CLARIDAD
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El desplazamiento de los residentes de la comunidad de Puerta de Tierra y del Viejo San Juan es un plan concebido por el mismo Gobierno de Puerto Rico en favor de inversionistas extranjeros. Esto no se limita a San Juan, ocurre en todo Puerto Rico.
La situación del desplazamiento en la comunidad Puerta de Tierra, antesala del Viejo San Juan, el casco antiguo de la ciudad, fue abordada en el foro Abrazo Comunitario Contra el Desplazamiento, presentado este domingo 18 de diciembre en el Centro Comunal de la comunidad El Falansterio, en Puerta de Tierra. La actividad fue auspiciada por el movimiento Puerta de Tierra No Se Vende y Casa Pueblo de Adjuntas.
Previo al foro, se llevó a cabo un recorrido por la comunidad de San Agustín, conducido por los activistas comunitarios Jonathan Colón Reyes y Caroline Sánchez Feliciano, en la cual ilustraron la situación de la comunidad. El público asistente al foro, además de los residentes de Puerta de Tierra y el VSJ, fueron los gestores y líderes de más de una treintena de proyectos comunitarios de otros pueblos de la isla.
La portavoz de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, Blanca Gandía, expuso la experiencia de esa comunidad. Resaltó que la isleta del Viejo San Juan, compuesta por Puerta de Tierra y el casco histórico, son la “joya de la corona de Puerto Rico” por su valor arquitectónico y comunitario. Se desprende de su exposición que el desplazamiento de estas comunidades está concebido en el cuestionado proyecto Paseo Puerta de Tierra, del 2003 al 2006, y luego reactivado en 2015. Eso, dijo, fue la chispa para encender el interés apremiante por preservar la comunidad con personalidad propia por parte de los residentes del VSJ contra el proyecto de Puerta de Tierra. Indicó que pocas ciudades en el mundo han sido restauradas con la integridad arquitectónica que el VSJ. Por desgracia, eso cambi en el 2014 con la destrucción del interior de una vivienda adquirida por una corporación bajo la Ley 22 (ahora ley 60) para convertirla en una propiedad de alquiler a corto plazo (ACP).
El resultado de la Ley 60 y la actividad del ACP ha sido el desplazamiento de los residentes. En la actualidad solo quedan 24 apartamentos de renta de entre $500 y $600 mensuales. La mayoría de los apartamentos son tipo Airbnb, denunció. “Actualmente el Viejo San Juan es un lugar de transeúntes, y por la noche se convierte en una ciudad de desorden donde viven cada vez menos personas. La ley 20 debe derrocarse, su impacto negativo en cuanto al desplazamiento de la población ya pronto será irremediable”, advirtió.
La también agente de Bienes Raíces y residente por décadas en el VSJ dio a conocer que la Asociación de Residentes ha presentado al Senado y a la Cámara de Representantes medidas para la regulación de los ACP en el VJS. Entre los lineamientos, lo más importante es reconocer que el VSJ tiene un carácter único en todo Puerto Rico. Los ACP ocupan el 15 % de todas las unidades residenciales del VSJ y ya se están mercadeando 12 town houses en la bahía de San Juan, a partir del Club Náutico y otro edificio con una gran torre frente a la bahía. Gandía denunció que ese proyecto y el San Juan Tower Force, que van desde el muelle 1 al muelle7, intentan apoderarse de parte de la bahía de San Juan. “Estos proyectos matarán el comercio del VSJ y la ciudad se convertirá en un pasajera”.
Trajo también a la atención el peligro que representa para todo San Juan el uso de parte de la bahía como puerto de recibo y almacenaje de gas metano. Entre los datos que presentó Gandía, habló de un informe del Registro de la Propiedad que reveló que la venta en el 2021 de propiedades en el VSJ en las seis manzanas de la zona histórica fue de 93 unidades por la cifra de $61 millones.Mientras las ventas del 2022 hasta el mes de octubre fueron $31 millones, un incremento de 77 %.
En tanto, el fundador de la organización Taller de Arte y Cultura Casa Pueblo de Adjuntas, Alexis Massol, quien tiene una larga trayectoria de lucha comunitaria, planteó que “en un país como el nuestro, dividido con tanta incertidumbre, que no sabe para dónde vamos ni cuál será la nueva versión, podemos juntarnos y plantear qué hacer ante un problema tan delicado, racista, en nuestro país”.
En esa dirección compartió que lo primero que se tiene que saber es la realidad, saber de qué se trata este proyecto. Explicó que el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico, los crímenes ambientales, la corrupción gubernamental, las tantas leyes de desmantelamiento y las decisiones de la Junta de Control Fiscal ocurren porque, “somos un estorbo. Los puertorriqueños en Puerta de Tierra, las costas, montañas y llanos, eso no es un asunto atmosférico, eso es un plan concebido, de la metrópolis, de la colonia, del modelo que tenemos”.
Massol aconsejó a desarrollar una estrategia para enfrentarse a ese sistema, a no improvisar. A su juicio, se debe coordinar una pedagogía de resistencia que provea una respuesta que explique lo que está pasando, con especialistas que puedan documentarlo. “Se necesita sabiduría. Estamos ante un poder colonial imperial malo; no tiene sentimientos. La sabiduría nace de las experiencias adquiridas para repetir lo bueno y no cometer errores. Es un optimismo ingenuo el que cada cuatro años va a ocurrir el cambio, porque tenemos que saber que el cambio no ocurre de arriba para abajo, sino de abajo para arriba”.
Por su parte, la profesora de Derecho y estudiosa de los procesos de tenencia de tierra y expropiaciones, licenciada Érika Fontánez Torres, en sintonía con lo expuesto por Massó advirtió que hacer desde el Derecho es no confiar en el Derecho, debido a que el Derecho no es otra cosa que el resultado directo de quien tiene el poder de gobernar y el poder económico.
“Son una misma cosa. El Derecho es el resultado de las fuerzas de poder, de quien tiene el capital, que puede hacer a su antojo para decir que este país es uno de ley y orden. Si es así, no hay nada que hacer”. No obstante, apuntó que la sospecha y desconfianza sobre ese marco jurídico no quiere decir que no se pueda ver en el Derecho una herramienta estratégica, sino que debe ser una coordinada.
Expuso que ahora mismo no hay legislación que garantice un derecho a la vivienda, lo que se tiene es un derecho propietario. “Aquí estamos hablando del derecho, de la dignidad, y el derecho a una vivienda, irrespectivo de que las personas sean propietarias o no”. Indicó que hay dos vías por lo que eso ocurre: por la vía pública y la vía privada. Desde la política pública denunció que se está viendo la vivienda como una mercancía que supuestamente va a traer desarrollo económico y cuestionó dónde está el dinero que supuestamente iban a traer los inversionistas de la Ley 60.
Fontánez Torres llamó a la atención que el Departamento de la Vivienda tiene la disposición en su ley orgánica de incluso enfrentar al secretario de Desarrollo Económico con las políticas de incentivos. Su deber es proveer vivienda, que no se limita a la compra y venta.
Por último, el profesor de Planificación e investigador del tema de los ACP, Raúl Santiago Bartolomei, expuso que en Puerto Rico siempre ha existido un problema de acceso de vivienda y un abandono por parte del Gobierno. Precisó que desde que pasó el huracán María (2017), ha habido un proceso desenfrenado en la compra de vivienda para especulación a través de inversionistas individuales y corporaciones con la ayuda de intermediarios locales con el fin de aumentar su cartera de inversión. En particular, en el VSJ muchos inversionistas de criptomonedas invirtieron en bienes raíces.
