma conocida Airbnb y unas 4,800 (16 %) se registraron en la plataforma Home Away (ahora Vrbo). El restante 2 % se registró en varias otras plataformas. Alrededor del 83 % de todos los listados eran casas o apartamentos completos y el 15 % eran habitaciones privadas.

La investigación confirmó que  la actividad de ACP ha acaparado de manera sustancial la disposición total de unidades de vivienda y las unidades de alquiler a largo plazo en muchos municipios costeros.

No hay manera de identificar a los dueños de las ACP

 En entrevista,  el investigador Santiago Bartolomei informó a CLARIDAD que no hay manera de identificar si los dueños de la mayoría de estas propiedades son beneficiarios de las leyes 20 y 22 (ahora Ley 60). Esta ley, que exime del pago de contribuciones a extranjeros que compran propiedades en el país, ha sido señalada por las comunidades afectadas  y otros sectores como la causante del desplazamiento.

Según expuso, hay varias dificultades  para poder identificar este aspecto. La primera es que muchos de los inversionistas no están comprando propiedades a su nombre y lo que están haciendo es creando distintas empresas, algunas a su nombre y algunas a nombre de abogados u otros residentes, lo que  hace difícil identificar transacciones específicas de esos inversionistas.

Lo otro es que el Airbnb lo que da es una ubicación aproximada de la propiedad y no comparte exactamente dónde están localizadas las propiedades que alquilan. Esto provoca que no se pueda atar un alquiler a corto plazo que sale en esa plataforma con la información de una transacción de compraventa. Puntualizó que uno de los problemas a atender de política pública es cuán transparentes son estos procesos de transacciones y cómo las plataformas comparten la información.

Lo que sí se identifica en la investigación es lo que se llama un anfitrión. Ese anfitrión puede ser un dueño de propiedad o una empresa que gestiona la propiedad o varias propiedades de distintos dueños.  Los dueños de una sola propiedad se identifican como anfitriones de listado único (SLH, siglas en inglés)  y los que tienen dos propiedades o más como anfitriones de listado múltiple (MLH). Las razones para la distinción, explicó Santiago Bartolomei, es que los MLH, independiente  de que sean gestores o sean dueños, tienen un grado mayor de profesionalización y comercialización. O sea, que es gente que muy probablemente se dedica a eso exclusivamente.

Destacó que esa distinción también radica en que uno que tenga una sola propiedad podría estar usando su propiedad para alquilar y es probable que represente un ingreso suplementario. Pero el que alquila dos propiedades o más ya requiere un mayor grado administrativo y gerencial para poder monitorear todas las transacciones y mantenimiento de las propiedades. Es decir que probablemente se dedica a esa actividad.

Esto es más importante aun porque contrario al argumento de que el ACP es una fuente de ingreso para hogares que la estén  pasando difícil, lo que se ve es que no es del todo cierto. El estudio arrojó que los que  tienen dos propiedades o más son 1/3 parte de los anfitriones, que acaparan el 70 % de las propiedades  y el 80 %  de los $700 millones que ha generado esta actividad durante el periodo estudiado. Sobre estos datos, el investigador señaló que  hay que asumir que los que  tienen más propiedades es porque tienen más poder adquisitivo para comprarlas,“no es que sean mejores gerentes, ni emprendedores. O sea, que esto no es un juego justo ni equitativo”.

La actividad de  ACP  tiene un impuesto de 7 % por habitación (Ley 272 de 2003), el cual se supone que se pague a la Compañía de Turismo (CT). El precio de alquiler fluctúa  por noche, por lo que varía mucho. Santiago Bartolomei señaló que más que lo que se paga por alquiler por noche lo que le preocupa es cuántas de las ACP están registradas en el sistema de la Turismo para pagar el impuesto. Eso porque hay un problema tradicional en otras ciudades, por ejemplo, con la plataforma de Airbnb en específico, que no es muy transparente y la han tenido que demandar para que comparta la información y  poder monitorear quienes están morosos en los pagos de contribuciones o en incumplimiento.

Indicó que quien único tiene datos sobre este movimiento de quiénes están participando de estas actividades del ACP  es la Compañía de Turismo, sin embargo, cuestiona qué tan completo es ese registro, en qué se usa el 7 % y si se utiliza para compensar los impactos adversos de estos alquileres. Explicó que tampoco hay transparencia en cómo se está usando ese impuesto. En promedio, el ingreso mensual de los ACP es de $1,400 por unos 9 a 10 días al mes; es decir,  que la renta promedio diaria sería más o menos $140 a $150; pero eso varia un mucho dentro de Puerto Rico y  así como dentro  de San Juan.

Total ausencia de reglamentación

 Más allá de un reglamento de la CT referente a salud y seguridad, los ACP no tienen  ninguna reglamentación por parte del gobierno respecto al número de unidades que se pueden destinar a esta actividad, cuotas por número de noches permitidas al año, como tampoco  de áreas designadas.

Uno de los problemas que dijo el investigador se tiene para la reglamentación es que como esto es una situación tan reciente muchas ciudades han implantado un infinidad de medidas e ideas, pero no ha habido tiempo de evaluar si la mayoría ha funcionado o no. Sí identificó que aquellas que se han podido evaluar hasta el momento que han resultado con algún grado de éxito son: un sistema de registro de cada una de las ACP,  un sistema de cobro de impuestos que establecen unas cuotas y topes de número de días en que se puede alquilar y unos controles sobre las áreas en las que pueden estar presentes. Señaló que es necesario unos sistemas sofisticados de informática para poder monitorear los alquileres porque todos saben que Airbnb  no comparte esa información, por lo que es necesario tener programadores y crear bases de datos para monitoreo.

Sobre la relevancia del impacto que ha tenido la actividad del ACP, Santiago Bartolomei llamó la atención a que en Puerto Rico  hay un déficit de vivienda social desde hace décadas, que ahora con la crisis de precios de vivienda lo que hace es que la acentúa mas. Si antes lo que había era un exceso de vivienda vacante que nadie compraba y una demanda grande por vivienda social que nadie estaba proveyendo, ahora se tiene  un exceso de compraventa de vivienda de lujo y todavía un déficit grande de vivienda accesible que nadie está construyendo.

Mientras, los alquileres a corto plazo están provocando el desplazamiento de comunidades. Para San Juan, Carolina, Fajardo, Guánica, Lajas y Fajardo, los ACP registrados equivalen a entre 3.7 % al 10.1 % de las unidades de alquiler a largo plazo. En Dorado, Loíza, Luquillo, Río Grande, Fajardo, Humacao y Cabo Rojo esta cifra alcanza entre 10.1 % y 35.5 %. En Rincón, los ACP registrados representan el 35.5 % de las unidades de vivienda en alquiler a largo plazo, mientras que en Vieques este número alcanza el 74.7 %. En Culebra, los ACP registrados igualan el 100 % de las unidades de alquiler a largo plazo. Esto no significa necesariamente que Culebra no tenga unidades de alquiler a largo plazo disponibles, sino que la cantidad de unidades de ACP es igual o superior a las de alquiler a largo plazo.

Otros pueblos costeros en los que se está dando el deslazamiento son Aguadilla, Isabela, Quebradillas, Añasco y Aguada. También  hay una presencia fuerte en Bayamón, Carolina y Caguas. En estos tres últimos, el desplazamiento no necesariamente ocurre por  turistas estadounidenses, sino puertorriqueños de la diáspora, que  también son inversionistas de la Ley 22, dueños ausentes con los que se tiene una población flotante.

 

 

 

 

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