CLARIDAD
¡Puerta de Tierra no se vende!, afirmaron los residentes de Puerta de Tierra en su lucha contra el desplazamiento de su comunidad.
En la actividad denominada Abrazo Comunitario, los líderes de la comunidad antesala del Viejo San Juan, Caroline Sánchez Feliciano, presidenta del Consejo de Residentes del complejo público Residencial Parque San Agustín II, y Jonathan Colón Reyes ofrecieron un recorrido por la calle principal de la comunidad para narrar y describir la situación actual del barrio.
En la calle San Agustín, a partir del Residencial San Agustín II hacia la salida de San Juan, a esas primeras dos cuadras los vecinos que quedan en Puerta de Tierra le llaman la Zona Cero, ya que con el acaparamiento de propiedades de inversionistas de la ley 20 y 22, ahora Ley 60, no vive nadie. Ya en marzo de este año, los líderes comunitarios dieron a conocer que una investigación realizada por el licenciado Adrián González Costa, asesor de la senadora María de Lourdes Santiago, reveló que inversionistas de la Ley 60 habían comprado hasta esa fecha 30 edificios en esta comunidad, incluidos la Escuela Brumbaugh y el edificio que albergó el periódico El Vocero.
Los líderes comunitarios denunciaron que mediante esa ley se está sacando a las poblaciones más vulnerables del barrio, el cual también ha sido abandonado por el Gobierno.
Un libreto ya conocido
El primer residencial desalojado de Puerta de Tierra fue Las Acacias. Luego, la ofensiva continuó con el desalojo y destrucción del entonces Residencial Puerta de Tierra, en el 2019. El Departamento de la Vivienda desalojó a los residentes bajo la excusa de que era una renovación y que una vez restaurado regresarían a sus viviendas. Ya es sabido que eso no ocurrió y que lo que el Gobierno hizo fue construir un nuevo complejo de vivienda bajo el llamado concepto de ingresos mixtos. De originalmente 484 unidades de vivienda pública, en el ahora ‘Bayshore Villa’ supuestamente se destinaron 85 unidades para vivienda pública. El hecho concreto ha sido que solo 8 familias han podido regresar al nuevo complejo.
Todo indica que el Departamento de la Vivienda quiere volver a utilizar la misma estrategia con el resto de los residenciales que ubican en Puerta de Tierra. Sánchez Feliciano contó que para el mes de octubre del pasado año los residentes de mayor edad de Parque San Agustín II comenzaron a recibir cartas del Departamento de la Vivienda en las que les indicaban que sus unidades iban a ser remodeladas, por lo que tendrían que desalojarlas. Eso de inmediato levantó bandera entre los más jóvenes de la comunidad. Luego de emplazar públicamente al secretario de la Vivienda, William Rodríguez, llegaron al acuerdo de que no se iba a desalojar por completo el residencial, sino edificios de dos en dos. Ya ha pasado un año y no ha habido ninguna otra acción de parte del DV.
Sánchez Feliciano contó a CLARIDAD que, como Consejo de Residente de Parque San Agustín, recientemente se reunieron con la funcionaria Gladys Román del DV, procurando que el plan de arreglos continúe o “el plan de mejoras, como han querido vendernos. No estamos en contra de las mejoras. Ya ha pasado un año desde que todo esto comenzó y al momento de hoy no hay subasta, no hay nada. Entonces, ¿cómo vas a seguir queriendo mover de las otras unidades que no hay subasta?”. El acuerdo con la comunidad fue que esta no estuviese totalmente vacía. Lo que vemos es que es un mecanismo que han usado durante décadas, y piensan que les va a funcionar ahora. Ya hemos visto eso desde que tenemos uso de razón”.
Además de Parque San Agustín II, los otros complejos de vivienda pública que quedan en la comunidad son San Agustín I, San Antonio y Puerta de Tierra II. “Si vemos, entendemos que han empezado levemente con San Antonio, porque antes de empezar en Parque San Agustín allí estaban ocurriendo cosas. Hay siete unidades de impedidos de donde sacaron a las personas hace seis años diciendo que había unos fondos para arreglarlas y que tan pronto se arreglaran volverían. Ya han pasado los seis años y todavía están en total abandono”.
Sugirió que esto también puede ser otra forma de facilitar el desalojo, ya que estos apartamentos quedan en los primeros pisos, por lo que en un futuro puede haber un daño estructural generalizado. Eso podría ser utilizado como excusa para todo el desalojo, “porque ya vemos que así empezaron”.
El otro complejo de vivienda que hay en Puerta de Tierra, y que fue el primer residencial público construido en el país, es El Falansterio. La líder comunitaria compartió con CLARIDAD los motivos para concluir allí el recorrido. Luego de ser vivienda pública, El Falansterio fue por un tiempo una cooperativa que también se deshizo y que ahora es un complejo privado de 232 unidades. Muchas de las personas dueñas han fallecido, y hay problemas de herencia, por lo que hay algunos apartamentos abandonados. Ya han comenzado a llegar intermediarios de los inversionistas queriendo comprar.
“Estamos orientando a las personas a crear conciencia en la comunidad de que si van a vender que sea a nativos de Puerta de Tierra”.Describió que el problema en todo Puerta de Tierra es que los dueños nativos se vieron obligados a vender porque no recibían ningún tipo de ayuda de parte del Gobierno para arreglar sus edificios. “Pero sin embargo, el Gobierno fue el mismo que llevaba a los interesados a comprar por la ley 22”.
Comentó que hay personas que han vendido y ahora están arrepentidas porque no pueden volver a comprar en el área porque el dinero no les da. Dio el ejemplo de que en uno de los recientes alquileres de Airbnb que vio, una noche cuesta $646. También explicó que en esa área no vive gente.
“Estamos tratando de rescatar lo que nos queda y hacer un frente. Puerta de Tierra es un barrio que hace muchas décadas pasadas estuvo dormido por los partidos políticos que nos han traído a esta debacle. Hay jóvenes hoy que estamos educando correctamente a nuestros abuelos y madres. Tenemos unos derechos, y no porque sea fulano de tal le tienes que rendir pleitesía. Aquí todos somos puertorriqueños. Esto es puertorriqueños luchando por permanecer en nuestro Puerto Rico”.
