CLARIDAD

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De lo único que las y los consumidores podemos estar seguros con la privatización de la generación de la energía eléctrica es que habrá aumentos en la tarifa, igual que ha sucedido con privatización de la transmisión y distribución en manos de LUMA Energy.

La semana pasada, en apenas par de días, los entes responsables de la privatización, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Fortaleza, anunciaron y aprobaron la privatización de la generación de la energía eléctrica de la AEE. Según informó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, el contrato es uno solo, a 10 años, y entrará en vigor en seis meses. Fontanés no identificó a la empresa privatizadora; pero varios medios han revelado que se trata de un consorcio de varias empresas, entre las cuales se encuentra la compañía New Fortres Energy, que ya le suple gas natural a las plantas 4 y 5 en San Juan de la AEE y que tiene una deuda con esa agencia de más de $34 millones por la falta de suplido entre junio de 2021 y abril de 2022.

Para el representante legal de la Unión de Empleados de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que participa en el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, la privatización de la AEE “es otra derrota para Puerto Rico por las  fuerzas neoliberales que están impulsando beneficiar a los ricos y desregular todas las protecciones que  tienen los mercados y el pueblo a la insaciable ambición de los sectores capitalistas tradicionales”. Observó que los cambios se van a notar de inmediato debido a que el dinero para operar las plantas (que es el presupuesto de la AEE) está justo. Cualquier tercero es totalmente innecesario y lo que hará será encarecer el costo de la energía.

“Ahora mismo, hay un presupuesto que la Autoridad lo está administrando lo más económicamente posible, y ahora viene una persona a la que le van a pagar. El ánimo de lucro será otro aumento a la tarifa”.  Esto, porque primero le van a pagar al privatizador por hacer lo que actualmente hace la AEE y, segundo, porque se le da la facultad de contratar “a  los amigos y dolientes”, lo que implica que no hay licitación competitiva, por lo que todo sale más caro.  Según el director de la APPP, el contrato  tendrá un tope de gastos —no indicó cuánto— que el privatizador  podrá reclamar durante la transición.

En cuanto al manejo de los fondos  otorgados por FEMA para la reconstrucción de la red, el licenciado Emmanuelli Jiménez, anticipó que su manejo será el mismo negocio que se hizo con LUMA: la privatizadora será quien los va administrar y establecer las prioridades de cómo se van a gastar.   “Estamos en la misma indefensión que ante LUMA”.

Este aclaró que cuando se vaya a discutir el plan de ajuste de deuda  (PAD) de la AEE en el tribunal, no necesariamente la jueza Taylor Swain pedirá ver el contrato de privatización. Una vez ya aprobado por el Gobierno, incluido el gobernador Pedro Pierluisi, quien delegó la firma del contrato en la secretaria de la gobernación, Noelia Crespo, se espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) lo apruebe. Emmanuelli Jiménez coincidió con el señalamiento de que seguramente la Junta ya está detrás del contrato negociado.

A la interrogante de si en un futuro se podrá prescindir del contrato, el experto en casos de quiebra indicó que en cualquier momento se puede prescindir de esos contratos, tanto el de la AEE como del de LUMA.  Considera que lo que se necesita, pero que no hay, es voluntad política. “Todos los contratos tienen cláusulas de cancelación, y más el de LUMA, que es uno leonino. Vamos a ver cómo sale este. A la luz de la experiencia, ya sabemos que esa compañía no va a poner nada, así que ya tiene un pie en el umbral”.

Por su parte, en declaraciones a la prensa, la Coalición para el Pensamiento Energético (COPE) también repudio la  privatización. “Al igual que sucedió con el contrato de LUMA, el proceso ha sido totalmente a oscuras y tenemos la sospecha de que la aprobación de este contrato será igual de atropellada”, expresó la licenciada Jessica E. Méndez Colberg, vicepresidenta del Bufete Emmanuelli CSP y portavoz de COPE.

Otra de las asociadas al Bufete Emmanuelli CSP y miembro de COPE, la licenciada Zoé C. Negrón Comas, trajo a la atención que mientras LUMA Energy LLC está operando bajo un contrato suplementario y la AEE se encuentra en el proceso contencioso de su quiebra, la AAPP está promoviendo otro proyecto de privatización de los componentes del sistema eléctrico del país.

