El fin de semana pasado, mientras el país se desbordaba en el frenesí de las Fiestas de la Calle San Sebastián, la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sigilosamente y a espaldas del pueblo, le dio el jaque mate a dicha corporación pública, aprobando, con 4 votos a favor y 1 en contra, el contrato para la privatización de la generación eléctrica, y otorgando el mismo a uno de los «usual suspects», otro nuevo embeleco corporativo llamado Genera PR, un subterfugio de New Fortress Energy (NFE) , la empresa que tiene ya el contrato de suplir gas natural a las unidades de la AEE de San Juan. O sea, que el asunto se queda » en familia». NFE transporta y suple el gas natural, y Genera PR ( que también es NFE) opera y administra las unidades generatrices que, hasta ahora, estaban en manos de la AEE. Un negocio redondo como el de aquella frase «yo lo fabrico, yo lo uso y yo lo recomiendo», hecha famosa por aquel personaje cómico llamado «Cuca Gómez», de nuestro genial comediante Otilio Warrington, Bizcocho.
Y es que todo el manejo de los contratos para privatizar la electricidad en Puerto Rico, por parte de los sucesivos gobiernos del PNP- desde Rosselló, hijo, Wanda Vázquez y, ahora, Pedro Pierluisi- podrían parecer una comedia si no fuera por el costo tan alto que está pagando y va a pagar el pueblo puertorriqueño por los mismos. El desastre de LUMA Energy con la transmisión y distribución eléctrica lo estamos sufriendo desde hace dos años, y ahora, aprueban este nuevo contrato para privatizar la generación eléctrica, y ni siquiera se conocen aún públicamente los términos del mismo. Sí sabemos que se hizo apresuradamente y con poca transparencia. Llama la atención que, en una burocracia gubernamental donde tantos asuntos urgentes languidecen por meses y años en espera de acción, hayan sido tan rapiditos en considerar y aprobar el nuevo contrato de Genera PR, aprovechando que la energía del país se concentraba en los festejos de la calle San Sebastián. Bueno para Puerto Rico no debe ser este acuerdo cuando se aprobó con tanta prisa y en cuartos oscuros. De hecho, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Tomás Torres Placa, quien fue el único voto en contra de la aprobación del contrato, pidió que se hiciera público su voto y su expresión contraria a la de la mayoría, lo cual no ha ocurrido aún, seis días después de aprobado el acuerdo. Por supuesto que el director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontánez, también en lo favorece, a pesar de que todos los expertos consultados advierten que traerá nuevos aumentos a la tarifa eléctrica, ya inflada por los 7 aumentos consecutivos otorgados a LUMA Energy.
Y nada nuevo se espera tras las supuestas revisiones que habrá de hacerle al contrato la Junta de Control Fiscal (JCF), porque, quien haya vivido en Puerto Rico durante los pasados seis años sabe que todos y cada uno de los pasos relacionados a la cuestión energética en nuestro país obedecen a directrices de la JCF y del Comité de Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos.
Se trata de una ecuación muy sencilla. Los contratos de la energía en Puerto Rico son muy codiciados por la industria del gas natural de Estados Unidos, ya que están respaldados por la multi millonaria asignación de fondos aprobados por el Congreso de EEUU para la reconstrucción de la red eléctrica de Puerto Rico, tras el desastre provocado por el huracán María. Un botín tan jugoso como ese se quedará entre los mismos jugadores que tienen sus cabilderos muy bien situados ante el Congreso.
Además, es de conocimiento general que Estados Unidos está en la carrera para ser el puntero en exportación de gas natural en el mundo, y Puerto Rico es un mercado pequeño pero cautivo, y por lo tanto muy conveniente.
Mientras tanto, nuestro país continúa en su ruta de desgaste económico e incertidumbre hacia el futuro, y la llamada «política pública» que nos conduciría por el rumbo más certero de la energía renovable, ahora parece,, estar más lejos que nunca.
Por cada activo público que pasa a manos privadas, dejamos de ser dueños de lo poco nuestro que nos queda para hundirnos más en la servidumbre. Por esa ruta va el país puertorriqueño: la de ser cada vez más un siervo pasivo a merced de los nuevos dueños de nuestros activos colectivos, como lo hemos sido durante nuestros largos siglos de coloniaje, particularmente durante los 125 años como colonia de Estados Unidos.
Peor aún si el asunto se trata de la energía eléctrica, porque la acción de enajenar ese activo y trasladarlo a manos privadas, además de perdidosa, es peligrosa porque la producción y distribución de energía tienen importancia estratégica para el desarrollo económico de un país.
Pero como todos los siervos, las colonias no tienen el poder político propio para determinar lo que les conviene, ni rechazar lo que las explota y las mantiene en servidumbre. Este nuevo contrato con Genera PR, para la privatización de la generación eléctrica, unido al de LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía, conforman la nueva plataforma de lanzamiento de una nueva era de servidumbre energética en nuestro país, lo cual, sin duda, constituye un reto de alta prioridad para las acciones concertadas de lucha y resistencia de nuestro pueblo.