“De por sí, el contrato de LUMA presenta una cantidad de interrogantes que nunca hemos visto atendidas en el proceso de quiebra. LUMA tiene prioridad de pago, tiene poder de veto, acapara el presupuesto de la AEE y ha solicitado numerosos aumentos de factura mientras provee un servicio eléctrico deficiente y más caro. Por otro lado, sabemos que la Junta de Control Fiscal está dirigiendo la reestructuración de la AEE de una manera que va a imponer más aumentos en la tarifa para el pago de la deuda. La entrada de otro privatizador, definitivamente, va a aumentar ese problema”, concluyó.

Mientras, en declaraciones oficiales, la delegación legislativa del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), senadora María de Lourdes Santiago y representante Dennis Márquez Lebrón, también censuraron la privatización. “La determinación de iniciar el proceso de privatización de la generación de electricidad en Puerto Rico constituye el paso final en la carrera por entregar a los intereses privados una de las funciones fundamentales del sector público. La votación de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas fue unánime, lo que quiere decir que los representantes en esa Junta de los presidentes de Cámara y Senado favorecieron la entrega de lo que quedaba en manos públicas de la AEE. Como legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño condenamos ese voto y cuestionamos si representa el parecer de la mayoría de las legisladores en ambos cuerpos”.

En su más reciente acción, Márquez Lebrón radicó, este lunes 23 de enero, la resolución 902 para que se investigue  el proceso de aprobación del acuerdo de privatización de la generación de electricidad, pactado entre la Junta de Gobierno de la AEE y la empresa Genera PR.

El representante, quien es abogado, señaló que el contrato entrega al consorcio Genera PR el derecho a administrar por los próximos diez años las centrales termoeléctricas de la AEE, lo que de facto convertiría esa empresa privada en un monopolio, con las implicaciones que ello acarrea. Resaltó  además, que la investigación incluye analizar las consecuencias sobre los empleados de la AEE, sus convenios colectivos y su sistema de retiro.

“Este contrato no exigirá a Genera PR ningún tipo de inversión de capital, es decir, no desembolsará fondos en el desempeño de un rol fundamental para el sistema eléctrico del país y, por ende, para la estabilidad de nuestra economía. Varios sectores han planteado que el contrato de privatización podría carecer de herramientas para fiscalizar al privatizador, como ha sido el caso con el contrato de LUMA Energy, y por eso desde nuestro espacio en la Legislatura insistiremos en investigar, en cumplimiento con nuestra labor fiscalizadora”, concluyó.

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No es solo la violencia física que culmina en la muerte, ni las mujeres que sobreviven a la violencia doméstica,  es que la mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico tienen como protagonistas a una mujer. Así lo demostró la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR), la cual dio a conocer que en este pasado año 2022, las mujeres amenazadas con ser desplazadas de sus viviendas representó el 70 % de los casos atendidos y que el 77 % de las solicitantes al programa del Departamento de la Vivienda, conocido como Programa R3 (de reconstrucción y relocalización), fueron mujeres.

En conferencia de prensa, el equipo de ALPR, encabezado por su directora ejecutiva, Ariadna Godreau Aubert; Verónica González Rodríguez, coordinadora de litigio, y Verónica Rivera Torres, abogada comunitaria, compartieron un balance sobre el trabajo del 2022 en el cual proponen enfocarse  para el presente año. Detallaron que del año 2021 al 2022 se registró un aumento de 300 % en los desahucios por impago. “En contraste, en estos últimos años ha habido una falta de rendición de cuentas públicas por los $1.4 mil millones desembolsados para ayudas y cero monitoria pública a los contratistas que trabajan con fondos CDBG-DR”, denunció  la directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

Godreau Aubert observó que no es accidente que la  mayoría de los casos de desahucio en Puerto Rico  siempre tienen por protagonistas a mujeres y que del 77 % de las solicitantes al Programa R3, menos de un 10 % que ha conseguido la relocalización son mujeres.

El año pasado también hicieron un censo de alquileres dignos, el que llenaron sobre 400 personas,  en su gran mayoría mujeres. El señalamiento mayor fue que su situación de alquiler se había visto afectada por los desastres, por la falta de empleo, que nunca pudieron negociar un contrato y que jamás tuvieron acceso a información sobre la asistencia de renta.

Estos datos demuestran, según Godreau Aubert, que “las mujeres tienen menos capacidad de poder defender sus techos adecuadamente. Y un tema que no ha estado en boca de todo el mundo es esa intersección de que una de las manifestaciones de la violencia doméstica es que las mujeres están entonces en un mayor riesgo de ser desplazadas de perder sus casas. Con eso en mente parte, de lo que vamos a estar hablando este año es adelantar política pública para reconocer esa violencia económica que afecta el derecho al techo y a otras áreas, como parte del trabajo que queremos hacer”.

Razones de riesgo en las mujeres

La directora ejecutiva de ALPR relató que en Puerto Rico, estadísticamente, la pobreza tiene cara de mujer, así que no es accidente que esos hogares de madres solteras suelan ser más empobrecidos. Citó que, según los datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, algunos factores que tienen  que ver con esta situación son el que las mujeres son las que asumen el cuidado y la crianza de los hijos, resultando en menos posibilidad de movilidad laboral y exposición a otro tipo de violencia doméstica, así como la sobrecarga a las abuelas que crían. De estas últimas situaciones, dijo, llegan muchas ALPR.

“Si lo vemos estructuralmente, es una violencia que se levanta sobre la iniquidad, y al levantarse desde la iniquidad entre el hombre y la mujer, ya de por sí está sobre la mesa, en un país como Puerto Rico, que está en una crisis permanente. A poblaciones que desde el principio partieron con obstáculos, va a serles  más difícil sobrevivir. En el caso de la vivienda, lo hemos visto siempre, por eso hablamos de discriminen y de violencia doméstica, porque son dos ejemplos de la violencia de género. Una persona se puede quedar en la calle simplemente y de entrada por tener más obligaciones. El COVID es un ejemplo de eso y ahora estamos viendo las consecuencias. Muchas tuvieron que renunciar a su trabajo o lo perdieron”.

Los datos de la edad promedio de las mujeres amenazada de ser desplazas, según ALPR, es entre los 50 a 53 años. Godreau Aubert pronosticó que habrá  un recrudecimiento en el tema de las mujeres  porque cada vez los casos son más precarios: “El techo es la última manifestación. Vamos a estar viendo un alza en los casos que tienen que ver con desahucios cada vez más rápidos, incluso antes de llegar a un tribunal, que es un uno de los grandes riesgos, junto a un recrudecimiento”. Reconoció que en ALPR no pueden incluir el volumen de casos que se producen, pero que era importante alertar sobre ellos.

En ese aspecto, la ALPR busca  incidir también en la banca, por lo que el año pasado enviaron a las instituciones financieras un protocolo para cuando hay codeudores hipotecarios. Contó que hubo  instituciones, principalmente, el Banco Popular, que  contestaron en la afirmativa, por lo que ahora esperan que esa reacción se convierta en implementación.

Godreau Aubert indicó que producto del trabajo hecho con defensoras y sobrevivientes de violencia doméstica, el pasado año se  dieron  cuenta de que la Ley 54 no aborda la manifestación de violencia económica, a pesar de que ha sido una manifestación clara de violencia doméstica que todo el mundo reconoce.

“Nos  dimos cuenta de que a la hora de buscar herramientas y lograr remedios para las sobrevivientes no era tan fácil. Hubo consenso entre las organizaciones de mujeres de que hace falta una enmienda a la ley 54 para ser más puntuales con la violencia económica. A esos efectos, este pasado año se logró aprobar el PC 1311 y el PS 265 que reconoce la violencia económica. Un ejemplo de este tipo de violencia es que en muchos casos el codeudor deja de pagar la hipoteca y es la mujer la que enfrenta el desalojo. Cuando a una madre la desahucian, ni el tribunal ni el Departamento de la Familia le exigen responsabilidad al padre para con los hijos. Eso no lo contempla la ley de ninguna manera. Uno de los problemas mayores es que se ve lo desconectado que está el tema de la vivienda de todo lo demás. Nos hemos dado cuenta de que en estos procesos de desahucio no tienen ninguna comunicación ni con el Departamento de la Familia,  esa es una de las cosas que estamos tratando de que tenga más coherencia ese proceso legal”.

Al presente, cuando  una madre enfrenta un proceso de desahucio, el DF está presente en el lanzamiento; pero su gestión se limita a quitarle los hijos a la madre. Más allá de eso, no hay ninguna otra asistencia. Por parte del poder judicial no hay ningún mecanismo para ese proceso.